Comienza la respuesta al plan de guerra de Milei y los empresarios

En sus primeras dos semanas de gobierno Javier Milei terminó de concretar su amenaza de declaración de guerra a las y los trabajadores.

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Respuesta a Milei

Se vienen sucediendo una serie de anuncios que concretan este ataque de parte del gobierno más reaccionario contra los explotados y oprimidos en los últimos 40 años.

Al mismo tiempo, es un hecho que comenzaron las primeras manifestaciones de respuesta incluso retomando experiencias riquísimas e independientes como las asambleas populares del 2001.

Junto con esto acaba de finalizar la jornada de concentración convocada por la CGT y las CTAs a Tribunales. Una jornada que ha demostrado su límite, no sólo por la negativa de las centrales a convocar a un paro para derrotar efectivamente al DNU y el Protocolo, sino por el hecho de que la Justicia desestimó el amparo presentado por las conducciones burocráticas minutos después de la jornada. Con todo esto, la izquierda logró un rol destacado encolumnada con la exigencia de “paro general ya” y una importante presencia, ante los gremios que fueron de manera formal.

En el texto que desarrollamos a continuación tomaremos aspectos del debate colectivo que realizamos en nuestro Plenario Nacional de Cuadros en conjunto con los nuevos hechos que se desarrollaron a partir del mismo.

1- Milei declara la guerra contra los trabajadores

Lo primero y más objetivo a desarrollar es el conjunto de medidas que lanzó el gobierno de Milei desde que asumió y que asume la forma de un ataque de shock, es decir, concentrado y al mismo tiempo buscando retener toda la iniciativa.

La primera medida que tomó es el “plan Caputo”, un “paquete de medidas de urgencia económica” como él mismo las denominó, que se resumen en una devaluación brutal del dólar oficial a 800$ desde algo en torno a 400$ que había dejado el gobierno del FdT (que ya venía haciendo el trabajo sucio devaluatorio desde el día posterior a las PASO).

La macro devaluación a 800$ redujo la brecha con los dólares paralelos a solo el 20% y el BCRA recomenzó la compra de dólares acumulando reservas desde el primer día de los anuncios. Una transferencia de recursos brutal desde los trabajadores hacia el empresariado por la vía de una descomunal e instantánea degradación del salario (no hay paritarias oficiales todavía a la vista); respecto de los planes “potenciar trabajo”, la medida principal es licuarlos en los escuálidos 75.000$ que obtienen hoy, porque el anuncio respecto de ellos es que se los mantendrá al nivel del 2023 (congelados en medio de una casi hiperinflación del 30% mensual).[1] Lógicamente que también se afecta a los jubilados, cuyos ingresos vienen atrasados a lo largo de los años, y se amenaza suspender la movilidad jubilatoria por un año, lo que significaría arrasar con sus ya magras jubilaciones.

Por otra parte, se anunció también la reducción de subsidios y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, y ante el alza inmediata que tuvieron las naftas a partir del 1º de enero se vendría el aumento del boleto al menos en el AMBA, un ataque a una conquista del Argentinazo del 2001, que había impuesto el subsidio al transporte como forma de compensar las condiciones de miseria en las se vivía –y se vive–.

La segunda medida fue el protocolo “antipiquetes”, que en realidad es una medida de disciplinamiento social de la pelea. Es otro ataque a una conquista del 2001, que había impuesto la libertad de la movilización obrera y popular, la conquista del espacio público en defensa de los derechos de los de abajo.[2] Bajo el gobierno de Macri lo intentaron, pero les fracasó. Con Patricia Bullrich nuevamente a cargo del Ministerio de Seguridad, la ofensiva viene recargada, aunque con la contradicción de que provincia de Buenos Aires no adhirió al protocolo y CABA tiene su propio protocolo (aunque Waldo Wolff y Kravetz tienen una relación muy cercana con Bullrich).

Básicamente, el protocolo se aplica en la jurisdicción nacional, pero Bullrich se mete igual, al menos en CABA; eso es lo que pasó en la movilización del 20/12, no sin contradicciones, al igual que hoy 27/12 durante la convocatoria sin paro de la CGT. El protocolo plantea la prohibición del corte de calles y rutas durante las movilizaciones (hay que movilizarse en las veredas o parques) bajo una serie de amenazas como la detención “en flagrancia” de quienes lo hagan, amenazas a los que impulsan dichas movilizaciones, pasarle el costo a las organizaciones que convoquen, etc.[3] Por otra parte, con el mega DNU se complementa el intento de evitar el derecho de huelga de una manera que es abiertamente inconstitucional.

