La izquierda debe exigir una investigación independiente de todos los implicados, confrontar la ofensiva de Bolsonaro y el imperialismo en las calles, y promover la movilización independiente antes, durante y después de las elecciones.

Del escándalo de Master a la crisis en el Tribunal Supremo

El magistrado André Mendonça (nombrado para el Tribunal Supremo por Jair Bolsonaro) ha llegado a ocupar una posición central en la crisis provocada por el caso Master. En febrero, fue designado relator de las investigaciones después de que Dias Toffoli abandonara el caso en medio de serias dudas sobre su relación con Daniel Vorcaro. La Policía Federal había enviado un informe al presidente del Tribunal Supremo señalando elementos que generaban dudas sobre la continua participación de Toffoli en el caso, incluyendo información relacionada con una transferencia de R$ 35 millones que involucraba un fondo vinculado al complejo turístico Tayayá, un negocio asociado a la familia del ministro; acusaciones cuyo fundamento no fue juzgado por el Tribunal Supremo y que Toffoli negó. Como relator, Mendonça remitió a la presidencia del Tribunal Supremo un nuevo informe de la Policía Federal, elaborado a partir de datos extraídos del celular de Vorcaro, que contenía información relacionada con Alexandre de Moraes.

Fue precisamente a partir de este punto que estalló una verdadera guerra de peticiones entre los magistrados del Tribunal Supremo, transformando las revelaciones del caso Master en una crisis abierta dentro del propio Tribunal. Las acusaciones y las solicitudes de investigación comenzaron a dirigirse, desde bandos opuestos, contra Alexandre de Moraes y André Mendonça, lo que obligó al presidente del Tribunal Supremo, Edson Fachin, a intervenir directamente en el conflicto. Fachin asumió el papel de relator de la petición relacionada con la información sobre Moraes, ordenó que los procesos vinculados a los casos Master e INSS se remitieran a la Presidencia y convocó una sesión plenaria extraordinaria para el 15 de septiembre. Esto evidenció que el escándalo había trascendido definitivamente las investigaciones sobre Daniel Vorcaro y se había convertido en una crisis interna del propio Tribunal Supremo Federal.

El 15 de septiembre, el pleno del Tribunal Supremo celebró una sesión extraordinaria para debatir la tramitación de dos peticiones relacionadas con el caso Master. Una de ellas se originó a partir de un informe de la Policía Federal basado en información extraída del teléfono móvil de Daniel Vorcaro y contenía elementos relativos a Alexandre de Moraes; la otra versaba sobre las acciones de André Mendonça. Formalmente, el debate se centró en si ambos procesos debían tramitarse conjuntamente. Sin embargo, tras esta cuestión procesal, subyacía una disputa política mucho más amplia. Por un lado, el grupo afín a André Mendonça pretendía desviar la atención de la crisis hacia Alexandre de Moraes y su relación con el gobierno de Lula, una maniobra que tenía el claro potencial de interferir aún más directamente en la contienda electoral.

Esta ofensiva también despertó interés político entre los partidarios de Bolsonaro, en un momento en que el propio Flávio Bolsonaro se enfrentaba a interrogantes sobre su relación con Daniel Vorcaro y sobre la financiación de la película Dark Horse. Por otro lado, los ministros que en aquel entonces convergieron con Moraes abogaron por una línea de actuación que ampliara el alcance de las investigaciones a otros magistrados mencionados en el caso Master y, con la solicitud de revisión de Flávio Dino, terminaron suspendiendo la decisión inmediata sobre el proceso. En la práctica, el estancamiento trasladó la crisis al calendario electoral y abrió la posibilidad de que su resolución se pospusiera hasta después de las elecciones, precisamente cuando el caso Master ya se había convertido en un elemento central de la disputa política nacional.

