Se dieron a conocer los datos preliminares del Censo Agropecuario 2018, que viene a confirmar las tendencias más profundas del desarrollo capitalista del sector agropecuario argentino, clave para la obtención de divisas, pero que a contramano del discurso ruralista, tiene una importancia mucho menor en el empleo, la recaudación impositiva o el aporte al PBI.

El primer dato saliente es que se  censaron unas 250.000 explotaciones agropecuarias (EAP)  lo que representa una reducción de unas 80.000 explotaciones en relación al Censo anterior de 2002.

El censo también revela que “el campo argentino”, lo cual no es ninguna novedad, se centra en la pampa húmeda: la superficie implantada con algún cultivo en el país es de unos   33.000.000 de hectáreas concentradas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con un 65% del total. Si le agregamos Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero la proporción llega al 83%. Esta provincia  ha visto una explosión sojera, pasando su superficie implantada de 1.000.000 hectáreas a  2.800.000 de la mano de la reducción de las explotaciones de 21.000 a 15.000. Esta provincia, junto a Misiones, presenta un número proporcionalmente elevado de propiedades minifundistas, por lo que será objeto de otro artículo el análisis social, económico y ambiental del “progreso” traído por los sojeros.

El desarrollo capitalista en la pampa húmeda

El campo argentino sufrió profundas transformaciones[1] que se aceleraron en las últimas tres  décadas, consolidándose el modelo de siembra directa, transgénicos y glifosato. Este paquete tecnológico, que vino de la mano de la implantación de la soja como el principal cultivo por lejos, pero que no se limita a ella, trajo aparejado la incorporación también de la contratación por los “productores” de la siembra, fumigación y cosecha, lo cual no es una acusación moral hacia los campestres, sino que deviene de la más estricta lógica capitalista: el aumento de la productividad, al menor costo posible, sin importar el medio ambiente ni la salud de las poblaciones rurales, detrás de la propaganda de las multinacionales de que sus productos son inocuos, lo que  es avalado por todos los organismos de control estatales. Este paquete, junto al desarrollo de nuevos elementos tecnológicos (uso de GPS y mapas satélites, monitores de siembra, dosificadores variables, cosechadoras de mayor potencia y  eficiencia, control a distancia de la maquinaria, etc.), trajeron  aparejados una sensible reducción  de tiempo destinado a labores que ya no se realizan, y/o es más eficiente contratar.

Como consecuencia de ello se produjo el despoblamiento del campo: el productor que residía en su explotación, tenía sus plantas frutales y sus hortalizas y algunas cabezas de ganado, y realizaba la mayor parte de las tareas,  se fue a los pueblos y ciudades vecinas. En Buenos Aires, de 27.000 productores que  explotan  similar número de EAP[2], sólo el 32% residen en ellas; similar porcentaje se da en Córdoba, y aún más bajo en Santa Fe (21%). El mismo censo revela que hay  más del 30% de viviendas deshabitadas en las explotaciones de esas provincias.

Así Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, presentan  similares porcentajes de servicios contratados: para entre un 50% y 60% de la superficie se contrata la aplicación de herbicidas, para entre un 50% y un 70% de la siembra se acude a los contratistas, y lo mismo para entre un 55% y 65% de la superficie cosechada.

El mismo Censo determina la existencia de unos 25.000 prestadores de servicios agropecuarios entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos mientras que el número de productores para esas provincias se eleva a 73.000, constituyendo un actor social ya consolidado. El monto de inversión necesario para llevar adelante su actividad lo ubica como un sector burgués de pleno derecho. [3]

Otro sector chacarero directamente dio su propiedad en arriendo. En lo referido al régimen de tenencia de la tierra el Censo  informa que en todo el país un 72% de la superficie es propiedad  y el resto es arrendado. Sin embargo, la situación es muy distinta en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con proporciones que van del 60% a sólo el  55% de propiedad de las explotaciones: unas 17.600.000 de hectáreas se explotan bajo distintas formas  de arrendamiento.

