Tomar las calles para derrotar la necropolítica y el PL de la Represión.

Contra la guerra a las drogas y la violencia racista, ¡la salida es anticapitalista!

“Brasil, tu nombre es Dandara

Tu cara es de cariri

No vino del cielo

Ni de las manos de Isabel

La libertad es un dragón en el mar de Aracati”

Samba-enredo de Mangueira en el carnaval de 2019

Traducido del portugués al español por Víctor Artavia

La resistencia negra es parte orgánica de la gestación del capitalismo brasileño. A lo largo de la historia del país, el papel de Brasil como colonia de pillaje caminó al lado de la brutal explotación de las masas negras y esclavizadas provenientes del continente africano.

Una realidad social de opresión clasista y racial que, de forma combinada, también fue caldo para la construcción de lazos de solidaridad y lucha entre explotados y oprimidos, de preservación de aquello que, de forma brutal y sistemática, les fue expropiado. Las comunidades quilombolas de Zumbi, Dandara y Teresa de Benguela combinaban una sociabilidad independiente del dominio señorial con una sofisticada organización radicalizada de combate.

Tal represión organizada a la resistencia de los negros fue un aspecto fundante del desarrollo del Estado nacional moderno brasileño después de la falsa abolición del 13 de mayo. El día siguiente a la abolición, Brasil llevó adelante no solamente una política de marginación de los recién “alforriados” (liberados), sino una combinación que une la estructura punitiva y represiva del Estado y la reproducción subjetiva social de la dominación y superioridad racial.

Tensiones que, para Sérgio Buarque, se cristalizan en formas diversas de sumisión y cordialidad como mecanismos de dominación ideológica que imponía características ideales para un “buen esclavo”: la tríada entre obediencia, humildad y fidelidad.

Como apunta Mattoso en Ser Escravo no Brasil (1982), a pesar de que las reglas del juego de esa sociedad eran bastante rígidas y con poca o nula posibilidad de movilidad social, los llamados malembos crearon redes de reciprocidad y ayuda mutua que les permitían resistir la forzada adaptación y inadaptación a su nuevo ambiente.[1]

Con este texto, intentamos trazar no solo una breve perspectiva histórica desde abajo, sino una lectura propositiva ante la realidad de la lucha de clases, marcada por una constante ofensiva de la extrema derecha para fortalecer la necropolítica racista y una cobarde y traidora conveniencia de la conciliación de clases lulista. Una lectura que, para poder ver bien, necesita comprender que solo existe camino posible para la derrota de la opresión racial con el enfrentamiento al modelo capitalista de la propiedad privada.

La extrema derecha provoca, el lulismo se lava las manos

Como un capítulo más de esa historia, la sanguinaria masacre del Alemão y de la Penha ocurrida el día 28 de octubre. La más letal de las intervenciones policiales de la historia del país, totalizando más de 130 muertos. Apoyándose en la guerra a las drogas, la extrema derecha de Claudio Castro, Tarcísio y Bolsonaro colocan el punitivismo racista para recolocar al campo ultrarreaccionario en mejores condiciones para el próximo período electoral.

Tal acto de barbarie planificada es demostración de una brutalidad que no puede ser llamada de otra cosa que no sea terrorismo de Estado, una violencia que atraviesa especialmente a la juventud negra y trabajadora que vive en las comunidades. Hablar en terrorismo de Estado no es ninguna exageración: se trata del aparato represivo policial amparado por el poder judicial capitalista eligiendo quién vive y quién muere, quién tiene derecho de vivir y quién no, con base en su color de piel y origen de clase.

Como llave central de esta política, la aprobación del Proyecto de Ley Anti Facción de Guilherme Derrite (PP), representa una grave provocación reaccionaria para fortalecer la matanza y criminalizar los movimientos sociales basándose en la idea de “dominio social y territorial”. En el Brasil de la ultraderecha, político que mata bastante gana una campaña al Senado regada por mundos y fondos del Centrão (bloque mayoritario de partidos en el parlamento) y de la extrema derecha.