La sesión acabó revelando una división abierta en el seno del tribunal. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin y Alexandre de Moraes defendieron la acumulación de los casos, postura que Flávio Dino también apoyó antes de solicitar una revisión. Por otro lado, Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux y Cármen Lúcia votaron a favor de la tramitación por separado de las peticiones. Esta división, sin embargo, no se correspondía mecánicamente con dos bloques político-ideológicos estables en el Tribunal Supremo. El conflicto central en aquel momento giraba en torno al enfrentamiento entre Moraes y Mendonça y la disputa sobre la propia conducción de las investigaciones. Moraes acusó a Mendonça de utilizar a la Policía Federal con fines político-electorales, mientras que Mendonça negó las acusaciones y sostuvo la regularidad de sus actuaciones; Gilmar Mendes también acusó a Mendonça, nombrado magistrado del Tribunal Supremo por Jair Bolsonaro, de actuar con parcialidad político-electoral.

Este conflicto interno en el Tribunal Supremo está directamente relacionado con la polarización política existente fuera del tribunal. Moraes se había convertido en uno de los principales blancos de los partidarios de Bolsonaro debido a sus acciones en el proceso judicial relacionado con el intento de golpe de Estado y la condena de Jair Bolsonaro, mientras que Mendonça había sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el propio expresidente. La sesión, por lo tanto, rápidamente trascendió los límites de una discusión procesal: las acusaciones cruzadas, el cuestionamiento de las acciones de los ministros y las disputas sobre quién debía dirigir las investigaciones transformaron el juicio en una exhibición pública de una profunda crisis en el seno del Tribunal Supremo. La solicitud de revisión de Flávio Dino interrumpió el análisis antes de que se examinaran los méritos de las sospechas y pospuso la decisión sobre los siguientes pasos en los casos.

Por lo tanto, no se trata simplemente de una disputa entre ministros. En los últimos años, el Tribunal Supremo Federal (TSF), institución del Estado burgués que, en numerosos conflictos sociales, ha actuado en contra de los derechos e intereses de la clase trabajadora, paradójicamente, desempeñó un papel en la contención institucional de la ofensiva golpista de Bolsonaro, dado que la clase dirigente y las Fuerzas Armadas estaban divididas sobre la viabilidad de un golpe de Estado en aquel momento. Es en este contexto que debe entenderse la ofensiva liderada por André Mendonça, es decir, al servicio político directo de la ofensiva de la ultraderecha.

La crisis del Tribunal Supremo se desarrolla en un contexto cada vez más peligroso

Al centrar la crisis en Alexandre de Moraes y ahondar la lucha interna en el seno del Tribunal Supremo, esta ofensiva ofrece a los partidarios de Bolsonaro una doble oportunidad política: superar la posición defensiva provocada por las revelaciones sobre Flávio Bolsonaro y aprovechar el ya elevado rechazo al Tribunal Supremo para recuperar la iniciativa en la campaña electoral. En este sentido, el ataque al Tribunal Supremo alimenta, desde la perspectiva de la ultraderecha, el discurso de deslegitimación de las instituciones electorales y judiciales en caso de que los resultados electorales sean desfavorables para los partidarios de Bolsonaro.

No podemos dejar de observar que, independientemente del resultado de las elecciones de octubre, sin que el movimiento de masas tome las calles por izquierda con sus demandas y su autoorganización política, esta dinámica política fortalece la campaña de la ultraderecha para destituir ministros, cambiar la composición política del Tribunal, haciéndolo aún más reaccionario, y avanzar en contra de los derechos políticos y económicos de los trabajadores. Obviamente, este escenario interno, con una intervención política imperialista en Brasil favorable a un golpe de Estado, se está volviendo cada vez más peligroso.

