Octubre de 2003: la "guerra del gas"

Bolivia: La insurrección de las piedras y los palos

Roberto Sáenz

La insurrección de las piedras y los palos

«Ahora es cuándo, carajo». Esta ha sido una de las principales consignas de la insurrección popular, obrera y campesina de Bolivia que culminó en el derrocamiento de Sánchez de Lozada el pasado viernes 17 de octubre (1).

Esta caída revolucionaria del gobierno es un triunfo de las masas populares, obreras y campesinas que se pusieron de pie a lo largo de cuatros semanas y que realizaron así una acción histórica independiente de alcance nacional (2), llegando hasta tomar casi por asalto la ciudad capital del país, La Paz, y cercando el Palacio de Gobierno. La multitud de unas 250.000 personas, trabajadores, vecinos y campesinos de casi todos los barrios populares de El Alto y La Paz, es inédita en la historia contemporánea del país.

Se trató de una acción de una dimensión e importancia que la asemeja a otros grandes momentos revolucionarios de la historia contemporánea de Bolivia, como la revolución del ’52, la Asamblea Popular del ‘70/’71 y la ocupación por parte de los mineros de La Paz en marzo de 1985 (ver notas aparte).

«Ahora es cuándo» fue la hermosa consigna de El Alto insurrecto, y que resume la conciencia de un pueblo, la búsqueda histórica de acabar con su explotación y opresión secular.

Esta insurrección no fue un rayo en un cielo sereno. Desde la «guerra del agua» en Cochabamba (abril de 2000), pasando por el levantamiento de la policía y popular en La Paz (el 12 y 13 de febrero de este año), lo que se ha venido viviendo es un verdadero nuevo ciclo político marcado por la reversión de la profunda derrota sufrida por los trabajadores desde marzo de 1985 y la instauración del feroz ataque capitalista neoliberal a partir de la ley de privatizaciones en ese mismo año.

La «guerra del agua» abrió una nueva situación que ahora ha tenido un punto culminante en la rebelión popular de septiembre y octubre. Se abre en Bolivia un nuevo proceso revolucionario, aunque cabe aclarar que, al escribir desde la Argentina, nuestra evaluación tiene más bien el carácter de hipótesis de trabajo a confirmar o corregir.

Una acción histórica independiente

«Los que nos consideramos revolucionarios no nos podemos mentir. Ningún líder y ningún partido político dirigió este levantamiento. Ni Evo (Morales) ni Felipe (Quispe), ni nosotros (la COB) encabezamos la rebelión. Este conflicto, lamentablemente, no tuvo una dirección unitaria. Los trabajadores bolivianos, desde abajo, fueron los que echaron a patadas del poder al asesino de ‘Goni’. Fueron las masas enfurecidas las que le dieron un sopapo al imperialismo norteamericano. Nadie, individual y partidariamente, se puede adjudicar el liderazgo de este conflicto» (Jaime Solares, secretario ejecutivo de la COB, citado por Econoticiasbolivia, 19/10).

Mas allá de los intereses que puedan estar en juego en estas declaraciones del actual secretario general de la COB, la descripción del proceso es convincente. Porque lo que se ha vivido en Bolivia en estas semanas ha sido verdaderamente una acción histórica de las masas explotadas y oprimidas de Bolivia, independiente del Estado y de los partidos patronales. Una acción independiente y espontánea, que adquirió la forma de una insurrección popular, obrera y campesina, en rechazo a la pretensión de Sánchez de Lozada de ahogarla a sangre y fuego.

Esta insurrección tuvo su epicentro en las masas urbanas desheredadas de La Paz. Más precisamente, de la ciudad de El Alto, un enorme «dormitorio de trabajadores«, cruzado por unas condiciones de vida de una pobreza extrema. Como dice el enviado de Clarín a Bolivia: «No conviene subestimar demasiado lo que significa la dinámica de la fuerza popular arrojada a la acción si se quiere entender lo que paso en Bolivia en estos días (…) Ha sido ante todo producto de un masivo levantamiento popular, con escasos antecedentes en los últimos 50 años de vida política boliviana (Clarín, 18/10).

