Capítulo 3 de ¿A dónde va India? Un profundo estudio de la nueva realidad en la India y su papel en el mundo.
3.1 Las fuentes del BJP: el hinduismo de ultraderecha
Narendra Modi y el Bharatiya Janata Party (BJP; la traducción aproximada sería Partido del Pueblo Indio) gobiernan la India desde 2014. El BJP siempre fue una fuerza conservadora de derecha, que ya había estado en el gobierno con Atali Vajpayee –uno de los fundadores del partido en 1980– en 1998-99 y el mandato completo 1999-2004.
Si bien la agenda hindutva de Modi no fue avanzada de manera particularmente vigorosa en su primer mandato (lo que le valió críticas de los sectores extremos del BJP y la RSS), con la cómoda mayoría parlamentaria al comienzo de su segundo mandato las cosas cambiaron.[1] Su orientación se hizo cualitativamente más autoritaria y antidemocrática, con un principio rector abiertamente racista y supremacista hindú. La identidad india se concibe de una manera brutalmente homogénea a partir de la religión hindú (en primer lugar), la reverencia al sistema de castas, la centralidad de la lengua hindi y muchos otros rasgos culturales que definen una “hinduidad” (hindutva) que por definición excluye a amplísimos sectores del país que no son hindúes, ni hablan hindi, ni responden al estereotipo étnico hindutva.
El origen del BJP, como el del Vishva Hindu Parishad (VHP, fundado en 1964),[2] debe rastrearse hasta el de la Rashtriya Swayamsevak Sangh (Asociación de Voluntarios Nacionales, o RSS), organización paramilitar de ultraderecha fundada en 1925 a imagen y semejanza de los grupos fascistas europeos, especialmente el movimiento de Mussolini, e ilegalizada durante el dominio británico[3] e incluso varias veces después de la independencia por su carácter violento y discriminador contra las minorías no hindúes. La ideología hindutva extrema del grupo exalta la tradición cultural, especialmente religiosa, de la India hinduista y resiente lo que llama “humillación” bajo los casi mil años de dominio musulmán primero y cristiano (bajo los británicos) después.
El mentor ideológico del grupo, Vinayak Damodar Savarkar, era un miembro prominente de la Hindu Mahasabha (Sociedad Hindú), fundada a su vez a principios del siglo XX por supremacistas hindutva particularmente hostiles a los indios musulmanes. La RSS tenía una estructura muy jerárquica, con uniformes característicos (blanco y beige) y prácticas altamente militarizadas. De sus filas salió el asesino de Mohandas Gandhi en enero de 1948, Nathuram Godse, uno de los momentos en que la organización fue ilegalizada. El citado Atali Vajpayee, ex primer ministro indio, perteneció a la RSS.
Tanto el VHP como la RSS fueron invitados de honor en la “reinauguración” del templo de Ram en Ayodhya, en enero de este año, en el mismo sitio donde turbas hinduistas demolieron una mezquita del siglo XVII en 1992.
Modi no es un académico; su formación política tuvo lugar en la RSS, una organización nacionalista hindú paramilitar y de extrema derecha fundada en 1925. El Bharatiya Janata Party es, entonces, a la vez una creación y una continuidad de la RSS. Se ha rodeado de un séquito de hinduistas leales vinculados a la RSS, como Yogi Adityanath, un sacerdote hinduista de extrema derecha, ministro principal (cabeza de gobierno) del estado más populoso de la India, Uttar Pradesh. Una buena síntesis del pensamiento dominante en ese círculo es la de Ram Madhav, dirigente del BJP, que luego de la victoria electoral de 2019 escribió que la nueva misión del BJP era combatir “los ‘carteles’ pseudoseculares y liberales que tienen una influencia desproporcionada y dominio sobre el establishment intelectual y político del país (…). Los restos de ese cartel tienen que ser barridos del escenario académico, cultural e intelectual del país” (Max Rodenbeck, “The two Modis”, The Economist Special Report, 26-10-2019).
El proyecto hindutva del BJP es entonces “hinduizar” la India a la fuerza, lo que dejaría a las inmensas minorías como la musulmana, sij, tamil, cristiana, budista y muchas otras en un lugar subordinado, siempre que acepten la supremacía hindú. Caso contrario, sencillamente, no tendrían lugar en el país, como ya está sucediendo en varios estados.
Por otro lado, y pese a que la cruzada hinduista ha logrado por ahora bastante consenso de las castas inferiores, el proyecto en sí es típico de las castas superiores. De hecho, lógicamente, el proyecto hindutva asume la perpetuación y afianzamiento del sistema de castas, visto como un instrumento más de cohesión social conservadora. Las llamadas castas inferiores seguirían confinadas a actividades con las que las inferiores jamás soñarían con mezclarse, como la limpieza y recolección de basura. Inclusive, los sectores hindutva más fanáticos están en contra del sistema de cuotas para castas en la educación y los empleos públicos en tanto sistema de “acción afirmativa” análogo al de EEUU con los afroamericanos y otras minorías, no casualmente también rechazado allí por los republicanos más de derecha y la Corte Suprema trumpista.
