La situación de crisis histórica que atraviesa la Unión Europea en la era de la competencia entre Estados Unidos y China, el ascenso de la extrema derecha y la crisis del orden imperialista clásico.

5.1 Del welfare state al warfare state

Ante un horizonte de crecimiento anémico, menores oportunidades laborales y de prosperidad personales, de crecientes tensiones económicas y sociales, la UE cede a la doble presión de Trump y Putin en materia de gasto militar y compromete así todo el esquema de gasto público social.

El giro a la austeridad en Europa y la erosión programada al Estado de bienestar puede adoptar múltiples formas, dependiendo de las condiciones políticas en cada país. Pero la dirección general de la clase capitalista europea es clara. El mejor equilibrio entre trabajo y vida personal que en EEUU y Asia; oportunidades educativas; acceso a la salud; libertad de movimiento entre los países; opciones de cultura y esparcimiento y un largo etcétera, todos esos rasgos que hacen al corazón del proyecto social europeo –y proyecto de vida de cientos de millones de europeos– o es visto hoy por la clase dominante como lujos o privilegios cada vez menos aceptables o sostenibles. Las exigencias de Trump, que ni siquiera se sabe cuándo terminan y en qué punto se darán por satisfechas, merecen mucha más prioridad que el confort de la población.[1]

La clase capitalista europea ya ha dado un giro discursivo en el sentido de “afrontar las responsabilidades de la nueva época” (traducción: aumentar el presupuesto de defensa como reclama Trump), lo que implica volver a la vieja letanía neoliberal de los “sacrificios” y de renunciar a los “lujos” que otrora permitía la pertenencia a Europa (y que generaciones enteras consideran territorio conquistado).

Como señala una cruda columna del Economist, “Europa es una fuerza en retroceso en la economía global”, que se ha beneficiado demasiado tiempo del “dividendo de paz” post Guerra Fría, que permitió trocar gasto militar en gasto social, por lo que ya es hora de “tirar por la borda los lujos” y abandonar la “autoindulgencia”, porque “los cambios en el mundo requieren cambiar las prioridades también” (“The unbearable self-indulgence of Europe”, TE 9446, 3-5-25).

El principal beneficiario de ese “cambio de prioridades” debe ser, por supuesto, el gasto militar, y la principal víctima, el gasto social. Esta construcción ideológica es realmente tal; no se trata de una cuestión de análisis opinable. Hay una verdadera avanzada mediática, que abarca desde la prensa gráfica especializada hasta los noticieros de TV de mayor audiencia, pasando por los influencers de derecha en las redes, que martilla con el mismo discurso la misma consigna: prepararse para la “guerra inminente” implica renunciar, al menos en parte, al estado de bienestar.

Al respecto, pocos han sido más explícitos que el editor político del Financial Times Janan Ganesh: “Europa tiene que recortar su estado de bienestar [welfare state] para construir un estado de guerra [warfare state]. No hay manera de defender el continente sin recortar el gasto social. (…) Hoy la misión es defender las vidas europeas. ¿De qué otra manera se va a financiar un continente mejor armado si no es mediante un estado de bienestar más pequeño? (…) Es lógico que cualquier persona menor de 80 años que haya pasado su vida en Europa considere que un estado de bienestar gigante [!] está en la naturaleza de las cosas. Pero en realidad fue el producto de extrañas circunstancias históricas que prevalecieron en la segunda mitad del siglo XX, pero ahora ya no.[2] (…) Los estados deberán ser más amarretes con los ancianos. O –si eso es imposible dado su peso electoral–, el cuchillo deberá caer sobre áreas más productivas del gasto social. Sea uno u otro, el Estado de bienestar tal como lo conocemos deberá retroceder un poco: no tanto que no podamos ya llamarlo así, pero lo suficiente como para que duela [hurt]” (“Europe must trim its welfare state to build a warfare state”, Financial Times, 5-3-25).

Ganesh no puede dejar de admitir que “el problema es si el público va a estar de acuerdo”, ya que considera “dudoso” que “sociedades ricas y democráticas puedan hacer reformas difíciles, salvo en caso de crisis”, por lo que –a confesión de parte, relevo de prueba–, “tiene que tallar un elemento de real temor, como quizá ocurre ahora” (ídem). Al menos su cinismo no llega a las alturas de quienes, como Ursula Von der Leyen, quieren revestir el gasto bélico de inexistentes propiedades mágicas para el crecimiento económico: “Ése no es el objeto del gasto en defensa, y los políticos tienen que ser claros en ese punto. El objetivo es la supervivencia”. El paradójico, pero no sorprendente resultado de esta retirada, de “un continente más militarizado y con menos beneficios sociales”, es que “Europa y EEUU van a parecerse entre sí mucho más que nunca” (ídem). Lo que el abanderado del ajuste no dice es que esa semejanza no será una confluencia natural, sino una americanización de Europa a punta de pistola esgrimida por Trump y la OTAN.

Pasemos a otro gurú de la política europea y global, Martin Wolf, también del Financial Times, pero con un perfil mucho más keynesiano y progre. A diferencia del archiconservador Ganesh, que celebra el yanquitropismo de los líderes europeos, tiene una visión más sombría del rol del amo de la OTAN: “Si EEUU  ya no es un defensor y propositor de la democracia liberal, la única fuerza que puede llenar ese hueco es Europa. Y si los europeos han de tener éxito con esta pesada tarea, deben empezar por su propia seguridad. (…) Si Europa no se moviliza en su propia defensa, la democracia liberal puede desplomarse del todo. La situación de hoy se parece un poco a la de los años 30. Esta vez, por desgracia, EEUU parece estar del lado equivocado” (“How to respond to the realities of a more dangerous world”, Financial Times, 3-3-25).

Como vemos, aunque con argumentos distintos, Wolf se suma al coro de los fanáticos de la suba del gasto militar, al que le encuentra un costado positivo adicional, ya que adhiere a la teoría de “keynesianismo militar” como vehículo de crecimiento económico. Así, considera que “la necesidad de aumentar el gasto en defensa es más que una necesidad, más que un costo (…), es una oportunidad”, para lo cual Wolf tiene la pésima idea de poner como ejemplos a Ucrania… e Israel (ídem).

Como se trata de un “progresista”, Wolf se queja amargamente de que la defensa de los “valores europeos” se hace más difícil cuando “Europa tiene ‘quintas columnas’ [traidores ocultos] en todas partes”. No los identifica, pero le damos una pista: el primer ministro laborista Keir Starmer continúe la senda de Boris Johnson (y de Donald Trump, agregamos) de recortar el presupuesto de “ayuda externa”: en el caso británico, pasó del 0,7% del PBI bajo el conservador David Cameron al 0,3% hoy.

Pero la línea general está clara: “El ‘dividendo de paz’ se terminó con el regreso de la guerra a Europa. El Reino Unido puede y debe gastar más en defensa. Si no lo hace, no será capaz ni de tener una voz en la defensa conjunta del continente ni defenderse a sí mismo. Debe cumplir un papel protagónico en reforzar el pilar europeo de la OTAN” (ídem).

Por último, el Economist bate el mismo parche: “El desafío de Europa es muy claro. Debe cumplir el compromiso de gasto en defensa, reformar el sistema de aprobación de gasto en defensa, reducir su dependencia de EEUU e incrementar su integración (…). Pero no son muchos los gobiernos que les están explicando a los votantes por qué el gasto en defensa debe tener prioridad sobre el gasto social. (…) Europa sin duda posee el músculo industrial, técnico y financiero para hacer lo que se necesita. La cuestión es si tiene o no la voluntad política” (“Pumping iron”, TE 9477, 6-12-25). Tomemos con beneficio de inventario la cuestión del “músculo”: lo que hace la venerable publicación de la burguesía británica es desafiar a la clase política europea a que se atreva a dar las malas noticias a los “votantes”.

Porque no hay modo de esconder que se trata, efectivamente, de malas noticias. Como decía brutalmente Ganesh del Financial Times, “el ajuste tiene que doler”. Por eso, resultan ridículos los esfuerzos tanto del “progresista” Keir Starmer, primer ministro británico, como de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el sentido de querer hacer de necesidad virtud y encontrar en el gasto militar inexistentes beneficios para el crecimiento económico. Starmer quiso vender el aumento de gasto militar como parte de “la nueva generación de empleos bien pagos, seguros y de calidad”; para la Comisión Europea, el gasto en defensa traerá “beneficios para todos los países”.

La realidad es que en el contexto de las estrecheces fiscales de los países europeos, el aumento del gasto en defensa sólo puede acarrear, en primer lugar, mayores restricciones al Estado de bienestar. Los presupuestos nacionales y el de la UE son muy poco elásticos, y para vestir un santo la única opción es desvestir a otro.

Creer entonces, como argumentan algunos analistas desinteresados y muchos políticos interesados –como los citados Von der Leyen y Starmer–, que el desarrollo de industrias nacionales de defensa va a redundar en un aliciente económico para el crecimiento y la creación de empleo, es soñar despiertos. Estimaciones realistas como la de la consultora EY calculan que el impacto del incremento del gasto en defensa, incluyendo las cadenas de suministros, sería de no más del 1,5% del producto manufacturero de la UE, con un incremento de, como máximo, 500.000 empleos en total (de los cuales sólo 150.000 corresponderían al sector de defensa propiamente dicho, cálculo que coincide con el de otros dos conocidos think tanks europeos, el Kiel Institute y Bruegel).

Este magro aporte obedece a varios factores. En primer lugar, si la industria de defensa europea quiere realmente ser competitiva, debe concentrarse: el esquema actual de duplicaciones productivas y falta de homogeneidad en estándares de fabricación es totalmente ineficiente, como vimos. En segundo lugar, la experiencia de las actuales industrias de defensa más activas es que el nivel de automatización, por un lado, y de especialización requerida, por el otro, van a morigerar sensiblemente cualquier expectativa de mega fábricas de armas con decenas de miles de obreros. Y tercero, uno de los actores más eficaces, productivos y competitivos de la industria armamentística europea actual está fuera de la UE –y todo indica que lo seguirá estando por un buen tiempo–: Ucrania. La paradoja es que el revival de la industria de defensa alimentado por la guerra contra Ucrania, que hoy absorbe buena parte del material bélico producido en la UE, va a tener como resultado la creación de un formidable competidor que será europeo y aliado geopolítico, pero que económicamente es ajeno al bloque.

Volviendo al fin del “dividendo de paz” post caída del Muro de Berlín, el nuevo escenario implica volver a por lo menos los niveles de gasto de la Guerra Fría. Pero el punto clave es el origen del financiamiento de esa suba Una fuga hacia adelante bajo la forma de mayor endeudamiento, como insinúa en parte el gobierno alemán, tampoco es una solución sostenible en el sentido capitalista. En cambio, con los obstáculos políticos a los avances contra el welfare state se puede al menos hacer el intento: “Recortar gastos o subir impuestos por el monto total [del aumento del gasto en defensa. MY] probablemente sea imposible políticamente, lo que significa que muchos estados van a tener déficits más altos. Por lo tanto, el gasto en defensa va a tender a incrementar las tasas de interés y hacer más frágiles las finanzas públicas. (…) Para que el rearme sea un éxito, los gobiernos tienen que explicar con honestidad a los votantes que se necesita gastar en seguridad por la seguridad misma. (…) No tiene sentido jactarse del crecimiento económico si la consecuencia es ser invadidos” (“The economic consequences of war”, TE 9454, 28-6-25).

La carta de exagerar el terror a la “invasión rusa” la juegan casi todos los gobiernos. Algunos, como el de Alemania, intentan combinar esa paranoia con la zanahoria del gasto en infraestructura. La versión del ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, de la falsa dicotomía “ajuste para el gasto militar o ser esclavos de Putin” es un poco menos disparatada: el equilibrio fiscal santificado en la Constitución alemana es inútil si “los puentes se caen, las escuelas se desmoronan y el ejército queda descuidado”. A diferencia de los otros países grandes de la UE y del Reino Unido, la frugalidad fiscal anterior de Alemania le permite volver a endeudarse desde un piso muy bajo hasta llegar a un déficit fiscal anual de cerca del 3% del PBI, lo que prácticamente equivale a la prometida cifra del 3,5% de gasto en defensa para 2029.

