Bajo ninguna circunstancia se debe separar (desconectar) las luchas de naturaleza económico-sindical de las luchas políticas y democráticas. El gran desafío del marxismo revolucionario, de su ciencia y de su arte, es saber combinar ambas esferas, conectar demandas que a priori pueden parecer desconectadas para las masas, pero que exigen, de manera innegociable, una política revolucionaria: una lucha unificada con un sistema de consignas que las vincule. 

Artículo aparecido en Esquerda Web. Traducción del portugués al español por Víctor Artavia

El 11 de diciembre de 2025, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, aprobó la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que establece el fin de la escala 6×1 en Brasil (un día de descanso por cada seis de trabajo). Sin embargo, el proyecto admite críticas y es necesario analizar y realizar el debate en torno a esta importante agenda, desde una perspectiva marxista, que comprenda a fondo su necesidad en tanto reivindicación histórica y sindical.

1- Una breve síntesis sobre la historia del trabajo en Brasil

1.1 El trabajo esclavo en el Brasil colonial

Desde los inicios de la colonización, en su “descubrimiento”, el hombre blanco europeo subyugó el territorio que vendría a llamarse Brasil algunos siglos después y lo colonizó. En ese proceso, diversas etnias fueron mezcladas, formando el Brasil actual, multiétnico. Sin embargo, la colonización no fue un acontecimiento fortuito o espontáneo, sino parte de un movimiento histórico más amplio, ligado a la expansión comercial europea y a la acumulación originaria de capital, a la cual se refería Marx. Como señala Júnior (1961), es necesario comprender la colonización a partir de su “sentido”. Es decir, como una empresa orientada a atender los intereses del comercio europeo.

Tal configuración se inserta directamente en el proceso histórico de surgimiento y consolidación del capitalismo, en el cual la expansión colonial desempeñó un papel central en la acumulación originaria de capital. La explotación sistemática de las colonias, basada en el trabajo compulsorio y en la apropiación violenta de riquezas naturales, permitió la transferencia masiva de valor hacia Europa, creando las condiciones materiales para el desarrollo del modo de producción capitalista. La explotación portuguesa es una de las expresiones del nuevo sistema que se estaba constituyendo, basado en la esclavización de los pueblos, en el despojo de las naciones y de los trabajadores nacionales e internacionales, en el que la relación de opresión y explotación metrópoli × colonia se justifica en la idea del desarrollo de una metrópoli a costa de una colonia: para confeccionar la ropa roja del monarca portugués, es necesaria la extracción del palo brasil por manos indígenas esclavizadas.

Siglos después, la sustitución de la mano de obra indígena por la mano de obra esclava africana revela otra dimensión de la organización económica colonial, estrechamente ligada al sentido de la colonización brasileña: la producción destinada a la exportación y la gran propiedad monocultural exigían una fuerza de trabajo abundante y controlable. Para los jesuitas, la explotación de los pueblos originarios no se justificaba moralmente, pues ellos debían ser catequizados; ya en relación con los esclavizados africanos, se creía que no poseían alma (el Código Comercial brasileño de 1850 equiparaba a los esclavos con los animales, por ejemplo), siendo, por lo tanto, legítimo subyugarlos y explotarlos como simple fuerza de trabajo. Ese razonamiento justificaba, en la visión colonial, tanto el mantenimiento de la gran explotación rural como la concentración extrema de riqueza en manos de pocos —grandes propietarios de tierra (latifundistas), comerciantes ligados al tráfico de esclavizados y a la exportación, y la élite política imperial asociada a esos intereses—, mientras que la mayoría de la población permanecía reducida a condiciones de vida ínfimas, compuesta sobre todo por personas esclavizadas, libertos sin acceso a la tierra o derechos, trabajadores pobres libres y capas populares urbanas, sometidas a la miseria material, a la ausencia de derechos civiles y políticos, a la precariedad de la vivienda, al hambre recurrente y a la exclusión sistemática del acceso a la educación y a la salud.

En el siglo XIX, el avance del capitalismo industrial en diversos países europeos alteró profundamente las formas de explotación del trabajo. A medida que la producción pasó a exigir mayor movilidad de la fuerza de trabajo, ampliación de los mercados consumidores e integración más dinámica al mercado mundial, la esclavitud se volvió progresivamente incompatible con las nuevas exigencias del capital, no por razones humanitarias, sino económicas. El trabajo asalariado, formalmente libre, se reveló más funcional a la lógica capitalista y necesario para su desarrollo en aquel momento.

En ese contexto, el proceso de abolición de la esclavitud debe ser comprendido como parte de una reorganización estructural del sistema productivo, y no como resultado exclusivo de avances sociales. La consolidación del capitalismo en los países centrales presionó a las economías periféricas emergentes, como la brasileña, a adaptar sus relaciones de trabajo a las nuevas formas de acumulación. Así, la transición del trabajo esclavizado al trabajo asalariado ocurrió de manera lenta, contradictoria y profundamente desigual, preservando antiguas jerarquías sociales y raciales bajo nuevas formas jurídicas.

En Brasil, la abolición formal, en 1888, se dio sin ninguna política de integración social, acceso a la tierra o garantía de derechos para los ex esclavizados, lo que contribuyó al mantenimiento de la exclusión estructural y a la formación de un mercado de trabajo marcado por la precariedad. De ese modo, la superación jurídica de la esclavitud no significó el fin de la explotación, sino su reconfiguración, insertando amplios sectores de la población en relaciones de trabajo subordinadas a las exigencias del capitalismo de aquel período.

