En las últimas semanas se realizaron varias acciones contra los incendios forestales en todo el país. Según una publicación de la Coalición por el Clima, entre el 20 y el 22 de septiembre hubo manifestaciones por la justicia climática en catorce ciudades brasileñas, incluyendo algunas de las principales capitales como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia. Pero las protestas no terminaron ese fin de semana, y en los días siguientes se produjeron nuevos actos, demostrando que el repudio a los incendios aún no ha terminado.
A continuación, haremos un breve balance resaltando los alcances de esta jornada de lucha ambiental, al tiempo que señalaremos algunos de los límites que es necesario superar para profundizar y radicalizar la lucha contra el agronegocio ecocida, tarea indispensable para construir un nuevo movimiento ambiental y, de esta forma, comenzar a revertir la crisis ambiental en Brasil.
Actos desiguales, pero que expresan el potencial de la lucha medioambiental
Aunque las protestas fueron de vanguardia y desiguales en tamaño (oscilaron entre cientos y miles de personas), en su conjunto constituyeron una importante jornada de lucha en diversas partes del país.
En São Paulo, por ejemplo, tuvo lugar la mayor manifestación del país, la cual congregó entre 4.000 y 5.000 personas que marcharon desde la Avenida Paulista hasta el Monumento a las Banderas. Además de activistas ecologistas y de izquierda, participaron muchos jóvenes de forma independiente y con disposición de unirse a la lucha ecologista. Asimismo, fue muy importante la participación de los indígenas de Jaraguá, los cuales tomaron las calles de la ciudad para denunciar su oposición al nefasto Marco Temporal, así como el constante acoso del agronegocio en sus territorios históricos que, en no pocas ocasiones, se cobró la vida de varios de sus miembros, como fue el caso de Neri Ramos, de 23 años, asesinado el 18 de septiembre por la Policía Militar (cómplice de los terratenientes) durante una operación en la Tierra Indígena Nhanderu Marangatu (localizada en el estado de Mato Grosso do Sul).
La simultaneidad de catorce acciones en diferentes estados y ciudades indica que existe un sentimiento de rechazo hacia la destrucción de la naturaleza por parte del agronegocio. En Brasil se da una situación muy particular: los extremos climáticos convergen con una extrema derecha negacionista y ruralista ecocida. Por ello, los efectos del Antropoceno son especialmente pronunciados en el país y las catástrofes medioambientales se suceden una tras otra, como se puede comprobar al leer cualquier periódico o ver los noticiarios.
Debido a la creciente frecuencia e impacto de los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático pasó a ser percibido como un riesgo inmediato por gran parte de la población de las principales capitales del país. De acuerdo a un encuesta realizada por Datafolha, el mayor porcentaje de percepción de riesgo se registró en Belo Horizonte (76%), seguida de São Paulo (71%), Río de Janeiro (66%) y Recife (59%). Asimismo, en el caso de los mineros y paulistanos, el 40% de los encuestados afirmó que su salud se vio muy afectada por los incendios, mientras que en Río de Janeiro el índice fue del 29% y en Recife del 27%.
Lo anterior demuestra que hubo un cambio en la percepción de la crisis ambiental, pues ya no se ve como un asunto concerniente a las generaciones futuras, sino que ahora es asumido como un problema cotidiano que afecta a la población actual en su conjunto. Esto, en nuestra opinión, crea las condiciones para construir un nuevo movimiento ecologista a nivel nacional que, para estar a la altura del desafío, tendrá que ser anticapitalista e independiente de cualquier gobierno o sector burgués.
Construir la unidad de los explotados y oprimidos del campo y la ciudad
Según el ecosocialista canadiense Ian Angus (2023), el Antropoceno se caracteriza porque las actividades humanas impactan y alteran todo el sistema terrestre. La humanidad se transformó en un importante factor geológico y sus acciones tienen consecuencias globales y sincrónicas. Como resultado, la destrucción de la naturaleza provocada por la lógica ecocida del capital experimentó un salto cualitativo y, en términos ecológicos, ya no existe un «afuera» (usualmente los países coloniales y semicoloniales) donde trasladar espacialmente las contradicciones del saqueo ambiental; por lo tanto, la crisis ecológica afecta a todo el planeta, como demuestran el calentamiento global o, más recientemente, las inundaciones en Rio Grande do Sul o los incendios que azotaron a varios países sudamericanos.