Y vaya que las castas inferiores necesitan protección, por supuesto no contra las minorías discriminadas por los hindutva sino por las mismas castas superiores hindúes. Según ONGs indias e internacionales, en poco más de 20 años de gobierno del BJP en el estado de Gujarat –incluida la gestión de Modi–, hubo unos 40.000 casos registrados de delitos contra los dalits (“intocables”) por parte de las castas superiores, incluyendo más de 1.100 violaciones a mujeres y más de 500 asesinatos (Toni Azad, “Polarisation, repression and resistance in Modi’s India”, International Socialism 167, julio 2020).
Es innegable que Modi ha tenido éxito en aglutinar a los hindúes alrededor del sentimiento nacional religioso, pasando por encima de las múltiples divisiones étnicas y de casta. El proyecto de hegemonía hindú, desde ya, se opone por el vértice al criterio laico sobre el cual se edificó el estado independiente indio. Como recuerda el director de un grupo de ayuda a víctimas de la violencia comunal (es decir, hindutva), “cuando hubo disturbios religiosos en Delhi después de la partición [la separación de Pakistán de la India en 1947], Mahatma Gandhi dijo que no abandonaría la ciudad hasta que el último niño musulmán dejara de sentir miedo. Y miren cómo estamos ahora” (Max Rodenbeck, TE Special Report, 26-10-2019).
El discurso y práctica hindutva con los que el BJP interpela a su base social se complementa bien con una cierta demagogia liberal “anti Estado”, en el sentido de retirar regulaciones y restricciones que en muchos casos venían desde la declaración de independencia y llevaban la marca del Partido del Congreso.
En efecto, el secularismo, las regulaciones que apuntan a la convivencia de etnias, castas y religiones diferentes y otros elementos universalistas propios de la modernización de tono occidental que propiciaba el Congreso chocaban en muchos casos con la desconfianza o la hostilidad de franjas de la mayoría hindú, así como en capas sociales que van desde clase media acomodada urbana hasta sectores rurales atrasados, pasando por pequeños comerciantes que resentían las regulaciones estatales.
El sociólogo marxista Alf Gunvald Nielsen, autor de varios ensayos sobre India, explica que “por un lado, el nacionalismo neoliberal hindú de Modi promete un desarrollo que alienta aspiraciones de movilidad social y mitiga la ansiedad ante el declive social entre la gente que vive justo en el umbral de la pobreza abismal. Por otro lado, este proyecto político contiene una promesa de dignidad, basada en una hinduidad común, que a menudo se deniega a las personas de los rangos más bajos del sistema de castas. (…) [L]a nueva nación ascendente es en parte un sueño capitalista en que los inversores-ciudadanos pueden beneficiarse de la movilidad social y prosperidad material. No obstante, al mismo tiempo, es parte de una antigua cultura civilizatoria hindú que asume nuevas formas, pero nunca pierde su esencia original. (…) Puede decirse que lo que ofrece la fusión de estas dos imágenes a las clases populares en India es lo que el sociólogo afroamericano W. E. B. Du Bois calificó en su momento de salario psicológico. Du Bois intentaba explicar por qué la gente trabajadora blanca pobre del sur de EE UU se alineaba con las elites blancas en vez de unirse en la lucha contra la explotación con los trabajadores y trabajadoras negras pobres. Su respuesta fue que la blanquitud ofrecía la experiencia de una condición social más elevada que la de la gente negra. Esto, según Du Bois, servía de compensación de la pobreza material” (“India: Neoliberalismo y nacionalismo hindú”, Alf Gunvald Nilsen, 22-8-23, Viento Sur).
El hecho de que entre 2004 y 2019 el BJP haya incrementado su parte de los votos de la casta inferior del 23 % al 44 % y de los votos de los dalits del 13 % al 34 %, además de su parte de los votos de la gente pobre del 16 % al 36 % entre 2009 y 2019, ha sido un factor crucial de la consolidación de un voto panhindú en India. En 2019, Modi y el BJP lograron el apoyo del 44 % de todos los votantes hindúes por encima de las divisorias de casta y de clase que suelen fragmentar al electorado indio (ídem).
Un elemento fuerte en el relato populista del BJP es que a diferencia de la dinastía política de los Gandhi –el actual líder de la oposición, Rahul Gandhi, es hijo, nieto y bisnieto de primeros ministros del Partido del Congreso, todos educados en Oxford o Cambridge–, Modi nació en la pobreza (su padre era vendedor de té) y su formación es esencialmente autodidacta. Por otro lado, y contra ciertas exageraciones incluso desde la izquierda, su chauvinismo hindú no es necesariamente el elemento que le confiere más popularidad, sino incluso a veces un aspecto que sus votantes toleran sin compartir.
