En un nuevo episodio de la Causa Vialidad, en un bochornoso hecho de condicionamiento judicial a las libertades políticas, la vicepresidenta también fue condenada a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa juzga hechos de corrupción relacionados con la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
De esta manera, las peleas entre los de arriba y los actos de corrupción -que existen desde siempre en ambos lados de la «grieta»- son utilizados para la persecución política, y lo que es más grave aún, para intervenir desde la justicia, un poder del Estado profundamente antidemocrático, sobre la voluntad y los derechos políticos de los miles de trabajadores y jóvenes que se referencian en Cristina Fernández.
Cuando fue la primera condena, en diciembre del 2022, Manuela Castañeira rechazó el fallo en su cuenta de Twitter: «La condena a inhabilitación perpetua a un cargo público muestra el interés de atacar los derechos políticos de todas y todos los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner desde un poder aristocrático como el judicial». También había sido condenado a 6 años el empresario Lázaro Báez, que tuvo a cargo numerosas obras en la provincia de Santa Cruz y fuertemente ligado a los Kirchner.
La confirmación de la condena en Casación se da inmediatamente después de que CFK lograra convertirse en presidenta del PJ y comenzara a perfilarse de nuevo como figura de pseudo oposición a Milei. De hecho, ella viene siendo un pilar de la gobernabilidad para este gobierno ultra reaccionario. Es indudable que la justicia puede alcanzar esta condena, con motivaciones centralmente políticas, por dos motivos. El primero, el caso de corrupción fue completamente real con o sin el involucramiento directo de CFK pero bajo su gestión. El segundo, el peronismo quedó muy debilitado después de la desastrosa gestión del Frente de Todos.
Es un derecho democrático fundamental que debe ser el propio pueblo trabajador el que debe elegir a sus representantes, y no la intromisión de la antidemocrática casta judicial.
Entre la derecha que fantasea hace años con ver a Cristina tras las rejas por la «Corrupción K» y el kirchnerismo que denuncia «lawfare«, las interpretaciones de ambos lados de la «grieta» plantean de manera excluyente que se trataría o bien de un caso de corrupción, o bien de una persecución política contra CFK. Pero la realidad ha dado sobradas muestras de que ambas alternativas no tienen nada de excluyentes. Por el contrario, en el capitalismo argentino se encuentran históricamente imbricadas.
Pero lo que se puso en juego hoy va mucho más allá de un caso de corrupción o incluso de una disputa entre sectores del poder, aunque incluya todo eso: se trata de un intento de proscripción política que cercena el derecho de los trabajadores a elegir sus representantes.
Corrupción y lawfare
CFK venía de sufrir un primer revés judicial hace dos años, cuando la Justicia dictó una pena de 6 años en suspenso. Lo que sucedió después es historia conocida: una semana de acampes y cruces en Recoleta que terminaría con el atentado de Sabag Montiel contra CFK y, horas después, con el centro del país inundado de personas que se movilizaron contra ese atentado fascistoide.
Esa serie de eventos da cuenta de que las idas y venidas judiciales en las causas contra CFK no son una cuestión de debate jurídico sino un nuevo capítulo de los movimientos políticos dentro del aparato del Poder Judicial argentino. La discusión no es si existieron o no hechos de corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los ha habido durante todas las gestiones capitalistas del país. La corrupción es endémica de todo Estado que se dedica a garantizar los negocios del empresariado, como lo hacen todos los Estados capitalistas.
Lo que se viene debatiendo en las alturas del Poder Judicial argentino durante los últimos años es cómo se posiciona dicho poder (un poder no votado, conformado a dedo y con privilegios parasitarios) dentro de la escena política nacional. La injerencia del Poder Judicial dentro de la política no es nueva. Lo que cambia periódicamente es su orientación. Por lo general, el mismo se acomoda en línea con el gobierno de turno. Durante el macrismo proliferaron las causas contra funcionarios K. Con la llegada del fernandismo, se impusieron los sobreseimientos. Hoy, bajo Milei, vuelve la ofensiva político-judicial.
