La tipificación de persona que cometa actos delictivos sería en base a sospechas de involucramiento con el terrorismo, armas, tráfico, pornografía, explotación sexual y otros delitos. Es importante señalar que, de acuerdo con esta ordenanza, para expulsar a cualquier extranjero no será necesaria una sentencia judicial, sino apenas información prevista por la inteligencia brasileña, extranjera o una investigación criminal.

Simplemente, esa ordenanza xenófoba (por decir lo mínimo) permite que, a partir de cualquier indicación de una autoridad de este gobierno o de cualquier otro más o menos reaccionario, se pueda extraditar a un extranjero sin garantías de derechos democráticos básicos, como el derecho a apelar y a una amplia defensa.

La ordenanza 666/2019 sale a la luz en un contexto en que este gobierno, (además de toda su verborragia machista, racista y xenófoba, de sus ataques a los derechos de los trabajadores y de la privatización acelerada del patrimonio público), toma medidas antidemocráticas que afectan al conjunto de los explotados y oprimidos.

Podemos citar, sumariamente, al decreto que elimina todos los Consejos Federales con función consultiva y deliberativa; el decreto ilegal sobre la portación de armas (por el momento rechazado por el Congreso) con el objetivo de armar masivamente a la base social del gobierno; y el “paquete anti crimen” de autoría del propio Moro que, entre otros absurdos, pretende legalizar la violencia policial que alcanza principalmente a los movimientos sociales, a los trabajadores y a la juventud negra.

Se trata así, de una ordenanza emitida en contexto de un gobierno de extrema derecha, antiobrero y xenófobo con intenciones autocráticas (bonapartistas) que puede ser usada contra cualquiera que se oponga a sus designios.

Desde un punto de vista más específico, la ordenanza 666/2019 fue elaborada con el objetivo directo de intimidar a figuras como Glenn Greenwald (nacido en Estados Unidos y radicado en Brasil hace más de diez años) por la divulgación en su sitio (TheIntercept) de las conversaciones entre Moro y los procuradores de la Operación Lava Jato, que demuestran el carácter parcial de varios procesos en el ámbito de esa operación, particularmente el que llevó al procesamiento, juzgamiento y condena de Lula, sin pruebas en el caso del departamento de Guarujá, que supuestamente había sido dado en forma de coima por la empresa OAS al ex presidente.

Greenwald se volvió, entonces, persona no grata y enemigo número uno del gobierno, de sectores de la clase dominante y de partidos de derecha. Ya que las filtraciones de Intercept demuestran que la prisión de Lula fue parte de un operativo reaccionario para sacarlo de la disputa electoral, posibilitando llevar a fondo la maniobra reaccionaria iniciada con el impeachment de Dilma Rousseff.

Todo eso con el objetivo de imponer una correlación de fuerzas y un gobierno que impusiera los ajustes económicos al servicio del gran capital hasta el final. Entonces, cabe, por su carácter reaccionario, xenófobo y protofascista, a los sectores democráticos, a los movimientos sociales y a la izquierda, organizar una amplia campaña de repudio a la ordenanza 666/2019 y demás ataques políticos a los trabajadores por parte de este gobierno criminal.

No quedan dudas de que la ordenanza fue creada para atacar a Greenwald y al conjunto de nuestros hermanos trabajadores y refugiados de otros países. Porque está en el marco de una ofensiva generalizada contra los derechos democráticos, principalmente los de organización y lucha, de los trabajadores, de las mujeres, de los negros y la juventud.

Por eso es necesario que en las próximas manifestaciones contra la “reforma” Previsional, que tendrán lugar en distintos estados el 6 de agosto y a nivel nacional el 13 de agosto, sea visible el rechazo contra la ordenanza 666/2019 y contra los demás ataques a nuestros derechos democráticos.