El Alto insurrecto y los mineros inclinaron la pelea

«Alteños y mineros echaron a Sánchez de Lozada. Un movimiento social denominado ‘paro cívico vecinal’ de la ciudad de El Alto, que duró 10 días continuos entre el miércoles 8 y el viernes 17 (…) Son miles y miles, son tantos que la gigantesca Plaza San Francisco no da abasto. La Plaza está que revienta. Miles de campesinos vienen de los vallecitos del sur, han roto el cerco y ahora se abrazan con los cinco mil cocaleros de Yungas que han trepado desde el trópico hasta las cumbres nevadas. Y desde ahí han bajado hasta la ciudad. Se juntan con los mineros de Huanuni, con los guerreros aymaras campesinos de Achacachi, con los vecinos que han bajado de El Alto, con los estudiantes, fabriles, maestros, amas de casa, con niños y jóvenes (…) Desbordante de alegría, el pueblo rebelde del Altiplano derramó lagrimas y se abrazó en las calles y esquinas en las que luchó, sufrió, sangró y venció a los tanques y a la metralla. ‘Éste es el triunfo del pueblo boliviano’, dijo el principal dirigente de la COR (Central Obrera Departamental), rodeado de hombres, mujeres, viejos y niños forjados en la pobreza y la dignidad: ‘El Alto de pie, nunca de rodillas’. El festejo de El Alto se repite en las calles de La Paz, regadas de sangre de los más pobres, de los más humildes» (Econoticiasbolivia, 19/10).

Como señalamos en la cronología, si bien el proceso de conjunto comenzó el día 15 de septiembre, lo que terminó inclinando la situación y detonando la verdadera insurrección que se vivió en la última semana fue el levantamiento del pueblo pobre y trabajador de El Alto, que se puso de pie ante la masacre y la represión del ejército. Este pueblo pobre y trabajador –que no dejó una comisaría en pie en la región– se organizó alrededor de juntas vecinales y de la COR (Central Obrera Regional de El Alto, rama territorial de la Central Obrera Boliviana, la COB).

Apoyándose en la «insurrección» de este componente popular y de trabajadores pobres, se articularon el resto de los sujetos sociales explotados y oprimidos, en particular los mineros, llegados de las minas próximas a Oruro, como así también diversas expresiones indígenas, campesinas, estudiantiles y sectores de las clases medias. La COB se convirtió finalmente, con la convocatoria de la huelga general indefinida (muy parcialmente acatada, sin embargo), en la representación indiscutible de la sublevación popular.

Vale la pena recalcarlo: si por un lado los campesinos aymaras -organizados alrededor de la CSUTCB y del liderazgo de Felipe Quispe- venían realizando cortes de rutas, si por el otro -muy tardíamente, recién desde el 3/10- se fueron sumando los cocaleros del Chapare, lo que aportó el carácter insurreccional que venimos señalando fue el levantamiento de las masas de El Alto, y su confluencia con las delegaciones de trabajadores mineros, estatales y cooperativos (de Huanuni y otras regiones). Unos 5000 mineros que fueron llegando en camiones, que dejaron varios muertos en el camino, que fueron arribando obstinadamente a La Paz, uniéndose al pueblo de El Alto. Y que reafirmaron el enorme reconocimiento, tradición y valor simbólico que tienen entre los explotados y oprimidos de Bolivia.

Un rebelión popular, con epicentro urbano, de trabajadores y campesinos

El Alto es la región de barrios populares que reúne unos 800.000 habitantes en las afueras de la capital, La Paz. Viene a ser algo así como el gran Buenos Aires respecto a la Capital Federal en nuestro caso. Todas las crónicas resaltan el rol del El Alto. Esto requiere una explicación, que desde aquí sólo podemos formular como hipótesis.

Creemos que se entiende este rol de los pobres de las ciudades (con un gran componente juvenil en las acciones) a partir de las condiciones de desestructuración social y barbarie a la que ha sido conducida la economía boliviana en los últimos 15 años. Es conocida la destrucción de una parte importante del movimiento obrero minero. Decenas de miles de ellos perdieron su trabajo cuando se privatizaron o cerraron varias minas; muchos de ellos se transformaron en cocaleros. Esto fue parte de la des industrialización del país desde el año ’85 (3).

