Algunos analistas han especulado que, las horas previas a acordar los lineamientos generales del acuerdo con el fondo, en las oficinas del ejecutivo se cortaba el aire con un cuchillo.

No es difícil imaginarlo. En un país donde parece no haber precios ni se sabe a cuánto está el tipo de cambio, azotado por la escalada de contagios de la variante Ómicron, asediado por una inflación imparable, con las reservas del BCRA en descenso y vencimientos de deuda en el horizonte inmediato, se sentía olor a corrida cambiaria. ¿Es esta la calma que precede a la hecatombe financiera? habrán pensado. Se miraron las caras largas, se encogieron de hombros, y finalmente concluyeron, “no queda otra”.

Siempre hay otra opción al ajuste contra los trabajadores. Siempre se puede apelar a que la crisis la paguen quienes la generaron, pero la prudencia burguesita pudo más que los cacareos con el pecho inflado donde el presidente denunciaba la estafa macrista y se jactaba de que “de ninguuuna maneeera” iba a aceptar un sometimiento que hipoteque el futuro de los argentinos.

La noticia contentó a la oposición. Elisa Carrió, Larreta y compañía festejaron la “sensatez” del primer mandatario. Todas las corrientes burguesas parecían alineadas detrás del acuerdo. Probablemente la población también se hubiera sentido aliviada con una falsa sensación de calma tras la supuesta “solucionó un problema”, puesto que el durísimo ajuste que esa solución conlleva, por ahora, es presentado como abstractos números, índices y eufemismos difícilmente comprensibles para la mayoría.

¡No al acuerdo con el FMI!
Vamos por salario mínimo de $100.000, para terminar con la precariedad laboral, por presupuesto para educación y para salud.
Este 11 de diciembre vení a Plaza de Mayo junto a la izquierda y el Nuevo MAS.#NoAlFMI pic.twitter.com/PVqmamtrua

— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) December 6, 2021

Cuando todo parecía encaminado, ¡pum!, la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque oficialista en Diputados cayó como un baldazo de agua fría que despierta al marino somnoliento en cubierta. Todavía las aguas no se calmaron.

Este gesto político, casi teatral, que podría ser interpretado desde la óptica capitalista como un acto adolescente del retoño de la vicepresidenta, fue un síntoma de las profundas contradicciones que entraña, para una fuerza que dice velar por los intereses de las masas trabajadoras y populares, aceptar un acuerdo de sometimiento brutal, que implicará ni más ni menos que el empobrecimiento de millones de trabajadores, al mismo tiempo que legitima y legalizar la estafa de la deuda macrista.

No lo inventó la izquierda, millones de veces hemos escuchado repetir a los comunicadores K cómo la misma fue tomada ilegal e inconstitucionalmente, irregular incluso en los propios términos del FMI. Su destino fue bancar la bicicleta financiera de un puñado de miserables especuladores que saquearon las reservas del país, y apoyar el intento de reelección del gobierno de Ceos y empresarios representados por Mauricio Macri.

La discusión sobre el pacto con el FMI se vuelve más concreta a medida que se conocen los detalles del acuerdo. Para la izquierda, oponerse al acuerdo cuando todavía eran especulaciones etéreas, presentaba la dificultad de enfrentar una campaña masiva y posibilista de todas las fuerzas capitalistas, que argumentaba la no existencia de alternativa alguna a pactar con el Fondo, apoyada en el sentido común de que “las deudas se pagan”. Cuando se proponía no pagar, se anunciaban catástrofes económicas y políticas inimaginables.

A medida que se fueron conociendo los detalles del acuerdo, el eje de la discusión se fue trasladando progresivamente: ahora la catástrofe de lo que implica efectivamente pagarle al fondo es cada vez más tangible. Esa es la presión que amenaza con hacer saltar por los aires la coalición oficialista, manteniendo latente una crisis política entre las dos alas del Frente de Todos.

Si bien no se conoce todavía la letra chica del acuerdo, hay elementos que permiten caracterizarlo como un acuerdo de vasallaje, que convierte nuestro país, virtualmente, en el nuevo Virreinato del Río de la Plata del Siglo XXI.

Esto lo decimos en función de las revisiones vinculantes trimestrales sobre las medidas económicas del país. El FMI tendrá poder de decisión sobre el rumbo económico, una intromisión inadmisible que destruye la independencia nacional. Una cláusula de vasallaje, de virreinato, que convierte al Ministerio de Economía en una oficina al servicio de los intereses del imperialismo. Y ya sabemos lo que el FMI exige a los países cuando opina sobre su rumbo económico: ajuste fiscal, reforma laboral, recortes a las jubilaciones, reducción de salarios, etc, etc, etc.

