
El pasado lunes 30, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, citó a los medios amigos a la sede del Ministerio para presentar su contrainforme al elaborado anualmente por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) llamado… “Ministerio de Seguridad de la Nación vs CORREPI”. El nombre nos habla de lo burdo y tendencioso del informe, publicado a menos de un mes de las próximas elecciones generales.
Bullrich cuestiona desde el vamos a CORREPI por ser una organización civil, que basa sus investigaciones directamente sobre la existencia de los hechos, sin necesidad de “material probatorio a nivel judicial”. De hecho, llega a reconocerle que sus fuentes son el “contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas”, del “chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales”, de “los aportes que realizan miembros de la organización desde las provincias”, de los “informes de otras organizaciones” y de “organismos oficiales” incluso; claramente más amplias y objetivas. Pero la ministra pretende contraponer esos datos con los propios registros de las Fuerzas Federales, del Poder Judicial y del Programa Sobre el Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego. Como María del Carmen Verdú(dirigente de la Coordinadora) menciona en varios medios, “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, propio de la Doctrina Chocobar.
El informe elaborado por CORREPI dio, durante la gestión de Cambiemos (2016-2018), un saldo de 1303 personas asesinadas por el accionar de las fuerzas represivas del Estado, uno cada 21 horas[1]. Desde el contrainforme, Bullrich advierte desde el vamos que sólo se harán cargo de las fuerzas a cargo de su ministerio, excluyendo no solo a las fuerzas provinciales, sino también a los servicios penitenciarios, incluido el Federal, responsable este último de 9,6% de las víctimas fatales[2], un total de 98 personas.
La ministra dice que, aún con los datos del organismo de derechos humanos, se registra una baja del 36,8% entre las 38 personas asesinadas del 2016 y las 24 del 2018. Lo que, cínicamente omite, es que a partir de diciembre de 2016 más de 20.000 efectivos de la PFA pasaron a la órbita de la Policía de la Ciudad que, dicho sea de paso, supera los 60 asesinatos en menos de tres años de existencia.
Por otro lado, el ministerio dice que de los 98 casos tomados, “el 75,5 % de los casos no son violencia institucional”, que “el 22,5 % están sometidos a investigación” (entre ellos el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado) y que solo el “2 % tienen condena”. Verdú vuelve a explicar: el contrainforme negó como casos los femicidios cometidos por las fuerzas de seguridad (el 20% del total de femicidios, casi todos cometidos con el arma reglamentaria), los crímenes cometidos por oficiales retirados (cuando el estatuto de la PFA establece que nunca un oficial retirado pierde su condición de policía) y los casos resueltos en el Poder Judicial por “legítima defensa”. Entre ellos se menciona el paradigmático caso de Ariel Santos, fusilado por la espalda por la policía Carla Céspedes tras un intento de robo frustrado en un mercado chino por la zona de Parque Centenario (CABA) en 2016[3], que luego se comprobó que estaba desarmado.
El ataque que Bullrich pretende realizar a CORREPI excede a ella, y se configura como un ataque contra todas las organizaciones independientes de derechos humanos. Se erige como una vil burla a los familiares y amigos de todos los asesinados. Debemos seguir luchando contra Bullrich y contra cualquiera que trate de ningunear o menospreciar la lucha que día a día las organizaciones y partidos independientes llevamos a cabo contra la impunidad del Estado. “los datos del Archivo no son ‘nuestros’ sino los de los gobiernos; son lxs muertxs que matan ellos, nosotrxs no sólo los contamos y ordenamos para denunciarlos, sino que militamos todos los días para visibilizarlos y combatirlos”.
[1]El promedio más alto desde 1983.
[2] Ver https://www.clarin.com/policiales/polemica-gobierno-correpi-estadisticas-gatillo-facil_0_gRquW7Vg.html. Tampoco analizó los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) que, aunque sean la minoría, no son pocos.
[3]Ver http://www.correpi.org/2018/justicia-por-ariel-santos/.