El pasado 30 de marzo un tiroteo escolar en el pueblo santafesino de San Cristóbal dejó como saldo de un muerto, varios heridos y una fuerte crisis en el sistema educativo nacional. No sólo por las dudas y miedos que despertó el hecho (prácticamente inédito en la Argentina desde el famoso caso de Carmen de Patagones en 2004) sino porque desató una ola de amenazas de tiroteos y ataques en las escuelas secundarias de todo el país.

A pesar de que no se concretaron nuevos ataques, la extensión y masividad del fenómeno despierta muchas preguntas que ninguno de los actores involucrados (ni los ministerios de educación, ni los gobiernos provinciales y nacional, ni la Justicia o los cuerpos policiales) parece capaz de responder.

En la quincena posterior al tiroteo de San Cristóbal trascendió la existencia de un challenge o reto viral en TikTok que inducía a los adolescentes a realizar este tipo de amenazas. Eso explica por qué el modus operandi fue el mismo en casi todos los casos: graffitis en los baños. Pero también se registraron amenazas realizadas por grupos de What’sApp u otras redes sociales. En algunos casos con imágenes de los alumnos portando armas de fuego.

La hipótesis de una red de delito organizado detrás del reto fue esgrimida en los últimos días por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hasta el momento no hay ningún elemento que señale la posibilidad de una organización centralizada del fenómeno. Sobre todo porque la ola de amenazas es de envergadura nacional e incluso internacional. Hubo réplicas en otros países latinoamericanos como Chile y México. La distribución de los casos reenvía a problemas estructurales que exigen un abordaje global.

La crisis social aguda que atraviesa el país, la crisis de larga data del sistema educativo (llevada a niveles inéditos por la política mileísta), el contexto internacional de exacerbación de la violencia (basta mencionar la reaparición de la guerra como actor central), los problemas de salud mental generalizados por la vida cotidiana de este siglo XXI barbárico y la montaña de basura ideológica desperdigada a lo largo y ancho del planeta por la ultraderecha se entrelazan para darle forma a un fenómeno aberrante. Se hacen necesarias soluciones de fondo para prometerle a la sociedad (y sobre todo a la juventud) un futuro que valga la pena.

Una epidemia nacional (e internacional)

En la semana de viralización del fenómeno se registraron cientos de amenazas en todo el país. Hubo casos en al menos 10 provincias. 

En Salta se realizaron detenciones o demoras de estudiantes (mayores y menores de edad) en al menos 4 establecimientos de la Capital y el interior de la provincia. En Córdoba se registraron por lo menos 100 denuncias por amenazas en el mismo período. Los casos se distribuyeron en Córdoba capital, La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. Cómo resultado de la apertura de causas se imputó a 8 adolescentes. 

En Mendoza se registraron 25 denuncias en los primeros días del fenómeno. «La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la presencia de casos en colegios de Las Heras, Junín, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad, Lavalle, San Martín, Tunuyán y San Rafael». 

Santa Fé, la provincia que vió nacer la epidemia de amenazas, fue uno de los puntos de mayor concentración. Hasta el martes 21 de abril «se habían registrado alrededor de 404 denuncias, con una concentración significativa en Rosario y la región». De ellos, 238 fueron en Rosario, con la mayor cantidad de amenazas registradas. Otras 75 denuncias se radicaron en la ciudad de Santa Fé, 33 en Venador Tuerto, 23 en Reconquista y 35 en Rafaela. Como resultado de las denuncias se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en la provincia. Se secuestraron «celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones. Al menos 73 personas fueron identificadas en el marco de estas investigaciones, de las cuales 23 son de Rosario. Además, el 95% de los involucrados son menores de edad».

