Decenas de miles de campesinos, indígenas y obreros del Altiplano boliviano llegaron en masa a La Paz para exigir la renuncia de Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, en la «Marcha por la Vida para Salvar Bolivia».
La movilización de masas, que confrontó la respuesta represiva del gobierno, se da en el marco de una huelga general convocada por la COB (Central Obrera Boliviana) que ya lleva tres semanas. Las manifestaciones contra el gobierno derechista de Paz se concentran en La Paz, se encuentran los principales edificios gubernamentales, y la ciudad del Alto.
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Las protestas encabezadas tanto por sectores indígenas y campesinos como por sectores trabajadores han confluido en bloqueos y marchas en La Paz. Hay al menos 15 puntos de bloqueo activos, mientras que en distintas jornadas a lo largo de las semanas la cifra en todo el territorio llegó a ser de 32.
La COB publicó en marzo un pliego de 211 demandas, que iban desde un aumento de salario de 20% hasta el rechazo a 10 proyectos de «reactivación económica» de Rodrigo Paz. Se trata, en realidad, de privatización de los servicios públicos de agua, luz y gas, de favorecer a empresas transnacionales en sectores estratégicos como la minería y el litio. Paz viene de eliminar los subsidios a los combustibles, descargando la crisis en los hombros de las masas populares. A eso se le suma el rechazo a un proyecto que que penalizaría los bloqueos de caminos y una ley de reconversión de tierras que beneficia a los terratenientes.
En las movilizaciones de masas convergen:
Los sectores indígenas (como los aimaras y de la Amazonía, quienes bajaron a la Paz) junto a las pricnipales centrales campesinas (como la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari). Rechazan el proyecto de Ley 1720, que regula la conversión de pequeñas propiedades agrícolas en medianas, que, en realidad, permite la hipoteca de sus tierras.
Alrededor de 174.000 afiliados de las confederaciones de maestros urbanas y rurales se han sumado a la solicitud de incremento de salario y han protagonizado protestas en las calles de La Paz.
Los conductores de transporte público se suma por la mala calidad de la gasolina, en un contexto de grave escasez de combustible y los intentos de quitar los subsidios.
Los mineros se sumaron a las protestas por la falta de combustible y material explosivo.
Las manifestaciones ya tuvieron un primer triunfo: obligaron a Paz a firmar la abrogación de un polémico proyecto de ley de tierras rechazada por campesinos e indígenas por favorececr a los grandes terratenientes y empresarios agrícolas. Sin embargo, Paz dijo que iban a buscar la manera de impulsar otro proyecto de ley para la conversión de pequeña propiedad a mediana, que sea «una ley fuerte, justa, equilibrada» y «para toda la patria». Es decir, quiere volver con el mismo proyecto una vez se calmen las protestas.
Pero las reivindicaciones parciales ya son insuficientes, la situación de ascenso de luchas en Bolivia ya colocó como su principal consigna la exigencia de la renuncia de Rodrigo Paz.
El descontento con el gobierno tiene de fondo la horrible situación económica del país. La inflación para abril se ubicaba en el 14% (el año pasado la inflación cerró en un 20,40%) y el mismo gobierno de Paz eliminó los subsidios al combustible el año pasado, lo cual contribuye al encarecimiento en el costo de vida.
“Que se vaya este gobierno incapaz, que no piensa en los pobres y la gente de a pie” o “solo está gobernando para unas pocas personas” son algunas de las denuncias que se escuchan en las manifestaciones.
Los bloqueos se extienden por una docena de puntos en el Departamento de La Paz, con bloqueos rutas que van a Oruro, Copacabana, Yungas y la frontera con Chile en Desaguadero. Además, con la incorporación de los mineros y conforme pasan los días las protestas se radicalizan, incluso, con la tradicionales detonaciones de los mineros.
El operativo represivo del gobierno cuenta con el despliegue de 3.500 agentes y militares para intentar levantar los cortes de ruta. Producto de este despliegue se reportan 100 personas detenidas, 50 heridas y, según denuncian las organizaciones campesinas hay dos muertes en los municipios de Ingavi y El Alto, algo que las autoridades oficiales niegan. Además, el mismo Paz quiso criminalizar a los manifestantes con la acusación de “terroristas”, una retórica direccionada a legitimar una represión brutal.
Mientras las protestas se radicalizan en el interior de Bolivia, desde afuera llega la “preocupación” del imperialismo por la gobernabilidad de Paz. Washington ya se mostró sumamente preocupado por la rápida inestabilidad de un gobierno amigo. Algunos de los gobiernos vasallos del imperialismo (Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú) suscribieron una declaración conjunta en la que manifestaron «preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia» y rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático”.
Cuando triunfó, Paz se quiso presentar como una alternativa «moderada» frente al MAS y la extrema derecha, pero rápidamente se alineó con el trumpismo internacional y quiso avanzar con medidas de tipo mileísta, de recorte, ajuste y descarga de la crisis sobre campesinos, indígenas, obreros y pobres de Bolivia. La aparente consolidación internacional de la extrema derecha queda completamente expuesta por el que puede ser el principal ascenso de luchas desde el enfrentamiento al golpe de Estado del 2019.