3.2 El creciente unicato del BJP y Modi
India entró en una fase de hegemonismo político comparable a la del Partido del Congreso en los años 50 y 60, en particular, como señalamos arriba, después de la reelección de Modi en 2019. Esa victoria le dio al BJP el impulso para tratar de imponer su agenda hindutva en todo el país a niveles cualitativamente superiores. Por lo pronto, el ministro del Interior, Amit Shah (hombre de confianza de Modi de cuando ambos compartieron funciones en el gobierno de Gujarat, lugar de origen del primer ministro), aprovechó la mayoría absoluta para aprobar leyes que permiten arrestos arbitrarios de opositores políticos y minorías.
El avance hegemonista se proponía como fulminante: el citado ministro afirmó desafiante que “vamos a resolver los problemas que afligieron a la nación por los últimos 70 años [es decir, desde la independencia. MY] en sólo ocho meses”. Por supuesto, este optimismo era exagerado. Pero lo que sí se ha verificado es la voluntad del BJP de poner en cuestión muchos de los pilares del funcionamiento político e institucional de la India en aras de de su visión hinduista reaccionaria.
Una agenda de cambios reaccionarios a la Constitución india
La propuesta de reforma de la constitución india por parte de Modi apunta a darle más poder al gobierno central en detrimento de los estados, en diversos planos. El signo de la reforma es debilitar el tradicional federalismo indio, pero en un país de tremenda diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa, este centralismo tiene un claro costado represivo y avasallante, acorde al proyecto de nacionalismo hinduista de Modi.
Estas tensiones aparecen también en el proyecto de reforma en relación con los criterios de representación. El criterio constitucional era simplemente el de asignar un escaño por distritos electorales delineados de modo que cada uno tenga aproximadamente la misma población (el sistema británico de constituencies), con una redistribución periódica en función de los cambios demográficos. Pero en 1976 el entonces gobernante Partido del Congreso decidió congelar por 25 años esos distritos para no penalizar a los estados que estaban llevando adelante políticas de planificación familiar para reducir el crecimiento demográfico. En 2002, un gobierno ahora del BJP volvió a postergar el cambio de distritos electorales hasta 2026. En ese período, la proporción de la población del sur respecto del total cayó 5 puntos y la del norte subió 3 puntos. Como resultado, y teniendo en cuenta el último censo (2011), hay una sobrerrepresentación del sur respecto del norte: sobre 545 diputados, el sur tiene 129 mientras que por población debería tener 111, en tanto que el norte tiene 120 diputados y le corresponderían 134. Así, Uttar Pradesh tiene un diputado cada casi 3 millones de habitantes, mientras que Tamil Nadu tiene un diputado cada 1,8 millones. Aunque las reformas aún no están aprobadas, Modi ya inauguró un nuevo edificio para el Parlamento con capacidad para… 888 legisladores, lo que “abona la idea de que su partido busca reasignar escaños a la vez que expandir la Cámara Baja a fin de amortiguar el impacto para los estados que pierdan” en la redistribución (“One country, 28 systems”, TE 9363, 16-9-23).
La distribución de las bancas parlamentarias puede respetar la proporcionalidad de la población, pero decididamente no la proporcionalidad de los votos: en 2019, con el 38% de los votos en BJP se alzó con el 58% de los escaños, mientras que el Partido del Congreso, que sacó la mitad que el BJP, el 19%, sólo obtuvo el 10% de las bancas. Esta mayoría absoluta fue una señal de largada para una serie de iniciativas en todos los terrenos; en el político, la intención fue consolidar y hacer casi permanente esa mayoría circunstancial (y amañada). De hecho, el BJP nunca superó el 40% de los votos a nivel nacional (a diferencia del Partido del Congreso en su período hegemónico). Sucede que el sistema de asignación de bancas, copiado del británico (first-past-the-post, con circunscripciones uninominales), es de los más antidemocráticos que existen y beneficia sistemáticamente a los partidos grandes en detrimento de los demás.
Otra medida centralista es alinear las elecciones estaduales con la nacional, lo que busca también aquí diluir el peso de las fuerzas regionales en beneficio del partido nacional más fuerte, precisamente el de Modi, el BJP. El argumento oficial es típicamente populista: la unificación de las elecciones simplifica y reduce las campañas políticas y ahorra dinero.
Entre las ideas de la nueva constitución estaba la de cambiar definitivamente el nombre mismo del país: de India (herencia del dominio británico) al que era oficialmente el nombre del país en hindi, Bharat. La consigna oficial de “una India” esconde, detrás de la aparentemente legítima aspiración de dar mayor unidad al país, el hegemonismo hinduista contra las muy importantes minorías musulmana, sij, tamil y muchas otras, para no hablar de las diferencias de casta entre los mismos hindúes (“One nation under Modi”, TE 9363, 16-9-23).