Si confiar en el Tribunal Supremo Federal (TSF) para confrontar la ideología de Bolsonaro ya fue un grave error de la izquierda tradicional en el pasado, ahora, con el apoyo directo del imperialismo estadounidense a Bolsonaro, esta postura podría ser fatal… De hecho, el proceso de investigación, condena y castigo de los golpistas del 8 de enero fue extremadamente limitado, ya que no procesó, condenó ni expropió a los empresarios y políticos que financiaron y orquestaron directamente el golpe. Además, el gobierno de Lula no tomó medidas para debilitar las bases políticas, sociales y económicas del golpe. Por el contrario, gobernó únicamente con las instituciones del régimen y desmovilizó la lucha política en las calles —como es típico de los gobiernos de Lula—, no derogó las contrarreformas y aprobó otras, proporcionando así las condiciones económicas y políticas para la supervivencia de la ideología de Bolsonaro como fuerza de masas estructural.

El escándalo de Banco Master, al impactar directamente al Supremo Tribunal Federal (STF) —institución que los partidarios de Bolsonaro buscan presentar como parte del mismo bloque político que el gobierno de Lula—, estalla en un contexto ya marcado por una fuerte insatisfacción social. El alto costo de la vida, la precariedad de las relaciones laborales y los servicios públicos, y la creciente preocupación por la violencia y la seguridad pública alimentan un clima de descontento que impregna el proceso electoral. Encuestas recientes sitúan la violencia, la economía y la salud entre las principales preocupaciones de la población.

A esto se suma la injerencia directa del gobierno de Trump en la política brasileña. En el decreto que elevó los aranceles a los productos brasileños en julio de 2025, la Casa Blanca defendió abiertamente a Jair Bolsonaro, calificó el proceso en su contra como persecución política e incluso afirmó que las acciones de las instituciones brasileñas podrían comprometer la celebración de unas elecciones presidenciales «libres y justas» en 2026. Así, la crisis del Tribunal Supremo no se desarrolla de forma aislada: se combina con el malestar social, la contienda electoral y la presión ejercida por Estados Unidos. Es en este contexto que la ultraderecha busca transformar cada nueva crisis en combustible para recuperar la iniciativa política, debilitar a sus adversarios y ampliar su ofensiva electoral.

Contraofensiva de la extrema derecha y polarización desde abajo

A partir de este conjunto de elementos, es necesario extraer una caracterización política de la situación actual. Lo que observamos en este momento es el desarrollo de una contraofensiva política por parte de la extrema derecha, impulsada por la explosión de la crisis institucional en el Tribunal Supremo Federal (TSF) y por la posibilidad de utilizar esta crisis para recuperar la iniciativa en la contienda electoral y alimentar un nuevo intento de golpe de Estado. Esta caracterización política no puede ignorar el papel de la conciliación de clases en el tercer gobierno de Lula. Como ya hemos señalado, se trata de un gobierno que preserva los intereses fundamentales de las clases dominantes, al tiempo que busca gestionar las contradicciones sociales mediante políticas compensatorias dirigidas a los trabajadores y a los sectores más pobres de la población, quienes se ven cada vez más incapaces de resolver los grandes problemas causados ​​por el capitalismo y sus formas de dominación política. De esta manera, lejos de eliminar las bases sociales del descontento, esta política contribuye a mantener abierto el terreno sobre el que la extrema derecha busca crecer.

La situación actual no puede entenderse únicamente desde esta polarización en las alturas, entre los distintos sectores de las clases dominantes, el régimen político y las instituciones estatales. Desde finales del año pasado, trabajadores, mujeres, jóvenes y diversos sectores oprimidos también han liderado movilizaciones que evidencian la existencia de una polarización desde abajo. La reciente ola de huelgas es una muestra de ello. En septiembre, los repartidores de aplicaciones protagonizaron una fuerte huelga nacional, paralizando sus actividades para exigir al gobierno federal una medida provisional que garantice un salario mínimo nacional de R$10 por ruta, además de otras reivindicaciones económicas. Posteriormente, los trabajadores postales realizaron una huelga nacional en defensa de sus derechos y del plan de salud, mientras que los empleados de Caixa Econômica Federal también se declararon en huelga nacional tras rechazar las propuestas presentadas por el banco. Estos son procesos que demuestran la voluntad de lucha que existe desde la base, aunque con frecuencia se topa con dirigencias sindicales vinculadas al movimiento político de Lula que buscan limitar, controlar o acabar con estas movilizaciones antes de que puedan adquirir mayor fuerza política.