En estas condiciones, no es casual este masivo componente popular en situación de «semi- proletarización», de trabajadores que intermitentemente trabajan por un salario, a medio camino entre la ciudad y el campo, y que hoy, en esta primera fase del proceso, estuvieron en el centro de esta insurrección triunfante.

En este marco, se dio una particular «unidad social» de hecho –característica de los comienzos de los grandes procesos revolucionarios, un «arco iris social»– entre las clases sociales explotadas, las naciones oprimidas, las clases medias postergadas y la juventud estudiantil.

Las organizaciones de masas

Una variada y muy rica tradición de organización tienen los explotados y oprimidos en Bolivia. Probablemente la más importante de América Latina.

Con alzas y bajas sus organizaciones son –como tales– inmensas conquistas de los obreros, campesinos y vecinos.

Tradicionalmente, la COB es la organización de la clase trabajadora por excelencia, la organización «madre» de todas las demás. No tenemos un análisis exhaustivo de su evolución en los últimos años, pero en esta crisis se ha podido ver nuevamente que es más que un mero sindicato: tiene elementos que apuntan a transformarla en una organización política de lucha de las masas trabajadoras. En su seno están contenidas formas de organización no sólo por lugares de trabajo sino también territoriales: es el caso de las COD y las COR (las centrales departamentales y regionales), de tanta importancia en el levantamiento.

En el campesinado, la organización principal es la CSUTCB (con fuerte peso en el campesinado aymara), fundada a fines de los ’70 expresando el paso progresivo de ruptura de los campesinos con la subordinación al Estado. A su frente está hoy la corriente indigenista de Felipe Quispe, que a la vez tiene organizado un «brazo político», el Movimiento Indigenista Pachakuti (MIP).

En otro sector, aparecen las 6 Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, integradas en muchos casos con ex mineros que debieron migrar al campo, encabezadas por Evo Morales. El brazo político de los cocaleros, el MAS, resultó segundo en las elecciones presidenciales que ganó Sánchez de Lozada el año pasado.

Entre los organismos de base que se destacaron en la rebelión, fueron de gran importancia una serie de organismos territoriales con una larga tradición: las «juntas vecinales», organizaciones de los barrios populares, de gran importancia en el levantamiento de El Alto y que se agrupan en la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y que se enlazan con los organismos de la COR de dicha ciudad. Al mismo tiempo, al calor del enfrentamiento a la represión tendieron a formarse organismos elementales de autodefensa.

¿Porque la rebelión popular no se transformó en revolución social?

Con un Congreso desprestigiado y un foco de poder alternativo disperso en su dirigencia, pero real y tangible entre la población, cuya vigencia, seguramente, no se agotará con el recambio presidencial, la pregunta es porqué la insurrección popular no fue más lejos.

Porque es un hecho que el Congreso está «atrapados» en el medio de un agudo enfrentamiento entre el pueblo insurrecto organizado y el otro poder real, el de la burguesía sustentado en los grandes intereses transnacionales del gas y el petróleo, defendidos hasta ahora por la metralla y los tanques del ejército. Por otra parte, en el ejército hubo elementos de desmoralización y se debió recurrir al extremo de torturar y asesinar a soldados que heroicamente se negaron a reprimir a sus hermanos en El Alto. En Bolivia la burguesía tiene el problema de que el ejército está compuesto esencialmente de conscriptos.

Los límites del proceso tienen que ver, básicamente, con las direcciones del movimiento de masas. Porque aunque existen organizaciones de masas de enorme importancia y tradición, y aunque se expresaron a lo largo de las jornadas métodos revolucionarios de lucha e incluso el surgimiento incipiente de organismos de democracia directa desde abajo (de tipo territorial) como las «juntas vecinales», sigue candente un verdadero problema de dirección.

Según todos los informes, ni la CSTCB, ni los cocaleros, ni la COB se plantearon establecer una coordinación nacional de la lucha. Cada una salió separadamente (incluso en fechas distintas) y si bien existían dos reivindicaciones comunes (el rechazo a la venta del gas y el planteo de la salida del presidente), en ningún caso se levantó durante la rebelión popular un pliego programático común que estableciera la unidad explícita de trabajadores, campesinos y sectores populares.

Esto se relaciona con que al reclamo de la renuncia de Sánchez de Lozada, a este reivindicación de tipo negativo, no se planteó una verdadera salida por la positiva (salvo el recambio «institucional» que defendió explícitamente Evo Morales).