Paralelo a las amenazas realizadas por estudiantes se registraron amenazas narco contra escuelas en Rosario. Esto da cuenta de la imbricación del fenómeno con otros hechos delictivos pre-existentes y que sobrepasan los límites del ámbito educativo estrictamente dicho. «Se hallaron dos banderas con amenazas narco en escuelas de Rosario. En los tres días previos, se detectaron otras dos banderas con textos semejantes en la escuela Luis María Drago y en un centro de salud de la zona de Bolonia». Ya durante marzo se habían contado este tipo de amenazas en «otras escuelas y hasta un puente peatonal sobre la ruta 34 S y la autopista Rosario-Santa Fe fueron blanco de mensajes similares. También el Policlínico San Martín fue escenario de amenazas con los mismos protagonistas».

En la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones (que vio el primer tiroteo escolar del país en 2004) se realizaron tres allanamientos en la última semana. Se secuestraron «una pistola 9 milímetros, 150 municiones intactas de este calibre, 12 cartuchos intactos calibre 12/70, cuatro municiones intactas calibre 22, una réplica de arma de fuego tipo pistola ametralladora de aire comprimido, y un teléfono celular».

Entre el 15 y el 22 de abril la Policía de la Ciudad secuestro un revólver calibre 32, una navaja, una réplica de arma de fuego y varias computadoras y celulares por causas iniciadas en 4 colegios de Pompeya, Belgrano, Nuñez y Recoleta. En la Escuela de Comercio Nº5 José de San Martín de Balvanera, CABA, se detuvo a un alumno luego de que difundiera fotos en la redes sociales que lo mostraban posando con un revólver en el baño de la escuela. El alumno «de 16 años, fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, delitos que contemplan una pena máxima de siete años de prisión. Ya tenía antecedentes por robo».

En el barrio de San Martín, zona oeste del GBA, se detuvo a dos adolescentes luego de que una trabajadora de la escuela llamara a la policía para denunciar que un alumno tenía un arma dentro del aula. Se secuestró una pistola calibre 22 marca G.M.C que tenía pedido de captura y estaba cargada con cinco municiones. El 21 de abril en Ituzaingó se detuvo a un estudiante que publicó fotos con un arma de fuego y mensajes intimidatorios en un estado de WhatsApp. En el allanamiento se incautó un arma de aire comprimido. 

De la crisis social a la crisis de salud mental

En una escuela de La Falda (Córdoba) se secuestraron la computadora y celular de un adolescente que inscribió amenazas en el baño de su escuela. El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, declaró que «la persona estaría vinculada a la comunidad TCC (True Crime Community), donde jóvenes comparten casos de violencia reales y se interesan por la glorificación de los perpetradores». Se trata de la misma red de difusión de contenido violento en la que participaba el tirador de San Cristóbal. «Los adolescentes se relacionan por WhatsApp y se comparten casos de violencia reales, desde accidentes de tránsito hasta cómo armar explosivos».

Diversos analistas señalas que se trata de círculos virtuales en los que se construye «por un lado la violencia como diversión, espectáculo. Y por otro el terror sin ideología, sin fundamento». Aquí es donde se detiene la línea de la mayoría de los análisis: en el enigma de las causas que llevan a los adolescentes a realizar tiroteos escolares o amenazas violentas.

Resulta extraño pensar en el «terror sin ideología, sin fundamento». Más bien queda a la vista que los fundamentos o causas profundas de esas formas de violencia subyacen a sus expresiones concretas (los tiroteos o amenazas) y se encuentran en la vida cotidiana.  Se escriben ríos de tinta en especulaciones sobre las particularidades de los aparatos psíquicos de los individuos involucrados o de sus biografías. En realidad, para intentar comprender un fenómeno masivo como este conviene abordar primero el panorama general de la vida de los jóvenes en la Argentina (y en el mundo) actual. 

