Estos días la ciudad de Corrientes amaneció cubierta de una niebla de humo producto de los incendios fuera de control en las inmediaciones. A la intensa ola de calor, la sequía en la región y una bajante del río Paraná, (efectos todos ligados al calentamiento global), se suma la tradición de la oligarquía agro-ganadera de realizar quemas “controladas» en las que dejan que el fuego arrase con todo a su paso para limpiar y aumentar los campos. Esta combinación de factores llevó a que la provincia esté, a estas horas, al rojo vivo.

Activos desde mediados de enero, los focos de incendio fuera de control llevan devastadas más de medio millón de hectáreas, arrasando con la flora y la fauna local y amenazando la vida de la población rural que se encuentra indefensa ante el avance del fuego. Aunque en los medios sólo se hable de cómo afectan al agro, se trata de una catástrofe socioambiental sin precedentes en la provincia que desnuda la política ecocida del gobierno provincial de Juntos por el Cambio, en la que se da la mano con el gobierno nacional del Frente de Todos, con el inoperante Cabandié en el centro.

Un ganadero local comentaba que los grandes productores generalmente aprovechan desastres naturales como sequías e inundaciones para deshacerse de la maquinaria vieja y cobrar los seguros, negociando luego subsidios del gobierno provincial, mientras que los productores medianos sólo reciben algo de forraje para los animales, y los más pequeños pierden todo. Los terratenientes continúan concentrando tierras, al comprar a muy bajo precio o directamente apropiándose de ellas frente a familias que no les queda ni para consultar a un abogado.

En este panorama desolador, en el que el Estado en todos sus niveles deja avanzar el fuego y la población tiene que confiar más en la solidaridad de los vecinos para colaborar con el control de los incendios, la mayoría de los criadores de ganado intenta llevar a sus animales a la zona del río y esperar que se cumpla la previsión de lluvias para dentro de unos días. Mientras tanto, el gobierno provincial continúa con la organización del Festival del Chamamé, diez noches de fiesta provincial, en el pico de contagios y de incendios, como plataforma del Gobernador Gustavo Valdes para intentar integrar la fórmula presidencial de JxC.

El gobierno sólo empezó a moverse cuando el fuego afectó a los empresarios con grandes intereses en la provincia. La arrocera Agropor, que pertenece al grupo clarín, en Mercedes, las zonas de forestación o los accesos al Iberá cuyo cierre está complicando el negocio de los operadores turísticos. Rápidamente, Valdés decretó la emergencia agropecuaria en la provincia, habilitando presupuesto y excepciones impositivas para productores afectados por el fuego, retroactivo al 1ero de enero.

Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, Cabandié aparece más preocupado por delimitarse de Valdés que por destinar recursos para combatir el fuego. Mientras en muchas localidades los vecinos ven como el fuego avanza peligrosamente hacia sus casas y tienen que organizarse para combatir el fuego frente al desborde de los bomberos desde el principio de la crisis, la respuesta del Estado en todos sus niveles es dejar avanzar los incendios sobre las zonas de bosque nativo y subsidiar a los grandes empresarios. Los recursos como hidrobomabas y aviones hidrantes, necesarios hace semanas, brillan por su ausencia.

Mientras el gobernador Valdés y el ministro Canandié juegan una pulseada en los medios para demostrar acciones frente al fuego que en realidad no hicieron, los 200 millones destinados por el gobierno nacional para la emergencia agropecuaria terminará como siempre beneficiando a los poderosos patrones ganadores, forestadores y arroceros provinciales. Los trabajadores, pequeños productores y la población en general son las víctimas de esta devastación ambiental descontrolada que también tiene terribles consecuencias para la flora y fauna local.