
El conflicto entre el gobierno nacional y las empresas de transporte de colectivos cumple tres semanas. A pesar de que toda la cobertura mediática habla exclusivamente de «paro de colectivos», se trata de un lockout patronal y no de un paro de trabajadores.
Las empresas le reclaman al gobierno el pago atrasado de subsidios por un monto de casi 18.000 millones de pesos. El gobierno, por su parte, asegura que la medida de fuerza es injustificada ya que la deuda representa un atraso en los pagos de sólo un mes.
Además, Nación y Ciudad se tiran la pelota entre sí sobre una parte de esa deuda, en lo concerniente a las líneas de colectivos que transitan exclusivamente por CABA.
Mientras tanto, el servicio de colectivos funciona de manera reducida durante el día y está paralizado durante la noche, afectando a los millones de usuarios que utilizan el transporte público diariamente en el AMBA. Llamativamente o no, los medios de comunicación no cubren el tema diciendo que «toman de rehenes a la gente que quiere ir a trabajar», como hacen cada vez que hay un paro de trabajadores o un corte de calle.
Al igual que con las tarifas de la energía, las empresas del transporte reciben una millonada de subsidios por parte del Estado. Este año ya se instrumentó un aumento en el boleto del 40% para trenes y colectivos.
Como ocurre con la luz y el gas, las únicas alternativas que los empresarios y el Estado nos ofrecen son los subsidios o los tarifazos. Ninguna de las dos cuestiona el problema de fondo: la privatización. Se trata de un servicio que tiene una función social tan básica como el transporte, que no puede estar sometida a la lógica de la ganancia capitalista.
Más allá del gobierno y las empresas, se encuentran los trabajadores de los colectivos que sufren el deterioro salarial por la inflación mientras las empresas presionan por subsidios millonarios. Y los usuarios, que ven afectada su movilidad para el beneficio de unas pocas empresas que hacen negocios con el Estado.
Según informaron varios medios, las cámaras empresariales esperaban hoy un pago de parte del monto adeudado que podría destrabar temporalmente el conflicto. Sin embargo, las empresas aclararon que las medidas de fuerza se mantienen hasta que lo prometido por el Ministerio de Transporte se haga efectivo.