«Como dato estadístico, durante 2025 se registraron 140 mil denuncias de violencia escolar, según estudios de la ONG Sin Fronteras. Asimismo, una encuesta de UNICEF reportó un aumento del 41 % en los casos de bullying entre adolescentes de 13 a 17 años«. Actualmente «1 de cada 7 adolescentes atraviesa un padecimiento en salud mental, principalmente ansiedad y depresión. El 21,7% refiere haberse sentido angustiado en el último año. La OMS advierte que la mitad de estas problemáticas comienzan en esta etapa y muchas veces no son detectadas ni tratadas«. En Argentina «el suicidio ya es la segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años y la violencia interpersonal se ubica entre las principales causas de muerte en adolescentes mayores. Este escenario se agrava por una crisis socioeconómica sostenida que precariza la vida cotidiana: pobreza, exigencia, estrés, sobrecarga familiar y debilitamiento de las redes de cuidado impactan directamente en la salud psíquica«. 

Las cifras son escalofriantes. Que el suicidio se ubique como segunda causa de mortalidad entre niños y adolescentes desnuda el fracaso de una determinada lógica de administración de la vida social de los jóvenes que no se limita al ámbito escolar.

La epidemia de enfermedades y padecimientos de salud mental es una noticia de largo alcance. Desde hace varios años, especialmente desde la pandemia a la fecha, psicólogos, psiquiatras y todo tipo de profesionales dan cuenta de un estallido en estos problemas. Los motorizan formas de vida cotidiana insanas: la exposición excesiva a contenidos violentos, desensibilizadores y alienantes en las redes sociales, la proliferación de condiciones de vida miserables en términos económicos, la ruptura de lazos de solidaridad en los distintos ámbitos de la sociedad. La sociedad capitalista contemporánea es una máquina de producir sufrimiento, miseria y, como resultado psicológico directo, enfermedades mentales de todo tipo.

No se trata de un fenómeno privativo de la juventud. Un columnista de La Nación recoge encuestas que señalan como síntoma masivo «la dificultad para conciliar el sueño. ‘De noche la cabeza da vueltas con preocupaciones económicas’, es una de las conclusiones del informe. Y se destaca la mención extendida al ‘consumo de alcohol y ansiolíticos como auxiliares para dormir, así como la decisión de recurrir a la atención psicológica. Aparece en la narrativa el concepto de que la crisis atraviesa el cuerpo y lo afecta‘». Una vida que reúne falta de sueño y abuso de sustancias a niveles de masas es una receta perfecta para la proliferación de problemas de salud mental y de violencia social.

Este cuadro, que tiene expresiones de por sí críticas a nivel general, se agudiza en el caso de niños, jóvenes y adolescentes. No hace falta ser psicoanalista para entender que niños y adolescentes tienen menos herramientas para enfrentar estos padecimientos. Ahí entra en juego el segundo problema: la bancarrota presupuestaria de todos los organismos y espacios de contención social. Bajo Milei, el capitalismo argentino no sólo fabrica miles de nuevo padecimientos psíquicos día a día, además obtura cualquier posibilidad de contención, tratamiento y superación para amplias mayorías de la población.

El problema atraviesa la sociedad en todos sus niveles. Desde hospitales e instituciones de salud mental (basta recordar el ataque histórico contra el Hospital Bonaparte) hasta comedores, clubes de barrio y, por supuesto, la escuela pública. La escuela no es necesariamente el ámbito en el que se cocinan los problemas de la sociedad. Pero es necesariamente el lugar en el cual encuentran cauce de expresión todas las contradicciones sociales sufridas día a día por los jóvenes.

Fue así históricamente y hoy incluso más. Al retraerse la estructura social fruto de la crisis y la carestía generalizada, la escuela resta como prácticamente el único espacio de socialización para niños y adolescentes. Cuanto más acuciante es la situación económica y social de la familia más claro es el aislamiento al que queda sometido cada joven. Mientras los adultos luchan por subsistir entre los salarios de miseria y el pluriempleo, a los niños y adolescentes les quedan dos opciones de socialización: la escuela y las redes sociales.