De esta forma, la abolición de la esclavitud y el surgimiento del trabajo asalariado deben ser analizados como momentos distintos de un mismo proceso histórico: la adaptación de las formas de explotación del trabajo a las necesidades del capital, en el cual la libertad formal del trabajador pasa a coexistir con profundas desigualdades sociales, económicas y raciales, cuyos efectos estructurales se extienden hasta la contemporaneidad.

1.2 Largas jornadas de trabajo en la Primera República (1889–1930)

Situamos ahora nuestra mirada en el Brasil republicano en el período posabolicionista, que, en la práctica, nada hizo en favor de la población anteriormente esclavizada. Bajo presiones externas de las grandes potencias de la época y ante revueltas populares internas, la Princesa Isabel —por libre y espontánea presión, es verdad— sancionó la abolición de la esclavitud, que se concretó sin ninguna política de integración social. El trabajo esclavo fue sustituido por el trabajo asalariado, el cual somete al hombre recién liberado a jornadas extenuantes, muchas veces superiores a 16 horas diarias.

Se puede comprender y aproximar el debate por el fin de la escala 6×1 justamente en ese período, al analizar el trabajo asalariado en las fábricas de las ciudades, por ejemplo. Condiciones duras e insalubres eran impuestas a los trabajadores que, poco a poco, pasaron a ocupar el espacio urbano recién industrializado, sometidos a jornadas extenuantes que frecuentemente superaban las 12, 14 o incluso 16 horas diarias. Esa realidad está documentada por periódicos obreros de la Primera República, como A Plebe (1917), que registraban denuncias recurrentes sobre la duración excesiva de la jornada de trabajo en las fábricas paulistas.

La abolición de la esclavitud, en ese contexto, no representó una ruptura efectiva con la lógica de explotación del trabajo, sino apenas su reorganización bajo nuevas bases jurídicas. El discurso republicano de modernización y progreso ocultaba el hecho de que la población recién liberada fue lanzada al mercado de trabajo sin ningún tipo de política pública que garantizara su inserción en la sociedad, sin acceso a la tierra, salarios dignos o derechos laborales mínimos. Esa situación revela que la abolición no eliminó los antagonismos sociales, sino que los reorganizó bajo nuevas bases, insertando a la población liberada en relaciones de trabajo marcadas por la desigualdad y por la explotación, expresión concreta de la lucha de clases en formación en el Brasil pos-esclavitud.

El trabajo asalariado, por lo tanto, surge menos como instrumento de emancipación y más como una nueva forma de coerción, ahora mediada por el salario, que se mostraba insuficiente para garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Hombres, mujeres y niños fueron incorporados a la fuerza de trabajo industrial —recién liberados y aquellos que ya eran libres antes de la abolición—, siendo el trabajo infantil y femenino ampliamente explotado y mal remunerado, bajo la justificación de complementar el ingreso familiar.

Los ambientes de trabajo estaban marcados por la insalubridad, por la ausencia de normas de seguridad y por la total inexistencia de legislación laboral que reglamentara jornadas, salarios o condiciones laborales. En 1907, el movimiento obrero brasileño organizó una gran huelga general en São Paulo, liderada por anarquistas y socialistas, que paralizó la capital paulista exigiendo la jornada de 8 horas, el fin del trabajo infantil, vacaciones y mejores condiciones laborales.

En ese escenario, el Estado republicano asumía un papel claramente alineado con los intereses de las élites económicas. Publicado en el Diário Official da União el 9 de enero de 1907, el Decreto nº 1.641, conocido como Ley Adolfo Gordo, disponía sobre la expulsión de extranjeros del territorio nacional, constituyendo un instrumento jurídico utilizado históricamente para la represión de militantes obreros e inmigrantes acusados de perturbar el orden público (Brasil, 1907).

Lejos de actuar como mediador de los conflictos sociales, el Estado protegía a los grandes propietarios e industriales, criminalizando huelgas, reprimiendo sindicatos y utilizando la fuerza policial como mecanismo de contención de las reivindicaciones obreras. La organización colectiva de los trabajadores era tratada como amenaza al orden público, y no como expresión legítima de la lucha por derechos. Se consolida así, en el Brasil republicano, una estructura de organización del trabajo que preserva la centralidad de la explotación del tiempo y de la fuerza física del trabajador —lógica que, bajo nuevas vestimentas, permanece presente en las formas contemporáneas de organización del trabajo, como la escala 6×1.

1.3 La Era Vargas: derechos laborales, control estatal y la gestión de la fuerza de trabajo

La Era Vargas representa un momento decisivo en la historia del trabajo en Brasil, porque inauguró una nueva forma de gestión de la fuerza de trabajo adecuada a las exigencias de la industrialización. Desde una perspectiva marxista, la intervención estatal en las relaciones laborales durante el Estado Novo (1937–1945) debe ser comprendida como una concesión que solo fue posible por la movilización activa del proletariado insurgente, cuyas luchas y huelgas, sobre todo en las décadas de 1910 y 1920, presionaron a la burguesía y al Estado a reorganizar los mecanismos de control social.