La constitución india, desde su mismo comienzo, utiliza los dos nombres del país, el de origen inglés y el nombre en sánscrito. Es sintomático que un libro del actual ministro de Relaciones Exteriores de la India, S. Jaishankar, publicado en fecha tan cercana como 2020, se llamara The India Way, mientras que otro del mismo autor, editado en enero de este año, se titula Why Bharat Matters (Por qué Bharat importa). La política de ambos libros es esencialmente la misma: un despliegue del nacionalismo cultural indio y su lugar en el orden global. Pero el acento hinduista es subrayado en el libro más reciente por el obsesivo empleo del nombre en sánscrito del país, que se repite en frases tan tautológicas, o absurdas, como “India sólo podrá levantarse cuando sea realmente Bharat”, o “la actual es una India que es más Bharat” o, ya en el paroxismo del pleonasmo, y para colmo a modo de conclusión del libro, “cada día que pasa se hace más claro que India importa porque es Bharat” (citado en “Bharat first”, TE 9380, 20-1-24).
La ofensiva contra la autonomía de Cachemira
El primer punto de la nueva agenda fue barrer con el artículo 370 de la constitución india, que garantizaba al estado de Cachemira su status especial como único estado indio con mayoría musulmana (los otros quedaron con Pakistán); esto incluía el derecho a su propia constitución, su propia bandera y amplia autonomía, además de la promesa de un plebiscito sobre su futuro. Sólo las relaciones exteriores, la defensa y las comunicaciones quedaban reservadas al estado central indio. El BJP, que siempre consideró estas concesiones como un “error histórico”, se abocó a “repararlo” de la manera más sumaria y brutal: sencillamente, abolió por decreto el status de Jammu y Cachemira, no sólo sus privilegios especiales sino su condición misma de estado.
Así, con Cachemira pasó lo siguiente: a) se convirtió en “territorio de la Unión” administrado por el gobierno central, situación que sólo conocen la capital Delhi y unas pequeñas dependencias, casi todas insulares, b) perdió más de la mitad de su superficie, convertida en un territorio separado, Ladakh (59.000 km2, limítrofe con China y Pakistán), pese a que, éste, con menos de 300.000 habitantes sólo es menos poblado que el territorio de Lakshadweep, de apenas 32 km2, c) incluso así mutilado, Jammu y Cachemira queda con 42.000 km2, es decir, más grande que 8 de los 28 estados restantes (antes de ser separado de Ladakh, era el estado 12 por superficie). Por población (casi 14 millones de habitantes), Jammu y Cachemira son la unidad política número 20, mayor que otros 9 estados y mucho mayor que todos los otros territorios, salvo la capital Delhi, lo que demuestra el carácter artificial de su degradación a simple territorio, y d) la medida, seguida de la declaración de la ley marcial en Cachemira en 2020, fue el comienzo de una verdadera cacería de más de 7.000 políticos y activistas cachemires, que fueron encarcelados sin cargo alguno, privados de derechos o desaparecidos con objeto de imponer manu militari la subordinación a los dictados del estado central. Obviamente, se suspendió el derecho de reunión y todo tipo de libertades civiles.
La situación incluyó “apagones informáticos”, con el servicio de internet suspendido durante meses y Cachemira convertida en un virtual agujero negro informativo, lo que generó infinitas denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, convenientemente ignoradas por EEUU y el resto de los aliados occidentales del régimen de Modi. En total el poder central desplegó cerca de medio millón de soldados para “mantener el orden”, a razón de un soldado cada 20 habitantes.
En diciembre de 2023, la Suprema Corte india dio el visto bueno a la revocación de Modi del artículo 370 de la Constitución. El hecho de que el fallo fuera unánime se considera un paso más en el avance de Modi sobre los demás poderes.
La ley de Enmienda de Ciudadanía
También en 2019 se implementó la ley de Enmienda de Ciudadanía (sigla en inglés CAA, Citizen Amendment Act). Bajo la cobertura de beneficiar a millones de refugiados que llegaron a India desde Afganistán, Bangladesh y Pakistán huyendo de la persecución religiosa (musulmana, se sobreentiende), lo que se pretende es excluir a los musulmanes indios de esa protección, lo que equivale a cuestionar su ciudadanía india. Entre las minorías “protegidas” figuran la hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana, pero no así los tamiles de Sri Lanka, que son en general hindúes pero entre los que hay muchos musulmanes perseguidos por un estado de mayoría cingalesa y budista. Mucho menos se hace referencia a uno de los más flagrantes genocidios del siglo XXI, el de la minoría musulmana de los rohingyas de Myanmar, estado que comparte frontera con la India. Lógico: como el estado perseguidor no es musulmán sino budista, y como los perseguidos no son hindúes sino musulmanes, los rohingyas no son considerados minoría perseguida, ni se les concede derecho de asilo. Lo propio vale para los refugiados tibetanos.
