Por Ale Kur
Falta solo una semana para el 12 de abril, fecha en la que el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea sino consigue previamente una prórroga de la UE. Esta fecha ya de por sí es resultado de una prórroga, porque el calendario original del “Brexit” estipulaba que la ruptura se produciría el 29 de marzo. Esto era lo que había votado el Parlamento Británico para implementar los resultados del referéndum de 2016, donde un 52% de los votantes eligieron la opción “Leave” (retirarse), es decir la ruptura con la UE.
Al momento de escribir esta nota (miércoles 3/4/19), la situación sigue siendo muy similar a la de hace una semana atrás, o dos, o tres, o diez. Es decir: sigue sin haber un acuerdo que reúna una mayoría parlamentaria, capaz de establecer un marco concreto de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin ese acuerdo, la “cuenta regresiva” avanza en dirección a un “Brexit duro” o sin acuerdo.
Este escenario, de ocurrir,implica que el Reino Unido sería tratado por la Unión Europea como un país completamente externo, aplicándole los mismos aranceles de importación que al resto de los países del mundo, las mismas barreras físicas a la circulación de mercancías y personas, etcétera. De esa forma, se vería enormemente obstaculizado el comercio entre Gran Bretaña y Europa, los ciudadanos británicos ya no podrían moverse libremente por el continente, etc.
Pero más aún, un “Brexit duro” significaría el regreso de una frontera física entre la República de Irlanda (perteneciente a la Unión Europea) e Irlanda del Norte (perteneciente al Reino Unido). Las dos Irlandas quedarían divididas, sus intercambios fuertemente obstaculizados, etc. Esto es particularmente problemático debido a que un 55% de la población de Irlanda del Norte votó en 2016 en contra del Brexit, y sigue apoyando hoy en día la permanencia en la UE o por lo menos una ruptura lo más suave posible. Si ocurriera un “Brexit duro”, existe un riesgo real de que una mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte terminen queriendo romper con el Reino Unido para permanecer en la UE. Inclusive si eso no ocurriera, lo más probable es que vuelva a desatarse el histórico y sangriento conflicto interno en Irlanda del Norte, entre los sectores que plantean una unificación con la República de Irlanda y los que quieren mantenerse en el Reino Unido.
Algo similar podría ocurrir con Escocia, región que también votó en 2016 mayoritariamente en contra del Brexit, y que ya posee inclusive desde antes un amplio sector independentista (se realizó en 2014 un referéndum de independencia donde un 44% votó por la secesión). Es decir, en caso de un “Brexit duro” el Reino Unido podría terminar en el mediano-largo plazo en una profunda crisis de su unidad nacional, en una crisis histórica de su monarquía y su proyecto imperial.
Por estas razones ,diversos actores políticos del Reino Unido operan a contrarreloj para intentar evitar el escenario de un “Brexit duro”. Es el caso del gobierno de Theresa May, que se reunió a dialogar con diversos diputados opositores -entre ellos Jeremy Corbyn, principal dirigente del Partido Laborista-. Si bien las partes señalaron que existió un “acercamiento” entre las posiciones, todavía no está claro que se haya llegado a ningún acuerdo, en un escenario donde el tiempo no sobra.Aunque por supuesto, cada día puede haber novedades (y sin duda las habrá).
En ese marco, avanzó en el Parlamento la propuesta de solicitar una nueva prórroga a la UE para seguir ganando tiempo, a la búsqueda de poder alcanzar algún tipo de consenso. Sin embargo, esta tarea sigue implicando enormes dificultades.
Las dificultades para llegar a un acuerdo
El problema de fondo es que el Parlamento sigue estando profundamente dividido alrededor de qué tipo de acuerdo de “Brexit” implementar. El acuerdo presentado por el gobierno de Theresa May no consigue reunir una mayoría propia por varias razones. La cuestión principal es precisamente el tipo de solución que pretende implementar al problema de una separación física entre las Irlandas. Porque para evitar el regreso de una frontera “dura” cuando ocurra el Brexit, May debió negociar con la Unión Europea una “salvaguarda” (Backstop): una especie de garantía a las partes que sostiene que, en caso de no llegar a algún acuerdo que suministre una solución más profunda al problema, se evitaría el regreso de una frontera física por la vía de mantener a Irlanda del Norte dentro delas regulaciones del mercado común europeo. Es decir: en la práctica, el Brexit casi no se aplicaría en Irlanda del Norte.
Pero esa “solución”, si no hubiera otros elementos para contrapesarla, traería otro problema tanto o más grande que el anterior: que en los hechos Irlanda del Norte quedaría separada de Gran Bretaña. La “frontera” entre la unión aduanera de la UE y el espacio económico británico pasaría por el mar que separa a la isla de Irlanda de la isla de Gran Bretaña. Más allá de su estatus simbólico, en la práctica funcionarían como si fueran países diferentes, que deberían inspeccionar mutuamente sus movimientos de mercancías y personas, aplicarse aranceles y mantener diferentes regulaciones. Esto generó una profunda crisis entre los “unionistas” de Irlanda del Norte (partidarios de la mayor unidad posible entre dicho país y el Reino Unido), como el partido DUP, que es parte fundamental de la coalición que eligió a Theresa May (sin sus votos, el gobierno May caería, ya que el Partido Conservador no posee una mayoría parlamentaria propia). Además, traería fuertes problemas de tipo legal, ya que quedaría rota la unidad jurídica del Estado en el Reino Unido.
