El "Pacto Social" de Fernández

Acuerdo de precios y salarios, un ataque a los trabajadores

Según el gobierno de Alberto, se trata de intentar sellar un “pacto social” entre empresarios y representaciones sindicales con la idea de ayudar a reactivar la economía.  El problema surge cuando nos preguntamos ¿a costa de quién?

Redaccion
Redacción de IzquierdaWeb.


En un año que comenzó marcado por la latencia de una segunda ola de contagios, dejando de lado las urgencias sanitarias y el retraso de las vacunas prometidas por Putin, las principales alarmas del gobierno están puestas en el plano económico.

La Ley de Presupuesto para el 2021 considera una inflación del 29%, muy lejos de la realidad que se vive cuando se visitan las góndolas e incluso de lo que proyectan algunas consultoras, en torno al 50%, lo que significa que el presupuesto trae consigo un durísimo ajuste de recorte fiscal.

Durante diciembre aumentó la carne, luego los lácteos y el pan, no hay semana en la que los precios no aumenten. Cuando lo traducimos a ravioles, son los trabajadores los que salen perdiendo en los desabarajustes de la macroeconomía.

Según las intenciones del gobierno de Alberto Fernández la urgencia de reflotar el pacto de salarios y precios está dada por el actual escenario económico y buscaría “asegurar la efectividad del incremento generalizado de sueldos” esto con la consecuencia de “garantizar que no habrá un traslado automático a precios por parte de los sectores empresariales”.

Estas palabras demagógicas suenan muy bonitas, pero vienen de un gobierno que ha retrocedido una y otra vez cuando los empresarios le pusieron cara fea. Recordemos el bochorno de la supuesta expropiación de Vicentín, la prohibición de despidos olímpicamente ignorada por empresarios como Paolo Roca, o el más reciente aumento de servicios por parte de Cablevisión-Fibertel luego de que se declarara internet como servicio esencial.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina) expresaba en La Nación su rechazo a que las paritarias se hayan movido con libertad y se conquistaran aumentos por encima de sus ofertas iniciales. Al mismo tiempo, se opone a que desde el Estado se establezcan precios máximos a productos y bienes. Es decir, el empresariado quiere que el gobierno limite las paritarias pero no están dispuestos a que se regulen los precios máximos de sus productos.

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La CGT, por su parte, expresó que quiere sentarse a dialogar pero sin entregar la posibilidad de negociar los sueldos en paritarias, un eufemismo para decir que están dispuestos a que los salarios bajen pero manteniendo el arbitraje de las negociaciones. La excusa: «mejor resignar salarios y condiciones laborales con tal de conservar puestos de trabajo», unos verdaderos miserables.

No existe un plan económico que conforme intereses de empresarios y trabajadores. El «acuerdo de precios y salarios» no augura otra cosa que nuevos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores. Este pacto, de poderse aplicar, más allá de su barniz supuestamente progresista, está hecho a la medida de los intereses de los empresarios y el FMI.

La única salida para la crisis social y económica vendrá de la movilización y la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud estudiantil y precarizada. Es imposible salir de la crisis social sin afectar la ganancia capitalista y para esto es inconducente confiar en las «buenas intenciones» del gobierno, la burocracia y los empresarios.

De cara a este 2021 que se abre hay que imponer aumentos salariales que superen la inflación, prohibición de despidos bajo apercibimiento penal, así como estatización de fábricas y confiscación de bienes para empresarios que no cumplan. A esta perspectiva apostemos con la organización, movilización y la lucha. Que la crisis la paguen los capitalistas.

 

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