Tras el procesamiento de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, y otros 12 investigados de la causa por considerarlos responsables de al menos 126 muertes producidas por fentanilo contaminado, la investigación continúa y apunta a los órganos de control y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Hoy, los organismos que están siendo analizados por su accionar en esta historia, aparte del Ministerio, son la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Todas dependen en última instancia de la cartera que comanda Mario Lugones.

La ANMAT cumple un rol fundamental en este caso, ya que el mismo comienza por una denuncia de ese organismo, realizada el 12 de mayo de 2025. Eso dio pie al inicio de la causa, en el que se labra la acusación ante la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina por “la presunta existencia de casos de contaminación microbiana (sic.) a raíz del suministro del producto Fentanilo HLB, lote 31202” en 18 pacientes del Hospital Italiano de La Plata. En abril de ese mismo año se supo de la presencia de microorganismos en ampollas de Fentanilo HLB.

Para colmo, desde octubre de 2023 es que la ANMAT venía denunciado irregularidades ante el Ministerio de Salud sobre el laboratorio del cual provenía el lote contaminado; y desde diciembre de 2024, sobre la elaboración y tratamiento del fentanilo en particular. Recién dos meses después, en febrero, se ordenó el corte de producción de medicamentos en la planta farmacéutica localizada en la provincia de Buenos Aires.

Eso deja una brecha temporal de dieciséis meses de inoperancia y corrupción absoluta: el gobierno de Milei y sus funcionarios son responsables directos de la muerte de 126 personas, empezando por Mario Lugones. Ni la farmacéutica se molestó en remediar las fallas de producción de su laboratorio, ni el Estado fue capaz de intervenir a tiempo en la misma. Así, el lote se produjo, se distribuyó entre los hospitales y clínicas del país, y sus ampollas contaminadas se aplicaron en miles de pacientes.

Según determinó la Justicia, “el proceso productivo del medicamento fentanilo HLB estuvo plagado de serias deficiencias que arrastraba Laboratorios Ramallo desde mucho tiempo atrás”. En el procesamiento dictado este 13 de mayo, el juez Ernesto Kreplak recordó que “el 27 de noviembre de 2024, es decir, veinte días antes del inicio de la campaña del fentanilo, había comenzado una inspección no programada de las instalaciones del Laboratorio Ramallo por parte de la Dirección de Fiscalización del INAME” y que las inspectoras que intervinieron en la visita “indicaron que el laboratorio no cumplía con las buenas prácticas de fabricación (BPF) que garantizan la esterilidad de los productos para los casos de soluciones parenterales de gran volumen (mayor a 100 ml.), como tampoco de soluciones parenterales de pequeño volumen (menor a 100 ml.) en ampollas plásticas, todo lo cual se proyectaba, en términos generales, sobre la producción de fentanilo”.

En el primer procesamiento que dictó en esta causa, en septiembre de 2025, se resaltó que los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo “se realizaban ex post facto respecto de su fabricación, antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes, inventados y/o fórmulas preexistentes de otros medicamentos”.

Para la Justicia, al momento de escribirse esta nota, los responsables de estos acontecimientos que provocaron al menos 126 muertes fueron:

• Ariel Fernando García Furfaro. “Propietario real por detrás de cualquier formalidad del conglomerado empresarial conformado, entre otras, por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA”, según el juez Kreplak. Era “la autoridad con capacidad de decisión sobre la operación de ambos establecimientos productivos”.
• Diego Hernán García Furfaro. Hermano de Ariel. Según la Justicia, “tomaba decisiones sobre las empresas pertenecientes a la familia, como lo son Laboratorios Ramallo y Laboratorios HLB”. Tenía un puesto de decisión relevante en la operatoria cotidiana de los laboratorios del grupo empresario a la fecha de los hechos investigados.
• Nilda Furfaro. Madre de Ariel y Diego. “Vicepresidente de la firma HLB Pharma Group SA. Además, accionista de la sociedad. Resulta integrante en gran cantidad de las sociedades que conforman el conglomerado manejado por la familia García y de allí, beneficiaria de los réditos económicos de sus actividades”, señaló el juez.
• Javier Martín Tchukrán. Era la persona de máxima confianza de los hermanos García y tenía “capacidad de decisión dentro del esquema de conducción de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, donde desempeñaba el cargo de Director General”.
• José Antonio Maiorano. Fue director Técnico de HLB desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 16 de mayo de 2025. Intervino “en los batch record de los lotes de fentanilo contaminados, avalando su liberación al mercado”, según el juez.
• Carolina Ansaldi. Directora Técnica de Laboratorios Ramallo al momento de la producción del Fentanilo HLB contaminado. Ansaldi tenía a su cargo la supervisión y control de la elaboración del fentanilo HLB y su intervención efectiva está acreditada por las firmas insertas en los batch record de los lotes contaminados.
• María Victoria García. Gerenta de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo, “con relevante intervención en los batch records de los lotes contaminados”.
• Wilson Daniel Pons. Era Jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA.
• Adriana Iudica, Subjefa de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Entre otras cosas, dejó “asentado que los análisis microbiológicos del producto no presentaban observaciones”.
• Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar. Jefa de Garantía de Calidad de Laboratorios Ramallo SA.
• Rocío del Cielo Garay. Supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA.
• Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Estaba a cargo de la Gerencia de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo SA.
• Eduardo Darchuk. Jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen, quien avaló el proceso productivo de los lotes de fentanilo N° 31202 y 31244. Las órdenes de producción de medicamentos le eran comunicadas directamente a él por Diego García Furfaro.

El juez procesó a todos con el delito de “adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte de veinte personas -respecto de la contaminación del Lote 31202-, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud -respecto de la contaminación del Lote 31244”.

En el escrito de hace dos semanas, Kreplak amplió el procesamiento de los ya procesados por 70 muertes más y 44 casos de lesiones, basando su determinación, entre otras cosas, en lo dictaminado por los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense y lo opinado por los peritos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas.

La cifra real de casos se estima en mucho mayor a la que en definitiva fue posible consolidar judicialmente: 111 para enero del 2026. Se estima que pudieron ser hasta 173 las víctimas.

A la espera de una respuesta de la cámara revisora, esta etapa de la causa quedó cerrada para avanzar en otros aspectos de la pesquisa, que se centran en los órganos de control y el accionar del ministerio de Salud de la Nación.

Acá es donde el foco se posa sobre la ANMAT, el INAME y principalmente, sobre Lugones. Esta relación de control entre privados y el Ministerio es la que pone contra las cuerdas a Lugones y compañía. Las farmacéuticas y el Estado trabajan de manera intrínseca en los procesos de control regulatorio por parte de este último sobre los medicamentos elaborados en el país. El Ministerio, a través de sus organismos descentralizados, es quien regula a los laboratorios, aprueba el registro de medicamentos y verifica la calidad en toda la cadena de distribución.

Si se toman en cuenta las múltiples denuncias de irregularidades que existían sobre Laboratorios Ramallo, es decir, sobre el conocimiento previo del Estado sobre el tema, es evidente que existe una relación más que comprometedora entre los hechos y la omisión a la hora de actuar del Ejecutivo Nacional. Hace nueve meses denunciábamos la responsabilidad y el rol que cumplen en esta tragedia.

Lugones es responsable. Pero no es el único. Por eso volvemos a citar las mal envejecidas palabras del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger: “El ANMAT me decía que revisaba el fentanilo. Si no estaba el ANMAT, yo hubiera hablado con mi médico y me hubiera cuidado mejor”.

Con esta excusa de carácter fantasioso, el ministro de Desregulación busca justificar los constantes recortes y ajustes que viene sufriendo la salud en nuestro país por parte del Gobierno nacional. Y es por culpa de la famosa motosierra de Milei, la inoperancia de sus funcionarios, y el afán de los empresarios de la industria farmacéutica de enriquecerse a costa de nuestras vidas, que las evitables muertes no se pudieron evitar.

Si el hecho ocurrió, es porque el Estado es parte y cómplice del mismo.