La consolidación de las leyes laborales, lejos de representar una concesión altruista, funcionó como un mecanismo de estabilización social y política. Inspirado en el modelo corporativista del fascismo italiano, particularmente en la Carta del Lavoro de Benito Mussolini (1927). Al reconocer formalmente determinados derechos —como la jornada de ocho horas, vacaciones remuneradas y regulación del trabajo femenino e infantil— el Estado no elimina la explotación, sino que la racionaliza, garantizando condiciones mínimas para la reproducción de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, para la continuidad de la explotación capitalista. Fue un avance progresivo, que solo fue posible, como ya se dijo, por la movilización y presión de los de abajo por mejores condiciones de trabajo.

La Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), instituida por el Decreto-Ley nº 5.452, del 1º de mayo de 1943, sistematiza ese proyecto. Al establecer normas sobre jornada, salario, descanso y seguridad, la CLT organiza el tiempo de trabajo, delimitando jurídicamente la explotación, aunque sin cuestionar su esencia. El artículo 60, al regular la prórroga de la jornada en actividades insalubres mediante autorización estatal, evidencia no solo el carácter técnico-administrativo del control del trabajo, sino también el carácter de clase, en el cual la salud del trabajador es considerada únicamente en la medida en que su fuerza productiva necesita ser preservada para continuar siendo explotada.

Simultáneamente a la institucionalización de los derechos, el Estado Novo promovió la represión sistemática de las huelgas y de la organización independiente de la clase trabajadora. Sindicatos independientes fueron disueltos, liderazgos obreros perseguidos y movimientos comunistas violentamente reprimidos. El sindicalismo pasó a ser encuadrado como órgano de colaboración con el Estado, vaciando su potencial de enfrentamiento al capital. De ese modo, el conflicto de clases no fue superado, sino administrado, desplazado del terreno de la lucha política al de la negociación tutelada, bajo rígido control estatal.

“[…] En una (de las partes de la propuesta), (Vargas) creó las leyes de protección al trabajador — jornada de ocho horas, regulación del trabajo de la mujer y del menor; ley de vacaciones, institución de la libreta de trabajo y del derecho a pensiones y a la jubilación. En la otra, reprimió cualquier esfuerzo de organización de los trabajadores fuera del control del Estado — sofocó, con particular violencia, la actuación de los comunistas. Para completar, liquidó con el sindicalismo autónomo, encuadró a los sindicatos como órganos de colaboración con el Estado y excluyó el acceso de los trabajadores rurales a los beneficios de la legislación protectora del trabajo”. (Schwarcz, Starling, 2015, p. 362).

La exclusión de los trabajadores rurales de la mayor parte de la legislación laboral revela, además, el carácter selectivo y funcional de la política varguista. Al “privilegiar” al proletariado urbano, el Estado aseguraba la estabilidad necesaria para el núcleo industrial de la economía, mientras mantenía amplios contingentes de trabajadores en el campo sometidos a relaciones de trabajo arcaicas y altamente explotatorias. Tal división contribuyó a la fragmentación de la clase trabajadora y a la manutención de desigualdades estructurales heredadas del período colonial y esclavista.

Por último, la construcción simbólica de Vargas como el “padre de los pobres”, reforzada por medio de la propaganda estatal, de las conmemoraciones del Día del Trabajo y del uso masivo de la radio y del cine, operó como instrumento ideológico fundamental para legitimar al Estado varguista como mediador de los conflictos de clase, neutralizar la independencia del movimiento obrero y consolidar una relación de tutela política sobre la clase trabajadora, presentando derechos como concesiones personales del líder y no como resultado de la lucha social. Consecuentemente, los derechos laborales pasaron a ser presentados como dádivas del Estado, fetichizando los procesos de lucha de la clase trabajadora, ocultando el papel histórico de las luchas obreras y naturalizando la subordinación del trabajador al capital y al aparato estatal.

1.4 Período de la dictadura burgo-militar y los ataques a los trabajadores

Durante el período de la dictadura burgo-militar (1964–1985), la cuestión de la jornada de trabajo en Brasil estuvo profundamente marcada por políticas de represión y control de la clase trabajadora. Bajo el discurso del “desarrollo económico” y de la “seguridad nacional”, el régimen promovió un proyecto de modernización conservadora que beneficiaba al gran capital nacional e internacional, al mismo tiempo que restringía derechos laborales y perseguía a las organizaciones sindicales. En la práctica, eso significó el aumento de la explotación del trabajo, con largas jornadas, bajos salarios e intensificación del ritmo productivo, especialmente durante el llamado “milagro económico”.

Los sindicatos fueron colocados bajo intervención directa del Estado, las huelgas criminalizadas y los liderazgos obreros perseguidos, presos, exiliados o asesinados. Lejos de existir cualquier régimen efectivo de negociación colectiva, la dictadura burgo-militar impuso un patrón autoritario de regulación del trabajo, en el cual la represión política funcionó como instrumento central para masacrar las movilizaciones obreras, viabilizar el ajuste salarial y profundizar la explotación de la fuerza de trabajo. En ese contexto, la jornada no fue objeto de negociación, sino de imposición patronal, marcada por la ampliación informal del tiempo de trabajo, por el uso sistemático de horas extras excesivas y por la ausencia de garantías reales para los trabajadores. En los sectores industriales y urbanos —como la metalurgia, la construcción civil y el parque fabril del ABC paulista— la intensificación del trabajo y la represión sindical caminaron lado a lado como mecanismos complementarios de disciplinamiento y acumulación de capital.

Así, la dictadura burgo-militar consolidó un modelo de relaciones de trabajo profundamente desigual, en el cual la jornada extensa y la represión política caminaron juntas como instrumentos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo para la acumulación de capital de la clase dominante brasileña, en estrecha subordinación al imperialismo estadounidense, que aseguró la remesa de ganancias al capital extranjero, el control de sectores estratégicos de la economía nacional y la subordinación política de Brasil a la lógica de la Guerra Fría bajo hegemonía de Estados Unidos.