En el caso de Brasil, experimentamos una mayor sincronización entre los ecocidios en el campo y los bosques con sus efectos sobre las ciudades. Así, lo que ocurre en la Amazonia o el Pantanal, no tarda en repercutir en São Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, etc.
Además, debido a la injusticia climática y al racismo ambiental[1], la crisis ecológica afecta principalmente a los sectores explotados y oprimidos de la sociedad, es decir, los trabajadores, las mujeres, las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas.
Esto queda patente en el contraste de realidades entre la favela de Paraisópolis y el barrio de clase alta de Morumbi (São Paulo), siendo que el primero es hasta 9 °C más caliente que el segundo debido al hacinamiento, las construcción sin planificación y la falta de árboles. Como resultado, Paraisópolis se considera una «isla de calor», mientras que Morumbi es una «zona fresca». Según Camila da Silva, auxiliar de limpieza y vecina de la favela, la comunidad es cada vez más calurosa «porque las casas de dentro están muy juntas» y, durante la última ola de calor que azotó la ciudad, «las calles estaban llenas de gente intentando refrescarse, y los centros de salud estaban llenos por las altas temperaturas».
En el campo la situación no es más cómoda. Un ejemplo son las dificultades que sufren las comunidades ribereñas situadas en el interior de la selva amazónica que, debido a las sequías extremas y a la disminución del caudal de los ríos, pasan meses aisladas, sin poder pescar, transportar mercancías o desplazarse a los centros de salud.
Además, dada la continua expansión de la frontera extractivista por parte del agronegocio y otras industrias del sector (como la minería o la extracción de madera), Brasil se convirtió en el segundo país más letal para los ecologistas en 2022. Las empresas necesitan deforestar nuevas tierras para incorporarlas a la esfera de producción de materias primas. Como resultado, los territorios indígenas están bajo el asedio constante de ganaderos y mineros, estableciéndose una dinámica sangrienta que reproduce la lógica de la conquista/colonización. De acuerdo a un reporte de Global Witness, 34 ecologistas fueron asesinados en Brasil durante ese año, de los cuales un 36% eran indígenas, un 22% eran pequeños campesinos y un 7% afrodescendientes.
Además, los crímenes contra ecologistas, quilombolas e indígenas suelen quedar impunes. Ese fue el caso de Ana Yanomami Xexana, en Boa Vista (estado de Roraima), la cual recibió dos disparos en la cabeza en 2022 y, hasta el momento, los autores materiales e intelectuales siguen sin ser identificados. Pero, según el vicepresidente de la Asociación Yanomami Hutukara (HAY), Dario Kopenawa, los autores del crimen fueron los “garimpeiros” (mineros ilegales) bolsonaristas, para quienes parece «que somos gente que no tiene vida (…) Por eso atacaron, mataron a alguien, atacaron a mis familiares y sé que son los mineros bolsonarista del estado de Roraima, los mineros de oro. Creo eso, pero no tengo pruebas. Me doy cuenta porque el Estado es anti-indígena».
Lo anterior, además de ilustrar la profundidad de la destrucción de la naturaleza por la barbarie del agronegocio ecocida, también sienta las condiciones para impulsar la unidad entre el mundo urbano y el rural en la lucha por los temas ambientalistas. La lucha contra la destrucción de la naturaleza puede «romper la burbuja» de la vanguardia y convertirse en bandera de amplios sectores de la población, aunque para ello será necesario un trabajo paciente en las bases de las organizaciones de la clase trabajadora, en el movimiento estudiantil y en las comunidades urbanas y rurales, así como la construcción de un programa que combine demandas inmediatas con otras más estratégicas; es decir, que vincule las medidas para reducir en lo inmediato el impacto del cambio climático (reforestación, adaptación climática de los edificios para las olas de calor, etc.) con las tareas anticapitalistas y revolucionarias necesarias para revertir la crisis ambiental (expropiación del agronegocio, reforma agraria, nueva matriz energética).
Anticapitalismo con “A” mayúscula para superar el campismo
También llamó la atención que la mayoría de las acciones tuvieran una postura abiertamente anticapitalista, aunque fuera a un nivel muy reivindicativo o anti-corporativo y, por tanto, presenta problemas para elevarse a un nivel político general. Eso explica que, al mismo tiempo que el movimiento ecologista denuncia fuertemente al agronegocio por ser una industria ecocida y la base de la ultraderecha de Bolsonaro, aún tiene dificultades para identificar la conciliación de clases como parte del problema. En otras palabras, es un anticapitalismo con «a» minúscula.
