Ya pintaban un panorama angustiante los incendios que comenzaron apenas empezado septiembre. La primer semana comenzó con focos activos en la zona de El Durazno, Falda del Carmen, Malagueño-Yocsina, Cosquín, Estación Juárez Celman, Santa Ana, Los Molinos, Oncativo, Valle Alegre y El Manzano, y significó un trabajo de más de 200 bomberos para contener el fuego; y terminó con un incendio en la zona de La Calera.
Hoy, y desde hace ya más de 5 días, toda la provincia mirá hacia la zona de Capilla del Monte, donde los incendios dejan imágenes catastróficas. Descontrolado, avanza con una voracidad que hace 30 años no se ve en la zona, dicen los vecinos. Es que lo que está pasando en este momento mientras se redacta esta nota es imposible de detallar dado el dinamismo que ha tomado la situación. Es desbordante, incontenible.
Y son más las condiciones para que el fuego se propague que para que sea contenido: las condiciones climáticas, la sequía, el desgaste y agotamiento de los bomberos, y la falta de políticas claras de contingencia tanto del gobierno de Milei como el del gobierno de Martín Llaryora son todo lo que el fuego necesita para seguir avanzando sobre el territorio.
A esta altura de las circunstancias, se han incendiado viviendas y se han evacuado personas. La situación es desesperante: “Estamos rogando alguna protección que no sabemos de donde va a venir”, es el testimonio de un vecino de San Esteban, una localidad que en este momento se encuentra rodeada por el fuego.
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En otra nota, que hizo c5n, una de las vecinas damnificadas cuenta que su casa se redujo a cenizas y que está esperando que la llamen del gobierno para ayudarla porque de otra forma no va a poder reconstruir su vivienda. Cuando el periodista le pregunta si había iniciado un trámite para pedir ayuda del gobierno, menciona que “hay una página en internet pero no tiene ni un contacto”.
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La respuesta del gobierno es y siempre fue insuficiente, irresponsable y hasta negacionista. Este escenario se repite todos los años en esta época, todos. Y empeora año a año. El gobierno de la provincia amplió el fondo especial para catástrofes de $1.500 a $5 mil millones, lo cuál es absolutamente contingencial y claramente insuficiente. En una provincia donde el riesgo de incendios se vuelve extremo una vez al año, no puede ser que no haya políticas, un presupuesto designado a la prevención de esta catástrofe, que vaya a campañas de prevención, a capacitaciones, a la formación y contratación de bomberos forestales, a la inversión de aviones hidrantes y materiales para la mitigación del fuego, a una ayuda para las familias cuyos hogares son afectados por el fuego, etc.
El gobernador Martín Llaryora estuvo presente en la zona y en declaraciones a la prensa dio un discurso punitivista, sobre el castigo que deben recibir los responsables de los inicios del fuego. Pero no anunció ningún tipo de política de ayuda a las familias afectadas, ningún plan de ayuda a los bomberos que hace semanas hacen lo imposible para contener los incendios y, de más está decir, no asume ningún tipo de responsabilidad sobre el asunto cuando desde hace años el gobierno cordobés ha sido negligente en la materia. Una negligencia que no es para nada inocente. Es de público conocimiento que algunos de los incendios de los últimos años han sido intencionalmente iniciados para abrir paso a la actividad agrícola ganadera, y además para dar paso a los negocios inmobiliarios desarrollistas (countrys por toda las sierras).
Además, para empeorar todavía más las cosas, gobierna Javier Milei, para quien prender fuego un país entero para sacar algo de ganancias es algo perfectamente legítimo. Su política es que los incendios son «libertad». La aprobación de la Ley Bases incluyó la eliminación del fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, haciendo que el Estado nacional directamente deje de tener algún tipo de política frente a situaciones como las que vive Córdoba. Que se prenda fuego el mundo, que hay ganancias que embolsar.