Sin embargo, en la exitosa jornada del 20 de diciembre el protocolo fue desafiado. Se pudo realizar la concentración en Plaza de Mayo aunque la participación de los movimientos sociales se vio disminuida por la campaña de terror que llevó adelante el gobierno, y sumado al DNU provocativo anunciado esa misma noche por Milei, los cacerolazos que surgieron espontáneamente desafiaron también el protocolo, por lo que quedaron evidenciados los límites del mismo aunque no se puede decir que haya sido derrotado, hay que seguir probándolo en la experiencia.

En tercer lugar, Milei anunció su mega DNU 70/23 la misma noche del 20 de diciembre. Un DNU de esta envergadura, que deroga 80 leyes y contiene 366 artículos, no tiene muchos antecedentes. En sí mismo, es una medida bonapartista porque pretende derogar leyes y legislar pasando por encima del Congreso Nacional, más allá de que en el Congreso existen –formalmente– mecanismos para frenarlo, como la Comisión Bicameral, encargada precisamente de tratarlos, y la votación en ambas cámaras sobre el decreto; también se podría frenar en la Justicia.[4]

De todas maneras, aquí hay una cuestión de tiempos, porque luego de 8 días de publicado en el Boletín Oficial el decreto comienza a regir (supuestamente a partir del 29/12) y los derechos adquiridos durante su vigencia, a priori, no podrían ser luego derogados (la impugnación en la justicia ya ha comenzado; el Congreso Nacional lo trataría recién en marzo próximo).

El DNU tiene enorme densidad y atañe a toda una serie de esferas: desde el terreno laboral, alquileres, el cambio a sociedades anónimas de las empresas del Estado y hasta el Banco Nación, deroga la ley de tierras para que puedan ser vendidas y extranjerizadas al mejor postor pasando por encima de los derechos de los pueblos originarios, etc.

Se pueden resumir algunas de sus medidas para apreciar su carácter dramáticamente antiobrero, antipopular y antinacional. Declara servicio esencial, entre otras actividades, a la educación, en la cual se debería garantizar el 75% de asistencia laboral en caso de una huelga. A vastísimos sectores de la industria y otras actividades se las declara “trascendentales”, razón por la cual se impone un cumplimiento del 50% en caso de una medida de fuerza. También se prohíben bajo apercibimiento penal los bloqueos en la puerta de los más diversos lugares de trabajo. Lo que se aprecia, lisa y llanamente, es una prohibición del derecho de huelga que no solamente es inconstitucional. Se trata de una medida bonapartista que pasa por encima de derechos consagrados a la protesta social, cuestionando los elementos de “democracia obrera en el seno de la democracia burguesa” de los cuales hablaba Trotsky cuando planteaba la bonapartización de los regímenes políticos.

En el terreno de los alquileres, sólo establece los contratos a dos años. Luego les da poder discrecional a los dueños para cobrar lo que quieran y en la moneda que quieran.

También impone transformaciones ultraliberales en materia de obras sociales (supuestamente para alentar la “competencia”), la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas para facilitar su privatización, es decir, toda una serie de medida que conculcan derechos de las y los trabajadores, de los jubilados, de los inquilinos, de los pueblos originarios, de la Argentina como nación con potestad sobre sus propias tierras al menos en zonas de frontera, etc., que configurarían, de imponerse, un cambio radical en el régimen social y económico del país; un cambio regresivo y desorganizador de los usos y costumbres de la sociedad.

En cuarto lugar, acaba de salir el decretazo en relación a los trabajadores del Estado de la esfera nacional. La primera medida es que quedan sin efecto a partir del 1º/01/24 los contratos de trabajadores/as efectuados durante 2023. Esto, según ATE, afectaría al menos a 7000 trabajadores, que ya quedarían cesanteados. Los de planta permanente no serían afectados, pero todos los trabajadores y trabajadoras contratados antes de este año y que siguen bajo contrato porque el gobierno del FdT no pasó a nadie a planta permanente, quedan expuestos a “revisión” y justificación por parte de las autoridades de cada área sobre la razón de ser de su empleo. Es decir, la amenaza de despidos pende sobre ellos a partir de marzo de 2024, porque se les daría tres meses a las autoridades de las diversas áreas para que hagan esta revisión.

