La estrategia (nada fácil) de Fernández: alinear los patitos para arrodillarse ante al Fondo

El gobierno busca el apoyo necesario para aprobar el acuerdo, pero la crisis interna sigue su desarrollo. ¿Quién está dispuesto a cargar con el costo político de someter al país a la brutal hipoteca económica que representa el pago de la estafa macrista?

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Fernández crisis

Si algún iluso podía llegar a interpretar los exabruptos de Fernández contra la dependencia del país a EEUU durante su gira por Rusia y China como una tendencia a “resistir” algo el sometimiento al FMI en puerta, el propio presidente se encargó de destrozar cualquier expectativa.

Tras el fin de la gira, su primer acto fue bajar el copete. El presidente afirmó que valora que “el actual gobierno norteamiericano haya acompañado con su voto a la Argentina” para llegar a un acuerdo por el pago de la ilegítima deuda macrista valuada en unos 45 mil millones de dólares.

Aclarada por enésima vez su voluntad de buen alumno de Washington, lo que se impone en la agenda oficialista es juntar los votos para aprobar el acuerdo en los organismos legislativos tal cual lo establece el decreto que impulsó el FDT para diferenciarse de la antidemocrática gestión macrista de la deuda. La contradicción es flagrante: porque el método que el gobierno afirma como democrático (pasar por el congreso para acordar con el FMI) estaría legitimando una estafa antidemocrática: la deuda macrista.

Desde la cámara de Senadores, el bloque oficialista solicitó que el acuerdo sea impulsado primero desde Diputados. El pedido corrió a cargo del jefe del bloque, José Mayans (Formosa), quién expresó las serias dudas que tienen algunos senadores sobre el acuerdo. En medio del silencio político de Cristina Kirchner frente a los términos del mismo y tras las duras críticas que su hijo Máximo espetó en su carta de renuncia a la presidencia del bloque de diputados, nadie quiere quemarse primero con la “papa caliente” de votar, literalmente, arrodillarse frente al fondo. Sin embargo, alguna de las dos cámaras deberá dar el primer paso.

Tácticamente, el gobierno busca que el acuerdo se apruebe en una sesión express sin entrar en los detalles de la “letra chica”, que contiene «nimiedades» como el brutal ajuste fiscal de desmantelamiento del presupuesto estatal y las cláusulas que convertirán al Ministerio de Economía en una oficina permanente del imperialismo yanqui, con revisiones trimestrales del equipo económico del Fondo.

Según trascendió, el presidente cuenta con 145 votos a favor en diputados. Para lograr este número se contemplan los votos de Juntos, quienes quieren que sí se discuta la “letra chica” del acuerdo y tienen los ojos puestos en el “tono” con que Alberto abra las sesiones ordinarias del congreso el 1° de Marzo. La oposición de derecha quiere condicionar el acuerdo aún más a hacia el ajuste, sin agregar nuevos impuestos a los empresarios, que todo lo paguen los trabajadores. Por el otro, a su sector más radicalizado no les molesta que el peronismo se “prenda fuego” discutiendo los recortes al desnudo frente a la sociedad en tanto el shock político y económico les allane el camino para volver al poder, y los justifique para continuar con la liberalización de la economía del país que intentó llevar adelante el mandato de Macri.

La negociación con el Fondo, en su aspecto político, tiene pies de barro. No está dicho que una sacudida financiera, política o social pueda movilizar al país poniendo en jaque la estabilidad del acuerdo. Argentina es un país sumamente dinámico. La crisis interna del Frente de Todos podría agravarse si más sectores comienzan a oponerse activamente al derrotero de ajuste hacia el que nos quiere llevar la clase capitalista dirigente en su conjunto. El peronismo,  con su prédica de inclusión, rinde tributo a estas relaciones de fuerza mientras en los hechos avanza con el ajuste. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esta contradicción entre las palabras y los hechos sin desatar la cólera de su base obrera y popular y sin desencantar completamente a sus votantes? La Cámpora no ha pasado de las palabras a los hechos ni se espera que lo haga por el momento, pero las críticas  de Máximo al acuerdo reflejan el malestar de un importante sector de la sociedad ante el establecimiento de duros compromisos con el fondo que vienen a agravar la situación de dos años muy malos para los sectores populares producto de la pandemia, la crisis económica, y la política social-liberal del fernandismo.

Infinitamente más consecuente han sido los partidos de izquierda que, como el Nuevo MAS, se movilizaron a Plaza de Mayo contra el acuerdo el pasado martes 8/2. La marcha fue el primer paso de una campaña permanente que debe lograr sumar a más sectores, tarea imprescindible para poder derrotar efectivamente el acuerdo. La movilización tuvo una importancia política capital al ser el primer hecho concreto visible contra el acuerdo tras la crisis abierta en el frente oficialista. Manuela Castañeira ha sido clarísima, interpelando a los sectores que se oponen al ajuste de palabra, para que tomen cartas en el asunto, unificando fuerzas para evitar que se apruebe y se frenen sus nefastas consecuencias.

Entre los k, lo que parece hacer más crisis es el hecho de que el acuerdo legitima la estafa de una deuda completamente irregular e ilegal (incluso para la reglamentación del propio FMI) que se tomó con el único objetivo de pagar la bicicleta financiera de un puñado de especuladores y apostar por la reelección de Macri. Si se es consecuente con esa crítica, ¿no se debería rechazar la deuda, investigarla o directamente oponerse por considerarla ilegítima?

Mediante se acerca el día de cerrar el plan se hacen más tangibles los duros sacrificios económicos que implicará este acuerdo para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Un ajuste del gasto público para llegar al déficit cero en pocos años no es otra cosa que grandes recortes de salarios estatales, presupuestos de salud, educación, vivienda, subsidios, etc.

Las revisiones trimestrales por parte del staff económico del FMI, de carácter vinculante, representan directamente una pérdida de la independencia económica de nuestro país. Las medidas sugeridas por el Fondo a los países sobre los que tiene injerencia son siempre las mismas: reforma laboral, reforma jubilatoria, reducción de derechos y precarización. Algo que será muy difícil de aplicar a “cielo abierto” en un país tan movilizado y con una tradición de lucha sindical como la de Argentina. De aprobarse, augura grandes choques sociales.

De hecho, la sola discusión pública de los términos del acuerdo, que comenzará inevitablemente a producirse mediante se desarrolle el calendario puede representar un esclarecimiento progresivo de amplios sectores de trabajadores que hoy ven el acuerdo como algo “abstracto”. Los analistas no ayudan a drede a ese esclarecimiento, presentando los problemas con un inalcanzable lenguaje técnico en el terreno de la macroeconomía. Sin embargo el reloj corre, y no se descarta que pueda haber una gran movilización el 1° de marzo para oponerse a la aprobación del mismo en el Congreso de la Nación. Una jornada que podría replicar las del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, que significaron el punto de inflexión para la debacle del gobierno de Macri.

Ese escenario es completamente plausible ante un gobierno que se encuentra casi fragmentado en dos alas, producto del costo político que acarreará la hipoteca económica por largos años impulsada por una gestión que se dice “nacional y popular”. El kirchnerismo camina por la cornisa del suicidio político como expresión progresista. La crisis política abierta en las filas del peronismo está lejos de haberse cerrado. Se podría decir que, en tanto no haya otro hecho puntual que sacuda la momentánea estabilidad, atraviesa una tensa calma siempre expectante. Pero todo podría dinamizarse ante un pequeño cambio de la dirección en la que sopla el viento.

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