Por esta razón, May debió solicitar a la Unión Europea que la “salvaguarda” se aplique no sólo a Irlanda del Norte, sino… a todo el Reino Unido. De esta manera, durante un periodo transicional, todo el Reino Unido quedaría sometido en la práctica a las reglas de la unión aduanera de la UE, para que pueda existir un movimiento de mercancías y de personas sin fricciones entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, al mismo tiempo que entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
Pero esa propuesta de “salvaguarda” aplicada a todo el Reino Unido echó más nafta al fuego, generando crisis simétricas entre los dos polos políticos del parlamento británico. Los “euroescépticos” (partidarios del “Brexit duro”) la rechazan rotundamente, ya que el proyecto que ellos defienden implica una salida inmediata y completa de toda unión aduanera y mercado común. Consideran que seguir sometidos a las regulaciones europeas les quita la soberanía necesaria para poder establecer su propia política migratoria y sus propios acuerdos comerciales con terceros países. Entre estos sectores se encuentra el ala derecha más radicalizada del Partido Conservador, como el diputado Jacob Rees-Mogg o Boris Johnson, ex–alcalde de Londres. Su proyecto de país es que el Reino Unido sea un paraíso neoliberal desregulado y globalizado que pueda explotar al máximo su fortaleza en el terreno financiero global. Su base social principal son sectores muy conservadores de las clases medias y altas.
Por otra parte, en el otro polo político del Parlamento, el proyecto de May es rechazado por el Partido Laborista (y en menor medida, por un sector de conservadores “moderados” pro-europeos), ya que no establece ninguna garantía de qué pasaría con la unión aduanera (y por lo tanto, con Irlanda del Norte y con toda la relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea) una vez que se acabe el dudoso “periodo transicional”. Estos sectores prefieren un acuerdo de “Brexit” que garantice de antemano una relación permanente del Reino Unido con la unión aduanera de la UE (e inclusive en algunos casos con su mercado común, lo que implica un alineamiento regulatorio aún más profundo). La base social principal de la propuesta laborista son los sindicatos y sectores de trabajadores que se referencian en ellos, que temen que una salida abrupta de la UE pueda llevar a un colapso económico (y a la pérdida masiva de empleos) por perderse el principal mercado de exportaciones del Reino Unido, que es la propia Unión Europea.
De esta manera, en el proyecto laborista queda establecido de antemano que se trataría de un Brexit “suave”, cuyos efectos prácticos se limitarían a una salida más bien político-simbólica de la UE que a una ruptura real y profunda. Pero al mismo tiempo se diferencia de la opción de “permanecer en la UE” (es decir, cancelar el “Brexit”) en un punto muy sensible: la salida de la UE retiraría al Reino Unido de la zona de libre circulación de personas de la que actualmente forma parte, permitiéndole legalmente establecer sus propios controles migratorios (más allá de que en la práctica no esté garantizado que la UE le otorgue realmente esa posibilidad, pudiendo poner precondiciones de tipo político a cambio de mantenerse en la unión aduanera).
Esto permitiría “tranquilizar” a los sectores de la población que ven la inmigración como una amenaza a sus puestos de empleo, a la calidad de los servicios públicos y a la “seguridad” y el “orden” (junto a otros prejuicios xenófobos y/o racistas).Entre ellos, a amplias franjas de la clase trabajadora que en 2016 votaron a favor del “Brexit”, buscando una salida por derecha a la larga decadencia económica del Reino Unido y a los planes de flexibilización neoliberal y “austeridad” (ajuste) que los diferentes gobiernos británicos vienen implementando hace décadas, y especialmente desde la crisis mundial de 2008.
Teniendo en cuenta todos estos factores, es posible que con el tiempo (si se obtiene una prórroga de la UE) finalmente se termine conformando una mayoría parlamentaria alrededor de una formulación ambigua, intermedia, entre un “Brexit suave” y un Brexit no tan suave, que deje sin resolver las definiciones de fondo. Una mayoría así, en el mejor de los casos, podría permitir declarar una ruptura formal del Reino Unido con la Unión Europea, pero no resolvería ninguna de las discusiones, y simplemente las prolongaría en el tiempo. A la larga, parece cada vez más claro que la situación británica sigue avanzando hacia una polarización política creciente, hacia una mayor inestabilidad con mayores choques entre los diversos sectores políticos y clases sociales.
Es necesaria una salida por izquierda, de la clase trabajadora, la juventud, el movimiento de mujeres, de los inmigrantes y todos los sectores populares, que rompa con las falsas alternativas alrededor del Brexit imponga una agenda política propia, de ruptura con el capitalismo imperialista británico (así como con su régimen político monárquico) y de lucha por una federación socialista de repúblicas británicas e irlandesas.