La CAA implementó un Registro Nacional de Ciudadanos, a partir del cual quedaría establecido quiénes son ciudadanos “legales”, con la consiguiente amenaza de deportación para quienes no lo fueran. El contexto necesario para entender esta medida es que en la India, a diferencia de casi todos los demás países del mundo, no es una pequeña minoría sino la mayoría de la población la que aún hoy carece de certificado de nacimiento, en virtud de la indigencia administrativa del estado central indio (entre otras razones). Por lo que miles de musulmanes nacidos en India, por no haber sido registrados al momento de nacer, no sólo pueden perder la nacionalidad india, sino que corren el riesgo de ser expulsados de su país.
La ley de ciudadanía de 1955 –vigente antes de la “enmienda”– garantizaba el derecho de ciudadanía a todos los que simplemente fueran residentes en la India a enero de 1950 y que hubieran nacido luego en la India. Este criterio simple y democrático es el que la CAA modifica para introducir como medida de la “legalidad” de la ciudadanía la posesión de documentos que poco tienen y –la verdadera trampa– la identidad religiosa. De modo que la CAA puede utilizarse, y se está utilizando, como arma político-administrativa para amenazar con la privación de ciudadanía a las minorías “indeseadas”, y muy particularmente la musulmana.
Represión a musulmanes y minorías
En el marco del avance de la agenda hindutva del BJP y sus aliados, es cada vez más obvio para propios y extraños que los musulmanes y demás minorías religiosas y étnicas ya no puede esperar una convivencia en pie de igualdad con los hindúes –el objetivo de Mahatma Gandhi y los líderes de la independencia–, sino subordinación y una tolerancia frágil sujeta a provocaciones y amenazas permanentes. Esto es especialmente patente en el caso del “enemigo principal”, la población musulmana.
Las tensiones religiosas en la India siempre han existido y se han manifestado periódicamente en episodios de violencia, pero, al menos en los discursos –y en muchos casos, de hecho–, el Estado central buscaba sofocar, controlar o atenuar esos estallidos, en vez de alentarlos, como sucede ahora.
Un ejemplo premonitorio de la concepción y la práctica hindutva en acción fue el ya citado pogrom antimusulmán de Gujarat en 2002, que dejó unos 2.000 muertos, 150.000 desplazados a campo de refugiados y masivas violaciones y mutilaciones de mujeres. El rol cómplice de Modi, en ese entonces al frente del gobierno del estado, fue tan evidente que se convirtió en un paria internacional, con la entrada prohibida a EEUU y el Reino Unido hasta 2012. Las excusas posteriores de Modi y su negación de toda participación en el hecho tuvieron un sentido estrictamente legal-electoral; políticamente, su base hindutva no tiene la menor duda de su responsabilidad en los hechos, y en verdad lo estima más por eso mismo.
Con la avanzada sobre Cachemira y la ley de ciudadanía como fondo, las medidas y provocaciones antimusulmanas se multiplicaron. En febrero de 2020, tras la difusión de un video en el que un grupo de policías golpeó y humilló a cinco musulmanes en Delhi (uno de ellos, de 23 años, murió poco después), se sucedió una serie de ataques de bandas hinduistas a musulmanes. Prendieron fuego a hogares, comercios y mezquitas; las pandillas hinduistas detenían a hombres en la calle y les exigían que mostraran su identificación. A quienes no lo hacían se los obligaba a mostrar si estaban circuncidados. La violencia hinduista duró tres días y, según Human Rights Watch, dejó al menos 52 muertos y más de 200 heridos.
Otro avance contra los musulmanes fue la abolición del divorcio tradicional del “triple talaq” (el hombre puede divorciarse de su esposa simplemente repitiendo tres veces la palabra talaq, divorcio). El argumento de Modi de que esto se trata de una defensa de los derechos de las mujeres podría resultar plausible y hasta “modernizador”, si no fuera porque en ningún caso se efectuó la menor modificación del Código Hindú en el mismo sentido. El concepto en vigor aquí no es proteger a las mujeres musulmanas, sino irritar a los hombres musulmanes.
De todos modos, esto es casi folclórico comparado con la verdadera lluvia de episodios de violencia antimusulmana de todo tipo, que recrudecieron desde la reelección de Modi. Y esa violencia física se acompaña de una campaña de estigmatización y construcción de la minoría musulmana como enemiga de la identidad del país. Por ejemplo, en la campaña local de la capital Delhi en 2020, los candidatos del BJP hablaban de “elegir entre India y Pakistán” y describían al barrio con alta concentración musulmana de Shaheen Bagh como “mini Pakistán”. El ministro de Finanzas Anurag Thakur le preguntaba a la multitud “¿Qué hay que hacer con los traidores de este país?”, en obvia referencia a los musulmanes, para instar a la entusiasta respuesta de los fanáticos del BJP: “¡Mátenlos!” (Toni Azad, “Polarisation…”, cit.). La operación ideológica habitual es la identificación musulmán-pakistaní-enemigo.