Por ejemplo, la denuncia del gobierno por su complicidad con el agronegocio aún es débil. Este mismo año se adjudicó el mayor Plan Safra de la historia (¡400.000 millones de reales para financiar el agronegocio!) y, según el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro (representante de los ruralistas), autorizará a los «productores» (es decir, a los terratenientes) a «acceder a una línea de crédito para recuperar las áreas degradadas» causadas por los incendios… ¡que ellos mismos provocaron!
La transición de la denuncia anti-corporativa a un enfoque más político o global de la crisis medioambiental no se va a producir de forma automática. Inclusive, eso se torna más difícil por la política de la “izquierda del orden” (denominación brasileña para referirse al reformismo) que, bajo la justificación de derrotar a la extrema derecha, se niega a oponerse al gobierno de Lula y, por lo tanto, bloquea el desarrollo de la conciencia anticapitalista del activismo ambiental. Así, la tarea real de derrotar a Bolsonaro es instrumentalizada para abandonar la independencia de clase y capitular ante el frente amplio de Lula con la burguesía.
Veamos los casos del Movimiento de Izquierda Socialista (MES) y de Resistencia, dos corrientes que forman parte del PSOL (y de su dirección) e integran la Coalición del Clima.
Empecemos por el MES. Esta organización utiliza «discursos rojos» para ocultar su política oportunista. Por ejemplo, hacen algunos comentarios críticos sobre el gobierno federal, pero permanecen dentro del PSOL, que es la base del frente amplio de Lula 3, bajo el criterio electoral de mantener su representación parlamentaria. Cuando se leen sus artículos y declaraciones políticas, queda claro que sus «diferencias» con el gobierno son formales y descriptivas, ya que su objetivo no es construir una oposición de izquierda para luchar contra la extrema derecha y la conciliación de clases.
Así, por ejemplo, en un artículo escrito por dos de sus dirigentes, sostienen que están construyendo «fuerzas y alianzas al servicio de dos tareas: crear un muro contra la extrema derecha, pero también apuntar hacia el futuro para un programa capaz de poner en marcha la sociedad y cambiar así también la relación de fuerzas en política». En estas pocas líneas es evidente la disociación que el MES establece entre la lucha contra la extrema derecha (en el presente) y el desarrollo de un programa para «poner en marcha la sociedad» y cambiar la correlación de fuerzas (en un futuro sin definir y sin nombrar ningún gobierno). Es una posición etapista sin puente entre las tareas del presente y el futuro; hoy y mañana son dos temporalidades que no dialogan entre sí y, en consecuencia, las tácticas del presente carecen de perspectiva estratégica y se imponen como el criterio que ordena toda la praxis política y militante de esta corriente.
A pesar de ello, el MES es sumamente hábil en camuflar su capitulación a la conciliación de clases. En el artículo citado arriba, argumentan que están «construyendo militantemente, a partir de la campaña de Luana Alves para su reelección, un polo anticapitalista presente en la campaña de Boulos, con un programa claro de movilización». Basta ver cualquier debate paa la alcaldía de São Paulo y escuchar los discursos de Boulos para comprender lo absurdo de esta afirmación, pues es incapaz de posicionarse a favor de la legalización de las drogas o la defensa del aborto legal; tampoco plantea expropiar las casi 600.000 propiedades que la especulación inmobiliaria mantiene abandonadas, para garantizar viviendas a los casi 80.000 sin techo. De hecho, Boulos baja constantemente su perfil reformista para ser más «agradable» a los ojos de la burguesía paulistana. Por lo tanto, es imposible construir un «polo anticapitalista» en el marco de una campaña cuyo principal candidato defiende un gobierno liberal-social y un programa moderado para ser aceptado por la burguesía del frente amplio. Además, el MES definió el voto de federación de partidos con la REDE, partido “ecocapitalista” que recibe financiación del Banco Itaú.
En cuanto a la lucha ambientalista, la esterilidad del etapismo del MES queda expuesta en otra nota donde critican a Lula por haber recibido a representantes de la Shell y defendió las exigencias del agronegocio en una reunión con representantes de la UE. Aunque señalan la ambigüedad de Lula al querer organizar la COP de la Amazonia en 2025 al mismo tiempo que defiende el agronegocio e insiste en producir combustibles fósiles, los “psolistas” del MES no presentan ninguna demanda o medida concreta para enfrentar esta postura del gobierno. En otras palabras, su crítica es un ejercicio retórico que no tiene ninguna relación con la política.
