Para millones de trabajadores, la economía cotidiana empieza todos los meses con la misma pregunta: cuánto del salario queda disponible después de pagar el alquiler, las tarifas, el transporte, la salud y el resto de los gastos que no pueden evitarse. En los últimos dos años y medio, esa cuenta cambió de manera profunda. Aunque la inflación perdió intensidad, una proporción creciente del ingreso familiar comenzó a destinarse a cubrir consumos esenciales, reduciendo el margen disponible para el resto de las decisiones de consumo y modificando las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población.

Mientras ese proceso avanzaba, la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se consolidó como el principal activo político del gobierno de Javier Milei. Cada publicación mensual del índice fue presentada como una confirmación de que el programa económico logró estabilizar la economía y sentó las bases para una recuperación del poder adquisitivo. La desaceleración inflacionaria es un hecho verificable. Lo que permanece abierto a discusión es si ese dato, por sí solo, alcanza para evaluar los resultados de un programa económico cuando la forma en que las familias distribuyen sus ingresos cambió de manera tan profunda.

La cuestión no pasa por discutir el cálculo del IPC ni por negar que la inflación perdió intensidad. El problema aparece cuando un indicador diseñado para medir la evolución promedio de los precios pasa a utilizarse como la principal referencia para juzgar el desempeño de una economía atravesada por una fuerte recomposición de los precios relativos. Si una parte creciente del salario queda comprometida antes de cualquier decisión de consumo, comprender cómo cambió el recorrido de ese ingreso dentro del presupuesto familiar resulta tan importante como observar la evolución de la inflación. Allí comienza la diferencia entre la desaceleración de los precios y la experiencia cotidiana de millones de hogares trabajadores.

El salario ya no recorre el mismo camino

Uno de los cambios más profundos de la economía argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei no fue únicamente la desaceleración de la inflación (sostenida a través del ajuste brutal sobre los salarios), sino la forma en que los hogares comenzaron a utilizar su ingreso. Antes de decidir cuánto destinar a alimentos, indumentaria, recreación o ahorro, una porción cada vez mayor del salario quedó comprometida en el pago del alquiler, las tarifas de los servicios públicos, el transporte, la salud y otros gastos esenciales. En otras palabras, el ingreso disponible para decidir cómo consumir empezó a reducirse incluso antes de ingresar al resto del presupuesto.

Mientras algunos bienes aumentaron por debajo del promedio general, varios de los consumos que los hogares no pueden evitar lo hicieron muy por encima. El resultado no fue solamente un encarecimiento desigual entre distintos rubros. También modificó la relación entre ingresos y gastos: una fracción creciente del salario pasó a destinarse a obligaciones prácticamente inevitables, reduciendo el margen para el resto del consumo aun cuando la inflación comenzara a desacelerarse.

Las respuestas de los hogares reflejan esa transformación. Se postergan compras, se sustituyen productos por alternativas más económicas, se suspenden actividades recreativas y se reduce la capacidad de ahorro para sostener gastos que no admiten demora. La economía cotidiana deja de estar determinada únicamente por cuánto aumentan los precios y pasa a depender también de cuánto ingreso permanece realmente disponible una vez cubiertas esas obligaciones. Esa diferencia constituye el punto de partida para comprender por qué la desaceleración de la inflación no siempre coincide con la experiencia económica de millones de hogares.

Un indicador construido para otra estructura de consumo

El cambio en la forma en que la mayoría administra su salario también modifica la manera en que debe interpretarse la inflación. Cuando la composición del gasto cambia con rapidez, la distancia entre el promedio estadístico y la experiencia cotidiana comienza a ampliarse, porque los hogares ya no organizan su presupuesto de la misma manera que cuando se definieron las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A medida que la estructura del consumo se transforma, el promedio pierde capacidad para representar la experiencia concreta de millones de familias.