Por otra parte, la intención de llegar, de acá a 2025, a déficit cero, acelerando el recorte año tras año, representa una baja significativa en los presupuestos de salud, educación, subsidios a la energía y el transporte, salarios de médicos y estatales, subsidios. Y a esto se le suma la reforma laboral de hecho que ya se está aplicando en miles de fábricas y lugares de trabajo, la expansión del trabajo en negro, contrataciones y precarización. Una destrucción progresiva de las condiciones de trabajo y derechos adquiridos históricos de la clase trabajadora.

La Cámpora, educada en el posibilismo más abyecto, no ha pasado por ahora de las palabras a los hechos. El mismo Máximo dijo en su carta pública que su objetivo era dar un paso al costado para no interferir. Pero si, como bien lo ha caracterizado en su carta este acuerdo representa un sometimiento y ajuste indeseable e inadmisible, ¿no sería consecuente intervenir para evitar a toda costa que se concrete el mismo? No intervenir en contra representa una postura escéptica y posibilista, al igual que no presionar para que estos dirigentes pasen de las palabras a los hechos, cuando todavía falta que corra mucha agua bajo el puente para que el acuerdo quede firme y no se puede descartar ninguna posibilidad. El acuerdo todavía puede ser frenado.

Alberto Fernández se propone presentarlo el 1° de marzo en la Asamblea Legislativa. Mediante un decreto, el ejecutivo estableció que el mismo debe pasar por el Congreso Nacional. El Fondo pide esta condición debido a que el mismo representará compromisos de sometimiento durante varios mandatos, cuente con el apoyo de los distintos bloques políticos que se disputan el poder. Es un hecho que esta presentación no implicaría ningún dato nuevo más allá de los ya presentados. Abrir una discusión acerca de los detalles y consecuencias del acuerdo de cara al conjunto de la población podría dejar de manifiesto su carácter reaccionario, erosionando de manera irrecuperable al conjunto de las fuerzas políticas del sistema, pero no tratar el tema en el parlamento supondría repetir los tan criticados métodos del macrismo. Aun intentando hacer una presentación escueta, someterlo a votación podría ser el escenario de un amplio debate social, de fuertes movilizaciones y de una férrea oposición por parte del movimiento de masas, como ocurrió el 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. No está dicha la última palabra.

Después de la carta de Máximo Kirchner y el viaje por Rusia y China de Alberto Fernández, el desarrollo de la crisis política quedó suspendida por algunas semanas, mientras que en diputados y senadores comienza el poroteo para la votación en Diputados. El gobierno afirma que su estrategia sería absorber el ajuste mediante el fomento de la actividad económica, mostrando el crecimiento de la actividad entre 2020 y 2021. Una burda maniobra, debido a que lo que expresan dichas comparaciones es la recuperación después del parate de la actividad obligado por la pandemia, no un crecimiento genuino del PBI y la actividad productiva.

Tarde o temprano, la crisis política podría combinarse con un agravamiento de la crisis económica, con una corrida cambiaria o hiperinflacionaria. Un cóctel que puede ser explosivo para el gobierno, que todavía deambula en la incertidumbre del futuro inmediato. Oponerse a movilizar y luchar con todas las herramientas políticas a nuestra disposición para derrotar este acuerdo, tratando de ampliar la base de movilización convocando a todos aquellos que ven las consecuencias nefastas del mismo es tener una actitud derrotista funcional al gobierno, la derecha y el FMI.

Hay una alternativa al sometimiento, y es establecer un “no pago soberano”. No un corralito contra los ahorristas, no un ajuste contra los de abajo, una ruptura de relaciones con el Fondo que vaya acompañado de medidas anticapitalistas para que la crisis la paguen quienes la generaron estafando a las mayorías populares. ¿Por qué no se recuperan los dólares que fugaron los estafadores con la bicicleta financiera? ¿por qué no se termina con la estafa de las subfacturaciones de las multinacionales que exportan e importan en nuestro territorio? ¿por qué no se exige que Macri y compañía paguen ante la justicia por haber estafado a la población, dejando una deuda sideral a pagar en un plazo cortísimo que va incluso contra los reglamentos del propio FMI? Hay mucho de dónde sacar antes de afirmar que “no queda otra” que destruir la salud, educación, el salario y el futuro de millones de argentinos.

El próximo 8 de febrero, la izquierda protagonizará la primer acción política de peso contra este acuerdo de miseria y entrega. La movilización está convocada desde Av de Mayo y 9 de Julio hasta la casa rosada y está abierta a la participación de todos aquellos que, aún siendo kirchneristas o simpatizantes k, estén descontentos con este acuerdo y no quieran el ajuste. Quizás sea hora de pasar de las palabras a los hechos.