Los impactos de ese período superan al régimen en sí, dejando marcas estructurales en las relaciones laborales brasileñas, como la naturalización de jornadas prolongadas, el ajuste salarial recurrente, el debilitamiento histórico de la organización sindical y la criminalización de las movilizaciones obreras, que aún se manifiestan en las disputas contemporáneas sobre derechos, jornada y organización sindical.

2- Las luchas por la reducción de la jornada de trabajo en la actualidad

2.1 El movimiento Vida Além do Trabalho (VAT)

El movimiento VAT (en español “Vida más allá del Trabajo”) surge como expresión espontánea de las contradicciones profundas del capitalismo y de la revuelta de los trabajadores, especialmente en relación con la intensificación de la explotación del tiempo de vida y de las condiciones de trabajo paupérrimas que la actual y voraz etapa del capitalismo presenta. En un contexto marcado por jornadas extenuantes, por la escala 6×1 y por la disolución de las fronteras entre el tiempo de trabajo y el tiempo fuera de él, el VAT emerge como reacción concreta a la brutal apropiación del tiempo del trabajador para la generación de riqueza apropiada privadamente por los capitalistas.

El detonante del VAT está ligado a la popularización de las redes sociales, en las cuales trabajadores pasaron a relatar de forma recurrente el agotamiento físico y mental provocado por las jornadas extensas, por la dificultad de conciliar trabajo, estudio, ocio y vida familiar, y por la sensación de que “trabajar consume toda la vida”. Esos relatos, inicialmente individuales, pasan a ganar dimensión colectiva, transformando experiencias privadas de sufrimiento en una conciencia social compartida.

Su fuerza inicial reside justamente en su carácter espontáneo, social y extra-institucional, articulando trabajadores precarizados, juventud, militantes y sectores organizados de la clase trabajadora en torno a una consigna clara: el derecho al tiempo libre como condición para una vida digna. El movimiento expresa, así, una crítica práctica a la lógica que subordina toda la existencia humana a la producción de riqueza, no para ella, sino para los capitalistas, lo que recoloca la reducción de la jornada de trabajo como un eje central de la lucha de clases en el mundo y en Brasil.

En ese primer momento, el VAT se presenta como movimiento de base, impulsado por las experiencias concretas de explotación cotidiana, y apunta hacia la necesidad de organización colectiva más allá de las mediaciones tradicionales de la política institucional. Lo que, en un segundo momento, se desvirtúa y comienza a ceder a la burocracia y a la institucionalidad, convirtiéndose en un movimiento apenas por la superestructura en desconexión con la movilización de base: con la lucha de clases.

2.2 La capitulación del movimiento

Con el avance de la movilización y su creciente visibilidad pública, el movimiento pasa a ser progresivamente absorbido por la institucionalidad, sobre todo por medio de su vinculación al PSOL y a la tramitación de la PEC que propone el fin de la escala 6×1, sin conexión con la movilización callejera. Ese proceso marca un punto de inflexión en la trayectoria del VAT: aquello que surge como movimiento social independiente, espontáneo y de base, pasa a ser reorientado hacia los límites del Estado burgués y de su estructura, en disonancia con la movilización callejera.

La centralidad de la PEC desplaza el eje de la lucha de las calles hacia el Parlamento, convirtiendo una reivindicación estructural de la clase trabajadora en una agenda legislativa restringida, sujeta a las correlaciones de fuerzas institucionales y a las negociaciones propias del sistema político. Ese cambio implica una capitulación política, en la medida en que subordina la dinámica del movimiento a los tiempos, intereses y límites de la institucionalidad, vaciando su potencial de movilización estratégica.

Al reducir la lucha a la conquista de una medida legal aislada, el movimiento pasa a operar dentro de la lógica de lo posible institucional (del posibilismo), abandonando la perspectiva de enfrentamiento directo al capital y a las estructuras que producen —y reproducen— la superexplotación del trabajo.

En síntesis, el debate en torno a la reducción de la jornada de trabajo deja de ser decidido por la clase que mueve el motor de la historia —la clase trabajadora— y pasa a ser conducido por agentes que no vivencian la realidad del trabajo extenuante, muchos de los cuales ejercen jornadas reducidas y se benefician materialmente de la política institucional. El abandono de la lucha por el fin de la 6×1 en las calles, con movimientos de base que lleven a los trabajadores a luchar, no solo por condiciones inmediatas sino por el cuestionamiento de la lógica capitalista, revela la insuficiencia del programa de aquellos que creen que la lucha solo se da por la institucionalidad.

Estos agentes políticos no actúan de forma neutra, sino que representan intereses bien definidos: la defensa del reformismo es, al final, la defensa de los intereses de la burguesía, los intereses del capital. Al desplazar la decisión sobre el tiempo de vida del trabajador hacia la institucionalidad, se vacía el protagonismo popular y se subordina una agenda histórica de la lucha de clases a la lógica de un Estado estructurado para garantizar la reproducción del capital.

2.3 Entre la institucionalidad y la lucha en las calles

Ese proceso evidencia una distinción fundamental entre, por un lado, la apuesta por la institucionalidad —expresada tanto en la centralidad de la PEC como en la conducción del movimiento por sectores partidarios del orden burgués y sus satélites— y, por otro, la necesidad histórica de que las conquistas de la clase trabajadora sean arrancadas por medio de la lucha directa en las calles.

