Artículo de Esquerda Web
Dos hechos fueron fundamentales para cambiar la situación política nacional, particularmente en relación a la situación de Bolsonaro y la extrema derecha. Los testimonios del exayudante de Órdenes de Bolsonaro, Mauro Cid, y del hacker Walter Deugatti Neto, ponen elementos que vinculan directamente al expresidente con graves delitos durante el ejercicio de la Presidencia. Con las nuevas investigaciones y declaraciones de ayer, no exigir la detención de Bolsonaro es dejar completamente la iniciativa política en manos de la burguesía y su Estado y perder una oportunidad de contribuir a movilizar y lograr una victoria directa contra la extrema derecha en las calles.
Desde principios de año, el tema de la detención de Bolsonaro como forma de poner definitivamente a la extrema derecha a la defensiva tras su derrota electoral y el 8 de enero ha sido central, pero la mayor parte de la izquierda socialista desconoce este eje político – un reflejo sumamente adaptado, economicista y contemplativo de la realidad. Es necesario romper con esta política y llamar a la lucha para arrestar a Bolsonaro y contra todos los ataques en curso contra la clase trabajadora y los oprimidos.
La actividad delictiva de Bolsonaro no se limitó a los ataques a los derechos, la política genocida durante la pandemia, los ataques a los derechos democráticos de los trabajadores a través de ataques a las máquinas de votación electrónica -que hicieron que Bolsonaro perdiera la elegibilidad durante 8 años- y el uso de la Policía Federal de Caminos en la 2ª Vuelta de las elecciones para impedir que los votantes de Lula llegaran a los lugares de votación.
Las revelaciones de la última semana sobre la apropiación por parte de Bolsonaro y su entorno de joyas donadas por gobiernos extranjeros, que debían integrarse al patrimonio público federal, que fueron desviadas, vendidas y su valor embolsado por el expresidente, pueden ser el elemento que faltaba para que la justicia decrete la detención del expresidente. Sin embargo, relegar esta tarea a los poderes del Estado burgués, al margen de la lucha y movilización de los trabajadores y oprimidos -las principales víctimas del neofascista-, es perder la oportunidad de hacer que la correlación de fuerzas, bastante desfavorable en los últimos años, cambie a nuestro favor.
Para nadie es novedad que Bolsonaro, como todo buen político burgués de centro, derecha o extrema derecha, tiene su carrera basada en la corrupción. Pero en los últimos días, bajo el nombre de “Lucas 12:2″[1], la Policía Federal (PF), a las órdenes de Alexandre de Moraes, realizó órdenes de cateo y allanamiento que, sumadas a otros factores, podrían conducir al arresto de Bolsonaro.
La investigación de la PF que se hizo pública revela la banda armada por Bolsonaro y sus colaboradores más cercanos. Se utilizó la estructura del gobierno federal, como el Gabinete Adjunto de Documentación Histórica de la Presidencia, el avión presidencial y el Apex[2] para desviar, vender y apropiar los montos correspondientes a las dádivas ofrecidas por autoridades extranjeras.
La misma investigación informa que joyas vendidas en el exterior salieron del país en el avión presidencial el 30 de diciembre, días antes de la asunción de Lula; en relación a la cual, Bolsonaro, en una clara posición de no reconocimiento del resultado electoral, no quiso pasar la banda presidencial. Sin embargo, ahora vemos que el golpe no fue la única razón por la que Bolsonaro no fue parte de la ceremonia de pase de la banda presidencial…
De los bienes públicos que Bolsonaro logró desviar para apropiarse de su valor en dinero -otro lote de joyas que correría el mismo destino terminó siendo incautado por la Receita Federal luego de que la comitiva de Bolsonaro aterrizara en el aeropuerto de Guarulhos a finales de octubre de 2021-, consta de un kit de joyería, un reloj Chopard y un Rolex. Sumando todos los ítems, el valor alcanza R$ 900 mil, según la PF. En el caso del Rolex, Frederick Wasset, abogado de Bolsonaro, volvió a Estados Unidos para recomprarlo tras una denuncia del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) para su devolución a propiedad pública. Tras la venta, los fondos obtenidos fueron enviados en efectivo a Bolsonaro para evitar el seguimiento por parte de los organismos de control financiero. Este modus operandi se utilizó para retirar del país 4 conjuntos de mercancías recibidas en viajes internacionales.
