Cristina Fernández reapareció en público ayer martes por primera vez desde que fue condenada en la causa vialidad. El escandaloso fallo, con una clara motivación de persecución política, la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Es por esto que se generó cierta expectativa por lo que podría decir la vicepresidenta. Sobre todo teniendo en cuenta que, en su alocución en vivo justo después de conocida la condena, dio una definición tajante sobre 2023: anunció que «no será candidata a nada», según sus propias palabras.

El discurso de ayer, en ocasión de la inauguración de un polideportivo en Avellaneda, no dejó grandes novedades, y se movió dentro del libreto habitual de la ex presidenta: con especiales señalamientos hacia el poder judicial, los «poderes concentrados» y las «mafias», rememoró años en donde «la política le resolvía los problemas a la gente», es decir, según ella, su propio gobierno y el de su marido. Pero, como es ya habitual, sólo hizo referencias muy lateralmente al actual gobierno que ella integra. Mucho menos al brutal ajuste que lleva adelante.

Un libreto y ninguna salida

El discurso estuvo cargado de lo que, en la literatura cristinista, son ya lugares comunes: las tintas estuvieron cargadas contra el «partido judicial», Mauricio Macri y el macrismo en general.

Las primeras referencias fueron hacia su condena: rechazó que se catalogue su decisión de no ser candidata como un «renunciamiento», y exigió que se lo llame «proscripción». En realidad, ambos términos tienen su cuota de justicia. Efectivamente, la condena contra CFK tiene un claro contenido de persecución política y condicionamiento de los derechos democráticos.

Pero aun sabiendo que la condena no está firme, y que se sucederán varias apelaciones hasta que en algún momento la inhabilitación pase a ser efectiva, nada impedía a la vicepresidenta presentarse como candidata en 2023.

Nada, claro, en lo que se refiere a lo legal. El impedimento es claramente político: el kirchnerismo denuncia al FMI y al endeudamiento macrista, pero carece de un plan económico verdaderamente alternativo al ajuste, que el gobierno del Frente de Todos aplica a rajatabla.

Por eso es que caen en saco roto todas las referencias a supuestos «años dorados» kirchneristas a las que se promete volver, como si el propio kirchnerismo no fuera una pata fundamental de este gobierno. El Frente de Todos, sin ir más lejos, fue un invento 100% de Cristina Kirchner.

Por lo tanto, lo que está de fondo en la decisión de CFK de no ser candidata no es tanto sus problemas judiciales como la encerrona política a la que conduce el «progresismo ajustador». De poco sirve reivindicar, como lo hizo, que en su anterior gobierno el presupuesto en educación alcanzó el 6% del gasto si ahora este mismo gobierno está aplicando en esa área y en otras un ajuste brutal a pedido del FMI. El mismo organismo que Cristina reivindica haberle dicho «chau» en el gobierno de Néstor Kirchner. Por supuesto, no sin antes pagarle todo.

Y lo mismo ocurre con la denuncia a la «mafia judicial». En sus discursos CFK la presenta prácticamente como todopoderosa, como una fuerza oculta que domina el país por sobre cualquier otra institución del Estado.

Es cierto que se trata de un poder enquistado en el Estado que tiene una influencia y autonomía enormes. Además, carece del más mínimo control democrático de las masas. Por eso, es perfectamente cierto que la justicia representa casi sin matices los intereses de las clases dominantes.

El problema es que, en el discurso de CFK, esto se utiliza para justificar que el gobierno no puede hacer nada -o, lo que es peor, que lo único que se puede hacer es lo que los jueces permiten. Por ejemplo, hizo referencia al fallo que anuló el decreto del gobierno que declaraba servicios públicos a las comunicaciones, mostrando cómo la justicia trabaja para «las corporaciones». Lo mismo con la derogación de la ley de medios. Las cosas se presentan como si el gobierno no pudiera hacer nada en estas materias. En una mediocridad política tan pasmosa hasta parece demasiado exigir lo que sería lógico, a saber, la estatización de las empresas de telefonía e internet -así como de los demás servicios públicos que fueron privatizados.

El engendro de un gobierno que insiste en mantener una retórica «progre» mientras aplica los planes neoliberales del FMI ha sido muy inconveniente para una corriente como el kirchnerismo, que se repliega ante la falta de perspectiva política de cara al año electoral. De ahí el intento de CFK de sacar adelante a sus bases y dirigentes mediante el llamado a «tomar el bastón de mariscal sin pedirle permiso a nadie».

Por supuesto, mucho más inconveniente ha sido para los trabajadores y las mayorías populares, que sufren todos los días la inflación, la precarización de la vida y del trabajo, los tarifazos y la pulverización del salario. Tanto peor si esto se hace en nombre del enfrentamiento a las «mafias».