En cuanto a Resistencia, cabe destacar que ni siquiera intentan ocultar su campismo, al punto de convertirse en una corriente que abiertamente «teoriza» sobre la imposibilidad de construir una oposición de izquierda al gobierno de Lula. Esta opinión fue expuesta abiertamente por Valério Arcary, para quien «surgió en el mundo y en Brasil un movimiento de extrema derecha con liderazgo neofascista que influye en la mitad del país y se basa en una relación social de fuerzas desfavorable a los trabajadores» y, por ello, «sería un error pasar al campo de la oposición al gobierno. Una posición en la oposición impondría una crítica intransigente, lo que sería imperdonable. No hay ninguna posibilidad de ‘ultrapasar’ al gobierno de Lula por la izquierda. En la oposición al gobierno, es la extrema derecha la que ocupa todo el espacio político».
Sorprende que estas palabras fueran escritas por el líder de una organización que todavía se reivindica trotskista. Arcary parte de un hecho real, a saber, el peligroso ascenso de la extrema derecha en el mundo y en Brasil; pero utiliza este argumento para justificar su capitulación ante el frente amplio de Lula con la burguesía, lo cual trata de ocultar utilizando un nombre más rojo («frente único de izquierda»… ¡con el PT!). Bajo esta lógica campista, la tarea de la «izquierda combativa es criticar» los límites del gobierno, o sea, posicionarse como «consejera» de izquierda de un gobierno burgués y liberal-social (¡algo así como “Pepe Grillo” en Pinocho susurrando consejos al oído de Lula!).
Las posiciones campistas de la izquierda del PSOL son, contradictoriamente, favorables a los intereses de los ruralistas y de los partidarios de Bolsonaro, pues dejan el camino libre para que la extrema derecha se posicione como la única corriente «anti-sistémica», aunque defienda la continuidad de la dominación del capital y la consecuente explotación del trabajo y expoliación de la naturaleza[2]. El campismo del MES y Resistencia obstaculiza el desarrollo de un anticapitalismo consistente en el movimiento ecologista, ya que actúan como barrera para criticar al gobierno de Lula y la estrategia de conciliación de clases.
Además, la lógica electoralista del PSOL alimenta la anti-política entre sectores del activismo a los que, con razón, no les gusta que se instrumentalicen los movimientos sociales. Esto sucedió en la manifestación por la justicia climática en São Paulo, cuando varias corrientes del PSOL la utilizaron como un escenario para impulsar sus campañas y candidaturas que no enfrentan el sistema capitalista, en lugar de convertirlas en herramientas para impulsar la movilización en las calles.
Desde SoB y la corriente estudiantil Já Basta! creemos que las organizaciones de la izquierda revolucionaria tienen que ser un punto de apoyo para impulsar la conciencia del movimiento ecologista, vinculando las reivindicaciones ecológicas inmediatas con la lucha en profundidad contra el agronegocio, sin renunciar a la independencia de clase frente al gobierno de Lula que, como demuestran los datos, es incapaz de luchar contra el agronegocio y, por el contrario, invierte enormes cantidades del presupuesto federal en el Plan Safra. Asimismo, defendemos el derecho de toda persona u organización a expresar libremente sus opiniones y opciones políticas, pero esto debe hacerse en el marco de la construcción del movimiento y no utilizando los actos para convertirlos en plataformas electorales. Sólo así será posible que el movimiento ecologista avance hacia un anticapitalismo con “A” mayúscula.
La radicalización de la lucha ecologista pasa por enfrentar la conciliación de clases
Como apuntamos previamente, existe un consenso en el movimiento ecologista de que el agronegocio es una industria ecocida que debe ser destruida. Esto coincide con la reivindicación histórica de reforma agraria defendida por organizaciones campesinas como el MST. Pero, contradictoriamente, persiste una excesiva cautela a la hora de denunciar abiertamente el papel del gobierno federal en la crisis ambiental, con el argumento de que eso ayudaría a la extrema derecha.