De esta barbarie nace la realidad que hace de Brasil el país con 6.243 muertos por intervención policial según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2024. El país en que una persona negra pierde su vida cada 12 minutos. Una realidad que solo existe por cuenta de la brutal guerra a las drogas brasileña, importada de los Estados Unidos para establecer un duro orden de clase y color a partir del punitivismo. Solo en las prisiones brasileñas, son 909 mil privados de libertad, de los cuales dos tercios tienen piel negra.

Esta cadena de violencia y opresión racial también tiene la huella de la conciliación de clases y del gobierno Lula-Alckmin, que, como respuesta a la contraofensiva sangrienta de la ultraderecha, salió a defender a Castro y su reaccionaria PEC de la Seguridad Pública. El proyecto del gobierno liberal social propone reformas constitucionales para fortalecer la maquinaria estatal para “combatir el crimen”, creando una especie de Sistema Único de las Policías y abriendo más camino para militarizar las guardias municipales.

Legitimando el punitivismo, el Partido de los Trabajadores y el gobierno bahiano de Jerônimo Rodrigues, han provocado un aumento enorme de las muertes por intervenciones policiales, un escandaloso crecimiento del 235% en la región metropolitana de Salvador en el primer semestre de 2025, según un estudio del Instituto Fogo Cruzado.

Lo que enfrentamos en el Brasil capitalista es un frente único de todo el sistema político burgués para endurecer la necropolítica racista. De la izquierda del orden del PT y el PSOL a la extrema derecha bolsonarista, la orden del Estado en las comunidades es llenar de bala para solo después preguntar si necesitan un puesto de salud o remesa de cestas básicas en época de elección.

Estado policial y guerra a las drogas

Las estrategias de resistencia y la lucha del pueblo negro en Brasil no solo funcionaron como mecanismos para reavivar su humanidad, sino que también forjaron la necesidad de desarrollar y perfeccionar los mecanismos de control social. El mantenimiento de este duro orden era vital para la reproducción metabólica del sistema señorial y del Estado que organizó sus filas y recursos para legitimar la barbarie.

En los inicios, los agentes represivos actuaban para asegurar la propiedad privada, garantizando por medio de la violencia, vigilancia y el castigo la reproducción de un modelo de sociedad. Durante la esclavitud, los Capitanes del Mato —negros que tenían la función de cazar, prender y castigar— sometían a sus pares a la represión bajo el aval de su señor. Por más que esos agentes fueran negros o pardos libres, su atribución estaba directamente relacionada al interés de una clase, para garantizar la integridad de la propiedad señorial.

Con la llegada de la familia real portuguesa a comienzos del siglo XIX, se fundó la División Militar de la Guardia Real de la Policía de la Corte, que tenía como principio basilar de sus atribuciones reprimir revueltas (como la de los Malês) y destruir quilombos, vistos como amenazas al orden político, económico y social establecido. Un salto cualitativo en la organización del control social por el aparato de represión del Estado.

Conforme crecían las tensiones raciales y de clase por la liberación de los esclavos, fueron siendo creadas legislaciones para criminalizar el pito de pango —la marihuana— y la cultura de la población esclavizada. En 1830, la ciudad de Río de Janeiro, lugar con la mayor concentración de esclavos del país, creó la primera ley prohibicionista de la historia.

Incluso después de la “falsa abolición” de 1888, la violencia y la segregación no terminaron. Los negros fueron lanzados al margen de la sociedad capitalista emergente, sin reparación, tierras o integración plena al mercado de trabajo. Esa parcela de la población fue empujada por la urbanización burguesa desenfrenada de las grandes ciudades hacia los márgenes, las favelas. Un planeamiento urbano de exclusión.

