Hoy y mañana se darán los primeros pasos para comenzar a avanzar con el nuevo «pacto social» que propone Fernández. Estamos hablando del llamado acuerdo de precios y salarios con el que, según el gobierno, se buscará «poner un freno a la inflación, y a la vez buscar un crecimiento económico basado en el consumo».

En las palabras todo muy lindo hasta que empezamos a profundizar en el tema. Desde el gobierno anuncian que, para alinear las variables: «no van a apostar al aumento salarial, sino a la baja de la inflación», es decir, planchar los salarios con el objetivo de intentar evitar que sigan aumentando los precios.

Lejos de recuperar poder adquisitivo, esta suerte de «estrategia» perjudica a los trabajadores, al atarlos de pies y manos con las centrales sindicales mientras los empresarios pueden hacen valer sus intereses mediante su intervención económica directa en el mercado.

Hoy el gobierno se reunirá con varios de los principales representantes de varios sindicatos para dar los primeros pasos de este mentado acuerdo. Yasky declaró: «Vamos a la reunión con la expectativa de que recuperemos los 20 puntos que perdimos en los 4 años de Macri y el año de pandemia». La declaración asemeja a la de una vaca que, por entrar al matadero para ser carneada, piensa: ¡Bien, me llevan adentro, espero que hoy me toque doble ración de comida!. Claro que el carneado no será Yasky, sino el conjunto de los trabajadores cuyo salario se verá afectado por las negociaciones que se lleven adelante por estos burócratas y el gobierno.

Otros dirigentes, en el mismo sentido, se han referido a que no aceptarán techo alguno a las paritarias, pero al mismo tiempo, opinan: «es preferible resignar poder adquisitivo antes de puestos de trabajo». Es decir, más allá de promesas y bravuconeadas abstractas de paritarias libres, la línea pragmática de los sindicalistas es aceptar el ajuste sin chistar, mientras se le permita ser «ellos» parte negociadora en el mismo.

La crisis, la crisis, siempre la crisis es el argumento para pedir que todos hagamos un esfuerzo para salir adelante ante la difícil situación económica. Un viejo mantra utilizado por todos los gobiernos capitalistas cuanto necesitan justificar un ajuste. Lágrimas de cocodrilo de parte de empresarios y políticos burgueses que no son ellos mismos quienes se ajustarán el cinturón, el mayor esfuerzo siempre lo hacen los trabajadores.

Mientras los empresarios tienen miles de mecanismos para recuperarse económicamente cuando empiezan a ganar un poco menos (reducir gastos, pedir préstamos o subsidios, aumentar los precios, bajar los salarios, subfacturar o evadir impuestos) los trabajadores sólo tienen su salario para vivir, el mismo que ven reducido con cada aumento del pan, de la leche o de la carne. Los acuerdos de «paz social» beneficia a los empresarios, al quitarle al trabajador la única herramienta que tiene para hacer valer sus intereses, la huelga y la lucha política y sindical, obligándolo a quedar a merced de que el gobierno haga respetar un acuerdo que, en el fondo, es una trampa para estafarlos y explotarlos aún más.

Pero aunque confiáramos en las buenas intenciones de Fernández, aunque nos morfáramos el verso entero de que «el objetivo del acuerdo es la recuperación económica vía el aumento del consumo y el poder adquisitivo» ¿cual es la garantía de que el gobierno logre disciplinar a los empresarios a no aumentar los precios, si no pudo hacer respetar la ley anti-despidos, o la prohibición de aumentos a los nuevos «servicios esenciales» de telefonía e internet?

Los empresarios, por su parte, opinan que, además del llamado «acuerdo», necesitan subsidios y rebajas impositivas. Es decir, van a la reunión del próximo jueves (se producirá al otro día de la reunión con los gremios) con la expectativa de reducir sus costos y aumentar sus ganancias.

La política de Fernández es en los papeles, progresista, pero no pasa la prueba de los hechos, nunca avanza de su fraseología demagógica a la acción, y termina permitiendo que los empresarios avancen lentamente pero sin pausa imponiendo sus intereses de hecho con el aumento de los precios y las tarifas, la devaluación del peso, los despidos indiscriminados, las suspenciones, etc.

Sin aplicar sanciones efectivas, sin oponerse contundentemente a los empresarios, es imposible que por la vía de los hechos, debido su poder económico y social, no terminen primando en el mercado los intereses de los más ricos.

Lo que se necesita no es un nuevo «pacto social», sino un plan de emergencia económica que ponga en primer lugar los intereses de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que comience con un aumento general de salarios por encima de la inflación,  la prohibición de despidos y suspensiones y la aplicación de sanciones penales y económicas a los empresarios que aumenten los precios por encima de las paritarias. Medidas como aumentos indirectos vía reducción de tarifas se podrían financiar con retenciones a la cosecha récord del campo, así como con impuestos progresivos a las ganancias millonarias.

Para conquistar que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores, los gremios, en lugar de negociar un planchazo salarial con el gobierno, deberían convocar ya a asambleas y medidas de lucha para recuperar el poder adquisitivo que el conjunto de los trabajadores vienen perdiendo desde el comienzo de la pandemia.