El IPC elaborado por el INDEC se construye a partir de una canasta de bienes y servicios cuya composición surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que asigna un peso específico a cada rubro según la estructura promedio de consumo. Ese procedimiento resulta adecuado mientras esas proporciones permanecen relativamente estables. Pero cuando una economía atraviesa una recomposición acelerada de los precios relativos, como ocurrió desde diciembre de 2023, el presupuesto efectivo de millones de hogares puede modificarse mucho más rápido que la estructura estadística utilizada para medir la inflación.

La consecuencia no consiste únicamente en que algunos precios aumenten más que otros. También cambia el lugar que cada gasto ocupa. Cuando el alquiler, las tarifas, el transporte o la salud absorben una porción creciente del salario, el dinero disponible para el resto del consumo se reduce, aunque la inflación general se desacelere. Las familias no experimentan la economía como una canasta promedio, sino como la administración cotidiana de un ingreso que primero debe alcanzar para cubrir aquellos gastos que no pueden evitar.

En economía, parte de este fenómeno se relaciona con el denominado sesgo de sustitución. Frente a aumentos muy desiguales entre distintos rubros, los hogares modifican sus decisiones de consumo: reemplazan productos, postergan compras o eliminan gastos para sostener los consumos imprescindibles. Como resultado, la canasta utilizada para medir la evolución promedio de los precios representa cada vez menos la forma en que las familias distribuyen efectivamente sus ingresos.

Por eso, el problema aparece cuando la evolución del IPC pasa a convertirse en el principal criterio para evaluar la situación económica de los hogares. En ese desplazamiento queda relegada una dimensión decisiva: cuánto ingreso permanece realmente disponible después de afrontar aquellos gastos que ninguna familia puede dejar de pagar. Esa diferencia ayuda a comprender por qué la desaceleración de la inflación y la experiencia económica de millones de familias no siempre avanzan en la misma dirección.

El ajuste modificó el mapa de los precios

El cambio en la forma en que las familias administran su salario no responde únicamente a una percepción subjetiva. También puede reconstruirse a partir de la evolución de los propios componentes del Índice de Precios al Consumidor. Los datos muestran que la desaceleración de la inflación convivió con una profunda recomposición de los precios relativos, concentrando los mayores aumentos precisamente en aquellos consumos que la mayoría de los hogares no puede evitar.

Un relevamiento elaborado por el economista Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), sobre la base de información oficial del INDEC, muestra que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento relativo del 64,9% respecto del promedio general de precios. Detrás se ubicaron Educación (29,5%), Comunicación (26,7%), Bienes y servicios varios (18,7%), Transporte (15,4%), Restaurantes y hoteles (10%) y Salud (2,3%).

El comportamiento fue inverso entre los rubros donde las familias conservan mayor margen para ajustar sus decisiones de consumo. Prendas de vestir y calzado registró una caída relativa del 35,7%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, del 22,5%; Bebidas alcohólicas y tabaco, del 11,8%; Recreación y cultura, del 10,9%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, del 5,8%.

Tomados en conjunto, ambos grupos muestran un patrón claro: los precios evolucionaron a ritmos muy distintos, y el índice de inflación no pudo reflejarlo. Los mayores aumentos relativos se concentraron en gastos difíciles de postergar, mientras que las principales caídas relativas se registraron en rubros sobre los que los hogares conservan mayor capacidad para reducir o diferir consumos. El resultado fue un desplazamiento creciente del ingreso hacia obligaciones prácticamente inevitables.

La comparación entre bienes y servicios resume ese proceso. Mientras los servicios aumentaron su precio relativo un 34,4%, los bienes registraron una caída relativa del 11,6%. Como señala Argañaraz, la mayor pérdida relativa del poder adquisitivo se produjo frente a alquileres y servicios públicos, mientras que la principal mejora se observó en prendas de vestir. Una familia puede enfrentar una inflación general en descenso y, al mismo tiempo, necesitar una porción cada vez mayor de su salario para afrontar obligaciones ineludibles. La gente consume menos y los números oficiales dicen que deberían poder consumir más.

