Crímenes de estado

Colombia: al menos 6402 civiles asesinados por los militares en siete años

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) colombiana reportó miles de nuevos “falsos positivos”. Así se llama a los civiles desarmados asesinados por los militares, presentados como "caídos en combate".

Fer Bialuski

Militares colombianos

La justicia colombiana informó de 4154 personas civiles desarmadas asesinadas por los militares que no se encontraban registradas hasta el momento.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó nuevos “falsos positivos” y los casos totales llegaron a los 6402. Las cifras corresponden a hechos sucedidos entre 2002 y 2008. Se estima que el modo de operar comenzó en la década del ‘80 y ya hay 1500 militares involucrados.

Militares colombianos "falsos positivos"

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP emitió un informe donde registró un total de 6402 personas asesinadas por los militares entre 2002 y 2008. Se trata de 4154 individuos más que los anteriormente reportados por la Fiscalía General de la Nación al tribunal. Tuvo que pasar más de una década para que se conozcan datos acerca de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010). El modo de operar de las fuerzas del Estado (acrecentado en su mandato) provienen de prácticas iniciadas en la década del ‘80 en sus intentos de batir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El caso general se llama “Falso Positivo” debido a que es el nombre que representa a los civiles asesinados por los militares. Éstos mataban a personas sin importar su procedencia para mostrar mejores “resultados” a sus superiores. De esta manera lograban beneficios especiales y diversos permisos. Las muertes se presentaban como “bajas en combate por agentes del Estado”. Con una clara complicidad de las instituciones podían encubrir sus propias huellas, dejando a cientos familias destruidas.

El informe indica que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos. La etapa investigada con profundidad (’02-’ 08) es la de mayor “victimización histórica”, con un 78% del total. Entre 2008 y 2009 los casos habrían bajado estrepitosamente, de 792 a 122. El propio órgano transmitió que la estrategia adoptada es de “abajo hacia arriba” en la cual “(…) se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional”. Para ello identificaron seis subcasos, los cuales ayudarían a esclarecer el fenómeno local para luego escalar hacia jurisdicciones más importantes. Los integran Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

En Antioquia se registró el 25% del total de personas asesinadas a nivel nacional entre 2002 y 2008. El año de mayor cantidad de muertes fue en 2004. La denominada “Brigada IV” sería la responsable de un 73% de las muertes, al menos hasta el momento. Costa Caribe cuenta con el 7,3% del total. Norte de Santander cuenta con 482 casos reportados entre 1985 y 2016. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. En Huila el número se incrementó entre 2005 y 2008 a raíz de las acciones de la Quinta División del Ejército. Entre los años estudiados la tasa más alta la tuvo Casanare. Señalan que la Brigada XVI, de la Cuarta División, fueron los responsables directos, sobre todo por lo sucedido entre enero de 2005 y diciembre de 2008. En el mismo período de tiempo informaron que el Batallón de Infantería número 21 “Batalla Pantano de Vargas” presentó “el aumento más significativo de víctimas”.

Álvaro Uribe "Falsos positivos"
Álvaro Uribe, máximo responsable de las masacres.

El ex presidente Álvaro Uribe ya salió a desacreditar por completo el informe de la JEP, alegando que solamente busca atacar a su persona. Indicó que nunca eludió la Justicia y que todo se trata de algún estilo de conspiración contra él. Es importante mencionar que en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó su arresto domiciliario por “riesgos de obstrucción”, justamente en la investigación sobre los “falsos positivos”. La realidad es que según los diferentes informes, el 78% de las personas asesinadas con estos métodos fueron en el tiempo que presidió el país. Los hechos no son aislados y contaron la participación de fuerzas militares, paramilitares, miembros del Gobierno y también civiles. Todos están siendo investigados en los diferentes casos abiertos.

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