Editorial

Ajuste para todos… menos para los empresarios y el FMI

Diciembre no será un mes que facilite la reflexión serena propia de fin de año. Viene cargado de elementos de malestar por los anuncios de aumentos en las tarifas de distintos servicios, de alimentos y de una nueva estafa a los jubilados, medidas que afectan a los trabajadores y sectores populares, quienes llevaron a Fernández y el Frente de Todos al poder.



Inicia el último mes del año y el día 10 se cumplirá el primer aniversario de mandato de Alberto Fernández. Son momentos que se prestan para hacer balances del año transcurrido, y sin dudas habrá todo un sector social que depositó o deposita expectativas en el gobierno que contrastará sus sueños y aspiraciones con los resultados obtenidos. Pero diciembre no será un mes que facilite la reflexión serena, sino uno cargado de elementos de malestar por los anuncios de aumentos en las tarifas de distintos servicios, de alimentos y de una nueva estafa a los jubilados, medidas que afectan a los trabajadores y sectores populares, quienes llevaron a Fernández y el Frente de Todos al poder.

La represión de Guernica y el encaminamiento a un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, le han dado al gobierno el impasse que necesitaba para tomar respiro y lograr una imagen espectral: la de un cierre de año con cierta calma social, política y económica. Pero bajo el espectro subyacen condiciones de empeoramiento de la crisis económica y social producto de una dinámica de ajuste permanente, y una tregua económica con los “mercados” que le ha permitido al gobierno alivianar las presiones devaluatorias a cambio de hipotecar el país al Fondo por los próximos 10 años.

El inicio de las negociaciones con el FMI ha estado plagado de iniciativas ajustadoras por parte del gobierno, empezando por un presupuesto para el 2020 que supone un recorte del gasto público y las contrarreformas estructurales (jubilatoria y laboral) con las que se intentará llevará el déficit fiscal del 8.5% al 4.5%; un nuevo cálculo de movilidad jubilatoria que desligará los aumentos de la inflación, la eliminación del subsidio IFE, y el anuncio del descongelamiento de servicios. Un paquete enorme de medidas para volcar todos los recursos disponibles al pago de la deuda y garantizarles a las patronales condiciones competitivas reventando los convenios de trabajo y los salarios.  Todos indicies de un gobierno cuya “independencia” a la hora de tomar decisiones políticas ha quedado limitada al máximo a la vez que estrecha su relación con el organismo de crédito internacional.

Pero más allá del 2021, el ajuste del gobierno tutelado por el Fondo ya comienza a sentirse y pincha los ánimos de los de abajo. En este marco, se procesa la experiencia inicial con un Fernández social liberal que en las últimas semanas ha dado muestras de su capacidad de adelgazar al mínimo su veta “social” y avanzar en una orientación con tintes ortodoxos que deberán corroborarse en los próximos meses para lograr un acuerdo con el Fondo.

Aumenta todo menos los salarios y las jubilaciones

El proyecto de movilidad jubilatoria acaba de ingresar al Senado y su debate comenzará esta semana, mientras se prevé que se vote antes de fin de año. Recordemos que la fórmula implementada por el gobierno de Macri, que tuvo como respuesta las jornadas del 14 y 18 de diciembre que según el propio ex presidente “hirieron de muerte” su proyecto de reelección, introducía un cálculo basado en el aumento inflacionario. Este cálculo fue suspendido por Fernández bajo la promesa de mejorar las condiciones de vida de los jubilados, quien otorgó aumentos por decreto a lo largo de todo el año.

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Lejos de simular coincidencias, el anuncio de una nueva fórmula de cálculo jubilatorio fue hecho el día previo a la llegada del FMI al país. El nuevo cálculo implica el aumento ya no trimestral sino semestral y sobre un promedio entre la recaudación de Anses y la variación salarial (Ripte), un cálculo que sólo podría favorecer a los jubilados si el salario aumentara por encima de la inflación a la vez que se produjera un incremento en la recaudación por la incorporación de más trabajadores de manera registrada, es decir en blanco. Dos hechos que han sido exactamente los opuestos a lo ocurrido este año en que no hay salario que no haya caído contra la inflación a la vez que la perdida de puestos de trabajo es (hasta el segundo trimestre) de 3.7 millones de trabajadores.

