Por Fernando Klaus
Como una de sus primeras medidas como nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro firmó un decreto que le da poder al Ministerio de Agricultura para delimitar e identificar las tierras indígenas y de las comunidades quilombolas, afro descendientes. Así cumple con una de las principales promesas de campaña, la de beneficiar al empresariado agropecuario, sector clave junto con la Iglesia Evangélica y el Ejército para su llegada al poder.
Esto es parte de su plan económico, que busca agigantar los capitales de los grandes empresarios. El decreto en cuestión despoja a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), de la delimitación y protección de las tierras. La FUNAI se encargaba principalmente de asegurar que los derechos de las comunidades indígenas sean respetadas, pero ahora fue relegada a un “consejo interministerial” sin ningún tipo de peso ejecutivo. En Brasil, la población indígena alcanza el millón de personas, distribuidas en 462 reservas, que equivalen a un 12,5% del territorio brasileño. La mayoría se encuentra en el área del Amazonas, de inmenso valor y de gran reserva del medio ambiente.
“Menos de un millón de personas viven en estos lugares verdaderamente aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por las ONG. Juntos vamos a integrar a estos ciudadanos y poner en valor a todos los brasileños”, twitteó Bolsonaro. Con “integrar” y “poner en valor a todos los brasileños” quiere decir avanzar sobre los territorios y entregarlos a los empresarios para que puedan explotar la tierra a su antojo, un pedido histórico de este reaccionario sector. El Ministerio de Agricultura quedará a cargo de Tereza Cristina Correa da Costa Dias, miembro hasta el año pasado de la bancada ruralista del Congreso y defensora acérrima de los intereses de los grandes propietarios rurales.
El mismo decreto también pone en manos de Correa da Costa Dias el Servicio Forestal Brasileño, que se ocupa de la protección y del uso sostenible de los bosques y que, hasta el momento, dependía del Ministerio de Medio Ambiente, y la gestión de bosques públicos. La medida amenaza también el cuidado de la naturaleza brasileña con su corazón en el Amazonas. El propio Bolsonaro había declarado retirar a Brasil del Acuerdo de París hasta que tuvo que recular dado que por fuera de él, el sector agro perdería licencias importantes para exportar.