En los años 70, la guerra a las drogas fue definitivamente instituida por la dictadura militar, importando el modelo represivo estadounidense de Nixon. Durante el gobierno del dictador Geisel, los consumidores también pasaron a ser criminalizados con la implementación de la ley 6.368. Es en ese período que la política de drogas brasileña incorpora los moldes punitivistas que conocemos hasta hoy.

Con la Ley de Drogas de 2006, elaborada por Lula, el punitivismo criminal se fortalece y, como consecuencia directa, hace explotar las cárceles. La población encarcelada, que ya presentaba un crecimiento anual moderado desde la presidencia de FHC, saltó de 361.404 en 2005 para 909.061, número del último levantamiento hecho por el Consejo Nacional de Justicia en septiembre de 2022. El alza representó un aumento del 251%.

El discurso de “Guerra a las Drogas” y combate al crimen organizado que define la actuación y legitima las masacres de la PM en las favelas y periferias urbanas, hace eco de la antigua misión de reprimir territorios de resistencia de los explotados y oprimidos. En nombre del falso combate a las drogas, el prohibicionismo y el Estado policial apuestan en incursiones militarizadas de la policía, como la Operación Contención, acto de barbarie planificada que fue capaz de superar las cifras de la masacre de Carandiru.

Enfrentar esa realidad de opresión y violencia necesita partir de la realidad histórica brasileña, la organización del Estado capitalista como máquina de represión y coerción de los negros a partir del prohibicionismo. Cualquier esfuerzo real de enfrentamiento a lo que se denomina crimen organizado —fracciones burguesas reaccionarias que ganan en el mercado paralegal— necesita partir de la conexión entre Estado, prohibición, contravención y racismo.

Organizar nuestra clase contra la barbarie racista del capitalismo brasileño y por la liberación de los pueblos del mundo

La salida para enfrentar la violencia racista no puede ser gestionar el orden capitalista y tratar de maquillarlo como hace la conciliación de clases, Lula y Boulos. Es preciso encaminar un polo que enfrente la contraofensiva de la extrema derecha por la necropolítica en las calles y defienda un programa anticapitalista desde abajo para abrir camino a una reparación socio-racial real y estructural.

La lucha para garantizar el enfrentamiento a la desigualdad racial pasa por la articulación de reivindicaciones inmediatas, históricas, democráticas y económicas con medidas anticapitalistas y antiimperialistas.

La reducción de la jornada de trabajo y la amplia cobertura de derechos a los trabajadores de plataformas; equidad salarial entre blancos y negros con el piso mínimo estipulado por el DIEESE; la democratización de la enseñanza superior a la juventud negra con la ampliación de las cuotas y de la permanencia con el fin del vestibular; desalojo cero y plan de obras públicas de vivienda y urbanización en las grandes ciudades; la titulación inmediata de tierras para poblaciones remanentes de quilombos; la ruptura de las relaciones y el fin de la importación de aparato represivo israelí; el fin de la Policía Militar y la legalización de las drogas son parte de un importante comienzo.

Avances estructurales que solo podrán concretarse enfrentando al capital: estatizando las megaempresas del agro que avanzan sobre tierras indígenas y quilombolas; dejando de pagar a los billonarios y al imperialismo la trilionaria deuda pública, los planes económicos y las abusivas exenciones tributarias para invertir en políticas de memoria y cultura negra y periférica; estatizando bajo control de los trabajadores las megaempresas que esclavizan, pagan menos a sus trabajadores negros y cometen crímenes ambientales sobre poblaciones racializadas; desmantelando las conexiones del Estado brasileño y del capital privado con el crimen organizado y las milicias.

La conquista de esa realidad solo vendrá a partir de la lucha en las calles y la organización política de los trabajadores y de la juventud negra de manera independiente. Las lecciones de la historia nos muestran que el reformismo y el campismo burgués llevan a la derrota y la traición de clase. En los días de hoy y desde los inicios de la historia del país.