Estamos totalmente en desacuerdo con esta valoración y, por el contrario, creemos que no denunciar categóricamente las responsabilidades del gobierno de Lula es un error estratégico. Ya transcurrieron dos años de un gobierno de conciliación de clases que, en lugar de promover una nueva estructura de la tierra en el campo, sigue invirtiendo grandes cantidades del presupuesto federal para desarrollar el agronegocio, como queda claro en el Plan Safra de este año, ¡el mayor de la historia!
Mientras Lula recompensaba al agronegocio, recortó en 24% el presupuesto de lucha contra incendios del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables). Esto afectó a la capacidad del instituto para responder rápidamente a los incendios y, lo que es más importante, redujo los recursos destinados a la vigilancia de las zonas de conservación, una medida central para prevenir los delitos medioambientales. De hecho, el Ibama admitió que sólo recauda el 5% de las multas que impone y que es incapaz de tramitar todos los recursos administrativos y judiciales pendientes para cobrar miles de millones en multas. Para colmo, el gobierno recortó el 18% de los fondos destinados a la transición energética, poniendo en peligro los objetivos de lucha contra el cambio climático. Esto es consecuencia de la lógica de austeridad fiscal seguida por el gobierno federal, un hecho que tiene más peso en la realidad que las declaraciones grandilocuentes de Lula a favor del medio ambiente.
Así, la combinación del mayor Plan Safra de la historia y el desprecio del gobierno por el Ibama, animaron a los «barones» del agronegocio[3] a seguir destruyendo la naturaleza; con el agravante de que este año Brasil vive la peor sequía de los últimos setenta años, lo cual potencia la escala ecocida de los incendios.
Cuestionada por la lenta reacción del gobierno federal ante los incendios, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, respondió: «Lo que estamos descubriendo ahora es que [lo que estaba previsto] no era suficiente» y que «la humanidad tiene que llegar a la conclusión de que no está preparada porque no escuchó los reclamos de la ciencia». Añadió que confía en que «tengamos una curva de aprendizaje que nos ponga en el camino de ayudar, que todo el mundo pueda contribuir a resolver estos problemas. Todo el mundo, independientemente de la izquierda, la derecha o el centro, tiene que asumir la agenda de la sostenibilidad. Sólo los negacionistas insistirán en que el cambio climático no existe».
Esta respuesta es significativa por tres razones. En primer lugar, porque demuestra la total falta de preparación del Gobierno ante el anunciado peligro de sequía y el aumento de los incendios. En segundo lugar, porque la ministra culpa de la crisis medioambiental a toda la humanidad, cuando en realidad los principales culpables son los capitalistas y, en el caso de Brasil, los terratenientes del agronegocio (con la complicidad del Estado burgués). En tercer lugar, porque refleja la impotencia de la conciliación de clases para combatir en profundidad las causas de la crisis, al extremo de no ser capaz de verbalizar el carácter de clase que dio lugar a la catástrofe de los incendios y, lo que es peor, porque apela a una «curva de aprendizaje» para ayudar a construir acuerdos en el parlamento, es decir, apoyarse en los partidos Centrão[4].
El negacionismo es la expresión ideológica de un sistema económico irracional, basado en la explotación del trabajo y el expolio de la naturaleza. Los partidarios de Bolsonaro y la Bancada Ruralista[5] son sus mayores exponentes en Brasil, pero también son negacionistas los capitalistas «progresistas» que, incluso con bellas y elegantes palabras, intentan embellecer el capitalismo para presentarlo como sostenible y se posicionan en contra de la reforma agraria o apoyan el Marco Temporal que ataca a los pueblos indígenas. También es negacionista un presidente que, a la vez que pronuncia discursos «verdes» en la ONU y en las conferencias internacionales, cuando regresa a su país defiende la extracción de petróleo en la desembocadura del río Amazonas o la construcción de carreteras en medio de la selva.
Cuando se introducen estos elementos en la discusión, las corrientes que conforman la izquierda del orden afirman que criticar públicamente al gobierno de Lula es un «tiro en el pie» porque alimenta a la extrema derecha. Además, agregan que la situación podría ser peor si Bolsonaro siguiera en el poder. Esta posición es repetida incluso por sectores del autonomismo que, si bien llaman a radicalizar la lucha y critican a un sector del movimiento por sus métodos institucionales, en el plano político no se diferencian del campismo de las corrientes del PSOL y no van más allá de los límites del anticapitalismo reivindicativo contra el agronegocio.
