Desde la corriente internacional Socialismo o Barbarie (SoB) rechazamos el borrador de nueva constitución y llamamos a votar “en contra”. Pero no basta con oponerse electoralmente en el plebiscito, porque en caso de triunfar el “en contra” seguirá vigente la constitución aprobada en 1980 bajo la dictadura de Pinochet, contra la cual estalló una rebelión popular protagonizada por la juventud con amplio apoyo entre las masas explotadas y oprimidas. Es necesario retomar las banderas de la rebelión popular y reorganizar la lucha en las calles por una Asamblea Constituyente verdaderamente soberana y democrática, para así refundar el país desde una perspectiva anticapitalista y democrática.
De la rebelión a la contra-rebelión
Desde el inicio de las protestas que sacudieron el país en 2019, los republicanos -dirigidos por el ultraderechista José Antonio Kast- se presentaron como la contra-rebelión y defensores del orden constitucional vigente. Este partido fue el gran vencedor del rechazo al primer borrador constitucional en mayo pasado, y, unos meses más tarde, se transformó en la fuerza mayoritaria del “Consejo Constitucional”, denominación pomposa que recibió el órgano sucesor de la “Convención” encargado de redactar otro proyecto de constitución.
Así, en una de esas paradojas que la historia suele jugar, la exigencia de una nueva constitución surgida de una combativa rebelión terminó bajo la tutela de la ultraderecha que, desde el principio, se presentó como su negación. Esto fue posible por la maniobra que ejecutó el gobierno del ex presidente Piñera para sacar la rebelión de las calles y asfixiarla en los marcos de un tramposo “proceso constitucional”; un operativo que contó con el apoyo traidor de Gabriel Boric y el arco de los partidos de izquierda reformista (nos referimos al Frente Amplio y el Partido Comunista), pues, tanto en su faceta de “oposición” y después como gobierno, se esforzaron para contener las movilizaciones y evitar un estallido del régimen neoliberal y autoritario de los “treinta años”[1].
La suma de todos esos factores nos conduce hasta la situación actual. Los republicanos pasaron a la ofensiva y, durante los últimos meses, marcaron la agenda política a punta de provocaciones en la etapa final de la estafa “constituyente”. Eso quedó manifiesto con las casi 400 enmiendas que introdujeron al anteproyecto de consenso elaborado por la “Comisión de especialistas”, con las cuales corrieron el debate hacia la derecha. Un consejero republicano no tuvo reparo en admitir que, en caso de que perdieran el plebiscito, no pasaría nada grave, pues seguiría vigente la constitución heredada por Pinochet. En suma, un escenario electoral de “ganar-ganar” para los sectores conservadores y reaccionarios.
El anteproyecto constitucional fue aprobado el 30 de octubre pasado con 33 votos favorables de los concejales de la derecha (la ultra y los conservadores “moderados”), contra 17 provenientes de los representantes de la “izquierda” reformista. Veamos algunos de los artículos más reaccionarios que se incluyeron en el texto final.
Una constitución contra los sectores explotados y oprimidos
Comencemos con el inciso tercero del artículo 1°, el cual establece que el “Estado de Chile es social y democrático de derecho” y “reconoce derechos y libertades fundamentales (…) y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales”. A primera vista, esa descripción da la impresión de que el nuevo Estado chileno será socialmente inclusivo y democrático. Pero, como reza el adagio popular, “el Diablo está en los detalles” y, para el caso de este artículo, se encuentra en las líneas finales donde se indica que todo lo anterior está sujeto “al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Todo ese juego de palabras remite al debate sobre la participación del Estado en la economía y el ofrecimiento de servicios sociales, uno de las causas que motivó el estallido de la rebelión popular. La intención de los republicanos y la derecha es bloquear cualquier cuestionamiento al carácter subsidiario del Estado chileno, para así resguardar los intereses del capital privado en áreas tan sensibles como las pensiones, la salud o la educación pública, así como en el control de recursos naturales estratégicos (por ejemplo el agua, cobre o litio en el futuro)[2].
Por otra parte, el anteproyecto constitucional invisibiliza el carácter plurinacional de la población que habita el territorio chileno. En su artículo 5 “reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena”, pero inmediatamente pasa a definirla como “una e indivisible”. Además, establece que el Estado “reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos”.
Aunque esté escrito con el leguaje sutil y sibilino que caracteriza a los textos legales, este artículo refleja la estirpe racista y opresora de la burguesía chile que, a contramano de la realidad, insiste en negar la existencia de las naciones indígenas. De acuerdo al censo de 2017, un 12,8% de la población chilena se identifica como parte de un pueblo originario, siendo los mapuches el grupo mayoritario con 1.800.000 personas, seguidos por el pueblo aymara con 156 mil y el pueblo diaguita con 88 mil.