Los dirigentes de perfil más religioso del BJP son los más brutales y desembozados en su cruzada. Yogi Adityanath, ministro jefe del estado de Uttar Pradesh, el más populoso de la India con casi 240 millones de habitantes (si fuera un país, sería el quinto del mundo por población), vociferó que “si los musulmanes matan a un hindú, nosotros mataremos a cien musulmanes (…). No voy a parar hasta que [Uttar Pradesh] y toda India sean una rashtra (nación) hindú” (Harrison Akins, “How Hindu Nationalists Politicized the Taj Mahal”, The Atlantic, 27-11-17).
Otro foco de conflicto deliberadamente agitado por el gobierno central fue la campaña en el estado de Assam, limítrofe con Bangladesh (país mayoritariamente musulmán que, siendo parte originalmente de la India británica, se separó de Pakistán en 1971). Con la excusa de “confirmar la nacionalidad” de sus habitantes, casi 2 millones de habitantes (el 6% de la población del estado) fueron considerados “extranjeros”, que podrían ser encarcelados o expulsados. Un proyecto de ley impulsado por los sectores ultras hindutvas busca garantizar el derecho a aceptar refugiados de otros estados… siempre que no sean musulmanes.
En este contexto, no es de extrañar que casi cualquier aspecto de la cultura e identidad musulmana sean utilizados como excusa para la agitación antimusulmana. Un ejemplo típico es la cuestión de la carne de vaca, que los hindúes no comen –es un animal sagrado– pero los musulmanes sí. De tan habituales, ya casi no son noticia los linchamientos de personas sospechadas de comer carne de vaca.[4] Desde ya, la violencia del régimen no es exclusiva contra los musulmanes, pero por múltiples razones son el blanco predilecto del BJP.
La conocida escritora e intelectual Arundhati Roy, en su vibrante denuncia al régimen de Modi, cuenta que “los musulmanes huían de una pequeña ciudad de Uttarakhand, en el norte de la India, después de que extremistas hindúes afiliados al BJP marcaran una X en sus puertas y les ordenaran marcharse. Se habla abiertamente de un Uttarakhand libre de musulmanes”. Y agrega que según Edward Luce, del Financial Times, “podría decirse que India trata a sus minorías musulmanas tan mal como los chinos los tratan en Xinjiang” (A. Roy, “La demolición de la democracia en la India afectará al mundo entero”, Rebelión, 19-10-2023).
La oposición política: de la cooptación al acoso
Gracias a la popularidad de Modi y, también, al antidemocrático sistema de representación, el BJP es el partido hegemónico indiscutible de la política india aun sin ser el partido mayoritario en las urnas. Antes de las últimas elecciones controlaba, solo o con aliados, 16 de los 28 estados de la India (“Why is Modi so popular?”, TE 9351, 17-6-23).
Los instintos antidemocráticos del BJP y Modi afloran de manera cada vez más desembozada: los dirigentes del BJP suelen decir que su objetivo no es simplemente vencer a sus adversarios sino barrer de la India al Partido del Congreso, el más tradicional de la política india.
El Partido del Congreso, líder del movimiento independentista y hegemónico hasta los años 80, no parece a la altura del desafío de frenar el avance antidemocrático de Modi y el BJP. Es una fuerza anquilosada y paralizada por el dinastismo de la familia Gandhi (sin parentesco con Mohandas Gandhi): desde el primer líder indio independiente, Jawaharlal Nehru (gobernó entre 1947 y 1964); su hija Indira Gandhi (primera ministra 1966-1977 y desde 1980 hasta su asesinato en 1984, adoptó el apellido Gandhi de su marido, Feroze Gandhi); el hijo de ambos, Rajiv (premier entre 1984 y 1989); la esposa de Rajiv, Sonia Gandhi (presidenta del partido entre 1998 y 2017);[5] y los hijos de Rajiv y Sonia: Rahul Gandhi, actual máximo dirigente, y Priyanka Gandhi, secretaria general del partido.
El intento del Congreso de aglutinar a la oposición a Modi en una coalición llamada, sin mucha originalidad, INDIA (sigla inglesa de Alianza Nacional India para el Desarrollo Inclusivo), carga con el problema de que los aliados son en su mayoría fuerzas políticas (y dirigentes) de nivel estadual, no nacional, y además en general más proclives a la atenta recepción de ofertas del estado federal que a la defensa de elevados e innegociables principios. Un ejemplo es el de Nitish Kumar, del partido Janata Dal en el estado norteño de Bihar, uno de los más pobres del país, que anunció sin que le moviera un músculo que pasaría de integrar INDIA a apoyar al primer ministro Modi, a menos de tres meses de la elección general. Esa volubilidad en las lealtades políticas le ha permitido a Kumar una permanencia casi ininterrumpida como ministro jefe (inmediatamente debajo del gobernador) de Bihar desde 2005. Lo que no es un caso aislado sino más bien paradigmático del funcionamiento de la política india a nivel estadual.