Más allá de esto, la pregunta  de cuál es el sector fiscal candidato a pagar la cuenta de las armas tiene una respuesta obvia: “Los subsidios al sistema de pensiones son el rubro más importante del presupuesto federal, y Alemania está envejeciendo aceleradamente. Necesita urgentemente ampliar la cantidad de horas de trabajo para atender sus problemas demográficos” (“The big borrowing binge”, TE 9454, 28-6-25). Como dice el vocero de Dezernat Zukunft, un think tank de derecha, “arreglar el mercado de trabajo es arreglar el presupuesto” (ídem). No es el único gobierno con ideas tales, como hemos visto; Francia, Dinamarca y el Reino Unido ya anunciaron su intención de reducir la cantidad de días feriados. La vieja consigna del Partido Comunista Francés para justificar el ajuste de la inmediata posguerra, “producir primero”, podría aggiornarse con una leve modificación: a expensas del salario, de las condiciones de trabajo, de las pensiones y de los beneficios del Estado de bienestar, lo que importa hoy es “producir armas primero”, porque se viene el cuco ruso.

Al respecto, las “potencias occidentales” ahora parecen reconocer que la capacidad de Rusia para recomponer su arsenal a la salida de la guerra con Ucrania es mayor de la que los “expertos” habían previsto (la habían calculado en siete años). El consenso de la OTAN es ahora cinco años, lo que condujo al ministro de Defensa de Lituania –uno de los países “halcones” del rearme– a advertir a los presentes en la cumbre de La Haya del organismo que la meta del 5% del PBI para gasto en defensa para 2035 es demasiado tarde. En sus palabras, “2035 ya es la posguerra” (“Meltdown averted”, TE 9454, 28-6-25).[3]

A la hora de agitar el fantasma de la guerra como excusa para el ajuste fiscal, pocos países han mostrado tanta vocación como Suecia. Cada uno de los cinco millones de hogares suecos recibió un folleto de 32 páginas con el título de “En caso de crisis o guerra”, cuyos consejos prácticos van desde cómo aplicar un torniquete para detener una hemorragia hasta información básica para el día después del estallido de bombas nucleares.

Esta auténtica campaña del miedo, que antes era privativa de millonarios paranoicos organizando sus bunkers para resistir a las hordas comunistas, pronto encontró eco en el resto de la UE. Francia está preparando su propio manual de supervivencia, y en marzo la Comisión Europea publicó los lineamientos de su “estrategia de preparación” para que las sociedades estén en condiciones de resistir “guerras y otras crisis”, empezando por la recomendación de que todos los ciudadanos tengan un stock de alimentos para 72 horas. Mientras tanto, Alemania encabeza la lista de construcción de refugios, nucleares o no.

Probablemente hagan falta estos niveles de histeria colectiva inducida desde el Estado para convencer a los ciudadanos de a pie de que en un continente donde las invasiones, las bombas nucleares y la extinción de la humanidad son parte del horizonte de eventos, minucias como la reducción de beneficios sociales, la extensión de la edad jubilatoria o la reducción infinita del poder de compra del salario no merecen mayor atención. El columnista europeo del Economist habla por toda la clase capitalista europea cuando explica que “la preparación sancionada por el Estado apunta a poner a una sociedad complaciente en el contexto correcto (…). Por sobre todo, las autoridades quieren promover la idea de que la salvaguarda del reino [de Suecia] no es sólo tarea de los soldados y la policía. Las empresas, los grupos de la comunidad y el público en general juegan un papel en mantener la sociedad funcionando (…). Preparar mentalmente a los europeos para lo peor que pueda llegar implica un mensaje más amplio, serio y sombrío: hay límites a lo que el Estado pueda hacer por los ciudadanos” (“Europe’s 72-hour test”, TE 9441, 29-3-25). Hay poco que agregar a esta pieza magistral del terrorismo ideológico al servicio del ajuste capitalista de la población con fines bélicos.

Insistimos en que no se trata de discursos, medidas o gobiernos particulares, sino de un patrón que, aunque muy reciente, recorre ya todo el continente. Un ejemplo especialmente mórbido lo da el premier polaco Donald Tusk, que, al decir de Michael Roberts, “llevó el discurso guerrerista a un nuevo nivel”. En efecto, declaró que Polonia “debe apuntar a las posibilidades más modernas, relacionadas con armas nucleares y las armas modernas no convencionales [¿químicas?]. Digo esto con plena responsabilidad: ya no alcanza con comprar las armas convencionales, las más tradicionales” (en M. Roberts, “From welfare to warfare: military Keynesianism”, 22-3-25).

La convicción del establishment europeo de dar un giro a la austeridad belicista no termina de manifestarse, sin embargo, en señales como las que emitió la Comisión Europea al anunciar su presupuesto septenal (2028-2034), en julio pasado. En términos efectivos, el presupuesto europeo es de escasa relevancia (del orden del 1,15% del ingreso nacional bruto de la UE); de hecho, el aumento en el gasto de defensa prometido por los miembros europeos de la OTAN es mayor en volumen que todo el “europresupuesto”.

El presupuesto de la UE incluye cuatro grandes rubros: la famosa Política Agrícola Común (PAC, un tercio), la llamada “cohesión”, que incluye en general obras de infraestructura para los miembros más pobres (otro tercio), el gasto en “competitividad” –categoría difusa que puede abarcar desde financiamiento a la investigación científica a créditos de defensa– y “otros” gastos, incluyendo las estructuras de funcionamiento de la UE. En el presupuesto actual hay que contar también el fondo especial Next Generation EU (NGEU), formado a instancias de la pandemia con simple emisión de deuda.

Los cambios para el período 2027-2034 implican ajustes apenas encubiertos. El más importante es la fusión de la PAC con la “cohesión”… sólo que en vez de representar dos tercios del total, ahora no llegarán ni a la mitad. Como de costumbre, los detalles del presupuesto no se conocen –son objeto de negociaciones continuas que son casi el alma de la Comisión Europea–, pero no hace falta mucha clarividencia para suponer que tanto los subsidios agrícolas como las obras sufrirán fuertes recortes. El rubro beneficiario será el de “competitividad”, en el que la parte del león se la llevará, probablemente, la investigación y el gasto asociado a defensa. Además, estos cambios serán implementados por los gobiernos nacionales; el rol de la UE será sólo el de proveer el marco financiero general. Finalmente, las condicionalidades a las que estaba sujeta la provisión de fondos del NGEU –con “castigados” como el gobierno de Orban en Hungría, que no los recibió– se extenderán ahora a los rubros principales. Los gobiernos que no se atengan al “imperio de la ley” o, menos vagamente, que incumplan reformas prometidas en lo laboral, previsional, etc., recibirán menos aportes, o más tarde, o en cuentagotas.

No hace falta decir que este muy anticipado presupuesto ya generó rechazos de todo tipo. El primero fue Alemania, que cono de costumbre se quejó del “derroche”; por las razones opuestas, protestaron varios países centroeuropeos.

Mientras tanto, los gobiernos europeos van armando sus paquetes de austeridad con lo que tienen a mano, porque las exigencias de defensa se hacen, en su propia opinión, cada vez más acuciantes. Una de las medidas más “imaginativas” es la reducción de días no laborables, anunciada sucesivamente por Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido. Uno de los tantos fugaces primeros ministros de Francia este año, François Bayrou, se permitió, él también, esgrimir el recurso a la supuesta “honestidad” para justificar el ajuste: habló de “momento de la verdad” para la economía francesa. Aparentemente, asumir la verdad significa trabajar más días y congelar el presupuesto social junto con todo otro gasto público… excepto el de defensa, ya que “la libertad nunca ha estado tan amenazada desde 1945”.[4]

Otros apuntan a sacrificios más sustanciales. Las consecuencias del ajuste fiscal futuro no son difíciles de imaginar si tomamos las lecciones del ajuste fiscal pasado. Uno de los ejemplos más claros es lo sucedido con el Servicio Nacional de Salud (sigla inglesa NHS), la nave insignia histórica del estado de bienestar británico. No fue equivocada durante décadas la predicción del ministro de Salud laborista Aneurin Bevan en 1945 de que el NHS sería la envidia del mundo. Pero décadas de ajuste conservador, con gasto congelado de hecho –algo que no será revertido por el actual gobierno laborista– dejaron una profunda huella en términos de cantidad de camas, enfermeras y dispositivos disponibles.

Los datos son elocuentes: el índice de satisfacción con el NHS cayó del 70% en 2010 al 21% en 2024. La lista de espera por tratamientos semicomplejos en hospitales llega a los 7,4 millones de pacientes, el doble que en 2007. La pandemia del covid empeoró las cosas, pero el NHS cayó proporcionalmente mucho más. En una lista de 17 países desarrollados, sólo EEUU ranquea peor que el Reino Unido en cantidad de muertes por causas prevenibles, un índice universal de la calidad de atención médica. Los británicos tienen la expectativa de vida más baja de toda Europa occidental (un descenso que, otra vez, sólo es comparable entre los países desarrollados al de EEUU, con su epidemia de muertos por el fentanilo).

Todo esto sucede a pesar de que el gasto en salud británico es de los más altos de Europa.[5] Pero no se trata sólo de la salud: una encuesta de principios de año de una consultora que abarcaba el conjunto de los servicios públicos (distinguiendo por inclinación política y separando los servicios nacionales de los locales) dio como resultado un descontento masivo y una sensación de “vivir peor que hace diez años” en todos los rubros. Los peores resultados se vieron en caminos (saldo negativo de respuestas del 58%), hospitales (-56%), prisiones (-52%), servicios sociales (-46%), policía (40%) y economías locales (-38%). Pero de los 20 rubros, ni uno solo dio saldo positivo. En este contexto, no es de extrañar que quienes puedan empiecen a recurrir a los servicios privados de salud o de vigilancia. Pero en quienes no pueden darse ese lujo, la bronca crece, aunque por ahora se manifiesta en la suba en las encuestas de Reform UK, el partido de derecha xenófoba de Nigel Farage, el gran paladín del Brexit.[6]

Bajo el laborismo continúa el avance contra el “Estado de bienestar” británico, que ya había tenido hitos bajo la gestión del Partido Conservador (con algunas pausas obligadas por la pandemia). Precisamente la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, llegó al extremo de decir que el sistema británico se estaba convirtiendo en “un estado de bienestar con una economía adosada”. Pero la mentira es interesada: según calcula el nada populista The Economist, los beneficios del estado de bienestar excluyendo las jubilaciones no llegaban al 5% del PBI y estaban en línea con el promedio de los últimos 30 años (“Britain’s welfare system has grown sicker”, TE 9471, 25-10-25). Es más: el gasto público social no vinculada a pensiones, como el seguro de desempleo y la vivienda, cayeron del 3,5% del PBI en 2005 al 2,7% en 2025. El beneficio de desempleo británico es de los más avaros de Europa, con un promedio de apenas el 13% del salario promedio.[7]

Pero aunque el estado de bienestar británico ya no es lo que era, ni en calidad de prestaciones, ni en cantidad, ni en sostenibilidad, el coro de la clase capitalista y sus escribas saca la conclusión de que lo que se impone como tarea actual es no repararlo sino aprovechar la oportunidad para un recorte drástico y de largo plazo en sus alcances.

Por dar otro ejemplo también del norte europeo, lejos han quedado los días en que los países escandinavos eran vistos como el modelo a seguir en términos de bienestar social; hoy Dinamarca se apresta a romper el récord superior de edad jubilatoria, que se apresta a subir a los 70 años a instancias de su primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen. Para no hablar de la tenebrosa política (anti)inmigratoria del gobierno danés, que veremos enseguida con más detalle.