Asimismo, resulta cínico hablar de un “diálogo en condiciones de igualdad” cuando se trata de poblaciones sometidas por medio de la conquista y la colonización; una historia de violencia cuyas cicatrices perduran en la actualidad con la exclusión económica y social de los pueblos originarios. Desde mediados del siglo XIX el Estado chileno se lanzó a la conquista de las tierras mapuches con una campaña que denominó como la “Pacificación de la Araucanía”. Obviamente, no fue una operación pacífica. Su objetivo central fue suprimir la soberanía territorial de los mapuches sobre sus territorios y, de esa forma, declarar esas tierras como bienes fiscales, es decir, incorporarlas al mercado para su apropiación privada por parte de los grupos capitalistas. A partir de ese momento, el proceso de expropiación territorial se combinó con la opresión cultural sobre los mapuches, como quedó reflejado durante la dictadura de Pinochet con la privatización de las restantes tierras mapuches y el impulso de la usurpación territorial, el asesinado de 136 mapuches y la ilegalización de los movimientos indígenas con la “Ley Antiterrorista” de 1984.
En relación a esto último, es muy preocupante el artículo 15 sobre el terrorismo, al cual define “como contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación”, a la vez que establece una serie de inhabilitaciones para quienes sean hallados culpables de este delito, entre los cuales están la prohibición “perpetua para ejercer funciones o cargos públicos (…); o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social (…) Tampoco podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general”.
Es claro el objetivo antidemocrático de este artículo: instaurar un mecanismo constitucional para eliminar los derechos políticos de quienes luchen contra las políticas excluyentes del Estado chileno, en particular contra las dirigencias de los movimientos sociales y políticos contestatarios. Esto que decimos no es un “delirio conspirativo”; muchos sectores de la derecha y del gobierno de Boric, califican como” acciones terroristas” la resistencia del pueblo mapuche contra el robo de sus tierras ancestrales a manos de las grandes empresas forestales que, como vimos previamente, fue realizado con el apoyo histórico del Estado y las Fuerzas Armadas. De hecho, el año pasado la Cámara de Diputados declaró como “terroristas” a cuatro organizaciones mapuches (la Coordinadora Arauco Malleco, Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Weichan Auka Mapu).
Este artículo representa un arma peligrosísima en manos del aparato judicial para atacar a las dirigencias del pueblo mapuche, pero también para ser utilizado contra otros movimientos sociales. Por ejemplo, ¿qué sucedería en caso de que estallase otra rebelión popular? Además de mutilar los ojos de cientos de manifestantes, es fácil imaginar a todo el establishment reaccionario burgués exigiendo el procesamiento de miles de jóvenes como “terroristas” para expulsarlos perpetuamente de la vida política.
Igualmente, la ultraderecha no se olvidó de atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, en la Constitución vigente se indica que “la ley protege la vida del que está por nacer”, lo cual fue modificado en el anteproyecto por “la ley protege la vida de quien está por nacer” (artículo 16 inciso primero). Aunque a primera vista parezca insignificante, ese cambio de redacción abre un portillo para que no se aplique la ley de aborto por tres causales que rige en Chile desde 2017.
Asimismo, en el artículo 27 se sintetizó la perspectiva antisindical de la derecha chilena. En el encabezado de este numeral se explica que la libertad sindical “comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”. Nuevamente, un juego de palabras que, a criterios de los especialistas en derecho constitucional, delimita el derecho de huelga solamente para exigir convenciones colectivas, siendo inconstitucionales los movimientos sindicales por reivindicaciones salariales, reducción de jornada de trabajo u otras por temas políticos de importancia social (por ejemplo, contra la represión de las luchas o sumarse a un nuevo proceso de rebelión popular).
Pero las restricciones no terminan ahí, pues en el inciso c) se reconoce la “negociación colectiva” como un “derecho de los trabajadores”, aunque inmediatamente establece “salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar”. Seguidamente, en el inciso d) se prohíbe la huelga para los trabajadores estatales, municipales y los que atiendan servicios de utilidad pública (en empresas pública o privadas), es decir, que en caso de ser paralizados puedan afectar la salud, abastecimiento, economía y seguridad del país. Un criterio sumamente ambiguo que, en los hechos, prohíbe el ejercicio efectivo de la lucha sindical para la enorme mayoría de trabajadores y trabajadoras chilenas.
También, el artículo 16 contiene una gran variedad de incisos que recogen el “legado pinochetista” de Estado subsidiario en temas como la salud y pensiones (inciso 22), educación (inciso 23) y del agua (inciso 30 y 34). En todos estos casos, las empresas privadas son colocadas en el mismo plano que el Estado como oferente de esos servicios y, aunque se insiste en el deber del Estado para garantizar el acceso de la población a los mismos, son palabras sin contenido, dado que los derechos sociales quedan sujetos “al principio de responsabilidad fiscal” determinado en el artículo 1.
