Lo resolvió la jueza María Servini. Los liberados de hoy se suman a los otros 17 ya fuera de prisión. Stornelli, fiscal a cargo de la causa, pide que 14 vuelvan a prisión.
El fiscal ultra macrista de la causa, Carlos Stornelli, quiere ayudar a la campaña represiva del gobierno para criminalizar la inmensa movilización contra la Ley Bases. Pidió prisión preventiva para los detenidos y fragua la causa para imputar acusaciones ridículas sin pruebas.
«Repudio total a la campaña provocadora del gobierno que tilda a la jornada masiva de ayer de un “intento de golpe de Estado”. La realidad es que este gobierno de extrema derecha quiere imponer su plan global con represión, para lo cual hizo infiltrar servicios en la movilización para luego llevar adelante una cacería que resultó en casi 40 detenidos, los cuales corren riesgo de que les decreten la prisión preventiva» había denunciado la referente nacional del Nuevo MAS, Manuela Castañeira.
Los liberados hoy son Juan Ignacio Spinetto (delegado docente), Camila Juárez Oliva (estudiante de la UNSAM), Nicolás Mayorga (estudiante de la UNSAM), Sasha Jazmín Lyardet (estudiante de la UNSAM), Héctor David Mallea, Fernando Claus Leone (fotógrafo), Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, María De La Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Puglia (estudiante en la Universidad Nacional de Hurlingham).
Siguen detenidos y con prisión preventiva David Sica, Patricia Calarco Arredondo, Cristian Valiente, Facundo Gómez, Roberto de la Cruz Gómez.
«¡Exigimos la libertad ya de todas y todos los detenidos! ¡Abajo el intento de prohibir el libre derecho a la movilización! ¡Fuera Bullrich!» había dicho Castañeira.
De manera absurda, Stornelli usa como «pruebas» contra los acusados el comunicado de un tweet de la «Oficina del presidente». Se trata de una cuenta no oficial del Estado, evidentemente controlada por un troll irresponsable. El tweet dice que «felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina.»
Como es usual, el gobierno utiliza los «desmanes» como excusa, después de la obvia puesta en escena con infiltrados en la movilización. Se trata de un nuevo ataque contra el legítimo derecho a la protesta. Recordemos que el gobierno de Milei comenzó con la aplicación de un protocolo anti protestas e incluso intentó prácticamente prohibir toda manifestación pública -una especie de virtual Estado de Sitio- en el proyecto original de la Ley Ómnibus, que prohibía reuniones en espacios públicos de 3 o más personas.