Volviendo a la caracterización de la situación actual, podemos definirla por la combinación de tres elementos: una contraofensiva política de la extrema derecha; una respuesta del gobierno de Lula basada en medidas de alcance limitado y el mantenimiento de su política de conciliación de clases; y, al mismo tiempo, una voluntad de lucha por parte de sectores obreros y oprimidos que apunta a la posibilidad de que la crisis política no se resuelva exclusivamente en el ámbito electoral.

Esta caracterización exige evitar dos posturas antagónicas. Por un lado, no podemos reproducir la lógica de sectores de la izquierda afines a Lula que, ante la ofensiva de Bolsonaro, terminan protegiendo políticamente a magistrados del Tribunal Supremo, como Alexandre de Moraes, y borrando el carácter de clase y las responsabilidades de esta institución. Por otro lado, tampoco podemos retomar la lógica de la política de «fuera todos» en un contexto de ofensiva de la ultraderecha, como hacen algunos sectores de la izquierda independiente, equiparando los distintos polos de la crisis e ignorando que los acontecimientos del caso Master están siendo instrumentalizados políticamente por los partidarios de Bolsonaro en plena contienda electoral. Reconocer esta ofensiva no implica suspender las acusaciones ni defender a ningún sector del Tribunal Supremo. Por el contrario, significa apoyar una política independiente que exija la investigación, el enjuiciamiento, el encarcelamiento y la expropiación de todos los implicados en el escándalo, sin proteger a empresarios, parlamentarios, miembros del Poder Ejecutivo ni magistrados. Pero esta investigación debe comenzar con Flávio Bolsonaro.

Es necesario comprender que los acontecimientos actuales en el escándalo del Banco Master —en particular la crisis desatada en el Tribunal Supremo Federal (TSF)— crean un terreno fértil para que el bolsonarismo recupere la iniciativa política y electoral. La Bancada Anticapitalista aboga por una investigación independiente, con la participación de las organizaciones obreras, la apertura de toda la información de interés público y un juicio con jurado para investigar la participación de todos los responsables en el escándalo del Banco Master. Esto implica comenzar con la relación de Flávio Bolsonaro con Daniel Vorcaro, continuar con los líderes del Centrão en el Congreso y en los estados, e investigar, sin ningún tipo de protección, a empresarios, parlamentarios, miembros del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial involucrados en el caso. Para los responsables comprobados, prisión y confiscación de los bienes derivados de esquemas de corrupción.

Pero enfrentar a la extrema derecha requiere mucho más que responder a la crisis institucional. Medidas como aumentar Bolsa Família (un programa de asistencia social) y cerrar casas de apuestas, si bien abordan problemas reales, son insuficientes dada la profundidad del descontento social y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es necesario luchar en las calles para exigir al gobierno medidas que realmente respondan directamente a las necesidades de los de abajo, tales como: el fin inmediato del horario de trabajo 6×1 y la reducción de la semana laboral a 30 horas sin reducción de salario; un aumento general de sueldos, pensiones y beneficios; una tarifa mínima garantizada de R$10 por entrega y R$2.50 por kilómetro, además de derechos laborales para los repartidores de aplicaciones; combatir las privatizaciones y defender los servicios públicos; un plan nacional para combatir el feminicidio y la violencia LGBTfóbica; y el aborto legal, seguro y gratuito a través del SUS (sistema público de salud brasileño).

Es a partir de estas demandas, que vinculan la crisis política con las luchas concretas ya en marcha, que se puede construir una respuesta independiente de los trabajadores y los sectores oprimidos. La perspectiva de la Bancada Anticapitalista es precisamente superar la dispersión de estas luchas, unificando sus demandas en una campaña nacional y construyendo una ruta de movilizaciones capaz de avanzar hacia una huelga nacional, situando la fuerza social de las bases en el centro de la situación actual.

