El debate por la reforma judicial

Amenazas van, amenazas vienen

El gobierno amenaza con avanzar sobre un control de la justicia. La derecha denuncia "un ataque a la división de poderes". Los jueces y magistrados son una casta privilegiada y aristocrática. No puede haber democratización real de la justicia mientras los funcionarios no sean electos por la votación popular y puedan ser revocados por el mismo método.



El discurso presidencial en la apertura de las sesiones del congreso logró uno de los objetivos que se propuso: ocupar el debate público dejando atrás el escándalo de las vacunas-vip. Esta mañana, uno de los temas que ocupó los primeros lugares en los medios fue el debate por la reforma judicial.

Parrilli, senador neuquino del Frente de Todos, opinó en un programa radial sobre una idea que el presidente mencionó en su discurso: la necesidad de que el congreso ejerza cierto control sobre el poder judicial. Si bien desde distintos espacios salieron a desmentir que exista el proyecto de una comisión bicameral para controlar a la justicia, algunos sectores ligados al poder judicial (y a la oposición de derecha) pusieron el grito en el cielo contra lo que denominaron «el proyecto Parrilli»: «Una comisión inquisidora», lo denominaron desde cambiemos, «Es un ataque inaceptable a la división de poderes» declararon desde la Asociación de magistrados, «Es casi un pelotón de fusilamiento» dijo el titular de la Asociación de Fiscales (¿no será mucho?).

La derecha es hipócrita. ¿Qué independencia de poderes puede haber con una justicia que fue oficialista bajo el gobierno de Macri y hoy se presenta como opositora porque gobierna el peronismo?. Lo que resulta inaceptable para los «amigos» del poder judicial es que se discuta alrededor de sus privilegios. Lo que defiende el macrismo no es de ninguna manera la «independencia de los poderes» sino un bastión que que vienen utilizando políticamente contra sus adversarios políticos. De ahí también la presión del kirchnerismo sobre Alberto para que tome medidas efectivas con el fin de recuperar algo de control sobre el poder judicial, una tarea pendiente para el peronismo desde hace años.

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El macrismo, así como la derecha latinoamericana, viene privilegiando la estrategia del bombardeo con causas judiciales a los funcionarios capitalistas «progresistas». El objetivo de la estrategia es torcer la situación política contra los trabajadores, cambiando la administración del Estado por un personal político que defienda más directamente sus intereses sin sufrir ningún tipo de presión por parte de los sectores populares (presión a la que son más permeables las administraciones llamadas «progresistas» por sus vínculos con los sindicatos, movimientos sociales, etc). Los puntos de apoyo para montar las causas son a veces falsos, pero muchas veces se basan en monumentales (y muy reales) hechos de corrupción.

Hace una semana, la condena a Lázaro Báez cayó como anillo al dedo para reavivar esta ofensiva judicial. La condena llegó para reforzar la catarata de denuncias vertidas por la derecha por los escándalos de los vacunados vip.

Es indudable que Báez y compañía son corruptos y está hartamente probado. Se han enriquecido con sobrefacturaciones y chanchullos de todo tipo en la administración de la obra pública al amparo del Estado. Pero la gran burguesía que representa Juntos por el Cambio no es menos corrupta. Han amasado sus millones con el aval de todos los gobiernos, incluso la dictadura militar (para ejemplo está el caso de Franco Macri) y ni hablar de los casos de corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, responsable del saqueo del Estado mediante operaciones tales como tomar deuda en función de la bicicleta financiera, fabulosos negocios con los parques de energía eólica, o el blanqueo de capitales a funcionarios, amigos y familiares, entre los casos que más trascendieron.

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La campaña oficialista por el control de la justicia a partir de una reforma judicial se apoya en un elemento real: los representantes del poder judicial son una casta ultra aristocrática y oligárquica que tiene cargos de por vida y no necesitan rendir cuentas a ningún órgano democrático. Cuando tienen que actuar contra el poder, condenan a menudo a algún funcionario (como De Vido y Boudou) pero nunca a grandes empresarios o capitalistas, al llamado «poder real». Pero esos capitalistas son partícipes necesarios de las estafas al Estado mediante licitaciones de obra pública. La corrupción tiene dos lados del mostrador.

Bajo la dirección del fernandismo, la campaña por la democratización de la justicia no tiene perspectiva real alguna, es puro humo. Esta puja entre sectores de la burguesía por el control del poder judicial no representa ninguna perspectiva favorable para los trabajadores, las mujeres y la juventud. No hay democratización real de la justicia sin una reforma judicial que establezca la elección de los funcionarios por el voto popular, y permita que los mismos sean revocados por el mismo método. Una reforma radical de estas características sólo puede venir desde abajo, siendo producto de la movilización y acción independiente de la clase trabajadora.

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