Redes sociales, ultracapitalismo y ultraderecha

Resulta significativo que tanto el tirador de San Cristóbal como uno de los jóvenes detenidos en las semanas posteriores eran consumidores habituales de los círculos de la llamada True Crime Community. Esta «subcultura» digital surgió en la década del ’90, motivada por la masacre de Columbine en Estados Unidos. En los círculos TCC se difunde material gráfico explícito sobre masacres escolares y diversos actos de terrorismo, además de interacciones e incluso planes concretos para perpetrar este tipo de atentados.

El perfil de consumidores está bien definido. Casi en su totalidad varones de entre 13 y 20 años, habitualmente con puntos de contactos con otros perfiles ultra: neonazis, incels, misóginos y divulgadores de diversas expresiones de odio y resentimiento social. Los perpetradores de la masacre de Columbine eran una pareja de jóvenes obsesionados con el videojuego Doom II, con historial de depresión y abuso de sustancias. Es imposible obviar la relación directa entre el consumo de material digital violento, los discursos de odio ultraderechistas y la violencia escolar desde la aparición de esta «subcultura» a fines de los ’90.

Esta constelación de factores se mantiene vigente hasta el día de hoy. La difusión y motivación digital de la violencia y el terrorismo escolar se agudiza todavía más por el desarrollo astronómico de las redes sociales y por la lógica hiper-mercantilizada de su gestión en manos de corporaciones capitalistas.

A comienzos de este año trascendieron juicios históricos contra Meta, la empresa propietaria de Facebook, What’sApp y otras redes. El fallo expone la relación directa entre la lógica de maximización de ganancias y la exposición de niños y adolescentes a contenido violento y explícito.

«En Nuevo México, Estados Unidos, se condenó a Meta (propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads y tecnologías de IA) a pagar 375 millones de dólares -la suma máxima de dinero permitida por la ley- por no proteger adecuadamente (de forma consciente) a las niñeces y adolescencias de depredadores sexuales y de engañar a las personas usuarias sobre la seguridad de sus plataformas. Durante el juicio se expusieron documentos internos de Meta, en los que ejecutivos de alto rango discutían sobre las falencias en Facebook e Instagram en la protección a niñeces y adolescencias usuarias, además de referencias a investigaciones sobre daños a la salud mental a ese grupo etario consecuencia del uso de estas plataformas. Entre las problemáticas que abordaban estaban la extorsión, acoso sexual, grooming y contenido que incita a autolesiones».

Y el fenómeno no se reduce a Meta. Ya son famosos los nefastos círculos de difusión de contenido violento en Telegram, una red que facilita la proliferación de contenido ilegal. En 2024 se enjuició en Francia a Pavel Durov, creador y propietario de Telegram. Se le imputa actuar como cómplice en transacciones delictivas de diverso tipo. Entre ellas la difusión de pornografía infantil.

Lo que atestiguan estos casos es la aplicación de la lógica capitalista a los formatos y plataformas posibilitados por las nuevas tecnologías. Una lógica que subsume cada vez más globalmente la vida cotidiana de los seres humanos por su carácter permanente. Las redes sociales ocupan potencialmente cada minuto de la vida de los individuos. Someten a las personas a una exposición constante de contenido cada vez más nocivo, generando mecanismos planificadamente adictivos para que el usuario pase cada vez más tiempo frente a las pantallas.

Milei y el oscurantismo

Estas tendencias digitales son globales. Se expresan y repiten en todo el planeta, más allá de las particularidades país por país y de los diversos grados de desarrollo. En la Argentina el fenómeno se potencia con la llegada de la tendencia ultraderechista de la mano del gobierno de Javier Milei. Y no se trata simplemente de la proliferación de los discursos de odio impulsada por el propio Milei. Este elemento es terriblemente nocivo y tiene expresiones diarias. Pero hay que sumar el efecto altamente destructivo de un plan económico y político que busca activamente erosionar los lazos de solidaridad a través del desfinanciamiento estatal y la desconfiguración del tejido productivo del país.