El dato central del Censo es la reducción de la cantidad de explotaciones. Hoy queda el 60% de las que había hace 30 años. Pero atención, que a pesar del cinismo de todos los dirigentes campestres sobre “la carga impositiva”,  “la reducción de los márgenes” y versos de todo tipo, este fenómeno no se debe a quiebras masivas sino al desarrollo de unidades económicas cada vez más grandes en desmedro de las medianas y las más pequeñas. En Buenos Aires, la superficie de 3.416 explotaciones de más de 1.500 hectáreas concentra el 55% de la superficie censada. Y todas las explotaciones de más de 5.000 hectáreas han aumentado en número y superficie desde el Censo de 2002.

Esto no obedece al avance de los latifundios pre capitalistas como delira el PCR, o las penurias de los chacareros, pequeños productores rurales, como esgrimieron el MST e IS para correr atrás de la Sociedad Rural, sino repetimos, a la más estricta lógica capitalista. Aún sin los precios records de las materias primas que gozó los primeros años del kirchnerismo (los años de los superávits gemelos, el fiscal y el del comercio exterior) la renta extraordinaria que reciben los propietarios rurales sigue siendo elevada, y el desarrollo tecnológico que permite maximizar las ganancias requiere una inversión creciente en maquinaria; la economía tradicional lo denomina “economías de escala”: la inversión en monitores de rendimiento, banderilleros satelitales, guías automáticas, tractores con auto guías de conducción satelital,  el uso de sensores remotos, el control automático y a distancia en maquinarias, la comunicación móvil en tiempo real, tractores y cosechadoras de mayor potencia,  capacidad  y sofisticación demandan una inversión que para que sea eficiente requiere una mayor superficie de explotación: de las 36.000 explotaciones en Buenos Aires, sólo 5.000 tienen cosechadoras y el mayor número de cosechadoras  corresponde a las de más potencia. Porcentajes apenas superiores se registran en Córdoba y Santa Fe.

Buenos Aires pasó de 51.000 explotaciones a 36.000, Córdoba de 26.000 a 21.000 y Santa Fe de 28.000 a 20.000 EAP, con respecto al Censo 2002, y esa es la lógica capitalista  del desarrollo del sector agropecuario que, como consecuencia, genera las condiciones para su socialización directa: expropiar sólo 611 explotaciones  en Buenos Aires supone poner la producción de  casi  5.500.000 de hectáreas en beneficio del conjunto de la sociedad.

Pero reiteramos, este proceso no se realizó por la quiebra y despojo de los más pequeños: éstos simplemente se retiraron de la producción vendiendo su propiedad o arrendándola. Como dijimos en la rebelión campestre, negar la realidad e idealizar un sujeto social que ha sufrido tan profundas transformaciones (el pequeño/mediano productor de la pampa húmeda) sólo puede llevar a levantar un programa reaccionario. Ha sido el desarrollo económico agropecuario el que requiere que el programa socialista sea el de la expropiación de la gran propiedad pampeana y su explotación con el más moderno desarrollo tecnológico, siendo parte fundamental el cuidado del medio ambiente, y de la salud de los trabajadores y de las poblaciones rurales.

Además la agricultura a mayor escala posibilitaría la explotación en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, de gran parte de las 14.500.000 hectáreas que hoy son pastizales y de las 850.000 hectáreas de “superficie  apta no cultivada” por la vigencia de la ley del valor y la propiedad privada capitalista.

Incrementar la producción no significa continuar envenenando a mansalva, como hoy pasa en la Argentina, preocupación que le es ajena a la inmensa mayoría de productores sin importar su tamaño: ante la prisión decretada en Pergamino, a un productor, un ingeniero agrónomo y un aplicador, por fumigar a  90 metros de zona poblada, la Federación Agraria Argentina expresó:  «en Argentina, la estupidez humana ha llegado a tal punto que llevamos preso a alguien que le erró por 10 metros una restricción para pulverizar”, quejándose que “los productores aledaños son restringidos en su derecho a producir”. Esta es también una rémora de la explotación capitalista de la pampa húmeda, que deberá ser superada sin el romanticismo de la vuelta a la pequeña producción.