En suma, el proyecto constitucional elaborado por los republicanos y la derecha conservadora es profundamente reaccionario y autoritario. Su objetivo es potenciar los privilegios para los grandes grupos capitalistas y atacar los derechos democráticos y sociales obtenidos por la clase trabajadoras, las mujeres, los pueblos originarios y la juventud.
Llamamos a votar “en contra” en el plebiscito constitucional
Todas las encuestas coinciden en que el rechazo a la nueva constitución tiene la ventaja de cara al plebiscito, aunque con una tendencia al alza de la intención de voto por el apruebo. Por ejemplo, en el estudio de la firma Cadem (publicado el 26 de noviembre), un 46% de las personas consultadas declararon que votarían por el rechazo, otro 38% se decantó por el “a favor” y el restante 16% se declaró indeciso. Dado que el voto es obligatorio en Chile, el “humor” político dentro de los indecisos es un factor a tener en consideración, pues una gran parte acudirá a las urnas para evitar la multa por abstenerse (la cual oscila entre 36 y 220 dólares, según el municipio de votación).
Visto lo anterior, consideramos que el escenario electoral sigue abierto y, aunque parezca difícil, no es descartable que el apruebo salga victorioso al sumar los votos de los sectores más conservadores (una posibilidad incrementada con el voto obligatorio). Además, hay un agotamiento de la población en torno al debate sobre la nueva constitución; existe una enorme distancia temporal y política entre la rebelión popular en tanto “acto originario” del proceso constitucional con la realización de este plebiscito.
La derecha captó este sentimiento de cansancio y realizó una fuerte campaña por el apruebo para acabar con la inestabilidad que abate el país desde 2019. Es decir, una campaña profundamente conservadora con el objetivo de garantizar la restitución constitucional y “estabilizar” el país, aunque sin resolver una sola de las exigencias planteadas por la rebelión popular.
Otro factor que favorece a la derecha es la difícil situación social de Chile. Por ejemplo, se estima que el empleo experimentó un retroceso de 13 años y presenta un déficit de 450 mil puestos de trabajo con respecto a la situación previa a la pandemia. Para el trimestre junio-agosto el desempleó se ubicó en el 9%, afectando particularmente a la población joven y personas mayores de 55 años.
Asimismo, el país sufre un aumento vertiginoso de la violencia criminal. La entrada de carteles internacionales del narcotráfico elevó en un 56% los homicidios en un año, lo cual fomentó un aumento en la sensación de inseguridad entre la población. Eso fue instrumentalizado por la derecha para reafirmar sus medidas autoritarias y atacar a la “izquierda” por el fracaso del gobierno.
También, semanas atrás, varias autoridades solicitaron al gobierno decretar un estado de excepción en la Región Metropolitana de Santiago, con lo cual los militares estarían autorizados para “colaborar” con la policía para desempeñar acciones de seguridad. Esta propuesta es bastante reaccionaria, pues apuesta a resolver los problemas de inseguridad con medidas represivas y punitivas, obviando el trasfondo social que explica el aumento del narcotráfico y el reclutamiento de personas para sus estructuras criminales. A pesar de eso, cuenta con el apoyo de un 54% de la población santiagueña de acuerdo a una encuesta de Cadem, un dato que revela un ambiente favorable para los discursos de “mano dura” de la ultraderecha.
Por último, pero no menos importante, la derecha se vio favorecida por el papel traidor del gobierno de Boric, el cual llegó a La Moneda con una perorata reformista de izquierda y generó expectativas de cambio, pero durante todo su mandato no dejó de hacer concesiones mayores a la derecha, inclusive adoptando el discurso represivo contra la lucha del pueblo mapuche y posturas reaccionarias contra los inmigrantes. De cara al referéndum, el gobierno y los partidos oficialistas se pronunciaron contra el anteproyecto de los republicanos por considerarlo muy a la derecha, pero es una oposición formal que no llama a luchar por una verdadera refundación de Chile. En medio de la recta final del debate constitucional, la posición de Boric y compañía fue defender la versión de consenso que inicialmente presentó la comisión de especialistas, la cual no cuestionaba el modelo del capitalismo ultra-neoliberal y autoritario heredado por la dictadura.
Igualmente, el presidente declaró que, en caso de que no se apruebe la nueva constitución, no va llamar a otro referéndum en lo que resta de su mandato. Eso reconfirma, una vez más, el carácter ultra-traidor de Boric: fue electo para liderar el proceso de cambio constitucional, pero dejará el poder manteniendo intacta la carta magna de Pinochet. Eso es suficiente para demostrar el fracaso de la línea de menor resistencia y de adaptación a la institucionalidad burguesa.
