Detrás de las cifras se esconde una realidad mucho más profunda: millones de trabajadores ya no llegan a fin de mes con su salario y recurren al endeudamiento para sostener el consumo básico. La tarjeta de crédito, los préstamos personales, las billeteras virtuales y las financieras dejaron de ser herramientas excepcionales para transformarse en mecanismos permanentes de supervivencia.

Morosidad: el verdadero rostro del «milagro económico»

Mientras el gobierno de Javier Milei celebra la desaceleración inflacionaria y exhibe el superávit fiscal como un éxito histórico, la realidad social demuestra que esa estabilidad fue construida sobre un brutal deterioro del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los ingresos populares.

La morosidad no es una anomalía ni un accidente del programa económico libertario. Es una de sus consecuencias inevitables. Cuando los ingresos pierden capacidad de compra, las tarifas aumentan, los alquileres suben y los alimentos siguen encareciéndose, las familias comienzan financiando gastos cotidianos con crédito. Pero llega un momento en que las cuotas se vuelven impagables.

Incluso economistas alejados de cualquier posición de izquierda reconocen que el crecimiento de la mora está directamente relacionado con el deterioro de los ingresos reales y con tasas de interés que continúan siendo extremadamente elevadas para quienes necesitan financiamiento.

Los jóvenes, la primera generación condenada a vivir endeudada

Uno de los datos más alarmantes es que el peso de la crisis recae sobre los sectores más jóvenes de la clase trabajadora.

Más de cuatro de cada diez menores de 35 años con créditos activos presentan al menos una deuda en situación irregular. En la franja etaria de los 18 a los 25 años, la morosidad alcanza casi el 43%, una cifra que revela el enorme deterioro de las condiciones de vida de una generación que ingresó al mercado laboral bajo la precarización, los salarios de pobreza y la flexibilización laboral.

No se trata de jóvenes que «gastaron por encima de sus posibilidades», como suelen repetir los voceros del mercado. Se trata de trabajadores, estudiantes y familias que utilizaron el crédito para comprar alimentos, pagar servicios, afrontar alquileres o cubrir gastos básicos que el salario ya no puede garantizar.

La expansión de las billeteras virtuales y de las financieras no bancarias profundizó todavía más este fenómeno. Allí las tasas son considerablemente superiores a las del sistema bancario tradicional y la mora supera ampliamente los registros de los bancos, consolidando un circuito de endeudamiento permanente que beneficia exclusivamente al capital financiero.

La usura como política de Estado

El gobierno libertario sostiene que el mercado resolverá todos los problemas económicos. Sin embargo, la realidad demuestra exactamente lo contrario.

Mientras se eliminan regulaciones, se desmantelan organismos estatales y se protege la rentabilidad de bancos y fondos financieros, millones de trabajadores quedan atrapados en un circuito donde pagan intereses cada vez mayores para cubrir necesidades elementales.

La llamada «inclusión financiera» termina convirtiéndose en una gigantesca maquinaria de transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia el sistema financiero. El salario ya no alcanza para reproducir la vida cotidiana y el crédito aparece como un sustituto artificial del ingreso, hasta que finalmente sobreviene la mora y la exclusión definitiva del sistema.

La usura deja de ser una excepción para transformarse en una política económica funcional al programa de ajuste.

La salida no puede venir de los bancos

Los voceros oficiales intentan presentar el aumento de la morosidad como un problema exclusivamente financiero o de educación económica de las familias. Esa explicación busca ocultar la verdadera responsabilidad del gobierno y del conjunto de la clase capitalista.

Ningún trabajador deja de pagar porque quiera. Se deja de pagar cuando el salario pierde contra la inflación, cuando aumenta la precarización laboral, cuando las jubilaciones son pulverizadas y cuando el costo de vida crece mucho más rápido que los ingresos.

Mientras el Gobierno garantiza el pago de la deuda externa, sostiene el ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional y protege las ganancias de bancos y grandes empresas, millones de personas quedan condenadas al sobreendeudamiento.

Desde una perspectiva socialista, la salida pasa exactamente por el camino opuesto: aumento general de salarios y jubilaciones acorde al costo real de la canasta familiar, prohibición de la usura sobre los créditos destinados al consumo popular, control de las tasas de interés por parte de los trabajadores y nacionalización del sistema financiero bajo control social para poner el ahorro nacional al servicio de las necesidades de la mayoría y no de la especulación (ver Manifiesto anticapitalista para la Argentina).

La morosidad no expresa un problema moral de quienes no pueden pagar. Expresa el fracaso de un modelo económico que necesita trabajadores cada vez más pobres para garantizar las ganancias del capital financiero.