¿Acaso esta retahíla de ajustes y malas noticias no tiene ninguna alternativa a dentro del orden capitalista? Una de las pocas voces disidentes desde una izquierda del sistema es la del economista francés Gabriel Zucman, habitual colaborador de Thomas Piketty, que ha propuesto un impuesto a los más ricos como vía de financiamiento fiscal alternativa a los recortes del estado de bienestar. El impuesto alcanzaría en Francia a los 1.800 hogares con una fortuna superior a los 100 millones de euros,  según Zucman podría recaudar entre 15.000 y 25.000 millones de euros anuales.

Desde ya, sobran razones para implementar medidas así. Por lo pronto, los ultra riches pagan hoy incluso menos impuestos que la población en general; Zucman calcula que mientras que la tasa impositiva efectiva promedio para Francia es 50%, la tasa real que pagan los 730 milmillonarios franceses es del 27%. La medida sería inmensamente popular; una encuesta de septiembre dio un 86% de aprobación, con un 96% entre los votantes de izquierda y un 75% entre los votantes de Marine Le Pen. Pero incluso suponiendo que un actual o futuro gobierno quiera implementar el taxe Zucman, es equivocado y peligroso vender la idea como una panacea fiscal. Ni siquiera consideremos el eventual “exilio impositivo” de buena parte de los capitalistas implicados –según el cálculo exagerado de economistas de derecha, eso reduciría el ingreso fiscal a sólo 5.000 millones de euros– o la oposición rabiosa que puedan presentar; incluso asumiendo, con imposible buena voluntad, que los capitalistas franceses acepten mansamente desprenderse de su dinero, la recaudación total por el impuesto rondaría entre el 0,47 y el 0,79% del PBI francés, cifra completamente insuficiente como solución para el dilema entre cuentas fiscales y estado de bienestar.

Aquí, como en tantos otros terrenos, la política de “reformismo bienintencionado” como respuesta al capitalismo global, que empieza a sumar referentes a nivel internacional –por ejemplo, el ascenso de la izquierda del Partido Demócrata yanqui, con el recientemente electo alcalde de Nueva York Zohran Mamdani como figura rutilante–, queda desesperantemente corta tanto de soporte material como del radicalismo real que se necesita para plantarse frente a los rasgos más siniestros del orden capitalista del siglo XXI.

5.2 El estancamiento demográfico y la espinosa cuestión de la inmigración

La crisis demográfica europea

Europa no es sólo el Viejo Continente por su historia; es además un continente viejo si consideramos su perfil demográfico. La mediana de edad –recordemos que la mediana es la línea que separa dos mitades de un conjunto de datos, una por encima y otra por debajo– es de 43 años (en Italia, 49 años, en Alemania y en el conjunto de la UE, 45), lo que convierte a Europa en el continente o región más viejo del planeta. La mediana global es 31, similar a la de Latinoamérica; la de Asia es 32 años, la de América del Norte 38 años, y el continente más joven, con mucha diferencia, es África, con una mediana de 19 años.

Un lógico corolario del envejecimiento promedio de la población es la consiguiente pérdida de productividad y mayor gasto en salud. Hoy, sólo el 3% de la población europea tiene más de 85 años, proporción que se estima se duplicará para 2050. Pero ese envejecimiento de la población está poniendo bajo presión los sistemas tanto de pensiones como de salud. Europa tenía en 1980 cinco trabajadores activos por cada retirado; hoy, la proporción es 3 a 1, y en 2050 sería de sólo 2 a 1; la economía más importante, Alemania, tenía en los años 60 seis trabajadores por pensionado; ya hoy está llegando a una ratio de apenas 2 a 1..

Una de las nuevas tendencias relacionadas con este fenómeno es que la inversión en el cuidado de largo plazo (sigla inglesa LTC, que abarca el apoyo a las personas que no pueden autovalerse, por edad o enfermedades) crece a pasos acelerados; en Suecia, Noruega y Países Bajos representa ya más de un cuarto del presupuesto total de salud. Paralelamente, los empleos en el sector de LTC también crecen; en Suecia explican ya un 7% del total de la fuerza laboral. Desde ya, en el continente hay tremendas desigualdades en el gasto y cantidad de empleos en LTC; los países más pobres del bloque están muy atrasados en la inversión en el rubro. Pero otros ven la necesidad de cubrirse hacia el futuro: Eslovenia ya exige un 1% del salario y de las pensiones para el financiamiento de LTC.

Estos datos ponen de relieve la profundidad de la crisis demográfica europea: por primera vez en su historia, la UE afronta el espectro del decrecimiento de la población en edad de trabajar, que para 2040 podría ser de dos millones de trabajadores al año. Las tendencias demográficas son largas y no cambiarán rápidamente. Y este proceso tiene obvias consecuencias económicas. Un estudio de la Universidad de Nueva York calcula que el envejecimiento poblacional va a reducir el crecimiento del PBI en 0,4 puntos anuales en Francia y 1,1% por año en Italia hasta fines de la década de 2030. Y un informe especial de la consultora Mc Kinsey, muy serio y profundo, directamente hace sonar todas las alarmas, como desarrollaremos más abajo.

El intento de revertir esta situación con políticas pro natalistas como las que esgrime la extrema derecha europea es, además de reaccionario y racista, completamente insuficiente, probablemente inútil y además bastante caro en lo fiscal, lo que será difícil de sostener en el contexto económico que viene. La política natalista más agresiva de Europa la encarnan el PiS polaco, hoy fuera del gobierno, y Viktor Orban de Hungría. Orban lanzó su ofensiva natalista ya en 2011, con medidas como generosos subsidios y recortes de impuestos por un monto estimado de más del 5% del PBI por año; el PiS basó buena parte de su apoyo en las zonas menos urbanas y pobres de Polonia con asignaciones crecientes para madres múltiples. Noruega y Suecia, en tanto, han recurrido también a beneficios impositivos, subsidios directos y mayores licencias por maternidad y paternidad.

Sin embargo, los resultados de estos dispendiosos esquemas estuvieron lejos de lo esperado. Hungría logró subir la tasa de natalidad desde 1,2 hijos por mujer en edad fértil en 2011 a 1,6 en 2018, aumento importante aunque aún lejos de la tasa de reposición (2,1). Pero desde entonces la tasa no sólo no siguió subiendo sino que se ha estancado e incluso ha bajado algo (“Babies on the brain”, TE 9453, 21-6-25). En tanto, el alargamiento de licencias por maternidad y paternidad tuvo en Noruega el saldo sobre todo de ayudar en su carrera a las madres profesionales que tienen hijos de manera relativamente tardía, más que de convencerlas de tener más hijos.

Un informe del Mc Kinsey Global Institute, aunque adolece de todos los sesgos ideológicos habituales de estas consultoras, tiene seriedad y profundidad, y plantea problemas y desafíos estratégicos para el funcionamiento del capitalismo global, con datos históricos actualizados hasta 2023 y proyecciones que abarcan hasta 2050 e incluso 2100 (“Dependency and depopulation? Confronting the consequences of a new demographic reality” McKinsey Global Institute, enero 2025). Aquí nos concentraremos en las secciones dedicadas a lo que el informe llama “países de la primera ola demográfica”, esto es, los que primero experimentaron una declinación de la tasa de fertilidad por debajo de la tasa de reposición. Esos países son, en su casi totalidad, los capitalistas desarrollados, ya que son los agrupados en Europa, Norteamérica y “Asia avanzada” (Japón, China, Corea del Norte, Singapur).

El contexto más general es la de una estimación promedio de declinación global de la población absoluta hacia 2080, con un pico de unos 10.100 millones de habitantes. Pero la perspectiva para los países desarrollados es mucho más urgente. Con una fertilidad promedio de 1,2 hijos por mujer en edad fértil, el pico de población en edad de trabajar en relación a la población ya fue alcanzado en 2010, con el 70%; en 2023 había caído al 67%, y para 2050, si continúan las tendencias actuales, estaría en el 58%, El 42% restante serían menores de edad y, sobre todo, pensionados.

Y no se trata sólo del descenso relativo de la población en edad de trabajar, sino del descenso absoluto de la población total de los países desarrollados, que ya alcanzó su pico en 2020 y está en declive desde entonces. Para 2050, la estimación es que la población total de los países desarrollados caería de los 2.800 millones actuales a 2.600 millones; 33 de los 55 países del grupo tendrían menos población total. Ya en 2023 había más muertes que nacimientos  en 37 de los 55 países desarrollados. Un dato pone en perspectiva la catástrofe demográfica que amenaza a las principales economías capitalistas: a la vez que hoy concentran el 65% de la población global mayor de 65 años, representan sólo el 22% de los menores de 15 años. Y esa tasa sólo va a empeorar con el correr de las próximas décadas, lo que significa que la población de los países desarrollados bajará del 35% del total mundial hoy al 25% para 2050. Por eso el informe de McKinsey cierra el primer capítulo, significativamente titulado “La era de la escasez de jóvenes”, con esta ominosa definición: “En el largo plazo, los países de la primera ola [los desarrollados. MY] pueden llegar a enfrentar el desafío de la despoblación” (cit., p. 20).

El impacto de estas cifras se mide ante todo en la presión sobre los sistemas jubilatorios. La llamada “tasa de respaldo” (support ratio), es decir, la relación entre población en edad de trabajar (15 a 64 años) y la de 65 años o más pasó a nivel global de 9,4 en 1997 a 6,5 en 2023, y se proyecta a 3,9 para 2050. Pero, también aquí, la realidad de los países desarrollados, y sobre todo de Europa, es mucho más alarmante:

Los intentos de hacer frente a esta tendencia vía el impulso estatal a la tasa de natalidad, con aportes económicos por nacimiento, apoyo a familias y –cada vez más– campañas ideológicas con la “teoría del gran reemplazo” de la población “nativa” por los “inmigrantes”, no han dado, como vimos, ningún resultado importante.[8] Por eso, Mc Kinsey recomienda un ataque al problema en tres frentes, ya que sólo “una combinación de tres palancas –aumentar la intensidad del trabajo, un fuerte crecimiento de la productividad y un giro hacia una media de edad más joven a través de un aumento de la fertilidad y de una mayor migración– puede contrarrestar la tendencia negativa del déficit de jóvenes” (cit., p. 24). Tareas ímprobas dadas las tendencias actuales en contrario en todos esos rubros.

En lo que hace a la “intensidad del trabajo”, Mc Kinsey se queja de ¡la holgazanería de los alemanes! El promedio de alemanes de 25 a 54 años trabaja en promedio 25 horas semanales; los de 55 a 64 años, 21 horas, y los de más de 65 años, apenas dos horas. Mc Kinsey compara estas cifras con las de los “industriosos” japoneses, que promedian 30 horas semanales entre la población de 25 a 64 años, mientras que los mayores de 65 promedian 7 horas semanales. La explicación es muy simple: la tasa de participación laboral (porcentaje de personas trabajando) para las personas mayores de 65 años es del 26%, contra el 19% en EEUU y sólo el 4% en Francia (¡otro país donde los jubilados tienen la extraña pretensión de no trabajar más!). Este conmovedor cuadro de ancianos obligados a seguir trabajando después de la edad de retiro es lo que Mc Kinsey llama “la lección que hay que aprender de Japón”…

Otra fea costumbre de los jubilados, que choca con las necesidades del orden capitalista, es la de vivir más tiempo. Como explica Mc Kinsey, “desde 1970, el período de retiro [esto es, desde el momento de la jubilación hasta la muerte. MY] se ha incrementado sustancialmente, de 11 a 18 años. (…) Durante muchos años, el paradigma jubilatorio era que una persona trabajaba hasta los 65 años y luego vivía de su pensión y otros ahorros sólo durante unos pocos años hasta su muerte. (…) A medida que la expectativa de vida se extiende, es cada vez más difícil que los números de las jubilaciones cierren (add up). (…) Si no hay cambios, la creciente cantidad de pensionados hará que los números de déficit fiscal y deuda pública sigan aumentando” (ídem, pp. 48-49). Por supuesto, entre las “soluciones” que adelanta el informe se incluye aumentar la edad jubilatoria y pasar a un sistema de contribuciones individuales, junto con la ya citada de “aprender de los japoneses” que trabajan, literalmente, hasta que se mueren.

