Por Romina Roja
En los últimos días, trascendió la noticia de que ocho integrantes del escuadrón de Gendarmería ubicado en la localidad de Las Palmas, en la provincia de Chaco, fueron detenidos. Los delitos que se les imputan son asociación ilícita, fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y sustracción e inutilización de objetos custodiados.
Se los acusa de desviar fondos por ejemplo, a través de la simulación de compras de alimento para caballos por una cifra de 1.200.000 de pesos. También se les atribuyen licitaciones truchas, pedidos de coimas de entre 50.000 y 200.000 pesos y robo de materiales secuestrados en causas de contrabando.
No sorprende demasiado que las fuerzas represivas del Estado, hoy a cargo de Patricia Bullrich, se vean inmiscuidas en este tipo de causas. Funcionarios del gobierno -y hasta el propio Macri- están involucrados en causas de corrupción. Entonces, ¿qué impediría que estos gendarmes también hagan sus propios negocios? La cuestión aquí es que el entorno en el que actúan estas fuerzas los lleva inevitablemente a la descomposición, a ser parte de un entramado corrupto, que tiene vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, con la trata de personas. En este punto, resulta interesante destacar que, además de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y gendarmes ajenos a la dependencia; intervino Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Nación. La corrupción y los vínculos con el delito atraviesan a todas las divisiones de las fuerzas represivas, motivo por el cual resulta más que dudoso el tipo de investigación que puedan llegar a realizar.
En sucesivas ocasiones el gobierno presenta a estas fuerzas como las encargadas de estar al servicio de los «ciudadanos». No sólo desde el discurso, sino en los hechos concretos. Vale recordar a Macri y a Bullrich defendiendo y promocionando tanto la Doctrina Chocobar, como el DNU que pretendía sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Y qué decir del presupuesto que acaba de recibir media sanción en Diputados -a fuerza de gases y balas- que aumenta de manera sideral las partidas para la represión mientras recorta plata de manera drástica en las partidas de salud y educación pública.
No hay nada más alejado de la función de las instituciones policiales que “proteger a la sociedad”, por el contrario, son los perros guardianes de los intereses del Estado capitalista. No se puede olvidar que son parte integrante de la misma fuerza que desapareció y asesinó a Santiago Maldonado y que en conjunto con otras, reprime brutalmente a los trabajadores cada vez que salen a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Macri.
Mientras Bullrich dice que las fuerzas de (in)seguridad cuidan a la gente, no hacen más que reprimir y enchastrarse en causas de corrupción. No es posible bajo ninguna circunstancia confiar en que estas instituciones que están podridas desde su raíz resguardan a alguien más que al Estado. Tampoco en que puedan llevar adelante una investigación transparente e imparcial de este tipo de casos.