En este sentido, el 28 de septiembre, Día de la Lucha por la Legalización del Aborto, puede ser un punto de apoyo importante para esta perspectiva. La fecha forma parte del calendario de movilizaciones de los movimientos de mujeres en 2026 y vuelve a poner en primer plano la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, por la legalización del aborto y por la garantía de acceso a un aborto legal, público y gratuito en los hospitales. Se trata de asegurar el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción sin coacción del Estado, las iglesias o las instituciones, con acceso universal a la salud y a condiciones materiales dignas. Es, por lo tanto, una lucha por la autonomía, la igualdad social y contra la ofensiva conservadora. Más que una movilización aislada, es necesario buscar su conexión con las huelgas en curso, con la lucha para acabar con la jornada laboral de 6×1, con las demandas de las trabajadoras de reparto y con las demás batallas libradas por la clase trabajadora y otros sectores oprimidos.

Para derrotar a la extrema derecha, es necesaria la movilización unitaria en las calles

Es posible derrotar a la ultraderecha en las urnas y aun así encontrarla más fuerte en el Congreso, en los estados y en las calles después de octubre si la victoria electoral no se combina con un proceso de creciente movilización en las calles. La ajustada victoria de Lula en 2022 sacó a Bolsonaro del gobierno, pero no desorganizó el bolsonarismo como fuerza social.

El bolsonarismo, como extrema derecha, a pesar de constituirse como un «partido digital», se ha configurado desde sus inicios como una fuerza parlamentaria y extraparlamentaria, combinando elecciones, campañas permanentes y movilización callejera. El lulismo, con su lógica socialdemócrata que separa la acción sindical de la política, si bien cuenta con una amplia base social, siempre ha concentrado sus acciones en el ámbito de las instituciones burguesas. La izquierda anticapitalista no puede permanecer atrapada en esta división. Su campaña debe servir también para organizar a trabajadores, estudiantes y movimientos, construir vínculos duraderos y competir con la iniciativa fuera del Parlamento. Otra ajustada victoria electoral en la segunda vuelta para cualquiera de los candidatos que polaricen el proceso electoral —el escenario que parece más probable—, sin movilización callejera, solo pospondrá los conflictos unos minutos y dejará las condiciones para otra ofensiva ultrarreaccionaria.

Desde la perspectiva de la izquierda socialista, la política de «voto útil» a favor de Lula en la primera vuelta plantea al menos dos problemas. El primero es programático. En una elección presidencial a dos vueltas, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos, los dos candidatos con mayor número de votos compiten en una segunda vuelta. Presionar a los trabajadores y a sectores de la izquierda para que abandonen, en la primera vuelta, a los candidatos y programas con los que se identifican significa despolitizar el proceso electoral, transformando prematuramente esta etapa en una especie de segunda vuelta. Esto, a su vez, socava el debate sobre las diferentes soluciones a la crisis: la estrategia frente a la ofensiva imperialista y la extrema derecha, el fracaso de la reconciliación de clases, la independencia política de los trabajadores como condición fundamental para cualquier solución efectiva a la crisis, etc.

El segundo problema es político y táctico. Concentrar los votos en Lula desde el principio puede alterar la distribución electoral en la primera vuelta, pero no garantiza la derrota de la extrema derecha, ya que este voto anticipado a favor de la conciliación de clases provoca una desmovilización política que no inclina a los sectores indecisos en la dirección opuesta a la extrema derecha. Además, la experiencia de 2022 demostró que es posible derrotar a Bolsonaro electoralmente sin desorganizar el bolsonarismo como fuerza social y política.

Por lo tanto, desde la perspectiva que defendemos, la lucha por los votos de los trabajadores, los indecisos y los sectores descontentos no puede limitarse al argumento de «votar por quien tenga más probabilidades de ganar». Es necesario presentar respuestas concretas a las necesidades que alimentan este descontento, tales como: la reducción de la jornada laboral, aumentos salariales generales, derechos para los trabajadores precarios, la defensa y ampliación de los servicios públicos y la movilización en torno a estas demandas. Es en este terreno donde también se puede competir con quienes actualmente oscilan entre la abstención, la desilusión con el gobierno y la extrema derecha.

