En un año que comenzó marcado por la latencia de una segunda ola de contagios, dejando de lado las urgencias sanitarias y el retraso de las vacunas prometidas por Putin, las principales alarmas del gobierno están puestas en el plano económico.
La Ley de Presupuesto para el 2021 considera una inflación del 29%, muy lejos de la realidad que se vive cuando se visitan las góndolas e incluso de lo que proyectan algunas consultoras, en torno al 50%, lo que significa que el presupuesto trae consigo un durísimo ajuste de recorte fiscal.
Durante diciembre aumentó la carne, luego los lácteos y el pan, no hay semana en la que los precios no aumenten. Cuando lo traducimos a ravioles, son los trabajadores los que salen perdiendo en los desabarajustes de la macroeconomía.
Según las intenciones del gobierno de Alberto Fernández la urgencia de reflotar el pacto de salarios y precios está dada por el actual escenario económico y buscaría “asegurar la efectividad del incremento generalizado de sueldos” esto con la consecuencia de “garantizar que no habrá un traslado automático a precios por parte de los sectores empresariales”.
Estas palabras demagógicas suenan muy bonitas, pero vienen de un gobierno que ha retrocedido una y otra vez cuando los empresarios le pusieron cara fea. Recordemos el bochorno de la supuesta expropiación de Vicentín, la prohibición de despidos olímpicamente ignorada por empresarios como Paolo Roca, o el más reciente aumento de servicios por parte de Cablevisión-Fibertel luego de que se declarara internet como servicio esencial.
Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina) expresaba en La Nación su rechazo a que las paritarias se hayan movido con libertad y se conquistaran aumentos por encima de sus ofertas iniciales. Al mismo tiempo, se opone a que desde el Estado se establezcan precios máximos a productos y bienes. Es decir, el empresariado quiere que el gobierno limite las paritarias pero no están dispuestos a que se regulen los precios máximos de sus productos.
La CGT, por su parte, expresó que quiere sentarse a dialogar pero sin entregar la posibilidad de negociar los sueldos en paritarias, un eufemismo para decir que están dispuestos a que los salarios bajen pero manteniendo el arbitraje de las negociaciones. La excusa: «mejor resignar salarios y condiciones laborales con tal de conservar puestos de trabajo», unos verdaderos miserables.
No existe un plan económico que conforme intereses de empresarios y trabajadores. El «acuerdo de precios y salarios» no augura otra cosa que nuevos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores. Este pacto, de poderse aplicar, más allá de su barniz supuestamente progresista, está hecho a la medida de los intereses de los empresarios y el FMI.
La única salida para la crisis social y económica vendrá de la movilización y la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud estudiantil y precarizada. Es imposible salir de la crisis social sin afectar la ganancia capitalista y para esto es inconducente confiar en las «buenas intenciones» del gobierno, la burocracia y los empresarios.
De cara a este 2021 que se abre hay que imponer aumentos salariales que superen la inflación, prohibición de despidos bajo apercibimiento penal, así como estatización de fábricas y confiscación de bienes para empresarios que no cumplan. A esta perspectiva apostemos con la organización, movilización y la lucha. Que la crisis la paguen los capitalistas.