Todos los que rodeaban a Bolsonaro estuvieron involucrados en esta operación, en particular el general de reserva Mauro Lourena Cid, que ocupó el directorio de Apex, el ayudante de Bolsonaro, Coronel Mauro Cid, su abogado, y operador de todas las formas de acción penal, Frederick Wassef y otras figuras. Pero la gran noticia es que después de más de tres meses de prisión por falsificar la cartilla de vacunación de Bolsonaro y su hija, Mauro Cid, que guarda silencio desde entonces, según su abogado, César Bittencourt, admitirá que vendió las joyas, pero que lo hizo a instancias de Bolsonaro, a quien le entregó el dinero. Esta declaración cambia totalmente la dinámica y la velocidad de las investigaciones y aterriza como un bombazo para la defensa de Bolsonaro.
El testimonio de Delgatti ayuda a armar el rompecabezas del golpe
El otro hecho explosivo del jueves pasado fue el testimonio de Walter Delgatti Neto[3] al CPI sobre el 8 de enero, que investiga el atentado golpista en la Praça dos Três Poderes.
El golpe de Bolsonaro no es nada nuevo. A pesar de la falta de una correlación de fuerzas -y de cierto nivel de competencia real para hacerlo- para llevar a cabo un golpe de Estado, tenemos, además de los ataques del 8 de enero, una serie de acciones criminales de Bolsonaro y el bolsonarismo cometidas antes, durante y después de las elecciones con miras a no reconocer el resultado de las urnas y perpetuarse golpistamente en el poder.
Lo que Delgatti trajo como noticia este jueves fue el testimonio, aún sin presentar pruebas, que denuncia un plan para simular la adulteración de una urna electrónica que contó con la participación de Bolsonaro, sus ministros y las fuerzas armadas. Según Delgatti, en una reunión el 10 de agosto de 2022 en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial del Presidente de la República) se planeó que el hacker hiciera un video -que sería presentado el 7 de septiembre- simulando la adulteración de una urna electrónico con el objetivo golpista de desacreditar el proceso electoral. Para llevar a cabo esta trama, Delgatti habría participado de reuniones con el entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio, y con técnicos del Ministerio integrantes de la Comisión de Transparencia del TSE. Para crear un código fuente falso, los técnicos del Ejército memorizaron parte de los códigos fuente que fueron probados en el STF para informar a Delgatti, ya que no se permitían anotaciones durante las pruebas.
Además, en su testimonio afirmó que, a través de la diputada federal Carla Zambelli, Bolsonaro le pidió que asumiera la responsabilidad por las mal explicadas escuchas telefónicas de las conversaciones de Alexandre de Moraes[4]. Como nadie confirma la autoría de dichas escuchas, una hipótesis es que pueden tener que ver con el plan golpista para grabar a Moraes revelado por el senador Marcos do Val. Según él, el 8 de diciembre, a pedido de Bolsonaro, participó en una reunión para orquestar un plan en el que Do Val programaría una conversación con Moraes, en ese momento presidente del TSE, con el objetivo de grabar los discursos del Ministro que lo comprometerían para ponerlo bajo sospecha. Una versión que – sumada a la llamada “Minuta do Golpe”, documento encontrado en la casa del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que preveía el decreto de Estado de Defensa para cerrar el TSE e imponer la permanencia de Bolsonaro en el poder – encaja perfectamente con este testimonio y ayuda a entender todo el rompecabezas golpista.
La izquierda, entre el apoyo político a las instituciones y la contemplación pasiva de los hechos
El cambio de comportamiento de Cid -que ahora culpa a Bolsonaro de la malversación y venta de las joyas- y el testimonio del hacker -que añade una pieza más al rompecabezas golpista-, sumado a la determinación de Moraes de romper el secreto bancario de Bolsonaro y Michelle, deja a Bolsonaro en una situación extremadamente delicada, que podría llevarlo a la cárcel.
Este procesamiento desde arriba, que está siendo operado por el STF y el PF, sin la participación explícita de Lula, su gobierno y el PT, tiene como objetivo evitar un movimiento de masas que acabe despertando también la lucha contra las contrarreformas en curso. Así, la detención de Bolsonaro, al margen de la acción del movimiento de masas, como acción exclusiva del régimen y sus instituciones, es parte de una política que apunta, al mismo tiempo, a normalizar la muy limitada democracia burguesa post-Bolsonaro y para seguir atacando a los trabajadores y los oprimidos.