La experiencia histórica demuestra que avances como la reducción de la jornada de trabajo nunca fueron concesiones espontáneas del Estado burgués, sino resultado de la presión organizada, huelgas, movilizaciones y enfrentamientos colectivos. Al desplazar el centro de la lucha hacia el parlamento, el VAT se transformó en una burocracia extra-institucional —extra, justamente, por no poseer representación sindical formal de los trabajadores sometidos a la escala 6×1. En ese proceso, el movimiento se distancia de la organización de base, se vuelve dependiente de la mediación institucional y se revela incapaz de sostener conquistas duraderas, ya que abdica de los instrumentos históricos de la lucha de la clase trabajadora.

En ese sentido, la actuación parlamentaria no puede sustituir la acción directa de la clase trabajadora. Debe ser, en realidad, un punto de apoyo para la movilización de base. De lo contrario, tiende a funcionar como mecanismo de contención de la lucha social. La transformación efectiva de las condiciones de trabajo exige que el movimiento sea conducido por las calles, con independencia política, organización colectiva y perspectiva estratégica que supere los límites del régimen.

Así, la separación entre institucionalidad y lucha directa no es solo táctica, sino profundamente política: se trata de decidir si la reducción de la jornada será tratada como una reforma administrable por el capital o como parte de un proyecto más amplio de enfrentamiento a la lógica que subordina cada vez más el tiempo de vida de la clase trabajadora a la acumulación predatoria.

2.4 Las contradicciones en torno al gobierno, la PEC y el VAT

El debate en torno al fin de la escala 6×1 y la reducción de la jornada de trabajo, al ser incorporado (apropiado) por el gobierno Lula y por sectores del campo institucional —incluyendo el movimiento VAT y su vinculación al PSOL—, pasa a ser mediado por intereses que se alejan de las necesidades inmediatas e históricas de la clase trabajadora. En año electoral (2026), esa apropiación se revela profundamente oportunista, en la medida en que transforma una agenda histórica de la lucha de clases en instrumento de capitalización política, vaciando su contenido real y su potencial movilizador.

La actuación de la prensa burguesa desempeña un papel central en ese proceso. Al encuadrar el debate desde la óptica de la “viabilidad económica”, de la “productividad” y de la “competitividad”, tales medios operan como aparatos ideológicos que desplazan el centro de la discusión: la reducción de la jornada deja de ser tratada como derecho social y pasa a ser evaluada según los intereses del empresariado. En ese sentido, se evidencia una contradicción fundamental: aquellos que no vivencian la explotación cotidiana del trabajo —empresarios y políticos profesionales— se arrogan el derecho de decidir sobre el tiempo de vida de la clase trabajadora, sin ninguna legitimidad material para hacerlo.

Además, vuelve a saltarnos a los ojos la propia naturaleza de clase del Estado como producto de las contradicciones irreconciliables entre explotadores y explotados. Cuando Marx y Engels lo caracterizaron como un “comité para gestionar los negocios comunes de toda la clase burguesa”, se referían, en última instancia, al hecho de que el aparato estatal es el instrumento responsable de administrar la contradicción central entre capital y trabajo. Siendo así, se vuelve imposible que la izquierda del orden y el lulismo encarnen una lucha consecuente por la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, por una razón elemental: tal medida implica necesariamente afectar la relación capital-trabajo, base metabólica del sistema capitalista, cuya superación no puede ser conducida por sujetos políticos que se someten al régimen burgués.

No se puede, por lo tanto, permitir que esa agenda sea confinada a la superestructura institucional, sometida a los ritmos del Parlamento, a las negociaciones de cúpula y a las exigencias del capital. La reducción de la jornada de trabajo debe ser pensada y construida a partir de las necesidades concretas de los trabajadores, discutida y llevada adelante por sus mecanismos y partidos, siempre mediante la lucha y la movilización.

Es preciso decir también que esa lucha exige la superación de perspectivas meramente economicistas que reducen la lucha solo a las condiciones inmediatas. La agenda de la reducción de la jornada de trabajo tiene su carácter sindical, como agenda inmediata para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, pero fundamentalmente, posee un carácter político, el cual abordaremos más adelante.

En ese contexto, la postura del gobierno Lula y del PT evidencia una continuidad histórica de conciliación de clases. Al apropiarse de la agenda de la reducción de la jornada en un momento electoral, el gobierno busca presentarse como mediador de los conflictos sociales, al mismo tiempo en que preserva los intereses del capital —lo que es imposible, pues no hay conciliación entre una clase que lucha por su supervivencia y otra que succiona hasta la última gota de sudor, sangre y lágrimas del trabajador— y evita cualquier enfrentamiento estructural. Se trata de una operación política que neutraliza la radicalidad de la lucha y refuerza la ilusión de que transformaciones profundas pueden realizarse sin la movilización directa de la clase trabajadora.

La propuesta de enmienda constitucional (PEC) que el gobierno Lula busca aprobar es similar al PL 67/2025, en el cual busca una reducción de la jornada de 44 horas semanales a 40 horas semanales con dos días de descanso por semana, con una reducción de 1 hora por año, hasta llegar a 36 horas semanales. Es decir, la reducción efectiva de la jornada a 36 horas semanales solo se concretará en 2030. La postergación de esa reducción —la cual aún consideramos extremadamente insuficiente— retrasará el proceso y puede sufrir retrocesos dependiendo de la correlación de fuerzas.