Esto es, estas direcciones no trabajaron ni trabajan en la perspectiva de un gobierno de las organizaciones de masas, de las organizaciones de trabajadores, populares y campesinas: de la COB, las CODs y CORs, la CSUTCB, los cocaleros y las juntas vecinales. Por el contrario, hoy le han dado un plazo de «tregua» al nuevo gobierno, alimentando las expectativas y la confianza que depositan en el las masas populares. A esto le agregan el planteamiento de una Constituyente que en principio el nuevo presidente Mesa se habría comprometido a convocar, aunque sin fecha cierta. A nuestro modo de ver, esa Constituyente convocada por el régimen puede cumplir hoy el tramposo rol de relegitimar la democracia capitalista.

Esta es, creemos, la razón esencial por la cual la triunfante rebelión popular ha podido ser, hasta ahora, expropiada. Sin embargo, este mismo problema volverá a ponerse a la orden del día. Este limite deberá ser resuelto mediante el surgimiento de una alternativa de dirección y política a estas expresiones.

«La misma chola con otra pollera»

«Un cachorro de la burguesía». «Cayó ‘Goñi’, pero no derrotamos aún al modelo neoliberal capitalista». «Hemos ganado una batalla, pero no la guerra». Así se refieren a Carlos Mesa lo que tienen mas claridad. Esto es, se trata de un gobierno continuista del anterior, no sólo capitalista, sino con figuras que vienen siendo parte del mismo esquema neoliberal desde el ’85.

La asunción de Carlos Mesa significa el intento de expropiación a los trabajadores y el pueblo de su rebelión popular. Asume sin bases sociales ni políticas sólidas, con el apoyo del Ejército en crisis, de la embajada yanqui, de la misma vieja coalición «neoliberal» mayoritaria en el parlamento. Y, fundamentalmente, como producto de la «tregua» otorgada por las direcciones de las organizaciones de masas, que a pesar de su incendiaria verborrea no se plantearon el problema del poder: Y esto a pesar de que estuvo planteado de manera «objetiva» ante los primeros elementos de desmoralización del ejército y la existencia de verdaderas organizaciones de masas que, aunque no fueron la dirección efectiva del proceso, sí son ampliamente reconocidas.

Pero la falta de objetivos claros de la rebelión popular (estas mismas organizaciones se habían hecho la misma «autocrítica» luego de los acontecimientos del 12 y 13 de febrero) es la principal causa por la que, ahora, otro neoliberal tome el gobierno, en el marco de las reaccionarias instituciones de la democracia de ricos.

Como ha dicho muy gráficamente un dirigente de la COR de El Alto, Carlos Mesa «es la misma chola con otra pollera». Porque el nuevo presidente no va resolver verdaderamente ninguno de los problemas colocados sobre la palestra política por la rebelión popular.

Al contrario, sus declaraciones son extremadamente continuistas. Por ejemplo, ha dicho que «se van a respetar las inversiones extranjeras». A lo sumo, lo que buscaría sería ensayar un engañoso «camino intermedio» entre respetar esas inversiones y volcar más ayuda social a los sectores populares. El viejo truco del «gatopardismo»: cambiar algo para que todo siga igual. Esto es, en un sentido similar –aunque a todas luces con mucho menos margen– que el juego que pretende hacer aquí el gobierno de Kirchner.

«El gobierno de Carlos Mesa debe encontrar la manera de dar respuestas a los sectores más empobrecidos, mostrar un cambio de actitud que genere confianza y cumplir con lo acordado con empresas y organismos multinacionales» (enviado de La Nación en La Paz, 20/10). El problema es como resolver esta cuadratura del círculo. Más aún luego de una insurrección popular de carácter nacional y del aliento en la nuca de estas masas triunfantes, que seguramente sentirá a cada paso el nuevo gobierno.

Mientras tanto, desde los sectores burgueses de Santa Cruz de la Sierra, llegan a la Capital permanentes advertencias para que no haya un cambio en las reglas de juego. «Es necesario cumplir con lo acordado con los organismos internacionales y también con las empresas extranjeras», dicen los grandes empresarios.