En este terreno del necesario procesamiento, detención y expropiación de Bolsonaro, la izquierda se ha dividido en dos sectores. Tenemos a los oportunistas (PT, PSOL y compañía), defensores abiertos del régimen, que trabajan junto con las instituciones burguesas para que operen desde arriba para garantizar el castigo mínimo del ex Presidente –con el objetivo de que el régimen salga fortalecido y pueda seguir atacando los derechos de los trabajadores. Por otro lado, tenemos la izquierda economicista que no propone una línea de acción global para la clase trabajadora. No se dan cuenta de que la lucha para arrestar a Bolsonaro, combinada con la lucha contra el conjunto de las contrarreformas, es central en la situación actual –y ahora en la coyuntura–. Así, terminan entregando la iniciativa de toda acción política a la clase dominante. Al no llevar a cabo esta totalización a través de un sistema de consignas que tienen la detención de Bolsonaro como una de las banderas centrales, denuncian el proceso de intento de legitimar el régimen, pero lo hacen de manera propagandista y estéril, al no llamar a las masas a la acción, lo que permite a la clase dominante desempeñar un papel decisivo en la definición de la correlación de fuerzas entre clases.
El arresto de Bolsonaro y los golpistas que lo rodean significaría una un duro golpe contra la extrema derecha en Brasil y podría contribuir al cambio de la correlación de fuerzas de manera favorable para nuestra clase, si la lucha por la detención del golpista se combinara con la lucha contra los ataques del gobierno a la clase trabajadora. Por eso, no podemos simplemente denunciar pasivamente la crónica política que podría derivar en la detención del principal líder de extrema derecha en Brasil, sino hacer campaña exigiendo que la dirección de los movimientos de masas convoque a la lucha por la detención y expropiación de los activos de los neofascistas, así como contra todos los ataques del gobierno actual y anterior.
No aprovechar este momento, llamando a la lucha independiente del gobierno y de todas las instituciones burguesas –sin alimentar ilusiones en el poder judicial que nos ataca día tras día– para poner a la ofensiva a los trabajadores, es un crimen de la burocracia. Sin esta movilización, la detención de Bolsonaro -si es que se produce- quedará como una mera acción de la burocracia estatal que servirá para legitimar el régimen, pero que mantendrá a la ultraderecha como un importante agente político-nacional, que seguirá siendo una espada de Damocles sobre el movimiento de masas.
En ese sentido, es necesario señalar que el movimiento estudiantil de la USP acordó en Asamblea el 17 de agosto la construcción de un Comité Antifascista por la Defensa del Espacio Estudiantil y la detención de Bolsonaro. Nuestros compañeros de la Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! batallaron para que la detención del miliciano fuera asumida como eje central del movimiento estudiantil, como parte de una gran campaña antifascista que se desarrollaría en la USP, después de varias provocaciones de extrema derecha en la FFLCH, incluida una amenaza de disparo por parte de un oficial de policía bolsonarista.
Así, luchar por encarcelar a Bolsonaro a partir de la movilización –en combinación con otras demandas, como la lucha contra el techo de gastos de Lula, la reforma tributaria regresiva y el plazo– es un desafío decisivo para que obtengamos una victoria directa en las calles. y terminar de cambiar la correlación de fuerzas reaccionaria que hemos vivido en los últimos años.
[1] El nombre del operativo policial es una alusión al versículo 12:2 de la Biblia, que dice: “No hay nada oculto que no haya de descubrirse, ni escondido que no haya de saberse”.
[2] El general de reserva Mauro Lourena Cid, padre del exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, tenía un cargo en la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex) en Miami, donde recibía un salario de alrededor de R$ 63.000.
[3] El denunciante es un programador y conocido como el hacker Vaza Jato (el hacker de Araraquara) quien reveló la maquinación ilegal del ex juez Sergio Moro para arrestar a Lula.
[4] Bolsonaro habría dicho que tenía escuchas telefónicas del ministro Alexandre de Moraes, del STF, pero que el hacker tendría que asumir la responsabilidad del crimen, garantizándole un indulto si era procesado y arrestado.