La reducción de la jornada de trabajo es una agenda objetiva e inmediata de la clase trabajadora. Por lo tanto, no hay tiempo para aplazamientos graduales que apenas administran la explotación. Se trata de una reivindicación concreta, capaz de unificar amplios sectores de la clase trabajadora en torno a sus intereses inmediatos. Un programa por la reducción de la jornada de 44 a 30 horas semanales, organizada en cuatro días de trabajo y tres de descanso (4×3), sin ninguna transición gradual y sin ajuste salarial, como medida alineada exclusivamente con los intereses de la clase trabajadora, debe ser movilizado por las bases, con amplia participación de masas para imponer al régimen la voluntad popular.

3. El trabajo en debate desde la perspectiva marxista revolucionaria

Enfoquémonos ahora en lo que se revela como el corazón de este artículo: un debate político-teórico desde la óptica del marxismo revolucionario, acerca no solo de la jornada de trabajo, sino, principalmente, de su reducción. Para dialogar con lo que Marx plantea en el capítulo 8 de El Capital: “Jornada de trabajo” (Marx, 2013), exploraremos el modo en que el capital se apropia del valor producido por el trabajador mediante la extensión de la jornada de trabajo, es decir, a partir de la plusvalía absoluta. Para una mejor ilustración del análisis propuesto, se utilizará el Anuario Estadístico del Instituto Latinoamericano de Estudios Socioeconómicos (ILAESE), nº 3, de octubre de 2021, titulado Trabajo y Explotación. El ILAESE es una institución de investigación orientada al análisis crítico de la realidad socioeconómica latinoamericana, con énfasis en las relaciones de trabajo, en la explotación de la fuerza de trabajo y en las desigualdades estructurales del capitalismo, ofreciendo una lectura estadística orientada por una perspectiva crítica de las condiciones de la clase trabajadora.

En el sector de consumo, se destaca AMBEV, empresa vinculada al capital del canalla Jorge Paulo Lemann —que también tiene fundaciones y empresas dentro del Estado brasileño— con operaciones localizadas en São Paulo – SP. En 2020, la empresa presentó una tasa de explotación[1] de 546%, siendo la 46ª de la lista, es decir, ese grado de explotación y extracción de plusvalía elevada ni siquiera está en el “top 10” de la lista del ILAESE. Eso significa que el trabajador paga el equivalente a su propio salario en apenas 1 hora y 55 minutos de una jornada diaria de 8 horas. Las restantes 6 horas y 5 minutos de su trabajo no le pertenecen, siendo apropiadas integralmente por el capital.

Volviendo al debate con el capítulo “La jornada de trabajo”, Marx evidencia las condiciones de trabajo y nos invita a la reflexión crítica sobre el trabajo asalariado en la Inglaterra del siglo XVIII y el trabajo de origen esclavista también en el período mencionado. Para ello, comprendemos que “solo el trabajador independiente y, por lo tanto, legalmente emancipado puede, como vendedor de mercancías, firmar contrato con el capitalista” (Marx, 2013). Es decir, a diferencia del hombre esclavizado, que no posee ninguna propiedad, en el que el esclavizado es la propia propiedad, el hombre libre —o jurídicamente liberado—, el trabajador asalariado posee apenas una propiedad: su fuerza de trabajo, la cual usa como equivalente de intercambio con el capitalista por el salario. Sin embargo, la jornada de trabajo del obrero inglés, contradictoriamente, se asemejaba (y mucho) a la del hombre esclavizado; en el fragmento a continuación, se tiene un ejemplo:

“Niños entre 9 y 10 años de edad son arrancados de sus camas inmundas a las 2, 3, 4 horas de la mañana y obligados a trabajar, para su mera subsistencia, hasta las 10, 11, 12 horas de la noche, mientras sus miembros se atrofian, sus cuerpos se consumen, sus rostros se apagan y su esencia humana se endurece enteramente en un letargo pétreo, cuya mera visión ya es algo terrible.” (Marx, 2013, p. 317).

De modo semejante a la jornada extenuante de los niños descritos por Marx, se observa, en la contemporaneidad, la situación de los trabajadores de los call centers, sometidos a largas jornadas de trabajo —frecuentemente de 8, 9, 10 o incluso 12 horas diarias, cuando se considera el banco de horas—, a ritmos intensificados y a un control permanente del tiempo y del cuerpo.

Aunque jurídicamente “libres”, esos trabajadores enfrentan metas muchas veces inalcanzables, monitoreo continuo mediante softwares, restricciones al uso del baño y pausas rígidamente cronometradas, lo que provoca graves procesos de enfermedad física y psíquica en estos trabajadores. Según Santos y Gomes (2022), operadores de telemarketing están expuestos a condiciones de trabajo que favorecen trastornos psicológicos, como ansiedad y depresión. Esos agravios producen repercusiones clínicas debidamente documentadas.

La lucha por la reducción de la jornada de trabajo no debe ser apropiada solamente para los trabajadores que poseen vínculos legales con los capitalistas. Debe, también, ser encarnada por los trabajadores plataformizados que enfrentan la carretera por horas sin ningún descanso, aquellos que sufren accidentes en virtud del algoritmo que los empuja a ritmos extenuantes, metas invisibles y jornadas indefinidas, transfiriendo integralmente los riesgos del trabajo a quienes viven de su propia fuerza de trabajo. La reducción de la jornada debe abarcar también a esos trabajadores sometidos al control digital permanente, a la inestabilidad de ingresos y a la ausencia de derechos, pues la explotación no desaparece cuando el vínculo formal es negado —solo asume nuevas y más violentas formas. Luchar por la reducción de la jornada, en ese sentido, es enfrentar el poder del capital en todas sus mediaciones contemporáneas, incluso aquellas disfrazadas de “autonomía”, “emprendimiento” y “flexibilidad”.