Ese fenómeno también puede medirse directamente sobre el ingreso de los hogares. Según un estudio de Fundación Capital, una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos destinaba a fines de 2023 el 5,3% de sus ingresos al pago de electricidad, gas, agua y transporte. Hoy esa proporción asciende al 22%. Incluso entre hogares de ingresos medios, el peso de esos gastos pasó del 7% al 14%. Más que describir un cambio sectorial, esos datos muestran cómo una parte creciente del ajuste se expresó en la reducción del ingreso efectivamente disponible para el resto del consumo. Esa transformación ayuda a comprender por qué la desaceleración de la inflación no alcanza, por sí sola, para describir cómo evolucionaron las condiciones materiales de vida de millones de familias.

Cuando el salario cambia de destino

El cambio en los precios relativos no sólo modificó la composición del gasto de los hogares. También alteró la forma en que millones de familias experimentan su situación económica. Cada vez que ingresa un salario, una parte creciente de ese dinero ya tiene un destino definido antes de cualquier decisión de consumo: el alquiler, las tarifas, el transporte, la salud y otros gastos esenciales absorben una proporción cada vez mayor del ingreso mensual.

La consecuencia trasciende la reducción de determinados consumos. Lo que disminuye es el margen de decisión que los trabajadores conservan sobre su propio presupuesto. El espacio disponible para elegir qué comprar, qué postergar, cuánto ahorrar o qué proyectos sostener comienza después de cubrir obligaciones que no admiten demora. En ese contexto, la capacidad de consumo deja de depender únicamente del ritmo al que aumentan los precios y pasa a estar condicionada por cuánto ingreso permanece realmente disponible una vez afrontados esos gastos inevitables.

Por eso, la desaceleración de la inflación y la experiencia económica de los hogares no siempre avanzan en la misma dirección. Una familia puede comprobar que los precios aumentan a un ritmo menor y, al mismo tiempo, disponer de menos recursos para organizar el resto de su economía cotidiana. Cuando el centro del debate queda reducido casi exclusivamente a la evolución de la inflación, ese deterioro del margen efectivo de decisión sobre el propio ingreso deja de ocupar un lugar central dentro de la evaluación económica.

El uso político del IPC

La desaceleración de la inflación se convirtió en el principal eje de la comunicación económica del gobierno de Javier Milei. Cada publicación mensual del Índice de Precios al Consumidor es presentada como una confirmación de que el programa económico logró estabilizar la economía y abrió el camino hacia una recuperación del poder adquisitivo. De ese modo, la evolución de la inflación termina funcionando como el principal criterio para evaluar los resultados de la política económica.

Sin embargo, el propio ajuste modificó profundamente la forma en que las familias utilizan sus ingresos. Una porción creciente del salario comenzó a destinarse a alquileres, tarifas, transporte, salud y otros gastos esenciales, reduciendo el margen disponible para el resto del consumo. Esa transformación queda parcialmente desplazada cuando la discusión pública se organiza casi exclusivamente alrededor de la evolución mensual de la inflación, que no refleja esa realidad.

Toda sociedad necesita indicadores para comprender la evolución de su economía. El problema aparece cuando uno de los más importantes refleja la realidad mucho menos que antes. En ese desplazamiento, otras dimensiones igualmente decisivas dejan de ocupar el centro del debate público.

Entre ellas, una resulta central: cuánto ingreso conserva realmente una familia después de afrontar aquellos gastos que no puede evitar. Allí se expresa una parte esencial de las condiciones materiales de vida y, al mismo tiempo, uno de los principales efectos distributivos de cualquier política económica. Porque una economía no mejora únicamente cuando desacelera el índice de inflación. También mejora (o empeora) según el margen de decisión que conservan los hogares sobre el ingreso que permanece disponible una vez cubiertas las obligaciones que no pueden postergar.