Esto plantea que con este gobierno «ilegítimo» producto de un parlamento totalmente desprestigiado, no se pueden descartar nuevos momentos de crisis e inestabilidad, más temprano que tarde, más allá de que la dirigencia de las organizaciones sociales y de los trabajadores le haya dado una tregua de al menos tres meses. Porque aparentemente en amplios sectores existe la certeza que la sublevación popular que ha derribado a pedradas y palo, dinamita y barricadas a Sánchez de Lozada aún no ha logrado nada sobre el gas, el petróleo, la tierra, el territorio y la coca. Es decir, las cosas que verdaderamente importan: las reivindicaciones que de hecho apuntan no sólo contra el régimen político, sino contra el capitalismo semicolonial de Bolivia.

Las perspectivas

La COB, en su último Ampliado, ha fijado un programa que, de levantarse consecuentemente demandaría trabajar en la perspectiva de un gobierno de las organizaciones obreras, populares y campesinas. Porque ni Carlos Mesa ni ningún gobierno llegado por la vía de las elecciones dentro de la democracia burguesa lo podría llevar adelante.

Se trata de las exigencias de: «renacionalizar, estatizar y socializar todos los hidrocarburos; anular globalmente el decreto neoliberal 21.060, y todos los contratos de privatización de hidrocarburos, mineros y de empresas del estado; libre cultivo e industrialización de la hoja de coca para los campesinos; liquidar la ley de reforma educativa impuesta por el Banco Mundial; llevar a cabo el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y ocupación de sus minas». Estas exigencias anticapitalistas están más allá del alcance de cualquier gobierno burgués, por «progresista» que se declare, y pueden ser parte del programa de la revolución socialista en Bolivia.

Por lo tanto, la crisis no se ha resuelto. Por el contrario, el proceso revolucionario boliviano recién comienza. Los intereses en juego son demasiados, muchos más de los que hay a la vista. En las calles de Bolivia se juega, por ejemplo, parte del futuro de la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La renuncia de Sánchez de Lozada ha sido un primer triunfo de un pueblo que demuestra su capacidad de movilización, pero que no debe abandonar su lucha, sino profundizarla y organizarla.

Porque el gobierno de Carlos Mesa intentará abrir un período de transición que reabsorba el «bolivianazo», en el que se enfrentarán intereses contrapuestos. Insistimos: no sólo se disputa una crisis estructural y política orgánica de la Bolivia capitalista semicolonial, sino parte del equilibrio de fuerzas de un subcontinente que despierta y que hay que enlazar conscientemente con nuestro ArgentinazoUn nuevo ciclo político se ha abierto. No está descartado que de madurar este ciclo político, la clase trabajadora pueda «tomar el cielo por asalto», porque en cualquier momento, las calles de la ciudad y los caminos de Bolivia se convertirán nuevamente en barricada. Pero ahora no les alcanzará con piedras y palos: deberán aspirar al poder obrero, campesino y popular.

Por Roberto Sáenz. Socialismo o Barbarie (periódico) Nº 31, octubre 2003

Mirá también:  Socialismo o Barbarie 32/33 | Editorial - Un giro derechista persistente

Notas 

1) En realidad se trata de una «semi-insurrección», porque si bien de hecho se llegó a plantear el problema del poder político, la rebelión popular fue básicamente espontánea y careció de una verdadera dirección.

2) Abarcó no sólo El Alto y La Paz, sino prácticamente todo el país: Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Potosí, la región campesina de El Chapare, Los Yungas e incluso, en menor medida, Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija.

3) Bolivia es el segundo país (detrás de Nicaragua) más pobre de América Latina. Algunos índices sociales la igualan a países del África subsahariana, la región más pobre del mundo. El 20% de su población está desnutrida. Su Producto Bruto Interno, de escasos 7900 millones de dólares, es menor que el de Camerún. Mientras tanto, su deuda externa alcanza los 4300 millones de dólares. Asimismo, el 20% más pobre de la población obtiene sólo el 4% del producto, mientras que el 20% más rico se lleva el 55%. El gas es, posiblemente, el último recurso natural importante que le queda luego de cinco siglos de saqueo, lo que se combina con la relación cultural del pueblo boliviano e indígena con sus recursos naturales. Esto hace más fácil entender, dadas las tremendas condiciones de miseria y expoliación, por qué estalló el pueblo boliviano. 

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