Amparado por las facultades extraordinarias que la oposición le dio a Pablo Javkin en virtud de la “emergencia en transporte”, el intendente de Rosario puso en marcha un plan de adecuación del transporte público a la medida de los empresarios, que recorta casi a la mitad los colectivos circulantes, elimina recorridos y anticipa un aumento del 40% en el boleto.
El lunes 25 de enero entró en vigencia el rediseño del transporte público en Rosario que el gobierno de Pablo Javkin diseñó para darle respuesta a la “emergencia en transporte” que se vive en la ciudad. Se trata de un plan concebido para maximizar la ganancia de los empresarios a costa de los usuarios y trabajadores del transporte.
En efecto, la adecuación que puso en marcha la municipalidad supone sacar de circulación más de 300 unidades -de 798 a 468-, recortar líneas unificando algunos recorridos y eliminando otros, un aumento del boleto de $32 a $45 a partir de febrero y un plan de retiros voluntarios para los choferes.
En el gobierno municipal no escondieron que la motivación detrás de este plan, lejos de mejorar el servicio, es hacerlo más rentable para las empresas que tiene adjudicadas las líneas y que aducen estar en número rojos a pesar que buena parte del año pasado los salarios de los choferes estuvieron íntegramente subsidiados desde los tres niveles de estado.
Desde la izquierda, César Rojas, dirigente del Nuevo MAS en Santa Fe afirmó que “se trata de un verdadero ataque a los trabajadores y sectores populares, en beneficio de un puñado de empresarios que viven de los subsidios y de explotar a los choferes como se vio claramente el año pasado”.
Para Rojas, la solución pasa por “la estatización bajo control de trabajadores y usuarios de todo el sistema de transporte”. “Un sistema único estatal es la única manera de garantizar un boleto accesible, líneas que lleguen a todos los barrios y salarios dignos para los trabajadores del transporte” declaró.
Estas medidas pueden ser tomadas unilateralmente por el gobierno municipal gracias a las facultades extraordinarias que le otorga la emergencia votada en el concejo con el apoyo de Cambiemos, la UCR, Unidad Ciudadana, el PS y Ciudad Futura – FSP, facultándolo por dos años a hacer modificaciones en ramales, recorridos y tarifas.
Las modificaciones impuestas complicaron o directamente dejaron afuera del recorrido a muchos barrios populares de la periferia rosarina. Miles de personas que dependen del transporte público para ir a trabajar, hacerse atender en los centros de salud o ir al centro fueron marginados por este esquema.
El argumento esgrimido por la municipalidad es que bajó la recaudación por la baja de circulación que se registró en 2020, durante el período de cuarentena estricta cuando el transporte público estaba reservado para trabajadores esenciales. Sin embargo es ridículo aplicar ese criterio ahora que no rige la cuarentena y muchos trabajadores necesitan movilizarse de sus barrios al centro para poder trabajar.
En las primeras horas del lunes la sensación general era de bronca y desconcierto por los cambios de recorrido, las frecuencias disminuidas y, como consecuencia, el hacinamiento en el que tuvieron que viajar muchos trabajadores. Condiciones que se agravan por la segunda ola de la pandemia de Covid-19 que azota al país y buena parte del mundo.
