El Tribunal Supremo bangladesí anunció la suspensión de la Ley de Cupos cuando las protestas comenzaban a desbordar al gobierno, aún a pesar de la feroz represión desatada por Sheik Hasina con un despliegue militar dictatorial.

Durante el fin de semana, el anuncio de Estado de Sitio por parte del gobierno fue acompañado de cortes en las telecomunicaciones, censura digital y el cierre de cientos de cuentas de periodistas en el país. Junto a esto se ejecutó una ola de detenciones arbitrarias e interrogatorios clandestinos contra activistas y militantes estudiantiles.

La juventud bangladesí tomó las calles

Los 200 muertos y más de 2000 heridos dejados a su paso por las fuerzas militares no parecían suficiente para desactivar un proceso de movilización de dimensiones históricas y que daba crecientes muestras de radicalización. En poco más de una semana, las acciones estudiantiles pasaron de sentadas pacíficas a la resistencia contra la represión y la paralización de los medios de transporte urbanos. El cierre de los ferrocarriles impuso un  paro general de hecho en las principales ciudades bangladesíes.

Los estudiantes se radicalizaron a medidas que endurecía la represión. El gobierno escaló desde los gases lacrimógenos de la policía antidisturbios hasta las balas de plomo del Ejército, pasando por las provocaciones de la Liga Chattra, una suerte de corriente juvenil paramilitar del partido de Sheik Hasina.

En un país semicolonial superpoblado, con grandes masas viviendo en el desempleo y pobreza estructural, que crecen a partir de la especulación inmobiliaria y de la explotación de mano de obra barato en la industria textil, la educación pública y el trabajo estatal son  la única posibilidad de estabilidad económica para millones de jóvenes bangladesíes. Y el movimiento estudiantil tiene una larga tradición en Bangladesh. Los estudiantes participaron fuertemente de la insurrección de 1971, que conquistó la independencia frente a Pakistán. También de la resistencia a la dictadura militar, que reconquistó la democracia a comienzos de la década de 1990.

El intento de Sheik Hasina de reimplantar el sistema de cupos (suspendido en 2018) configuraba un ataque frontal contra los estudiantes. Todos los años, unos 400.000 graduados universitarios compiten por unos 3.000 puestos de trabajo estatal en los exámenes de admisión. La Ley de Cupos de Hasina implicaba que un 30% de esos empleos fueran reservados a familiares de veteranos de la guerra de la independencia. En realidad, esos cupos eran reservados para el partido de gobierno, controlar la plantilla estatal y financiar el aparato de la Liga Awami de Hasina, que gobernó el país durante 20 de los últimos 28 años.

Tras el anuncio de la baja de la Ley de Cupos (simultánea al endurecimiento de la caza de brujas contra los activistas), las organizaciones estudiantiles anunciaron una tregua en las movilizaciones durante 48 horas. Por estas horas no está claro cuál será el próximo capítulo del proceso. Obviamente la caída de la Ley y la tregua estudiantil tienden a descomprimir la situación, mientras el gobierno opera en el sentido de perseguir y desorganizar judicialmente.

Entre la represión y la rebelión

Aún así, la caída de la Ley de Cupos significa un retroceso objetivo para el gobierno de Sheik Hasina. Sobre todo porque el proceso de movilización radicalizado comenzaba a amenazar la estabilidad del régimen bangladesí (una democracia formal con elementos estructuralmente antidemocráticos y represivos) y pedía la cabeza de Sheik Hasina.

El mayor peligro para el régimen radicaba sobre todo en la posibilidad de que las protestas se extendieron a otros sectores de la sociedad. Algo que no parecía descabellado ya que la pelea de los estudiantes se ubicó como un reclamo general de la población explotada contra la matriz semi colonial y empobrecedora del Estado bangladesí. Incluso se registraron protestas en solidaridad con los estudiantes en otros países como España y Emiratos Árabes. En este último país, «el Tribunal Federal de Abu Dabi ha sentenciado este lunes a prisión a 57 ciudadanos bangladesíes, tres de ellos a cadena perpetua y al resto a entre 10 y 11 años, por participar en protestas organizadas en el país árabe contra el Gobierno de Bangladesh» (Infobae).

A pesar del cerco mediático e informativo impuesto por el gobierno bangladesí, distintos medios relevaron el estado de ánimo combativo que reinó la última semana en las universidades del país mientras.

«Muchos [estudiantes] esperan que se unan a las protestas las trabajadoras de la confección [textil] que ocupan un lugar estratégico, ya que el país vive de las exportaciones de prendas de vestir. Por eso Fahim, estudiante de la Universidad de Dhaka reflexiona que ‘este movimiento está despertando a todos los oprimidos del país, se han unido los estudiantes secundarios’ y son cada vez más los sectores de trabajadores que están comenzando a participar. ‘El Gobierno nos teme, por eso no reprime con tanta fuerza. Para nosotros esto no tiene vuelta atrás, es una revolución o morir de hambre‘».

Resta ver cómo se desarrollan los próximos días antes de dar por cerrados los resultados de proceso que se inició en las universidades bangladesíes. Lo seguro es que el gobierno de Sheik Hasina se demostró vulnerable y eligió dar algo para no perder todo. Pero la enorme combatividad del movimiento estudiantil (sumada a las explosivas condiciones económicas de Bangladesh y al contexto de efervescencia juvenil en el mundo) promete nuevas luchas.