Mc Kinsey aporta un ejemplo europeo que ilustra el “problema de los jubilados” para las finanzas públicas capitalistas: “En España, en 2023, los jubilados aportaban un 12% del ingreso impositivo total, pero consumían más del 40% del gasto público, la mayoría bajo la forma de pago de pensiones y atención de salud. En contraste, los españoles de 36 a 45 proveían el 25% de los ingresos tributarios, pero representaban sólo el 9% del gasto público. Este contrato social intergeneracional funciona mientras se mantenga un equilibrio entre la cantidad de jóvenes y de adultos mayores. Sin embargo, cuando ese equilibrio cambia y hay demasiados pocos trabajadores para sostener las obligaciones de la sociedad con sus pensionados, ese contrato social queda bajo presión” (ídem, p. 50).

El cinismo de esta postura es sublime: no se trata de que el orden social capitalista es incapaz de dar respuesta a sus propias contradicciones y a los problemas autogenerados, sino de que unas franjas etarias le declaren la guerra a otras,[9] argumentando, planilla Excel en mano, que sus aportes son inferiores a las prestaciones que reciben. Tanto daría que se empiece a exigir a los niños alguna forma de compensación por lo que la sociedad gasta en su educación y el cuidado de su salud…

Una política inmigratoria racista y criminal

La otra solución posible, acelerar el ingreso de migrantes, no está justamente en línea con los vientos políticos predominantes, que marcan hoy el avance de formaciones de una extrema derecha xenófoba y racista que siente el más profundo horror al fomento de la inmigración extracontinental, por más que sea una respuesta mucho más realista al problema. De modo que lo que queda para al menos hacer más lento el desarrollo de esta tendencia, en la óptica del establishment, no es por ahora más que aumentar la edad de retiro. Claro que eso puede generar choques sociales aún mayores que los de levantar la barrera a la inmigración, pero las burguesías europeas ya están eligiendo qué enemigo prefieren.

Por desgracia, no hay que suponer que el nativismo y la xenofobia apenas encubierta son privativos de la extrema derecha europea. Un ejemplo fue el reciente referéndum en Italia que proponía facilitar el acceso a la ciudadanía a los inmigrantes extranjeros: una parte importante –más de un tercio– de los votantes tradicionales de izquierda desoyeron la campaña de sus partidos y votaron en contra (de todos modos la propuesta no se implementaría porque la asistencia al referéndum no superó el 50% necesario para ser vinculante).

La derecha europea tiene un gran aliado global en su prédica xenófoba: Donald Trump. Y no sólo por dar el ejemplo desde su propio país: en noviembre, el Departamento de Estado de EEUU anunció que instruyó a todas sus embajadas en Europa (además de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, es decir, el “Occidente desarrollado” íntegro) que recopilen datos sobre “delitos y violaciones de derechos humanos”  cometidos por inmigrantes, con mención especial de los islamistas radicales, contra “cristianos y judíos”. Tras la medida, la amenaza: esos mismos países, “si quieren mantener fuerte nuestra alianza”, deben prestar especial atención a las quejas de los “ciudadanos estadounidenses” –en primer lugar, es de suponer, los embajadores– respecto de “inmigrantes que ocupan casas, se quedan con empleos, aumentan las tasas de delito y atacan a los niños” (todo muy afín a los “comunistas devoradores de niños” de la Guerra Fría). Y en particular, el cuerpo diplomático recibió la orden de que desde cada embajada de EEUU se presione a los gobiernos para que implementen “políticas migratorias más duras”. Reiteramos: estas instrucciones no son para poner en práctica en el “patio trasero” de EEUU, ni en los “países africanos de mierda” (Trump), sino en los muy imperialistas, “poderosos”, “amigos” y “aliados” de Europa.

No hace falta aclarar que esas olas delictivas de inmigrantes, como la increíblemente grosera idea de que “la inmigración masiva es una amenaza existencial para Occidente” son, como de costumbre en los discursos de Trump, casi exactamente lo contrario de la realidad están opuestos por el vértice. Por ejemplo, cuando el inefable presidente de EEUU tronó en ante la Asamblea General de la ONU que “Europa se ve invadida por extranjeros ilegales”, pasó por alto que los hechos son que en los primeros ocho meses de 2025 los ingresos ilegales a Europa se desplomaron a la mitad en comparación con 2023, de 231.000 a 112.000 personas. Vale la pena detenerse en los métodos con que se ha operado esta reducción, porque representan un estigma y un baldón indelebles para la conciencia de la Europa “civilizada”, “progresista” y “democrática”.

Nos apresuramos a aclarar que esto no significa en absoluto que la historia migratoria reciente (digamos, desde la  posguerra) de Europa haya sido impolutamente democrática. Muy por el contrario: desde los Gastarbeiter (en particular, de Turquía) en la Alemania de los 50 y Dinamarca en los 60 a las oleadas de inmigrantes de países de la Commonwealth británica en el Reino Unido, pasando por los inmigrantes magrebíes y las ex colonias del África subsahariana a Francia desde los años 60, la relación entre los “nativos europeos” y los inmigrantes –incluso hoy, ya con ciudadanos europeos de segunda o tercera generación– ha estado atravesada por múltiples tensiones y formas de racismo, discriminación y estigmatización étnica, cultural y religiosa. Ni el esquema de las “comunidades” británicas ni la supuesta “asimilación laica a la República” en Francia, entre otros modelos, han garantizado una verdadera y libre integración de los inmigrantes y sus descendientes a la ciudadanía de la Europa “blanca y nativa”.

En el mejor de los casos, ha habido en ese período una integración lenta, contradictoria, incompleta e imperfecta, que nunca llegó a establecer relaciones de plena igualdad entre todos los ciudadanos, más allá de su origen. Pero incluso un “éxito” tan relativo está completamente fuera de cuestión en el contexto actual de aumento de la xenofobia, del racismo, de la islamofobia y del nativismo agresivo rampantes, con representación en absolutamente todos los países europeos. Situación que se da también, aunque en menor medida, para la inmigración intra Unión Europea.[10]

Lo que sucede en la actualidad es que la razón de que haya menos ingresos de inmigrantes ilegales a Europa no es, claro está, que la situación de los países emisores en África y Asia haya mejorado sustancialmente; más bien al contrario. La clave es otra: haber levantado un muro logístico y legal, con la complicidad de regímenes autoritarios de los últimos países de paso fuera de la UE, como Egipto, Túnez, Marruecos, Libia, Mauritania y otros. Es el mismo patrón, corregido y aumentado, de los acuerdos sellados con Turquía luego de la crisis migratoria de 2015, en ese entonces con un éxodo masivo sobre todo de sirios y afganos. El patrón es simple: esos países aportan control migratorio y la UE aporta dinero y, sobre todo, la más olímpica anuencia cómplice frente a las violaciones más groseras de los derechos humanos por parte de los estados en cuestión. En realidad, lo de la UE no es simplemente pasividad y vista gorda, sino intervención activa para evitar tanto la acción humanitaria como las denuncias contra los socios extracontinentales de la UE con las manos manchadas de sangre.

Es lo que podríamos llamar la tercermundización de los métodos diplomáticos europeos: “Grupos defensores de derechos humanos sostienen que la crueldad es intrínseca al plan de la UE, dado que se apoya en regímenes represivos que usan métodos brutales para evitar que los migrantes siquiera intenten cruzar su territorio. Julia Schafermeyer, de SOS Méditerranée, una ONG de búsqueda y rescate de sobrevivientes frente a costas europeas, se queja de una ‘campaña de acoso administrativo’ que busca debilitar la vigilancia de abusos y obstaculizar rescates” (“Europe’s astonishing drop in illegal migration” TE 9467, 27-9-25).

Haber vendido el “alma democrática” de Europa al diablo de la política antimigratoria parece haber dado buenos dividendos. En la ruta del Mediterráneo Central (Libia y Túnez) los cruces bajaron un 58% en 2024; en la ruta de África Occidental (Mauritania y Marruecos), el descenso fue del 52% este año. Poco importa a los bien pensantes funcionarios de Bruselas que sean moneda común las denuncias de abusos, violaciones y reducción a esclavitud por parte de las “autoridades libias” (en muchos casos, simples milicias irregulares), o las acusaciones contra el régimen tunecino de despachar migrantes al medio del desierto, en la frontera con Argelia, o de que Mauritania repele por la fuerza a los que intentan migrar desde Senegal o Mali. Nadie responde tampoco por los casi 900 muertos y desaparecidos en aguas del Mediterráneo entre enero y agosto de este año.

Inclusive, países con más peso geopolítico como Turquía o Marruecos no se limitan a cumplir con su trabajo sucio y recibir el dinero, sino que “ya han usado su capacidad para abrir o cerrar flujos migratorios como medios de ejercer presión sobre Europa para conseguir más fondos y para moderar las críticas a su política exterior” (ídem). Como se ve, el “pragmatismo transaccional” de la UE tiene poco que envidiarle al de Trump, si bien éste recibe peor prensa.

El colmo del asunto es que, como medio disuasivo, algunos países europeos buscan ser “menos atractivos”, al menos en la consideración de los potenciales migrantes. Italia intentó tercerizar en Albania el procesamiento de pedidos de asilo de migrantes africanos (movida cuya dudosa legitimidad generó ya rechazos judiciales); Grecia, por su parte, amenaza con la cárcel y/o la deportación a quienes permanezcan en el país luego de rechazado su pedido de asilo. De nuevo: no es la brutalidad de los raids de la ICE de Trump, pero no está tan lejos. Y, ciertamente, la política antiinmigrantes de la UE no ofrece mucho margen para las emanaciones de moral y promesas de virtud que solían ser un factor diferencial entre Europa y los EEUU de Trump.

Eso explica en parte que varias fuerzas políticas de la “izquierda” reformista del continente se han sumado, por oportunismo apenas disfrazado de “política preventiva contra la extrema derecha”, a la defensa de medidas contra los inmigrantes. Los casos más flagrantes son los de la socialdemocracia danesa y el laborismo británico.

El insólito –para una fuerza de “centroizquierda”, al menos– argumento de los socialdemócratas daneses es que el exceso de inmigrantes que tienen “valores diferentes” (traducción: musulmanes) amenaza la “cohesión social” que sostiene el estado de bienestar.

Las cifras de integración de los inmigrantes en Dinamarca son tan espantosas que hasta les dan brillo a las británicas, que no son exactamente el paraíso de la inmigración. Las tasas de empleo, de nivel salarial y de rendimiento escolar de los inmigrantes daneses son alarmante  sistemáticamente más bajas que las de los daneses “nativos”. Pero el nivel de brutalidad de la política antiinmigrante danesa reciente es asombroso: en 2015 fueron amenazados con la confiscación de sus bienes, incluidos joyas familiares, para “pagar la estadía”. Recortes en los beneficios, esperas interminables (las más largas de Europa) para conseguir la residencia legal y deportación para refugiados a la menor señal de “normalización” en sus países de origen como Somalia o Siria. En 2021, en sintonía con el delirio de Boris Johnson, se intentó hacer procesar los pedidos de asilo en Ruanda.

La frutilla del postre es una ley que permite que si en grupos de viviendas con una proporción elevada de habitantes “no occidentales” la tasa de criminalidad o de desempleo (!) excede cierto nivel, deben reducir esa tasa, o la proporción de “no occidentales”, o exponerse a que las viviendas en cuestión sean puestas en venta o demolidas. Lo increíble es que todo esto sucede en un país donde una de cada seis personas es inmigrante o descendiente de inmigrantes.[11]

El colmo de la repugnante política migratoria de la socialdemocracia danesa es que ahora es vista como un modelo por el laborismo británico. En efecto, una propuesta presentada en noviembre por un paper oficial menciona no menos de siete veces las leyes danesas de asilo como un ejemplo a seguir. Y esto pese a que el número “récord” de pedidos de asilo en el Reino Unido alcanza la nada espectacular cifra de 108.000 personas, es decir, el 0,15% de la población británica total. Como parte de su programa de austeridad fiscal, propone reducir el gasto en inmigración sobre todo a partir de reformar el sistema de asilo.

En tanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, hizo campaña prometiendo una política inmigratoria bien dura. No tuvo problemas en cumplir: en mayo se eliminó una disposición de la gestión Merkel que obligaba a la policía de fronteras a dejar entrar a Alemania a los que reclamaban asilo. Claro que eso genera tensiones con vecinos como Polonia, el primer punto de ingreso de miles de refugiados afganos, sirios y africanos provenientes de la calculadamente porosa frontera con Belarús.

Incluso en España, que no tiene la línea más dura respecto de la inmigración, hay cifras escalofriantes que dan cuenta del desastre humanitario que representa la xenofobia de la UE. Según la ONG Caminando Fronteras, sólo en las islas Canarias mueren 30 personas por día intentando el cruce desde África, un 60% más que en 2023. La mayoría de los cuerpos no se recuperan, lo que dificulta el cálculo. Las morgues de las islas del archipiélago, con una limitada capacidad de cámaras frigoríficas, están colapsadas y deben recurrir a compras improvisadas de freezers y a instalaciones de empresas de pompas fúnebres. Muchos terminan enterrados sin identificar.

Mientras tanto, se multiplican las iniciativas por parte de los gobiernos europeos para sacarse de encima los inmigrantes “indeseables”. El esquema propuesto en su momento por el inefable primer ministro británico Boris Johnson, que había formalizado un acuerdo para deportar inmigrantes a Ruanda (!), y que en su momento generó tanto escozor, parece haber hecho escuela. Italia hizo un acuerdo con Albania (país que, convenientemente, está muy cerca pero no pertenece a la UE); el gobierno neerlandés busca un acuerdo con Uganda; todos siguen el ejemplo de Trump, que no tiene el menor escrúpulo en deportar inmigrantes a El Salvador y planea hacerlo con Sudán del Sur (!!).

Un coletazo de estas políticas es que ya no se trata sólo de enviar lejos a inmigrantes, sino a presos comunes también: Francia anunció planes para una mega prisión en la Guayana francesa; Kosovo hizo un acuerdo para recibir presos daneses y está negociando además con Bélgica y Estonia, lo que concitó el interés de Suecia. La “picardía” es que muchos de esos presos comunes son en realidad nacidos en el extranjero y por lo tanto inmigrantes legales. Pese a las inmediatas denuncias de que las deportaciones violarían infinidad de derechos, los esquemas van tomando cada vez más forma; el punto de contacto entre esto y la política inmigratoria es que “una vez que los presos hayan cumplido su sentencia en el extranjero, van a ser deportados directamente a su país de origen, en vez de poder volver al país en el que recibieron sentencia” (“More European countries want to send their prisoners to other countries”; TE 9456, 12-7-25).

Como Europa tiene sus tradiciones y sus tiempos institucionales, estas y otras reformas difícilmente tengan lugar de un día para el otro, sino que deberán atravesar pantanosas instancias burocráticas y judiciales, sin hablar de un eventual costo político. Un ejemplo es que todo el “esquema albanés” de Italia quedó legalmente en el aire luego de un fallo de la Corte Europea de Justicia (que intervino dándole la razón a fallos judiciales en Italia) dictaminara que la práctica de procesar pedidos de asilo de refugiados en Albania era contraria a la ley europea. El punto controversial es el concepto de “país seguro”, lista que para el gobierno de Meloni incluye a Egipto (dictadura) y Bangladesh (gobierno de transición tras décadas de gobierno autoritario).

En el Reino Unido, Nigel Farage sube en las encuestas prometiendo acabar con el permiso de residencia por tiempo indefinido, incluso con efecto retroactivo. El 44% de los británicos encuestados acuerda con la primera idea, pero apenas el 6% está de acuerdo con deportar a personas que llevan una década viviendo en el Reino Unido. El trumpismo-faragismo del electorado británico tiene otros límites que en EEUU. Por lo demás, el total anual de arribos ilegales vía el Canal de la Mancha no llega a 45.000 personas. Aunque es un 50% mayor a la del año pasado, la cifra asombra por su relativa insignificancia; resulta una total desproporción que casi la mitad de los británicos (el doble que en 2023) consideren que el problema más importante del país sea la inmigración. Lo que da una medida de lo relevantes que resultan las campañas ideológicas que antes amplificaban los medios de comunicación tradicional y que hoy resuenan, rebotan y se hacen virales en las redes sociales, principal (a veces, casi única) fuente de información para crecientes franjas de la población.

Dicho esto, es notable cómo de todos modos la realidad material y la necesidad económica se abren paso frente a las telarañas ideológicas. La contradicción entre el auge de la política nativista, racista y xenófoba en buena parte de Europa y la necesidad económica de compensar el envejecimiento e incluso declinación absoluta de la población en edad laboral (¡y de la población a secas!) con flujos migratorios está llevando a situaciones impensadas. Por ejemplo, que gobiernos notoriamente de derecha nativista como el de Giorgia Meloni en Italia o el de Viktor Orban en Hungría promuevan esquemas que faciliten la llegada temporaria de inmigrantes de baja calificación, para sectores como el agro o la atención de salud.

La contrapartida es que esos programas apuntan a mano de obra inmigrante temporaria –en muchos casos, estacional–, esto es, sin habilitar la posibilidad de aspirar a la residencia legal definitiva, y mucho menos la ciudadanía. En el mejor de los casos, los inmigrantes reciben una visa temporaria y de corto plazo, que en muchos casos no permite el acceso al sistema de seguridad social en las mismas condiciones que los ciudadanos (ni hablar de las condiciones laborales, desde ya, incluido el salario), e impide que los inmigrantes se retiren en el país en el que han trabajado y deban volver a su país de origen.

Se ha señalado que esta práctica replica la implementada por los países árabes del Golfo Pérsico –el llamado sistema kafala, que pone a los trabajadores a merced de su empleador, ya que perder el trabajo equivale a la revocación de la visa– y Singapur. El esquema australiano es apenas más “generoso”: desde el año pasado, un inmigrante que pierde el empleo ya no tiene sólo 60 días para encontrar uno nuevo o ser deportado, sino que el plazo se ha extendido a… seis meses; en Nueva Zelanda, la legislación sencillamente no prevé la posibilidad de que los trabajadores temporarios tengan derecho a reclamar asilo.

Un antecedente estrictamente europeo es el sistema de Gastarbeiter (trabajadores “invitados”) de Alemania entre 1955 y 1973. El esquema tenía incluso menor intención integradora que los ya limitados modelos británico o francés; los 14 millones de inmigrantes –el mayor contingente, procedente de Turquía– no recibían ni legal ni culturalmente incentivos para mezclarse con la clase obrera “alemana nativa”. Muchos ni siquiera hablaban bien alemán al cabo de años de residencia, dado que el camino a la ciudadanía estaba casi siempre bloqueado; en fecha tan tardía como 1982, el entonces canciller Helmut Kohl todavía especulaba con forzar el retorno de los inmigrantes.

No cabe esperar que los países emisores, por su parte, se preocupen demasiado por la seguridad y los derechos laborales de sus ciudadanos: desde Honduras hasta Uzbekistán, pasando por Vietnam, las cuantiosas remesas de divisas de los emigrados a los países desarrollados son atractivo suficiente, para no hablar de la válvula de descompresión social y del mercado laboral que representa la migración en los países periféricos. Incluso varios países europeos no pertenecientes a la UE se benefician de las remesas en una proporción sustancial respecto de su PBI.[12]

Una vez garantizadas las peores condiciones laborales y legales posibles para los inmigrantes, hasta los gobiernos más de derecha de Europa se avienen a atender los reclamos de un empresario ávido de mano de obra de obra tan precaria como necesaria. Después de todo, pueden seguir el modelo de países desarrollados como Australia, con un 15% de su población inmigrante en condición temporaria, o como Japón, donde según datos oficiales de 2022 el 74% de las empresas que contrataban migrantes temporarios violaban las ya muy laxas leyes laborales, arrasando con los estándares de seguridad y dejando impagas las horas extras. Así, Meloni planea llegar a 165.000 visas temporarias en 2026, contra sólo 30.000 en 2021; en tanto, aún más extendido es el programa de migración temporaria de Orban en Hungría, donde ya en 2024 trabajaban 78.000 migrantes no europeos.

De esta manera, cuando la necesidad económica se impone, el vericueto legal de la inmigración temporaria permite salvar los obstáculos político-ideológicos que representa la ola nativista. El probable resultado es que “con el tiempo, es probable que esto haga que la inmigración se parezca menos a una escalera –en la que los inmigrantes avanzan peldaño a peldaño hacia la residencia permanente y la ciudadanía– que a una puerta giratoria” (“How to make immigration palatable in a populist age”, TE 9471, 25-10-25).

No hace falta aclarar que ninguna de estas “soluciones” permitirá avanzar un milímetro en los problemas europeos de competitividad y del choque entre tendencias demográficas y estado de bienestar, visible en primer lugar en el sistema de pensiones. Un esquema de trabajo inmigrante que recuerda a las encomiendas o a los indentured servants de la época colonial no va a revertir la tendencia decreciente en la ratio de trabajadores activos sobre trabajadores retirados. Ninguna empresa va a invertir en capacitación de personal que rota cada tantos meses o pocos años, ni los trabajadores podrán salir del círculo de empleos de baja calidad. Aunque sin duda la tasa de explotación del trabajo aumentará, junto con la masa de mano obra productora de plusvalor, ni en categorías marxistas ni en categorías de la economía burguesa clásica este recurso está a la altura de los desafíos estructurales de la Unión Europea.

Lo paradójico es que pese a todas las restricciones legales y al rechazo social y cultural de amplias franjas de la población, sensibles a las alarmas nativistas de la extrema derecha, la población migrante sigue creciendo. En los países de la OCDE (en su mayoría, desarrollados), la proporción de población nacida en otro país pasó del 9% en 2014 al 11% en 2023.[13] Y el peso económico de la inmigración es aún mayor que el demográfico, por razones de edad y tipo de población inmigrante: en Alemania y el Reino Unido los inmigrantes representan la quinta parte del mercado de trabajo.

En resumen, en las actuales circunstancias del capitalismo global, signadas por la baja rentabilidad y por el aumento aún demasiado lento de la productividad, una de las pocas “soluciones” a un crecimiento raquítico, en el marco del sistema actual, pasa por aumentar la masa de población susceptible de ser integrada a las relaciones de producción capitalistas. Dada la crisis demográfica actual, no hay mucha más alternativa inmediata propiamente económica, incluso dentro de los marcos del orden capitalista, que impulsar la entrada de inmigrantes, mal que le pese a la derecha nativista, racista y xenófoba.

5.3 El futuro de la juventud y la “calidad democrática y social” europea, en cuestión

Si la expresión “identidad europea” tiene algún sentido histórico, sobre todo para las nuevas generaciones, consiste entre otras cosas en un aspecto decisivo: Europa es hoy el continente con mayor calidad de vida del mundo. Salvo los casos de ciertas ex colonias británicas como Canadá, Australia y Nueva Zelanda,[14] no hay otra región del planeta que combine desarrollo económico, derechos sociales extendidos bajo la forma de Estado de bienestar, libertades democráticas, derechos individuales y tiempo libre para disfrutar después del trabajo. Esas “condiciones de partida”–que en muchos casos están codificadas y arraigadas en el derecho nacional y continental– son elementos fundantes e inexcusables del contrato social entre los estados nacionales europeos y sus ciudadanos (con un régimen aparte para los inmigrantes “indeseados”, claro está).

Como ácidamente define un analista, Europa ha sido desde la posguerra una “superpotencia en estilo de vida” (lifestyle superpower), especialmente en comparación con EEUU. En Europa la jornada laboral promedio es más corta en horas anuales y hasta en días de trabajo semanal; las vacaciones pagas son mucho más largas, con un promedio de cuatro o cinco semanas; en contraste, en EEUU las vacaciones de más de dos semanas son un lujo que casi ni los ricos se dan. Los trabajadores alemanes se toman en promedio 15 días anuales de licencia por enfermedad, mientras que en EEUU al tercer día el o la trabajadora estaría en la calle (y sin indemnización alguna, además).