El hecho concreto es que el actual presidente es Lula y la crisis ambiental se agravó durante su gobierno. Como dijo Marx, «ser radical es tomar las cosas de raíz». Para radicalizar la lucha ambiental es necesario luchar contra la extrema derecha y el agronegocio, pero también denunciar la esterilidad política de la estrategia de conciliación de clases representada por el gobierno del frente amplio Lula-Alckmin que, como buen gobierno burgués, no cuestiona la propiedad privada de los grandes capitalistas agrícolas y ecocidas.
¡Por un ecologismo anticapitalista con independencia de clase!
En Brasil la crisis climática y ambiental se ve reforzada por la convergencia de los extremos climáticos con una extrema derecha ruralista y negacionista ecocida. Sin embargo, contradictoriamente, esta manifestación de barbarie crea posibilidades para la construcción de un nuevo movimiento ecologista y, como resultado, surgen debates sobre el camino a seguir.
Recordando al gran sindicalista y luchador ambiental Chico Mendes, la «Ecología sin lucha de clases es jardinería». Hoy esto se traduce en la necesidad de articular un movimiento que sea capaz de identificar a sus enemigos estratégicos, es decir, toda la burguesía brasileña y los imperialistas, ya sea en su forma «bolsonarista» o «democrática». Ciertamente, a nivel táctico el abordaje de cada sector es diferente (por ejemplo, desde SoB llamamos a votar ultra críticamente por Lula contra Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022). Pero la clave es que el movimiento ecologista sea independiente de cualquier sector burgués y de sus representantes en el Estado, confiando únicamente la movilización para combatir al capitalismo ecocida.
Sólo así será posible construir la unidad entre los explotados y oprimidos del campo y la ciudad. Las reivindicaciones para organizar al ecologismo tendrán que responder a las necesidades reales de estos sectores y no quedar suspendidas bajo los criterios de «conveniencia» política del gobierno de turno. Por ejemplo, tendremos que luchar contra la exploración petrolera que Lula quiere desarrollar en la Amazonía con la misma fuerza que luchamos contra el agronegocio bolsonarista.
Por último, es fundamental que los espacios ambientales sean democráticos y con libertad de expresión para todas las corrientes y movimientos políticos que los componen. Esta es la única manera de construir espacios unificados e impulsar la lucha en las calles. No creemos que sea correcto dividir los frentes ecologistas por diferencias tácticas sobre los métodos de lucha, los cuales pueden cambiar según el momento y la correlación de fuerzas. La clave, insistimos, está en la radicalización política del ecologismo en un sentido anticapitalista que apunte contra todo el sistema capitalista.
¡Fuego a los ecocidas!
¡Fin del agronegocio! ¡Expropiación del latifundio y reforma agraria radical!
¡Derrotar el Marco Temporal en las calles!
¡Fin del Plan Safra!
¡Abajo los planes de austeridad fiscal! ¡Aumento del presupuesto del Ibama!
¡No al pago de la deuda pública! ¡Utilizar esos recursos para combatir la crisis ambiental!
¡Por un movimiento ecologista anticapitalista con independencia de clase!
Fuentes
ANGUS, Ian. Enfrentando o Antropoceno. São Paulo: Boitempo, 2023.
[1] Injusticia climática es un término que pone de relieve cómo los impactos medioambientales se distribuyen de forma desigual entre las distintas clases sociales y regiones del mundo. El racismo medioambiental, por su parte, describe la discriminación y las injusticias sociales que sufren las minorías étnicas debido a la degradación medioambiental y al cambio climático.
[2] De hecho, eso ocurrió tras las inundaciones de Rio Grande do Sul, cuando la extrema derecha se posicionó a favor de una amnistía total de la deuda pública del estado con la federación, mientras que las bancadas del PT y del PSOL votaron en contra e impulsaron una pausa o congelación de los pagos durante tres años. ¡La extrema derecha se posicionó más a la izquierda que el PSOL! Ver La barbarie medioambiental en Rio Grande do Sul es una peligrosa ventana al futuro.
[3] Referencia utilizada para identificar a los grandes cafetaleros del siglo XIX y la primera mitad del XX en Brasil.
[4] Bloque de partidos que funcionan “fisiológicamente”, es decir, que venden sus votos en el congreso a cambio de dinero para impulsar sus proyectos locales. Por ese motivo, el Centrão fue base de apoyo del gobierno de Bolsonaro.
[5] Nombre del poderoso bloque del agronegocio en el parlamento y el Senado.