Cuando la cooptación no es suficiente, el BJP recurre a una variante india del modelo yanqui de financiamiento de partidos, que convierte a la política en una actividad sólo accesible a los millonarios. Una de las reformas políticas de Modi fue modificar el sistema de financiamiento de las fuerzas políticas de modo tal de eliminar todo límite a las donaciones anónimas a través de “bonos electorales”, lo que sencillamente legaliza el lobby o la compra directa de influencia y cargos: el 95% de esos bonos electorales tiene como destinatario al BJP.
En un poco usual revés para Modi, la Corte Suprema dictaminó en febrero pasado que ese esquema iniciado en 2018 era inconstitucional, y obligó al Banco Estatal de la India (sigla inglesa SBI) a revelar detalles sobre quiénes compraron y quiénes recibieron esos bonos, incluyendo datos como el número de serie de cada uno. El SBI cumplió menos que a medias: pasó los datos a la Comisión Electoral, pero sin indicar cuáles donaciones fueron a qué partidos. Por supuesto, los 25 mayores compradores de bonos electorales eran grandes empresas indias, muchas vinculadas a contratos con el Estado, y lo turbio de algunos números justifica el juicio de Rahul Gandhi de que se trata de “el mayor negocio extorsivo del planeta” (“That’ll cost you”, TE 9389, 23-3-24).
Al respecto, diez partidos políticos identificaron públicamente a los compradores de sus bonos electorales, Ni el BJP ni el Congreso lo hicieron. Cuando el SBI finalmente aporte toda la información que se le reclama y se logre establecer claramente el vínculo entre donantes y receptores, las elecciones 2024 ya habrán tenido lugar… De allí que otras fuerzas de oposición como el Partido Comunista de la India (Marxista), que gobierna el estado sureño de Kerala y que había entablado una demanda contra el esquema, reclame un sistema de financiamiento estatal a los partidos políticos siguiendo el modelo alemán. Claro que, como dice su dirigente Sitaram Yechury, “nadie quiere frenar el financiamiento empresario” a los partidos indios, lo que, dado el crecientemente astronómico costo de la participación en la inmensa maquinaria electoral a nivel nacional, hará que “a partidos como el nuestro les resultará muy difícil competir” (ídem).
En los casos en que el filtro económico no alcanza para limitar la actividad de la oposición, el BJP recurre sin mayores escrúpulos a la persecución de dirigentes opositores, incluso si son funcionarios estatales. Es lo que ocurrió en marzo con el líder del Aam Aadmi Party (AAP), Arvind Kejriwal, por supuesta corrupción. Se trata del tercer dirigente opositor arrestado este año, pero el primero en la historia india en serlo ocupando el cargo de ministro jefe, en este caso de la capital, Delhi. Por poco, ya que el ministro jefe del estado de Jharkhand, también opositor a Modi, renunció a su cargo poco antes de ser arrestado en enero de este año. Otros dos altos dirigentes del AAP están encarcelados desde el año pasado sin que se haya puesto fecha a su juicio. Como para completar el cerco, el mismo día del arresto de Kejriwal, el principal partido opositor, el Congreso, sufrió el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la autoridad impositiva por supuestas irregularidades en 2017.
El gobierno alega que se trata de investigaciones de entidades estatales, como la autoridad fiscal y la agencia que investiga delitos financieros, sin injerencia del poder político. Pero como el 95% de las investigaciones de delitos financieros desde la llegada al poder de Modi en 2014 tuvieron como blanco a dirigentes y partidos de oposición, todo el mundo sabe a qué atenerse. Sobre teniendo en cuenta que “los políticos de la oposición acosados por funcionarios anticorrupción vieron cómo sus problemas legales se cajoneaban o postergaban en cuanto se pasaban a las filas del BJP” (TE 9390, “No country for critics?”, 30-3-24).
Así las cosas, no es de extrañar que en 2020 el 43% de los diputados tuviera antecedentes penales, sobre todo vinculados a denuncias de corrupción; en más de la mitad de los casos (29%), se trata de delitos graves.
Una de las víctimas más resonantes de este tipo de campañas fue precisamente el líder de la oposición, Rahul Gandhi, que fue inhabilitado para presentarse a elecciones y expulsado del Parlamento por una sentencia condenatoria a dos años de cárcel por “difamación”, que consistió en un comentario irónico hecho en un mitin de campaña en 2019 en referencia a dos empresarios fugitivos de la justicia de apellido Modi (muy común en el oeste de la India); Gandhi había deslizado que “todos los ladrones se apellidan Modi”. Cuatro años después, un allegado a Modi lo denunció por difamación, argumentando no sólo que el presidente del Congreso lo estaba relacionando con delincuentes, sino también que el comentario representaba un ataque contra toda una comunidad que compartía aquel apellido. El tribunal falló a favor del equipo de Modi y Gandhi fue condenado a dos años de cárcel en marzo de 2023, situación que buscaba impedirle participar en las elecciones de 2024. (“India: Neoliberalismo y nacionalismo hindú”, Alf Gunvald Nilsen, 22-8-23, Rebelión).