Una de las novedades radicales de esta etapa histórica que se abre es que ese imaginario europeo hecho de tradición histórica occidental, paz continental, libertades democráticas, prosperidad y bienestar social, parte inescindible del sentido de “ser europeo” durante décadas –y que ha sido y es el principal imán para millones de inmigrantes–, por primera vez desde su conformación, empieza a erosionarse. Y, como hemos visto, no sólo por obra del “desgaste natural” de variables económicas o sociales, sino ahora, también por primera vez, como resultado de decisiones políticas conscientes y deliberadas de una elite europea que empieza a sospechar que la única manera de detener la relativa decadencia y creciente irrelevancia geopolítica de la UE es vender el “alma europea” al diablo. O, lo que es casi lo mismo, a las exigencias de Trump, a la hostilidad estadounidense, al espectro de la confrontación militar con la Rusia de Putin y a las crecientes presiones económicas y tecnológicas de China.

Con apenas disimulada Schadenfreude (alegría por la desgracia ajena), el columnista europeo del Economist recuerda que la actual “servidumbre geopolítica” europea respecto de EEUU significa que el sueño macronista de “autonomía estratégica” se aleja, y que la culpa la tienen… los relajados hábitos laborales europeos: “Mientras que los aumentos de productividad en China y EEUU se han traducido en las últimas décadas en un mayor PBI, y a su vez en mayor peso geopolítico, en Europa esos avances se han usado, en cambio, para trabajar menos. (…) Europa se enorgullece de disfrutar la dolce vita. (…) Bajo la ley europea, los trabajadores pueden suspender sus vacaciones si se enferman, por lo que esos días perdidos por enfermedad se convierten en más vacaciones posteriores [¡qué escándalo de holgazanería! MY]. Los europeos trabajan en promedio menos horas que casi todas las demás regiones, sea por restricciones legales o por la inclinación a los trabajos part-time; casi un tercio de los europeos trabaja menos de 35 horas por semana, un récord mundial. Trabajan menos semanas al año, gracias no sólo a las largas vacaciones sino a las licencias por maternidad y paternidad, de hasta 480 días como en Suecia. (…) Y para colmo, los europeos tienen carreras laborales de menos años, a pesar de tener una mayor expectativa de vida. En promedio, los franceses viven 23 años como pensionados, casi seis años más que estadounidenses y japoneses. (…) No hay nada objetable en querer trabajar para vivir, en vez de vivir para trabajar. Por desgracia, las leyes de la geopolítica, a diferencia de los códigos laborales europeos, no ofrecen cinco semanas de vacaciones. Dicho simplemente: más trabajo significa más dinero, y más dinero significa mayor peso en la arena global. Hasta los años 60, los europeos trabajaban más horas que los estadounidenses, y Europa era más importante en el mundo. Eso no es casualidad. Si los europeos quieren una silla en la mesa geopolítica global, tendrán que trabajar por ella” (Charlemagne, “Holiday from reality”, TE 9461, 16-8-25).

Pasemos generosamente por alto las incontables falacias del razonamiento de este venerable vocero de la explotación capitalista al servicio de la “geopolítica” y concentrémonos en el sentido del mensaje, que no es otro que hacer un eco entusiasta a recientes declaraciones del canciller alemán Merz: “El equilibrio entre trabajo y vida personal y la semana laboral de cuatro días son un obstáculo a la prosperidad de la nación” alemana. Desde ya, Merz no está solo; ya hemos mencionado que el intento de eliminar días feriados es la nueva pasión de los políticos europeos de todas las tendencias del establishment.

No se agota la ofensiva antisocial actual en derechos sociales establecidos que han sido siempre la marca de la “Europa social”, como la restricción de la jornada laboral, las licencias anuales por vacaciones y el consiguiente “equilibrio entre trabajo y vida personal”, que hoy representan un obstáculo para las elites preocupadas por la decadencia económica europea. Cuestiones menos gruesas como la potestad de los jóvenes para elegir su vocación y seguir los estudios que quieran, lo que hace al muy tradicional y muy real vehículo de “ascenso social” y mejora de perspectivas personales, el acceso a la educación superior, está viendo mellado su potencial (tendencia que se replica en general en todos los países, desarrollados o no).

A contramano del patrón histórico, en la UE la tasa de desempleo de los jóvenes con educación superior ha dejado de desacoplarse de la tasa general para los jóvenes, y ambas empiezan a converger –la diferencia de tasa pasó de más del 5% a menos del 3%–, en lo que implica un nivelamiento hacia abajo para los jóvenes universitarios. Lo propio sucede con la diferencia salarial entre los jóvenes egresados universitarios y los que llegaron a la educación superior: a diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, el plus salarial que garantizaba el título universitario dejó de crecer y ha empezado a retroceder.

El eventual descontento de los jóvenes con más educación que futuro es una preocupación para la clase capitalista. En una evaluación que no por políticamente reaccionaria es menos cierta, “la historia muestra que cuando a las personas con calificación (…) les va peor de lo que creen que les debería, pasan cosas malas. Peter Turchin, de la Universidad de Connecticut, sostiene que la ‘sobreproducción de elites’ ha sido una de las causas de toda clase de agitación política a lo largo de siglos, con las ‘contra elites’ al frente. Los historiadores identifican ‘el problema del exceso de personas educadas’ como un factor que contribuyó a las revoluciones de 1848, por ejemplo. Luigi Mangione [el joven que mató a tiros a un ejecutivo de una aseguradora de salud en Nueva York. MY] sería un miembro de la contra elite” (“Crammed and damned”, TE 9453, 21-6-25).

No hace falta decir que el blanco predilecto de esta mirada reaccionaria y elitista es simplemente el derecho de todos los jóvenes a tener formación universitaria, y mucho más (horror) para quienes tengan vocación por las “inútiles” (y peligrosas) ciencias sociales. Así, “quizá la enorme expansión de las universidades bajó los estándares [de calidad]. (…) En Francia el número de estudiantes aumentó en la última década en un 36%; en Irlanda, un 45%. El Estado subsidia títulos inútiles [!], lo que alienta a los jóvenes a perder tiempo estudiando [!!]. Los estudiantes tampoco están eligiendo los cursos adecuados. Salvo en EEUU, la proporción de estudiantes de arte, humanidades y ciencias sociales crece, al igual que, inexplicablemente, los cursos de periodismo [!!!]. Si estas tendencias revelan las ideas de los jóvenes sobre el futuro del trabajo, están realmente en problemas” (ídem).

Es difícil resumir con mayor crudeza la desesperación de la clase dominante por el hecho de que la juventud no termina de resignarse a que la educación superior es algo más que un mero entrenamiento para la competencia por trabajos bien pagos en las empresas de tecnología digital.[15]

De esta manera, el imaginario de una “juventud europea”, alimentada en las nuevas generaciones de la UE por instituciones como el libre tránsito en el área Schengen, el programa de estudios Erasmus, etc., tras haber alcanzado un pico posiblemente a mediados de la segunda década de este siglo, empieza a erosionarse por una multiplicidad de factores.

Entre ellos, el retroceso en uno de los aspectos que parecía terreno conquistado definitivamente: la libre circulación de las personas dentro del bloque. El acuerdo de Schengen de 1985 eliminaba los controles de pasaporte entre todos los países de la UE e incluso algunos de fuera de ella (los integrantes del llamado espacio Schengen). Ese marco legal operó sin cuestionamientos ni novedades durante décadas, y para muchos jóvenes y no tanto había llegado a ser algo tan natural como la salida del sol.

Pues bien, cada vez son más los países europeos – entre ellos Alemania, Francia y Países Bajos– que recurren a una cláusula de emergencia que permite reanudar los controles durante seis meses cada vez que se invoque. La medida parece más un gesto político para satisfacer inclinaciones xenófobas del electorado que medidas de cumplimiento efectivo; de hecho, ningún país tiene el personal necesario para implementar controles reales en todos los pasos fronterizos. Sin embargo, el hecho de que este principio básico de la construcción del edificio europeo sea cuestionado sin mayor conflicto da una medida de que el conjunto del proyecto se sustenta sobre cimientos más precarios de lo que todos creían.

Por lo tanto, si los inmigrantes extracontinentales son el blanco principal de los xenófobos europeos, ya no son de ninguna manera el único: el creciente recelo, desconfianza y rechazo incluso a los mismos vecinos europeos está probablemente en su punto más alto en lo que va del siglo, y abre un muy serio interrogante sobre la evolución del proyecto que nació destinado a garantizar la “paz perpetua” en el continente.

En un plano más “sociológico” del análisis, cabe señalar que según estudios como los del politólogo francés Jérôme Fouquet, también incide en el debilitamiento de la “identidad europea” –de manera acaso más sorda y menos visible– el desgranamiento de la cohesión social a partir del retroceso de instituciones que contribuían a estructurar la vida social, como los partidos y sindicatos tradicionales, los clubes, las iglesias. Esto genera lo que Fouquet llama la “archipelaguización” de la sociedad, con una relativa pérdida de los lazos de experiencia común que forjaban identidades colectivas (nacionales, de clase, etc.), lo que abre paso a un piélago de grupos separados, discontinuos, que viven lado a lado pero no juntos, que no miran las mismas noticias,[16] que se estructuran a partir de patrones de consumo cultural o consumo a secas y forman así una especie de constelación de mónadas de tribus inmersas en su propia burbuja. Algo que sucede en particular en las generaciones más jóvenes.

Lo cual es comprensible cuando se constata que para la amplia mayoría de los jóvenes europeos, el horizonte de llevar una vida independiente, con empleo estable y acorde a la propia vocación y, en particular, con vivienda propia, se aleja hasta hacerse indiscernible. Por dar algunos ejemplos, en Italia, en 2005, el 61% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vivía con sus padres. En 2025, esa proporción subió al 68%. En España las cifras son todavía mayores. En Holanda, el alboroto de la extrema derecha sobre la inmigración ha transformado al tema en el segundo más importante en el debate electoral. Pero el primero es la vivienda. En Italia y España reina el libre mercado inmobiliario; en Holanda, el 30% de las viviendas son construidas y administradas por el Estado; ninguno de los dos sistemas logra aliviar el problema de la falta de acceso de los jóvenes a la vivienda.

Esta nueva realidad de ataques sistemáticos al estado de bienestar y sus consecuencias, la falta de perspectivas de desarrollo económico y progreso personal y, cada vez más, las situaciones que evidencian un creciente desdén por las libertades democráticas –algo que sí es una relativa novedad, sobre todo para Europa occidental– alimentan un descontento que, aunque muchas veces sordo, de golpe estalla en manifestaciones masivas y explosiones de indignación popular que a veces sólo necesitan una chispa.

Es el caso, por ejemplo, de una oleada de manifestaciones callejeras, sobre todo en el este europeo, que aparecieron como rayos en cielo despejado y que revelan fracturas sociales y un malestar profundo que todavía no se expresa en acciones del movimiento de trabajadores o radicalización política. Pero no hay ninguna razón para suponer que esos desarrollos no pueden darse.

En Serbia tuvieron lugar en marzo algunas de las manifestaciones más grandes que se recuerden en el país, con más de 300.000 personas en Belgrado, capital de un país de 6,5 millones de habitantes. El disparador fue el colapso del techo de la estación de tren de Novi Sad, la segunda ciudad del país. La investigación reveló una trama de corrupción e ineptitud a los más altos niveles del gobierno y el Estado. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, osciló entre la represión, las amenazas de coartar libertades y el retroceso, acorde a los momentos de la movilización. En esas semanas, en Turquía hubo grandes manifestaciones de repudio al encarcelamiento del alcalde de Estambul y principal figura de la oposición al presidente Erdogan, Ekrem Imamoglu. El hecho disparó movilizaciones de cientos de miles de personas en todo el país, las más grandes desde 2013.