Por último, al cierre de esta edición se ha enviado a sesiones extraordinarias –que durarían hasta el 31 de enero, es decir, apurando a los diputados y senadores– la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, popularmente conocida como “ley ómnibus”. Una serie de leyes que abarcan de manera global la desregulación de la economía, pretenden introducir modificaciones en materia de tarifas, energía, salud, cuestiones sociales, reforma del Estado y restricción de su injerencia a favor del libre mercado, la reinstalación del impuesto al salario (la cuarta categoría del impuesto a las ganancias) y una reforma política que no solamente acabaría con el financiamiento de las campañas vía la boleta electrónica y un fin de las PASO por derecha, sino que, peligrosamente, plantearía un cambio del régimen electoral, de proporcional a uninominal. Todo esto sumado a un extenso capítulo que cuestiona el derecho a la protesta de manera abierta. Una “ley ómnibus” con aspiraciones bonapartistas sobre todo en lo que respecta al derecho a la huelga y las protestas sociales, y que por su contenido reaccionario y su abarcabilidad aparece como un “DNU 2”, con la diferencia de que en este caso cada ley deberá ser tratada en el Congreso.

2. Un manotazo bonapartista

Lo que se está viendo con este conjunto de medidas es una suerte de “manotazo bonapartista” que pretende llevarse puestos derechos y conquistas adquiridas, leyes, incluso dejando en un lugar casi decorativo al Congreso Nacional.

El triunfo electoral de Milei el 13 de agosto en la PASO había abierto ya una coyuntura reaccionaria. El resto de la izquierda no tomó nota de la circunstancia, con un abordaje facilista que lindó la irresponsabilidad y la capitulación política al no dar la pelea para que Milei no llegue (sobre todo el PTS; el PO se mareó en definiciones sin sentido).

Es evidente que no solamente el triunfo de Milei el 19 de noviembre sino su asunción el 10/12 y el comienzo de su gobierno con todas las medidas que estamos viendo, confirman dos cosas: a) el carácter reaccionario o de extrema derecha de su gobierno, y b) que dentro de la izquierda solamente nuestro partido denunció que, junto a UxP y la burocracia sindical, el régimen político estaba trayendo a Milei, operando todo el año hacia la derecha.

¿Qué definición se puede dar del carácter de las medidas de Milei y del período que se está abriendo?

Da la impresión de que se trata de un zarpazo bonapartista que todavía debe pasar por la prueba de los hechos. No está claro que logre romper el régimen político o cambiarlo, porque el proceso recién inicia y no están probadas las relaciones de fuerzas a tales efectos. Debe imponerse para que se opere dicho cambio, aunque a priori vaya en ese sentido.

Sin embargo, sus medidas son tan disruptivas y desorganizadoras de la sociedad, que a pesar del cerrado apoyo del gran empresariado y del FMI sólo se puede esperar que vaya empezando –como ya lo está haciendo– la respuesta a su andanada.

Sobre el período que está abierto, es factible que, al vez que arranca de manera reaccionaria, contenga la semilla de su opuesto: la posibilidad de un giro pre-revolucionario en la medida que se desarrolle la respuesta, aún inicial aunque importante, y se produzcan desbordes a las burocracias sindicales, y en general, una lucha de clases que exceda por izquierda los marcos habituales de la institucionalidad, en respuesta la magnitud inusitada del ataque.

Señalamos muchas veces que las relaciones de fuerzas en la Argentina no están probadas. Que un procesamiento exprés y tan agresivo de medidas tan duras bajo regímenes democráticos burgueses no tiene antecedentes (son medidas de una “dictadura” por su agresividad). De ahí que exista una materialidad de la sociedad explotada y oprimida que de una u otra manera se va a probar.

En nuestro Plenario Nacional definimos un procesamiento en dos tiempos de la experiencia con Milei. Un primer momento defensivo, muy duro, de defensa activa, y un segundo momento de contraofensiva o “explosión revolucionaria”.

El primer momento es defensivo por la magnitud del ataque, porque es un gobierno que recién asume con la legitimidad del 56% obtenido, porque tiene el apoyo de lo más concentrado del empresariado (AEA, UIA, SR, el FMI); también porque, si bien está en la oposición el 44% que no lo votó –en gran medida un voto democrático a sabiendas de lo que se venía y no a favor de Massa–, la experiencia con el gobierno entre sus votantes recién comienza.

También está presente y es fundamental el problema de dirección del movimiento obrero y los trabajadores. No alcanza con una movilización a tribunales como ha quedado demostrado. Hace falta un paro general activo o, más bien, una verdadera huelga general con desborde para derrotar el DNU, el protocolo, el decretazo contra los estatales y la ley ómnibus, además del resto de las medidas reaccionarias que vienen en camino.