La industria de maquinaria agrícola

Siendo el sector agropecuario un mercado que ha adoptado los adelantos tecnológicos masivamente, se podría suponer que habría allí no un mercado cautivo, pero por lo menos sí  un mercado por el cual competir con mejores posibilidades que en otros sectores industriales. Pero nada de eso ha pasado. Sólo en el sector de sembradoras y algunos implementos, de complejidad intermedia, la industria local tiene algo de desarrollo. En cosechadoras y tractores la brecha tecnológica es amplísima.La industria  de maquinaria agrícola (cosechadoras, sembradoras, tractores e implementos)  es     una prueba definitiva de la aversión crónica de la burguesía argentina a la inversión productiva en el país, y no en vano se estima en un PBI entero la fuga de capitales al exterior[4].

Así, de las 8 principales empresas de maquinaria agrícola en el país, 3 son extranjeras y de las nacionales sólo 2 fabrican cosechadoras. Y a pesar del derrumbe de las importaciones en general, producto  de la devaluación, un 40% de las cosechadoras continúan siendo importadas, lo mismo que más del 30% de los tractores, un 70% de banderilleros satelitales o un 90% de guías automáticas. Como el secreto estadístico  se aplica a las sembradoras,  no podemos saber qué  proporción hay en el rubro. Para empeorar  aún más estos porcentajes, debemos tener en cuenta que las empresas locales importan gran parte de sus componentes; tanto los fabricantes nacionales como las multinacionales importan conjuntos y subconjuntos, motores y partes de motores de sus manufacturas.

Campo + Ciudad: Guardianes de la República

El último informe de la industria de maquinaria agrícola del INDEC revela un aumento en la venta en unidades del tercer trimestre de 2019 con respecto al tercer trimestre del 2018 de un 54% en cosechadoras, un 40% en tractores un 13% en sembradoras y un 20% en implementos.

Negando esta realidad de súper ganancias, se reunió recientemente en Córdoba el «Primer Encuentro Federal Campo Más Ciudad», organizado por los autodenominados «Guardianes de la República», con el objetivo de avisarle a Fernández que “no se aumenten más los impuestos porque el pequeño productor no da más»[i]. Y que “sería lógico que se siente con las entidades teniendo en cuenta lo que pasó en 2008. Esperamos que no repitan los errores”, “Esta película ya la vimos. Estamos de acuerdo con que hay que solucionar el tema, pero no con aumentos de impuestos”

Conscientes de su insignificancia numérica, pero también que a partir de 2008 lograron el apoyo    de un gran sector de la clase media de las ciudades, vuelven  a presentar su interés particular (pagar menos impuestos) asociándolo a la República. Y que el esfuerzo lo sigan haciendo los trabajadores.

Macristas confesos, beneficiados por las devaluaciones y la baja de retenciones, no quieren   resignar un centavo, convocando ya a movilizarse “al costado de las rutas”, lo que plantea un escenario conflictivo para el próximo gobierno, si pretende aumentar las retenciones; pero si no le aumenta los impuestos a la patronal que más gana, ¿a qué otro sector de la patronal se los va a aumentar? Sea cual sea la definición con los campestres, al proyecto de Pacto Social le opondremos un programa que plantee quién pagará la crisis, si nuevamente serán los trabajadores y trabajadoras encorsetados en un pacto tramposo de la mano de los empresarios y los dirigentes sindicales traidores, o los empresarios, los capitalistas del campo, los banqueros, los acreedores externos, las empresas energéticas, de servicios, propiciando un diálogo con los trabajadores y las trabajadores que vayan haciendo su experiencia con un gobierno en el que han depositado sus expectativas.

[1] “El desvanecimiento del mundo chacarero” de Javier Balza hace una vivida e interesante  descripción de este proceso.

[2] Del total de 36.700 EAP en la provincia, 27.000 corresponden a personas físicas y sociedades de hecho, el resto a distintos tipos de sociedades, siendo las más importantes las Sociedades Anónimas  (4.700) y las SRL (1.500).

[3] Una cosechadora, un tractor y una sembradora promedio suponen una inversión de  $25.000.000.

[4] Recordemos que se declararon casi 100.000 millones de dólares en el exterior en el blanqueo macrista, lo cual es sólo una parte de lo realmente fugado.

[i] http://semanariodejunin.com.ar/nota/9885/el_campo_organiza_una_mateada_y_profundiza_la_grieta/