En Grecia, las huelgas generales y manifestaciones contra el gobierno de derecha marcan quizá el punto más alto de combatividad obrera en el continente. En Georgia, en cambio, las marchas tuvieron como motor el rechazo a la manipulación electoral que le habría dado la victoria a una fuerza política pro Putin, y que desde entonces acelera su curso a un régimen de creciente vaciamiento de las instituciones democráticas. La rusofilia autoritaria de Robert Fico en Eslovaquia y de Viktor Orban en Hungría también generó rechazos, mucho mayores en el país magyar cuando Orban intentó prohibir la marcha del orgullo gay en Budapest. El resultado fue una gigantesca concentración en desafío a la prohibición que dejó a Orban, por primera vez en mucho tiempo, a la defensiva. De hecho, las encuestas hacia las elecciones generales de 2026 lo dan, por primera vez en muchos años, en desventaja respecto de una amplia coalición liderada por Tisza, un nuevo partido fundado por Peter Magyar, un ex dirigente de Fidesz, el partido de Orban.

Y quizá el ejemplo más fulminante, ocurrido al cierre de redacción de este trabajo, haya sido la caída del gobierno de centro derecha en Bulgaria, acosado por manifestaciones de masas con amplia participación de jóvenes y estudiantes, en las que el detonante fue la protesta contra la corrupción generalizada (una tónica que se replica en todos los continentes, desde Madagascar a Nepal, y que ha dado lugar a apresuradas y superficiales teorizaciones sobre la llamada “generación Z”).[17]

Lo relativamente novedoso del caso es que los líderes de los países centrales de la UE y las mismas autoridades del bloque, otrora tan afectos a emitir mensajes de apoyo a la “democracia” y de advertencia contra los “autócratas” han optado muchas veces por el silencio, acaso temiendo que una desestabilización política en su “periferia oriental” termine llevando agua al molino de Putin. Como consecuencia de esta imitación del enfoque de “pragmatismo transaccionalista” de Trump, nadie debería esperar grandes oleadas de indignación democrática de parte de los gobiernos de la UE, sobre todo cuando de socios estratégicos se trata.

Un caso muy revelador es el de Turquía. No le faltaba razón a Erdogan cuando advertía en abril pasado que “la seguridad de Europa es impensable sin Turquía”. Por empezar, Turquía es uno de los mayores productores y exportadores de armas de Europa y del mundo. La base industrial con que sostiene esa producción es mucho más amplia e integrada que la de casi cualquier otro país europeo. Para seguir, el lugar de Turquía como contrapeso a Rusia es irreemplazable. Turquía ya ha tenido enfrentamientos indirectos con Rusia en Siria y Libia, y tiene fuertes inversiones militares y civiles en Ucrania, donde puede jugar un papel protagónico en la reconstrucción. Y Turquía sigue siendo la llave de paso que puede abrir o cerrar flujos migratorios masivos, como aprendió la UE en la crisis de 2015-2016.

Esa crisis fue, precisamente, la que dio luz verde a una nueva y mucho más pragmática era de relaciones entre la UE y Turquía. Aunque la membresía del bloque sigue lejos, las autoridades de la UE tienen la suficiente prudencia como para no insistir con temas como la violación de derechos humanos y civiles, la represión a los opositores, la persecución a periodistas y demás “lujos que Europa ya no puede darse”. Como señala con incomparable cinismo un columnista, “vaya diferencia que han hecho tres meses de MAGA. Turquía no cambió; todos los demás sí. Súbitamente, comparado con los EEUU de Trump, Turquía aparece como un aliado confiable. (…) En indicadores democráticos clave (…) Turquía se está acercando más a Turkmenistán que a Europa. (…) [Pero] por suerte para Erdogan, la UE no tiene intención de que la última oleada represiva sea un obstáculo para el nuevo enfoque hacia Turquía de ‘primero la seguridad’. (…) El arresto de Imamoglu es menos un obstáculo a la cooperación que un simple estorbo. (…) Europa ya casi habla erdoganés fluido. (…) Las normas, afuera. Los intereses, adentro. Buenas noticias para Ucrania y para la defensa europea, pero no para la democracia en Turquía” (The Turkey trade-off”, TE 9445, 26-4-25).[18]

Una muestra muy representativa de este giro pragmático de la elite europea lo da una reciente columna la estonia Kaja Kallas, ex primera ministra de su país y actual “alta representante de la Unión Europea para las relaciones exteriores”. La disparatada descripción de cargo equivale a algo así como la canciller de la UE y probablemente el segundo cargo en importancia después de la presidencia de la Comisión Europea.

Kallas, cuyas credenciales pro OTAN, pro EEUU y anti Rusia no admiten la menor mácula, comienza repasando, sobre un fondo de violines, las cualidades que hicieron de Europa “un proyecto de paz” y con un “compromiso con un orden internacional basado en reglas”, cuyos “valores compartidos” han hecho del bloque “una potencia económica global”. Esos “valores” incluyen “nuestra libertad de movimiento, nuestras garantías de derechos fundamentales, beneficios a los consumidores, cuidado de la salud (…) y liderazgo en la acción climática y el desarrollo ambiental”.

Todo muy loable y muy folleto de propaganda de la UE de comienzos de este siglo, pero hete aquí que “el orden internacional está al borde del colapso (…). ¿Cómo puede la UE salir adelante en un mundo que está tirando por la borda sus reglas. Para la UE, aferrarnos a las viejas normas cuando el mundo a nuestro alrededor está cambiando es correr el riesgo de la irrelevancia. Nosotros también debemos adaptarnos” (“Rules, tools and values”, edición especial de The Economist “The world ahead 2026”, noviembre 2025).

Hacen bien quienes miran de reojo esa “adaptación”. Por un lado, están las expresiones de deseo: “La UE debe ser un actor geopolítico con más músculo” para lo cual “necesitamos convertir nuestro peso económico en capacidad militar”, o el enésimo llamado a “profundizar la integración económica e impulsar nuestra competitividad”, en la línea de otra moción de anhelo, el informe Draghi. Pero cuando aterrizamos en las líneas de acción, la conclusión de Kallas es… rescatar el pragmatismo del birmano U Thant, ex secretario general de la ONU en los años 60 y 70, y su credo de que “al menos por el momento, tendremos que aceptar soluciones que no sea perfectas”, ya que, para Kallas, “debemos tener la voluntad de hacer lo mismo” (ídem).

En términos concretos, “tenemos que construir una coalición de países de pensamiento similar (like-minded countries) para reformar el sistema global de comercio”. Pero, ¿cuáles son esos países? ¡Sin duda, no EEUU! Más bien, los ejemplos son “India, México, el Mercosur, Indonesia” y los países que tienen acuerdos económicos con la UE. En suma, “necesitamos trabajar con muchos socios de todo el mundo con los que compartimos intereses comunes” (ídem).[19]

¿“Intereses”? Vaya, pero, ¿y qué pasó con los “valores”? Kallas no se ha olvidado de ellos, ya que cierra su columna aclarando que “es un error creer que debemos elegir entre nuestros intereses y nuestros valores”. ¡Pero si es exactamente lo que acaba de hacer, estimada “alta representante”! Y no se trata de un desliz o de un viraje ocasional, sino de todo un credo de la elite europea que, en el altar del “pragmatismo transaccional”, de los “intereses compartidos” y de la “adaptación” a un orden occidental que, con Trump todavía en condición de líder, incinera alegremente el conjunto de “valores” fundacionales, ya que no de “Occidente”, sí al menos del imaginario ideológico que han proyectado las potencias occidentales desde la segunda posguerra.

Es exactamente por eso que sin prisa, pero sin pausa, la UE está tirando por la borda todos y cada uno de los “valores europeos” de que se jactaba Kallas: desde la “libertad de movimiento” (cuéntensela a los camioneros polacos que necesitan entrar a Alemania) hasta las “garantías de derechos fundamentales” (como los de la oposición turca a Erdogan, encarcelada sin que la UE dijera una palabra ni mucho menos moviera un dedo, y mejor no mencionemos la política inmigratoria); desde el “cuidado de la salud” (el abandono del NHS británico y el proyecto de trabajar hasta los 70 años) hasta la “protección ambiental” (las nobles metas y compromisos del Acuerdo de París deberán esperar tiempos mejores, como quedó claro en la reciente cumbre COP 30 en Brasil).

¿Defensa del derecho a la integridad territorial de Ucrania? Nos encantaría, pero… el esfuerzo de sostener la guerra es muy costoso y Trump parece inclinarse más por Putin que por Zelensky, de modo que habrá que “aceptar soluciones que no sean perfectas”. Y, posiblemente en primer lugar, el “valor europeo” más importante y fundacional de todos, la preservación de la paz, pasa a transformarse en “convertir nuestro peso económico en capacidad militar”, porque Rusia acecha… y Trump parece decidió a abandonar la nave europea a su suerte.

Al respecto, David Rennie, una de las principales plumas geopolíticas del Economist, constata con angustia que la época en que EEUU y sus aliados compartían “valores fundamentales” como “la democracia liberal, el capitalismo, el orden legal y la separación de poderes” ha sido hecha trizas por el pragmatismo semiautoritario de Trump. Cuando Trump considera que la inmigración, no los “valores”, son “una amenaza existencial para la civilización occidental y para la seguridad de Occidente”, lo que está afirmando es que “es él [Trump], no los valores, quien pasa a ser el árbitro de la pertenencia a Occidente. (…) Se avecina una batalla por el alma de Occidente. La unidad [entre EEUU y Europa] ya es una víctima” (“What Donald Trump means by ‘Western civilisation’”, TE 9477, 6-12-25). Una cosa está clara: si hay algo que para Trump no forma parte del “alma de Occidente” son los “valores”… salvo que sean de Bolsa.

De este modo, lo que Kallas no puede terminar de reconocer en su enfoque renovadamente pragmático y cínico es que una Europa que abandona, una a una, todas las premisas que hicieron del bloque lo que es, y que le confirieron el lugar que ocupa en lo económico, político, social, cultural e ideológico, se encamina a transformarse sencillamente en algo distinto e irreconocible, como en la paradoja del barco de Teseo, al que se le van cambiando todas sus piezas una por una hasta que no queda ninguna de la nave original.

Como marxistas, y como marxistas de Latinoamérica, somos perfectamente conscientes del rol imperialista y colonizador de Europa en la historia moderna universal. Pero no somos “latinoamericanistas” estrechos ni consideramos “eurocentrismo” la existencia de inmensas conquistas reales para la humanidad que se concentran en la historia, los pueblos y las sociedades europeas. Por eso, advertimos: esas conquistas son el resultado de siglos de lucha de clases, de batallas sociales colosales, de guerras y revoluciones. La elite europea pretendió siempre apropiarse de ellas como si hubieran sido mérito propio, cuando en realidad le fueron arrancadas. En la actual “era de la combustión”, ese “piso político-social”, parte inamovible del paisaje político europeo durante décadas, empieza a ponerse en cuestión, y puede correr un peligro existencial si se lo deja en las manos y el timón de la clase capitalista europea y las actuales instituciones de la UE, sumidas en una profunda crisis.

Ante los embates que sufren hoy esas conquistas por parte de Trump y del imperialismo yanqui, por parte de los “enemigos geopolíticos” de Europa pero, sobre todo y ante todo, por parte de la propia clase dominante europea, sólo desde una visión y un proyecto anticapitalista y socialista, que encarne en y empalme con la magnífica tradición combativa y revolucionaria de la clase trabajadora y los pueblos del continente, se puede asegurar su continuidad y su profundización.

[1] Una de las geniales ideas que está tomando cuerpo en varios países es la de reducir los días feriados para aumentar la jornada laboral anual. En este terreno como en otros, Dinamarca muestra el rumbo: ya en 2023 el gobierno socialdemócrata anunció la abolición de un feriado con el explícito fin de “colaborar con un mayor gasto militar”, medida que finalmente se impuso el año pasado pese a protestas masivas en las calles. La avanzada contra los feriados –cabe señalar el sonoro fracaso de una reciente iniciativa de Macron en ese sentido– es sólo una muestra del ataque a todo lo que otrora era considerado un orgullo de la construcción socio-cultural europea.