Esto no implica ignorar la presión real por el voto útil, ni tratar de forma sectaria a los trabajadores y sectores de la izquierda social que decidan votar por Lula en la primera vuelta. Existe un temor concreto ante la posibilidad de que la extrema derecha se fortalezca, y los partidarios de Lula buscan transformar este temor en una concentración electoral en torno a ellos. Pero reconocer esta presión no significa que la mejor alternativa programática, política y táctica para la izquierda anticapitalista sea votar por Lula en la primera vuelta, precisamente porque esto desmoviliza, y la desmovilización, como ya se ha dicho, fortalece a la extrema derecha.

Desde la perspectiva que se presenta en este texto, los candidatos de izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones populares deben buscar, desde la primera vuelta —en una semana— iniciativas comunes de unidad política para hacer frente a la extrema derecha y, al mismo tiempo, impulsar las reivindicaciones de los trabajadores. El punto de partida no es algo que deba inventarse, sino las propias movilizaciones en curso. La reciente huelga de trabajadores postales, que terminó tras dos semanas de parálisis, expresó esta voluntad de lucha; los trabajadores de Caixa siguen movilizados en defensa de sus reivindicaciones; y el 28 de septiembre vuelve a llevar a las calles la lucha de las mujeres por el aborto legal, seguro, público y gratuito. Son procesos distintos, pero pueden converger en una perspectiva común de movilización independiente.

Si la estrategia del «voto útil» se justifica por la necesidad de derrotar a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, entonces la cuestión decisiva no puede ser simplemente concentrar los votos en Lula. Una política capaz de ampliar la fuerza social contra la ultraderecha debe comenzar por atender las demandas de quienes ya luchan. Esto significa responder positivamente a las demandas de los trabajadores postales y de Caixa, apoyar la lucha de las mujeres, poner fin de inmediato al horario laboral 6×1 y garantizar los derechos y el salario mínimo para los repartidores de aplicaciones. Las medidas concretas que transforman las condiciones de vida de la clase trabajadora también pueden ganarse a sectores que actualmente están insatisfechos, indecisos o sometidos a la influencia política de la ultraderecha.

Desde la perspectiva de la Bancada Anticapitalista, la juventud ¡Ya Basta! y la Corriente Socialismo o Barbarie, la propuesta consiste en confrontar la ideología de Bolsonaro en las elecciones sin disolver la independencia política de la izquierda anticapitalista. Esto implica mantener nuestras propias candidaturas, programas y banderas, al tiempo que luchamos con todas nuestras fuerzas por la unidad de las movilizaciones en curso. Independencia política y unidad de acción no son contradictorias. Podemos y debemos competir con diferentes programas y candidaturas en las urnas y, a la vez, estar en las mismas calles para derrotar la ofensiva de la ultraderecha, apoyar las huelgas y promover las demandas concretas de los trabajadores y los sectores oprimidos.

Este enfoque también nos permite afrontar un falso dilema. No es necesario elegir entre abandonar el programa y votar estratégicamente contra Flávio Bolsonaro. Mantener candidaturas socialistas independientes contribuye a movilizar la mayor unidad de acción posible en las calles, la única táctica eficaz para derrotar a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. Además, la retirada de las candidaturas presidenciales del PSOL en 2022 no sirvió para derrotar al bolsonarismo; al contrario, contribuyó a generar la dispersión, la apatía y la complacencia que le permitieron recuperarse. Más que anticipar la segunda vuelta en la primera, la tarea consiste en utilizar la campaña electoral para fortalecer la organización social de los trabajadores y los oprimidos y construir una fuerza capaz de hacer frente al bolsonarismo antes, durante y después de las elecciones.