3. La respuesta ya empezó

El elemento más auspicioso es que la respuesta desde abajo al ataque del gobierno ya comenzó. La movilización del 20/12 cuestionó el protocolo, y aunque no lo derrotó, se demostró que se lo puede cuestionar y que, por lo demás, las consecuencias de dicho cuestionamiento no pasaron a mayores. Atemorizó sobre todo a los integrantes de los movimientos piqueteros, lo que redujo su asistencia, pero la campaña del miedo no logró impedir que la movilización y el acto pudieran hacerse. Y nuevamente fue desafiado en Tribunales y sus inmediaciones durante la convocatoria de la CGT: aun cuando la burocracia administró la participación sin llamado a paro y redujo la asistencia de los trabajadores, abrió la puerta para la asistencia masiva de movimientos sociales y la participación de importantes sectores de vanguardia ligados a la izquierda e independientes.

En la misma noche del 20 comenzaron desde el Congreso Nacional los cacerolazos, que se extendieron por el Gran Buenos Aires y ciudades de la provincia de Buenos Aires y luego se fueron trasladando al interior del país. Rosario tuvo una enorme movilización de unas 20.000 personas y solamente en Córdoba hubo represión. A partir de los cacerolazos comienzan a formarse iniciales asambleas populares en las cuales nuestra militancia tiene participación activa, discutiendo la orientación política (como la exigencia de paro general) y ayudando a procesar los ataques del gobierno y organizar la defensa activa que incluye nuevas convocatorias a cacerolazos y cortes de calles. Espacios clave para jugar un rol organizador y que plantean la posibilidad de ser referentes y eventualmente voceros/as de los espacios, además de posibilidades constructivas.

En el terreno de estatales está planteada la defensa de todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del tiempo de contratación. El terreno es complejo porque hasta ahora la burocracia de ATE se ha llamado a silencio ante el anuncio de que no se renovarán cerca de 7 mil contratos firmados el último año. Además, comenzaron movilizaciones por gremios, por ahora incipientes. Aun así, a nivel de los trabajadores del Estado, por abajo, es donde más prendió el estado de alerta y movilización. Allí cada paso debe medirse haciendo una composición de lugar. En una combinación que va desde el cuidado colectivo, si hay poco clima, para no arriesgar el trabajo; formar instancias de debate, de clarificación y de contención; o eventualmente instancias colectivas mayores que permitan exigir asambleas sectoriales o incluso gremiales (además del paro a ATE) para poner en pie la defensa activa colectiva. Es clave en el marco de las desigualdades ajustar la orientación en función de las posibilidades reales, sin regalar ni regalarse.

La posibilidad de diálogo es un hecho, porque existe un estado de politización en sectores importantes de la sociedad. En el terreno económico y social el eje es abajo el DNU, la “ley ómnibus” y el conjunto del “plan motosierra” de Milei, los empresarios y el FMI.

En el terreno democrático es tirar abajo el protocolo contra la protesta social, defender incondicionalmente el derecho de huelga y colocar en el centro la exigencia de paro general activo ya.

En este momento de defensa activa y con las primeras respuestas como señal de largada de una pelea de largo aliento, corresponden las tácticas de exigencia a las burocracias sindicales (a las centrales y también a los gremios) y unidad de acción (como ocurrió en la jornada de la CGT que se combinó con la exigencia de paro general) y frentes únicos donde estén planteados. Pero sobre todo, queremos remarcar la importancia de sostener una orientación independiente: apostar a las asambleas de base, a la organización de instancias de coordinación real de sectores en lucha (en la medida que estén planteadas en la realidad) y la apuesta al desborde.

Todo compañero o compañera del partido tiene que transformarse –tratar de transformarse- en un factor organizador donde encuentre el terreno para ello. La vanguardia actual puede ser un puente hacia la nueva vanguardia que surja del periodo que estamos transitando, así como la experiencia bajo el gobierno de Milei puede ser una oportunidad –una dura oportunidad con circunstancias difíciles que habrá que atravesar- para construir las organizaciones revolucionarias y el partido; una oportunidad histórica en condiciones históricas que deberá pasar la prueba de derrotar las pretensiones del gobierno con la irrupción masiva desde abajo, lo que podría abrir un curso anticapitalista completamente nuevo en el país de la mano de la clase trabajadora y sus partidos revolucionarios.


[1] En los barrios populares es un hecho que comienza a sentirse literalmente hambre y podrían dispararse saqueos en algún momento.

[2] En realidad el Argentinazo dejó planteado un cuestionamiento al monopolio por parte del Estado de la fuerza, sobre la base de los cortes de rutas y calles, así como un cuestionamiento a la propiedad privada por parte de las ocupaciones de fábrica. Luego ambos cuestionamiento fueron reabsorbiéndose aunque los cortes siguieron vigentes.

[3] Se comprobó, de todas maneras, que no hubo ataques a las figuras políticas o referentes sociales y a las organizaciones políticas.

[4] Toda la parte legal e institucional es engorrosa y habrá que ponerse a tono para entenderla bien.

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