[2] Curiosamente, este autoproclamado “defensor de las elites” no menciona en su lista de “circunstancias históricas” que dieron origen al Estado de bienestar a la que es sin duda la más importante: la persistencia del “fantasma del comunismo” y la necesidad del “Occidente capitalista” de ofrecer algo más que austeridad y recortes en plena Guerra Fría. Los factores que sí enumera Ganesh son el “subsidio implícito de EEUU a través de la OTAN” en gasto militar, la inexistencia de la competencia china y la relativa juventud de la población europea. A nuestro juicio, el elemento más real de todo esto es el cambio del perfil demográfico; el “subsidio implícito” de EEUU, como vimos, sólo fue significativo a partir de los 90.

[3] Para ser un encuentro atravesado por la necesidad de preparar a la OTAN contra la “amenaza Putin”, el comunicado final de la reunión es de lo más circunspecto en sus referencias a Rusia. Mientras que el documento de la cumbre anterior de la OTAN en Washington, bajo Biden, mencionaba a Rusia 43 veces, este año sólo se menciona una vez. El propio Trump se ocupó de sembrar incertidumbre hasta último momento con alarmantes declaraciones previas de que el compromiso de EEUU con el crucial artículo 5 de la carta de la OTAN (un ataque a un estado miembro es considerado un ataque a todos) “depende de cómo se defina, hay muchas definiciones”. Y aunque prometió que “voy a darles una definición exacta cuando llegue” a La Haya, como era de esperar, no cumplió. Lo que no impidió al titular de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, asegurar tras la cumbre que “EEUU está totalmente comprometido con el artículo 5”. Que se quede tranquilo quien pueda…

[4] En rigor a la verdad, la apuesta del gobierno francés es que parte del aumento del gasto militar sea financiado con deuda europea conjunta. Pero la sugerencia, como era de esperar, despertó inmediatos bramidos de parte del club de países “frugales”, encabezados por Alemania.

[5] Por comparación, el sistema de salud francés parece en mejor situación que el NHS. Aunque el sistema francés es más mixto, el resultado es que la proporción que deben pagar las familias de su bolsillo en gasto médico es el 2% de su gasto total (en el Reino Unido, el 2,5%). El gasto en salud en Francia equivale al 12,1% del PBI, sólo por debajo de EEUU (donde es espantosamente ineficiente) y Alemania. Dicho esto, empiezan a aparecer signos de desgaste, como la escasez de médicos jóvenes –un tercio de los médicos clínicos franceses tiene más de 60 años–, la sobrecarga en los servicios hospitalarios de emergencia y el “desierto médico” que afrontan muchas regiones rurales del interior, ya que hay una sobreconcentración de instituciones y oferta médica en las ciudades y en las costas.

[6] El programa de Farage combina la xenofobia –política de inmigración “saldo cero”, es decir, que no haya más ingresos que egresos de personas– con cierto populismo de derecha que incluye beneficios para pensionados y suba del umbral de impuestos para los sectores de bajos ingresos (pero, a la vez, abolir el impuesto a la herencia). Como señala con preocupación The Economist, “sin ser tan tóxico como AfD de Alemania o el RN de Marine Le Pen en Francia”, su propuesta es “disfuncional” y amenaza con “encerrar al Reino Unido en una espiral viciosa de bajo crecimiento, votantes furiosos y gobiernos que esquivan reformas impopulares o lanzan ideas que matan la inversión” (“The man Britain cannot ignore”, TE 9445, 26-4-25).

[7] La anomalía británica en el gasto social son los subsidios por discapacidad –de los cuales el mayor aumento se debe a patologías psicológicas–, que pasaron de 2,8 millones de beneficiarios en 2019 a 4 millones en 2024, esto es, una de cada diez personas en edad laboral. Pero incluso allí donde pueda sospecharse de “abusos al sistema”, muy probablemente no sea más que una forma de compensación improvisada para cubrir otros agujeros del sistema, como la atención de salud –es conocido el estado pavoroso del NHS, el Servicio Nacional de Salud, otrora orgullo del welfare state occidental– o la ya citada subprestación del subsidio de desempleo.

[8] El informe Mc Kinsey, aunque no deja de reconocer que “la inmigración puede ayudar en lo inmediato” a aumentar la proporción de población en edad laboral, advierte que si la productividad y la “intensidad del trabajo” no aumentan lo suficiente, “el incremento en la migración que se necesitaría para mantener la tasa actual de crecimiento de PBI per cápita [que ya es muy baja. MY] sería significativo. (…) Si las economías avanzadas dependieran sólo de la inmigración para mantener las tasas de respaldo en los niveles actuales, en muchos casos, para 2050, hasta la mitad de su población habría nacido en otro país, asumiendo que cada inmigrante trae en promedio una persona dependiente de ella” (ídem, p. 43). Nos apiadamos de los dirigentes de la derecha nativista que lean estas prognosis.

[9] Una novela del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, Diario de la Guerra del Cerdo (1969), imaginaba  un mundo en el que, por razones más intuidas que explicitadas, los ancianos eran una carga a desechar, con la consiguiente angustia de todas las personas ante la aparición de los primeros síntomas de la vejez. Sin duda, los jerarcas de esa sociedad distópica habrían recibido con beneplácito el informe Mc Kinsey como un fundamento “racional” para el gerontocidio.

[10] Quizá el único contingente reciente de inmigrantes que haya tenido una recepción menos hostil y una actitud de integración más abierta haya sido la de los ucranianos (que, significativamente, son europeos y blancos…). Y aun en ese caso, está por verse cómo quedará su status social y legal en caso de un armisticio o acuerdo de paz formal con Rusia, que pondría fin a su situación de refugiados de guerra forzosos.

[11] Hasta el habitualmente conservador columnista europeo del Economist no puede menos que horrorizarse: “El horrible resultado de limitar la inmigración, por nobles que sean sus motivos, es que vuelve aceptable ser desagradable con los inmigrantes, de los que se habla como una ‘amenaza’, una molestia que hay que resolver. El desprecio por los musulmanes es alentado tácitamente desde el Estado, como si todos fueran aprovechadores o potenciales violadores. Refugiados que han demostrado sufrir años de persecución deben aprender danés y adoptar las costumbres danesas, pero a la vez afrontan ser expulsados en cualquier momento. Este criterio de ‘ellos vs. nosotros’ corroe el sentido de ciudadanía: ¿cómo puede la gente adoptar una sociedad que los desprecia? Puede que Dinamarca haya entendido mejor que otros que la inmigración acarrea costos, pero está poniendo en riesgo la misma cohesión social que busca preservar” (“Denmark’s left defied the consensus on migration. Has it worked?”, TE 9456, 12-7-25).

[12] Según datos del Banco Mundial (2024), entre los más dependientes de las remesas (por un monto anual superior al 20% del PBI) se encuentran países como Nepal (66,1%), Tayikistán (47,9%), Líbano (33,3%), Nicaragua (26,6%), Honduras (25,7%) y El Salvador (24%). En el ámbito europeo, encabezan la lista Kosovo (17,3%), Georgia (12%), Bosnia (11,1%), Montenegro (10,6%), Moldavia (10,5%), Albania (8,4%), Croacia (7,3%) y Ucrania (6,3%).

[13] Citamos al Panorama Económico Global (World Economic Outlook, octubre 2025) del Fondo Monetario Internacional: “El total global de migrantes internacionales se estima en unos 285 millones de personas a 2022, de los cuales 168 millones participan en la fuerza laboral (datos de la OIT). Un cuarto de estos migrantes internacionales en la fuerza de trabajo se encuentran en América del Norte –sobre todo en EEUU– y otro cuarto, en Europa Occidental. En promedio, alrededor de un 15% de la población de los países desarrollados es de origen inmigrante”.

[14] No tenemos elementos ni espacio para desarrollar aquí las condiciones de la excepcionalidad de esos países respecto de las demás colonias británicas (o de otras potencias). Sólo señalaremos que uno de los elementos de la ecuación de la construcción de esos estados nacionales es, sobre todo en Australia y Canadá, una población colonizadora relativamente pequeña para un inmenso territorio, ocupado sobre la base del sometimiento violento de la población originaria (ambos aspectos, que también están presentes en el desarrollo histórico de Estados Unidos, se encuentran algo atenuados en el caso de Nueva Zelanda).

[15] Una buena réplica entre varias que suscitó este repulsivo elitismo instrumentalista fue la carta del decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y de la Comunicación de la Universidad Babes-Bolyai de Cluj, Rumania: “El objetivo de la educación universitaria no debería ser preparar a los estudiantes para el empleo, sino prepararlos para su vida futura. Después de todo, a mí no me gustaría vivir en un mundo en el cual los ingresos económicos sean el único factor de elección de carrera, en cuyo caso todos elegirían ingeniería o –Dios no lo permita– administración de empresas” (“Letters”, TE 9456, 12-7-25).

[16] El sociólogo francés Dominique Wolton observaba hace ya dos décadas que, contra la crítica habitual a la televisión como fuente de adoctrinamiento ideológico y alienación, cabía recordar que al menos la televisión “generalista” ayudaba a constituir un “gran público” que compartía la misma agenda y los mismos tópicos. El desarrollo de, en ese entonces, la TV paga, contribuía a su juicio a una fragmentación de la opinión pública en tribus cada vez menos conectadas. No cuesta mucho imaginar cuán infinitamente se potencia ese efecto de “comunidades electivas” (Wolton) con la mucho mayor facilidad de acceso, amplitud de oferta cultural y capacidad de “cultivo de nichos” que permiten el celular y las redes sociales.

[17] No obstante, no hay que caer en las narrativas interesadas que quieren pintar todos estos procesos como originados puramente por los motivos “institucionales”, al estilo de las “revoluciones naranja”. En Bulgaria, las protestas tienen como telón de fondo el intento del gobierno de hacer aprobar un presupuesto de austeridad, con la cobertura de las “reformas necesarias” para adoptar el euro como moneda.

[18] Desde ya, si la UE no está dispuesta a repudiar las medidas autoritarias de Erdogan, Trump está más que dispuesto a aplaudirlas: menos de 48 horas de la detención de Imamoglu, Trump se pronunció en estos términos: Turquía es “un buen país” y Erdogan es “un buen líder”. Así vienen las cosas para la “democracia” y los “valores occidentales” como los derechos humanos y el “imperio de la ley”: admiración rayana en la envidia de la troupe MAGA de EEUU e indiferencia cómplice de los países europeos, que callan los crímenes del régimen de Erdogan en aras de contener los crímenes del régimen de Putin.

[19] En ese sentido, es mucho más claro y franco el primer ministro canadiense Mark Carney, que reconoce abiertamente las consecuencias del “quiebre del orden de posguerra de instituciones, reglas y convenciones multilaterales” en beneficio de lo que llama una “geometría variable”, caracterizada por “coaliciones dinámicas, pragmáticas, con superposiciones, construidas alrededor de intereses comunes, y ocasionalmente [!!] de valores comunes, más que de instituciones comunes. (…) Es de esperar que estas alianzas ad hoc [purpose-built] sigan proliferando. (…) Los tiempos difíciles requieren respuestas pragmáticas. Países que normalmente no serían considerados del mismo pensamiento [like-minded] van a cooperar cada vez más allí donde compartan objetivos específicos y valores sobre temas específicos. (…) Aunque la geometría variable corre el riesgo de la fragmentación, la duplicación de esfuerzos y potenciales desigualdades, estas desventajas se ven más que compensadas por los beneficios de la velocidad, la adaptabilidad y la eficiencia. (…) La nostalgia no es una estrategia. No tendríamos que intentar volver al mundo tal como fue. (…) Al ocaso del multilateralismo deberá seguir el surgimiento del plurilateralismo” (“The age of variable geometry”, en edición especial de The Economist “The world ahead 2026”, noviembre 2025). Si dejamos de lado los neologismos, el sentido es muy claro: adiós a los alineamientos basados en “valores” (hipócritas o no, consecuentes o no); bienvenida la “geometría variable” de coaliciones pragmáticas ad hoc, construidas caso por caso, tema por tema y basadas en el autointerés más rabioso de potencia, sea pequeña, mediana o grande, tradicional o emergente.