“El capitalista industrial comparte con los esclavistas americanos, por lo tanto, la búsqueda —por todos los medios— de la extensión ilimitada de la jornada de trabajo, superando, sin escrúpulos, no solo los límites morales (las necesidades intelectuales y sociales) sino también los límites psicológicos de los obreros y obreras —teniendo como resultado el agotamiento y la muerte precoz de tantos esclavos asalariados. Indiferente a toda consideración moral o social, el capitalista industrial es impulsado únicamente por la amarga pasión de prolongar la jornada de trabajo más allá de cualquier medida”. (Marx, apud Lowy, 2017, p. 6).

Así como para el proletariado inglés del siglo XIX, el atendiente de telemarketing y el repartidor de aplicaciones, la extensión de la jornada y la intensificación del trabajo se destinan a la producción de plusvalor (Marx, 2013): a la extracción máxima de la energía vital del trabajador, reduciendo su fuerza de trabajo a un instrumento de la acumulación capitalista. La forma histórica de la explotación se transforma, pero su contenido esencial permanece: la subordinación del tiempo de vida a los intereses de la clase dominante.

Surge, entonces, la definición que, aunque no esté conceptuada científicamente, mejor se encaja a esta nueva era del proletariado: “la esclavitud moderna”, término que remite a la idea de Marx en El Capital cuando dice que “(…) la esclavización general que el sistema del asalariado implica (…). Ahora bien, si el trabajador no define cuánto trabaja, cuándo trabaja, tampoco posee control sobre las condiciones en que su fuerza de trabajo es explotada, su libertad es apenas formal. Sometido a jornadas extenuantes, a la inseguridad material y a la constante amenaza del desempleo, ese trabajador se ve constreñido a aceptar relaciones laborales que, aunque jurídicamente asalariadas, reproducen mecanismos de coerción y subordinación típicos de la esclavitud. Así, el término “esclavo moderno” emerge no como categoría científica rigurosa, sino como instrumento crítico para evidenciar los límites de la libertad en el trabajo bajo el capitalismo contemporáneo. Es decir, “los trabajadores [siguen] libres para elegir a quién le venderán su tiempo, pero también [siguen] liberados de cualquier otra forma de ganarse la vida” (Woodcock apud Assad, 2024, p. 75).

En ese sentido, se vuelve importante observar, desde el punto de vista marxista, cómo la alienación y la contemporánea intensificación del control y de la explotación capitalista del trabajo humano dialogan entre sí. A medida que la jornada se extiende, el trabajador se ve cada vez más separado del producto de su trabajo, que se le aparece como algo extraño y hostil, apropiado por el capital y convertido en algo particular, alejando el sentido social de la producción y fetichizando la mercancía y el propio trabajo. Simultáneamente, el propio proceso de trabajo deja de ser una actividad consciente y creadora, transformándose en trabajo forzado, impuesto por la necesidad de sobrevivir. El tiempo de trabajo, lejos de expresar la realización humana, se convierte en tiempo de negación del sujeto, en el cual el trabajador no se reconoce en su actividad y solo se percibe como libre fuera de ella.

Esa intensificación de la jornada profundiza aún más la alienación de la esencia humana, ya que el trabajo, reducido a mero medio de subsistencia, mutila la capacidad creadora y social del ser humano, rebajando su actividad vital al nivel de la simple reproducción biológica. Al mismo tiempo, la competencia en el interior del mercado de trabajo fragmenta a los trabajadores, que pasan a relacionarse entre sí no como sujetos de una actividad colectiva, sino como competidores mediados por el salario y por la lógica de la escasez artificialmente producida. Sin embargo, producto de la dialéctica de la condición y de la lucha de clases:

“El trabajo social humano es en la historia, y sigue siendo, predominantemente un espacio de sujeción, sufrimiento, deshumanización y precarización (el trabajo presenta históricamente tales características negativas en las sociedades divididas en clases: desde las serviles, pasando por las esclavistas hasta el capitalismo contemporáneo). Sin embargo, contradictoriamente, el trabajo trae consigo relaciones de sociabilidad, solidaridad y cooperación (Antunes, 2020) que ofrecen las condiciones no solo para garantizar mejores condiciones de trabajo, sino para el levantamiento subversivo y consciente de las masas explotadas en la edificación de un horizonte que busque la emancipación social.” (Assad, 2024, p. 107).

En ese contexto, el fetichismo de la mercancía actúa como el mecanismo que oculta esa realidad. Los productos del trabajo surgen como portadores autónomos de valor y el capital aparece como sujeto que se valoriza a sí mismo, encubriendo el hecho de que tal valorización resulta de la explotación de la fuerza de trabajo. Se forma, así, una sociedad invertida, en la cual los seres humanos son dominados por sus propias creaciones, mientras mercancías, dinero y capital asumen la apariencia de sujetos, naturalizando la explotación y presentando el orden capitalista como inevitable.

De ese modo, la jornada de trabajo no es apenas una variable económica, sino un elemento central en la reproducción de la alienación, de la reificación y del fetichismo, revelando los límites históricos de la libertad formal del trabajador y permitiendo comprender por qué, en sentido crítico y no conceptual estricto, emerge la figura del llamado “esclavo moderno”.

