Diez años después de instruida la causa, finalmente hoy comenzó el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución en 1975, laboratorio de pruebas fundamental para la represión ilegal y clandestina que luego de aplicaría en todo el país tras el golpe militar de un año después.

Entre los 22 imputados que tiene la causa, entre los que se encuentran ex miembros de la SIDE, FF.AA. y de la Policía de Rosario, se destacan dos civiles por entonces con cargos directivos en Acindar, la empresa cabecera del cordón metalúrgico que se ubicaba en dicha localidad y que por entonces era presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, que luego sería ministro de economía durante los primeros años de la dictadura.

Se trata de Roberto Pellegrini -por entonces jefe de relaciones laborales de Acindar- y Oscar Torralvo, personal jerárquico de la empresa. Luego de que el 20 de marzo de 1975 un despliegue de 4000 efectivos de miembros de la triple A, policías, servicios de inteligencia, militares y miembros de la burocracia de la Juventud Sindical sitiaran la localidad con el objetivo de desarticular la organización obrera clasista del lugar -que un año antes había conquistado al seccional local de la UOM-, la empresa Acindar se encargó de poner a disposición sus instalaciones para el establecimiento de un centro clandestino de detención, entregó la información de los legajos de sus empleados, pagó sobresueldos a los agentes involucrados en la operación ilegal y colaboró con ayuda técnica y logística.

En el centro clandestino de detención que se instaló en Acindar -conocido como ‘Albergue de Solteros’- se detuvo ilegalmente, torturó y asesinó a decenas de personas, la mayoría de ellos trabajadores de la empresa.

Se trata de un caso emblemático de complicidad empresarial con el poder político y militar, que sirvió como laboratorio de pruebas para el plan sistemático de desaparición y exterminio que se instrumentaría en todo el país un año después, cuando la Junta Militar tomó el poder de facto. La criminal represión contra los trabajadores y la comunidad de Villa Constitución fue ordenada por el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Se calcula que son más de 300 las víctimas de aquellos hechos, entre trabajadores metalúrgicos y sus familiares, así como vecinos de Villa Constitución.

El comienzo del juicio es ya un triunfo en sí mismo, teniendo en cuenta que los querellantes en la causa -algunos de ellos sobrevivientes de los hechos- hace más de 10 años que vienen peleando para que comience el juicio. Ahora comienza la pelea por lograr condenas justas para los responsables, a pesar de que con el correr de los años muchas víctimas fallecieron sin poder ver justicia, y muchos victimarios murieron impunes.