El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la prórroga de la restricción de exportaciones de carne que había decretado hace dos meses.

La medida generó el rechazo de las patronales ganaderas. En una conferencia de prensa en la Sociedad Rural de Rosario, la Mesa de Enlace anunció que tomarán medidas de fuerza como forma de protesta, entre las que incluyeron el cese de comercialización.

La medida se concibió originalmente para estabilizar los precios de la carne en el mercado interno, que acumulaba subas estrepitosas. El ya desde el vamos limitado objetivo fue relativamente cumplido: es cierto que el precio se estabilizó e incluso se registraron (muy leves) bajas, pero continuaron siendo muy elevados en la medida en que no mejoró el poder de compra de los consumidores.

En una medida en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y el de Producción, la restricción se extiende hasta el 31 de octubre. La medida implica que los productores no pueden vender mensualmente más del 50% de lo exportado en el período julio-diciembre del 2020.

La Mesa de Enlace declaró que se sentían «desilusionados» con Alberto Fernández y manifestaron de que la medida hace «que pierda el país». Sin embargo, los sectores del campo registran ganancias millonarias mientras que la mayoría de la población asalariada del país tiene sueldos de miseria, y el consumo de carne se ha vuelto casi un lujo.

De hecho, el economista Cristian Carrillo explicó en una columna en el sitio El Destape que, durante el período de vigencia de las restricciones, el sector exportó 194 millones de dólares de carne bovina en julio.

Mientras que esto representa una caída del 16% de las exportaciones con respecto al mismo mes del año pasado, aun así está un 11% por arriba si se compara con julio de 2018, 71% arriba de 2017 y 135% arriba si nos vamos a 2016, siempre medido en dólares. Está claro que no están perdiendo, ya que los márgenes de ganancia también se han mantenido elevados beneficiados por los altos precios internacionales.

Lockout

Los dirigentes de la Mesa de Enlace no descartaron la convocatoria a un «paro», es decir, un lockout patronal. Aunque aclararon que para que no se «desvirtúe su legítimo reclamo» esperarían a que pasen las elecciones del 12 de septiembre.

Si la amenaza del cese de comercialización se hace realidad, por supuesto que los perjudicados serán los consumidores. El gobierno, por su parte, ya ha mostrado sobradamente su incapacidad de enfrentar a los poderosos, como en el caso Vicentín.

Además, la medida del gobierno es extremadamente limitada: el impacto real en los precios al consumidor ha sido exiguo, aunque es verdad que la suba descontrolada de los precios de principios de año se detuvo. Pero si se pone en relación los precios actuales de la carne con el salario real, los precios al consumidor siguen siendo carísimos.

A pesar de las promesas del gobierno, luego de dos años el asado no volvió a la mesa. Fundamentalmente por dos razones: las exorbitantes ganancias en dólares de las patronales y la incapacidad total del gobierno nacional de tomar medidas de fondo que realmente beneficien al consumo popular.

Manuela Castañeira ha sido la única que ha propuesto medidas de este tipo. Pidió el establecimiento de un 50% de retenciones al agro y la prohibición de la exportación de carne.