Por eso, la reducción de la jornada de trabajo, sin reducción salarial, constituye hoy un elemento fundamental de la lucha de clases, ya que el trabajador pasará a disponer de tiempo efectivamente libre, no solo para la reposición de sus fuerzas físicas, sino también para el derecho al ocio, al desarrollo personal y al análisis más profundo de la realidad y de las condiciones en que se encuentra. Tal reivindicación debe estar necesariamente acompañada de la mejora de las condiciones de trabajo, pues la simple disminución formal de la jornada, cuando es compensada por la intensificación de los ritmos productivos, mantiene la lógica de la explotación y la alienación del trabajo.

La reducción del tiempo de trabajo representa, así, una disputa central por el control del tiempo social, históricamente apropiado por el capital. Al limitar el tiempo sometido al trabajo alienado, se amplía el espacio para el ocio, la cultura, la convivencia familiar y, por consecuencia, para mejores condiciones de vida, dimensiones esenciales para la formación y desarrollo crítico del individuo. El acceso a espacios de cultura y ocio no debe ser comprendido como elemento secundario, sino como condición material para la ampliación de la conciencia, de la sociabilidad y de la capacidad reflexiva del trabajador.

Además, el tiempo constituye una base objetiva para la organización colectiva de la clase trabajadora. Sin tiempo, el trabajador permanece aislado, fragmentado e imposibilitado de discutir política, participar en sindicatos, movimientos sociales y espacios de deliberación colectiva, como sus partidos. La reducción de la jornada, por lo tanto, no es solo una agenda económica (ni debe ser observada solamente por ese ángulo), sino una medida política, que crea condiciones concretas para el fortalecimiento de la conciencia de clase y para la acción organizada contra las formas de dominación vigentes.

La lucha por la reducción de la jornada de trabajo debe ser comprendida como una reivindicación inmediata, parte de un programa revolucionario. Así, articulada a un proyecto colectivo de emancipación, la reducción de la jornada contribuye a la construcción de una sociabilidad orientada por las necesidades humanas, yendo en el sentido de un programa de transición al socialismo.

4. Una de las tareas históricas e inmediatas de la lucha de clases

A estas alturas, resulta comprensible que la reducción de la jornada laboral, aunque fundamental, no puede tomarse como un fin en sí mismo. No basta con luchar únicamente por su disminución: es necesario enfrentar, con todas las fuerzas, las bases sociales que sostienen la explotación, lo que implica la lucha por el fin del capitalismo. Para ello, se vuelve indispensable ir más allá del economicismo y superar la contradicción entre la madurez de las condiciones objetivas y la inmadurez del proletariado y de su vanguardia (Trotsky, 2017, p. 21); es decir, mirar más allá de las demandas inmediatas y de corto plazo de la clase trabajadora. Al fin y al cabo, la lucha por el fin de la escala 6×1 no se limita a una reivindicación aislada, sino que se articula con otras banderas históricas, ya que el tiempo constituye la condición material de todos los derechos: sin él, se vuelven inviables una educación de calidad, la formación crítica, la participación política y la plena realización humana.

El análisis histórico del trabajo en Brasil revela que la explotación de la fuerza de trabajo no constituye una desviación ocasional, sino un elemento estructural de la formación social brasileña. Desde el Brasil colonial, pasando por el período posterior a la abolición y a lo largo de la Primera República, la ausencia de políticas de integración social, la imposición de jornadas extenuantes y la represión sistemática de las organizaciones obreras evidencian la continuidad de la lógica de dominación del capital sobre el trabajo. La Era Vargas, lejos de representar una ruptura sustantiva con esta estructura, promovió una reorganización institucional de la explotación, incorporando las demandas obreras de manera controlada y subordinada a los intereses del Estado y de las élites económicas. Así, las concesiones laborales deben comprenderse no como dádivas, sino como respuestas a la presión de la lucha de clases en contextos de inestabilidad social.

En este sentido, la lucha contemporánea por el fin de la escala 6×1 se inscribe en una tradición histórica de enfrentamiento a la centralidad del tiempo de trabajo como mecanismo de extracción de plusvalor. Como señaló Marx, la reducción de la jornada laboral constituye una reivindicación estratégica, pues afecta directamente al núcleo de la explotación capitalista. Articulada a la perspectiva del Programa de Transición de Trotsky, esta lucha no se agota en reformas inmediatas, sino que apunta a la necesidad de superar las propias relaciones sociales que sostienen la explotación. De este modo, la disputa por el tiempo libre emerge como condición material para el pleno ejercicio de los derechos sociales y para la construcción de un proyecto emancipador de la clase trabajadora, que, sin movilización en las calles y sin un horizonte revolucionario, se reduce al economicismo y a concesiones insuficientes que limitan la lucha por una estrategia revolucionaria.

REFERENCIAS

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TROTSKY, Leon. O programa de transição. Tradução de Henrique Canary. São Paulo: Boitempo, 2017.

[1] “La tasa de explotación indica la división de la riqueza producida por la empresa entre los propietarios y los trabajadores. Así, una tasa de explotación de 100% significa que, del total de valor agregado a las mercancías o a los servicios vendidos, la mitad fue apropiada por los trabajadores y la otra mitad apropiada gratuitamente por los propietarios de la empresa y/o el Estado”. (ILAESE, 2021).