No es ningún secreto que Massa llegó al superministerio de Economía con el manual de ortodoxia económica bajo el brazo. Tras un año convulsionado por las crisis de gabinete y la inestabilidad macroeconómica (una fuerte devaluación y una inflación que rasguñó los 100 puntos) ahora el ministro encara un año electoral con una agenda de ajuste neoliberal clásico.
Ya comenzaron los aumentos de tarifas que están impulsando la inflación de enero al doble de lo planeado (del 3% a casi el 6%). Ahora llegó el turno del famoso «recorte nominal» que el oficialismo prometiera cuando se negociara el plan económico con el Fondo Monetario. La aplicación del presupuesto 2023 (de por sí escueto) está dejando sin efecto una serie de partidas de ampliación presupuestaria votadas hace pocos meses. En total, el recorte implica la desaparición de 327.000 millones de pesos del presupuesto. Se trata de áreas tales como los programas de asistencia alimentaria ($100.000 millones), asignaciones familiares ($90.000 millones), becas estudiantiles ($60.000 millones) y el Fondo Nacional de Incentivo Docente ($30.000 millones).
Estos rubros, enmarcados en lo que el gobierno y el Fondo gustan llamar «el gasto social», son en realidad puntos clave del andamiaje presupuestario nacional. El recorte brutal en estas áreas significará más hambre entre las familias trabajadoras que perciben bajos salarios, más deserción estudiantil en todos los niveles y un aumento generalizado de la carestía que se vive en el país tras varios años de pulverización sistemática del salario real.
A este recorte vía decreto se suma una caída generalizada del gasto público primario (es decir, sin tomar en cuenta los pagos de deuda) en términos reales. Según la consultora Analytica, el gasto primario real cayó un 18,3% en el último mes y un 31% en el último año. Las jubilaciones y el gasto del PAMI cayeron un 29,6%, la Obra Pública un 66,5%, el rubro de Bienes y Servicios se redujo un 49,3% y las transferencias a las provincias cayeron un 21,2%. También disminuyeron el Gasto en Personal (es decir, los salarios estatales) en un 9,7% y los Programas Sociales un 6,6%.
Ya a finales del 2022 el gobierno panperonista había tomado la vía de la reducción del gasto real. En lo que respecta a las jubilaciones, Alberto Fernández concedió un bono de fin de año 6.000 millones de pesos inferior al otorgado en 2021, 100 puntos de inflación antes.