Vale recordar que, algunos años después de su independencia, Brasil fue escenario de una importante revolución en las tierras amazónicas. En 1835, el movimiento cabano se levantó con la amplia lucha de esclavizados alforriados, indígenas y campesinos pobres contra la regencia imperial, el esclavismo y reivindicando la independencia de la provincia del Grão-Pará.

Tal levantamiento fue un importante golpe contra el Imperio que solo fue finalmente derrotado con la traición de Felix Malcher y Francisco Vinagre, quienes reprimieron a las masas cabanas y juraron fidelidad a la regencia y a los señores, una realidad historizada por la compilación del libro Revoltas e Revoluções do Povo Brasileiro. Esta es solo una de las varias lecciones que la historia de lucha de los de abajo nos transmite como aprendizaje.

La localización de Brasil en el sistema mundial como un país semi-colonial dependiente lega a los trabajadores tareas que combinan la reivindicación de medidas económicas, pero también de banderas democráticas y políticas, para enfrentar las constantes amenazas de la extrema derecha a las libertades y volverse contra los rasgos más militares y bonapartistas del Estado nacional.

Es parte de nuestra tragedia desigual y combinada como nación capitalista, la concepción de Estado considerada por Florestan Fernandes como un modelo “autocrático-burgués”, necesario para el mantenimiento del orden social y racial en el país. La Policía Militar, una de las pocas militarizadas del mundo, promueve las masacres en las comunidades y hace abordajes abusivos y racistas contra los trabajadores precarizados y motorizados en los grandes centros urbanos.

El ultra-capitalismo brasileño con elementos de no contemporaneidad, representado, por ejemplo, en la gigantesca categoría de entregadores de reparto por aplicación, es la síntesis de lo que reserva la tendencia del capitalismo a las nuevas generaciones de trabajadores: la esclavitud moderna. Ante el retorno de las rebeliones populares por el mundo, como la protagonizada por la juventud nepalesa y la población latina contra Trump en los Estados Unidos, la lucha de clases a nivel mundial se polariza y se prepara para choques cada vez más duros.

En Brasil, es preciso construir por las calles una enorme respuesta a la contraofensiva de la extrema derecha que desea el endurecimiento del punitivismo racista con el PL Antifacción que amenaza los históricos y escasos derechos políticos de los de abajo, una provocación ultrarreaccionaria sin precedentes.

Tomando como caldo la lucha del día 21 de septiembre contra la amnistía a los militares y la PEC del Blindaje, es fundamental construir la lucha directa en unidad, impulsando frentes de lucha independientes de la conciliación de clases al lado de la amplitud de los movimientos negros, indígenas y sociales.

La lucha revolucionaria contra la opresión de color y clase en Brasil solo podrá servir a la emancipación mundial si se coloca al servicio de la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Si toma para sí el lazo con los inmigrantes perseguidos en los EUA y en Europa, los refugiados, el pueblo palestino, congoleño y sudanés. La liberación de los pueblos del yugo del colonialismo, de la clase de la explotación capitalista y de la opresión racista solo será posible con la derrota del capitalismo brasileño y mundial. Lo contrario también es absolutamente real. Cualquier proyecto y propuesta que se lance a enfrentar las agruras del capitalismo necesita comprender las tensiones raciales y de clase que permean la existencia de Brasil como nación con relativa autonomía.

Una tarea histórica que solo será posible de ser realizada tomando de asalto la disputa por el poder e instaurando un gobierno de los que nunca gobernaron, la dictadura del proletariado.

[1] Los llamados malembos —vínculos sólidos de amistad construidos en las primeras horas del cautiverio— implicaban lazos de protección mutua y solidaridad. Estas relaciones eran tanto mecanismos de reconstrucción de esa identidad perdida en detrimento de una realidad que niega la condición humana del esclavizado y, por lo tanto, lo exime de los derechos básicos que garantizan su existencia como sujeto histórico, como también una consecuencia inevitable del tráfico de esclavos.