Pero sin adelantarnos al 2021, se estima que con la suspensión del cálculo jubilatorio de Macri suplantado por aumentos discrecionales por decreto presidencial, le han garantizado al gobierno el ahorro de 98.700 millones de pesos, lo que significa que los jubilados han perdido incluso respecto de lo que hubieran cobrado con la formula anterior.

Como si esto fuera poco el anuncio oficialista de descongelamiento de tarifas ha dado lugar a promesas de aumentos en los servicios que van en el caso del gas desde un 30% a un 35% de aumento a partir de marzo, es decir los meses previos a las bajas de temperatura. Lo mismo ha ocurrido con las compañías de teléfonos y servicios de internet y cable que auspician aumentos de entre el 20% y 25%, un servicio que más allá de tener sentido recreativo han pasado a ser esenciales en el marco de la pandemia y del teletrabajo, una modalidad que además ha servido para el ahorro millonario en alquileres de inmuebles, de mobiliarios, además de la fragmentación que genera entre los trabajadores.

A la vez, las prepagas, que para muchos trabajadores representan la posibilidad de compensar la cobertura vergonzosa que ofrecen las obras sociales de los sindicatos, aumentaran este mes un 10%. Una nueva muestra de que la salud de calidad es considerada por este gobierno como un negocio por el cual se debe pagar y cada vez más. Por el contrario, las promesas de un bono para los trabajadores y trabajadoras de la salud nunca se cumplieron en su totalidad, y el presupuesto para hospitales públicos así como para educación está calculado sobre la base de un importante ajuste.

Sumemos a estos tragos ásperos preparados por el gobierno la eliminación del IFE, que le ha valido el ahorro 265 mil millones de pesos y que no serán compensados ni por cerca con el nuevo plan “Potenciar Trabajo” que supuestamente alcanzará a unas 700 mil personas contra 9 millones que eran beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia.

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Dentro del derrotero de aumentos debemos contar el de los combustibles del 1,8% para mediados de diciembre, un aumento que tiene el impacto (aunque no inmediato) en el precio de los bienes que requieren ser transportados, y un dólar oficial que se encuentra en $87. Todos datos que impactan de manera directa en la vida cotidiana de las masas trabajadoras, no como relatos de lo que vendrá, sino como lo que está ocurriendo hoy. Un ajuste que ya empezó, y que el gobierno apuesta a transformar en ajustes y contrarreformas estructurales bajo la tutela del FMI.

Por el contrario, mientras todo aumenta los salarios volverán a perder contra la inflación sumando a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que se vivió en el 2019. Con un promedio de aumentos de salarios en el ámbito privado que rondan el 33% y un escandaloso 7% en el sector público la caída de los salarios se repetirá en el 2020 cuya inflación estimada estará cómodamente por encima del 35%. Una muestra más del rol reaccionario que han cumplido las centrales sindicales cuyo única función ha sido la de garantizar el funcionamiento de los ámbitos laborales durante la pandemia a costa de la salud y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Todos y todas a las calles para defender el derecho al aborto

Dicho esto, el proyecto de ley oficialista respecto de la interrupción voluntaria del embarazo hace al intento del gobierno por balancear hacia el lado social y dar una señal hacia los sectores sociales progresistas y el movimiento de mujeres que ganó en las calles el reconocimiento a su lucha y que reclama por que se concrete la ley de aborto.  Una maniobra típica por la cual Fernández intenta capitalizar políticamente una batalla llevada delante de manera independiente y en la calle por cientos de miles de jóvenes y organizaciones de izquierda, pero retaceando la ley mediante la introducción de la objeción de conciencia. Un agregado que amenaza con volver el derecho al aborto impracticable como queda nuevamente demostrado con el caso de la niña de 12 años en Jujuy a la que se le privó el derecho a un aborto no punible.

Aun cuando faltan detalles para completar la agenda del debate y votación en la cámara de diputados, está claro que tanto la garantía de que se avance hacia la cámara baja como la posibilidad de que el proyecto de ley que se vote sea sin objeción de conciencia, es decir garantizando efectivamente que el derecho al aborto se concrete sin lugar a excusas, depende de la movilización y concentración que se realice como ocurrió durante las jornadas del 13 de junio y del 8 de agosto del 2018.

Desde el Nuevo MAS y nuestra agrupación de mujeres Las Rojas,y junto a Manuela Castañeira llamamos a movilizar con fuerza al congreso bajo la firme convicción de que no hay garantía de cumplimiento de las reivindicaciones del movimiento de mujeres ni de los de abajo si no es con la lucha en las calles.

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