Desde la corriente internacional Socialismo o Barbarie (SoB) rechazamos el borrador de nueva constitución y llamamos a votar “en contra”. En caso de triunfar el apruebo, la burguesía daría un paso firme en su operativo de restitución constitucional, con el agravante de que sería con un texto ultra reaccionario y autoritario. Además, saldría muy fortalecida la ultraderecha de los republicanos y la figura de José Antonio Kast, lo cual sumaría más elementos al clima reaccionario en la región, incrementado tras la elección de Milei en la Argentina (y con el acecho permanente del bolsonarismo en Brasil, el cual precisa ser derrotado en la lucha callejera y no sólo mediante la vía electoral).
Por otra parte, el triunfo del “en contra” no redundará automáticamente en una mejor situación, pues, como apuntamos previamente, continuará rigiendo la constitución de 1980. Es un contexto sumamente contradictorio, pero comprensible debido a la derrota de la rebelión popular por la traición de Boric y las maniobras de la burguesía chilena, por lo cual se produjo un giro a la derecha en la política chilena que configuró un escenario muy ventajoso para la derecha tradicional y la ultraderecha.
Pero una eventual derrota de los republicanos en el plebiscito impedirá que la crisis constituyente sea clausurada formalmente, y, aunque la correlación de fuerzas sea adversa, eso brinda una posibilidad para retomar las banderas de la rebelión popular y reorganizar la lucha en las calles, empezando por la defensa de reivindicaciones inmediatas o gremiales, pero sin dejar de lado las perspectiva más estratégica de luchar por una Asamblea Constituyente verdaderamente soberana y democrática, para así refundar el país desde una perspectiva anticapitalista y democrática.
Fuentes Consultadas
Dannemann, Victoria y Schossler, Alexandre. “O que diz a nova proposta de Constituição do Chile”. En https://www.dw.com/pt-br/o-que-diz-a-nova-proposta-de-constitui%C3%A7%C3%A3o-do-chile/a-67345136 (Consultada el 04 de diciembre de 2023).
De La Fuente, Antonieta y Laborde, Antonia. “Chile en emergencia laboral: los rostros del desempleo en un país que no crece”. En https://elpais.com/chile/2023-10-09/chile-en-emergencia-laboral-los-rostros-del-desempleo-en-un-pais-que-no-crece.html#?rel=mas (Consultada el 06 de diciembre de 2023).
Joignant, Alfredo. “Deteniendo el proceso constituyente”. En https://elpais.com/chile/2023-12-04/deteniendo-el-proceso-constituyente.html (Consultada el 06 de diciembre de 2023).
Laborde, Antonia. “Crisis de delincuencia en Chile: aumentan las presiones al Gobierno de Boric para decretar un estado de excepción en Santiago”. En https://elpais.com/chile/2023-12-04/crisis-de-delincuencia-en-chile-aumentan-las-presiones-al-gobierno-de-boric-para-decretar-un-estado-de-excepcion-en-santiago.html (Consultada el 06 de diciembre de 2023).
Palazzo, Mauricio. “Chile: una encuesta muestra que se acortó la brecha en el plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre”. En https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/11/27/chile-una-encuesta-muestra-que-se-acorto-la-brecha-en-el-plebiscito-constitucional-del-proximo-17-de-diciembre/ (Consultada el 06 de diciembre de 2023).
Poduje, Iván. “Chile y el realismo mágico constituyente”. En https://elpais.com/chile/2023-12-06/chile-y-el-realismo-magico-constituyente.html (Consultada el 06 de diciembre de 2023).
Beaudry, Jonas-Sébastien. “La violencia policial hacia los mapuches en Chile”. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24587.pdf (Consultada el 13 de diciembre de 2023).
[1] Para más información sobre el complejo y tramposo proceso constitucional, sugerimos la lectura de nuestro artículo Chile: la restitución constitucional burguesa en crisis.
[2] El concepto de Estado Subsidiario está vinculado a la escuela neoliberal de Chicago, la cual tuvo una influencia directa en el diseño de la economía chilena durante la dictadura de Pinochet. Su principio central es la no intervención estatal en las actividades económicas desarrolladas por particulares (individuos o empresas), y, por el contrario, aboga por el fomento de la iniciativa privada en todas las áreas posibles (educación, salud, pensiones, servicios energéticos y agua). De esta forma, el Estado solamente debe intervenir en los sectores donde la economía privada no pueda hacerlo, ya sea por sus limitaciones o por la poca rentabilidad. Es una forma elegante de plantear que todas las actividades lucrativas tienen que privatizarse, dejando como ámbito de lo público el aparato represivo (policía, ejército, jueces).