Milei se ocupó de destruir cualquier posible espacio de contención. El modelo mileísta fabrica miles de padecimientos de salud mental en los adolescentes, destruye sus espacios de contención social (deporte, cultura) y luego los deposita en escuelas vaciadas y desfinanciadas. Ahí se encuentran con docentes sobrecargados de trabajo con salarios de hambre, infraestructura al borde del colapso y reformas anti – educativas que rebajan contenidos. Todo en el marco de una sociedad que promete pocas o ninguna perspectiva para el futuro, una vez terminado el ciclo escolar.

A principios de este año, directivos de una escuela secundaria del centro porteño relataban las condiciones de trabajo del DOE (equipo de gabinete psicológico). «El año pasado tuvimos 600 consultas y en el equipo hay tres psicólogas de jornada simple». En un ciclo lectivo de 190 días, a razón de más de 3 consultas por día. Y estamos hablando de consultas y pedidos de intervención. Ni siquiera de trabajo de seguimiento de los casos ya existentes. ¿Cómo puede contenerse una crisis de salud mental en la que el suicidio figura como segunda razón de mortalidad adolescente si no se tiene siquiera personal para atender consultas cotidianas?

La lógica que baja desde los ministerios es simple: que la función de los psicólogos y psicopedagogos sea absorbida por los docentes. Se pide que el docente «acompañe las trayectorias individuales» para traducir que no hay asistencia psicológica profesional. A cambio de salarios por debajo de la línea de pobreza se le pide a docentes que, además de educar, disciplinen, contengan, acompañen y solucionen situaciones que exigen atención calificada. En el modelo oscurantista de Milei el docente debe oficiar de psicólogo y trabajador social.

En el mismo sentido fueron los «protocolos» difundidos por los distintos ministerios de educación provinciales. El protocolo ante presencia de armas de fuego distribuido por los gobiernos de CABA (Jorge Macri) y PBA (Kicillof) parece una trágica burla. Se recomienda  los docentes que, si un alumno empuña una pistola dentro del aula, se evite la confrontación y se le pida amablemente que «quite el dedo del gatillo». Evidentemente, si un alumno ingresa armado a una escuela y le apunta a sus compañeros y docentes, los «protocolos» necesarios para evitar situaciones de peligro ya fallaron.

Poco discuten los gobiernos, por ejemplo, sobre cuál es la razón por la cual tantos adolescentes disponen de armas presentes en sus domicilios. Si bien la mayoría de los casos de amenazas escolares fueron «retos», los allanamientos realizados incautaron demasiadas armas de fuego para hablar de casos aislados. Incluso dejando de lado los retos de TikTok, los círculos TCC y la influencia ultraderechista cabe preguntarse, ¿por qué estos adolescentes disponen de armas de fuego en sus casas?

Es evidente que hay una relación subyacente entre el fenómeno de las amenazas escolares y la penetración de los circuitos de delito organizado en las principales aglomeraciones urbanas del país. No es ningún secreto que la política anti – social de Milei fue una invitación a la proliferación del narco y otras formas de delito. Esto resulta en un aumento de la exposición de menores a situaciones de violencia y a la presencia cotidiana de armas de fuego. Por no hablar de la mayor exposición a sustancias.

Ante este combo de crisis social, educativo y de salud mental no vale ya hablar de «terror sin ideología» o «violencia sin fundamento. Más bien estamos ante la ideología y los fundamentos políticos del terror y la violencia cotidianos. No se trata vanamente de que Milei y su séquito de lúmpenes sean inspiradores directos de la violencia escolar (aunque la influencia directa de los discursos de odio provenientes del gobierno es indiscutible). Se trata sobre todo de que el plan de gobierno mileísta crea las condiciones perfectas (sociales, económicas, educativas) para que la violencia ultra que circula digital y físicamente por el planeta penetre en las escuelas de todo el país.