Por supuesto, ese tipo de comentarios no son nada inusuales en la política india; el propio BJP apoda a Rahul Gandhi pappu (tonto, zopenco). Pero la condena a dos años alcanzó exactamente el límite legal necesario para ser expulsado del Parlamento apenas 24 horas después del fallo (“Nobbling Rahul Gandhi”, TE 9340 1-4-23). En uno de sus poco habituales fallos independientes, el Tribunal Supremo de la India suspendió en agosto de 2023 la condena a Gandhi, en una muestra flagrante de que la fragilidad de los cargos para dejar fuera de la contienda electoral al líder opositor era demasiado hasta para el usualmente connivente máximo tribual.
Pero Rahul Gandhi está lejos de ser el único parlamentario que despierta las iras de Modi: a diciembre de 2023, nada menos que 146 diputados opositores (más de un cuarto del total de la Cámara baja) estaban suspendidos en sus funciones (“Invincible Indian”, TE 9380, 20-124).
Volviendo al clima político instalado por el régimen de Modi, tan fuerte es la marea hindutva motorizada por el BJP que empieza a contaminar a las mismas fuerzas políticas de la oposición: “Algunos dirigentes del Partido del Congreso practican un ‘hinduismo soft’: visitan templos, levantan estatuas de deidades hindúes y se muestran con santones hinduistas. Hasta ahora, es más lo que esto ha molestado a su base secular y no hinduista que lo que ha logrado atraer a los votantes del BJP” (“Invincible Indian”, TE 9380, 20-1-24).
Ya saliendo de las organizaciones políticas burguesas, la tradición de los partidos comunistas (stalinistas), a diferencia de lo ocurrido en casi todos los países de Occidente, sigue siendo importante en la India, con estados como Bengala Occidental y Kerala, que han visto largas décadas de gobiernos de partidos que se proclaman marxistas: el Partido Comunista de la India, el Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista), el Partido Socialista Revolucionario y otros. Pero su actuación al frente de los estados locales y su stalinismo irredento (no exento, desde ya, de parlamentarismo reformista) no los hacen una alternativa atractiva frente a Modi, y su dinámica general es de retroceso.
3.3 ¿Hacia un cambio de régimen?
El BJP dice ser la mayor organización política del mundo, con 180 millones de miembros, de los cuales 100 millones están “activos”. Si bien muchos de ellos se afiliaron simplemente con una llamada a un número telefónico gratuito, es innegable que el BJP constituye un aparato político-social clientelar monumental, con una gran capacidad de movilización de recursos materiales y humanos. Eso incluye un ejército de “voluntarios” que reproducen y difunden en las redes sociales material del BJP, en muchos casos abiertamente islamófobo.
Sobre esa base, el hegemonismo del BJP se expresa no sólo, como vimos, en un clima político, provocaciones religiosas, pogroms antimusulmanes y persecución a dirigentes opositores, sino en una evidente vocación de control político, social e ideológico de la sociedad. Esto abarca desde el tramado institucional formal hasta los textos escolares, pasando por la censura a los medios de comunicación y el hostigamiento a ONGs no controladas. Para esto el gobierno recurre a todo tipo de herramientas, desde las que pergeña él mismo hasta arcanas disposiciones legales –algunas, incluso de la época colonial– en la medida en que sirvan a sus fines. Por ejemplo, el gobierno no ha dudado en desempolvar la ley de Prevención de Actividades Ilegales (Ununlawful Activities Prevention Act), de 1967. Pocos gobiernos habían vuelto a hacer uso de ella por cuanto era ampliamente considerada inconstitucional y antidemocrática, pero ahora es un instrumento privilegiado de Modi y el BJP para reprimir toda forma de disenso, sea de políticos opositores, medios de comunicación, activistas o incluso figuras populares.
Todo esto configura un panorama de deriva hacia una “democracia de baja intensidad”, cuyo destino es incierto pero que, adelantamos, conducirá sin duda a una exacerbación de las contradicciones sociales y políticas y, eventualmente, a choques mayores de la lucha de clases.
La obsequiosidad política del Tribunal Supremo
A tal punto llega la genuflexión al Poder Ejecutivo del máximo tribunal que cuando el caso del templo a Ram llegó a la Corte Suprema, un ministro del BJP en Uttar Pradesh se congratuló de que seguramente el templo sería finalmente construido porque “el poder judicial es nuestro”. No se equivocaba: la Corte Suprema dejó el camino expedito al gobierno ese mismo año, pese a las protestas locales, nacionales e internacionales. No sólo eso: llegó al extremo del servilismo cuando, al absolver definitivamente a Modi de las acusaciones por su responsabilidad en el pogrom de Gujarat en 2002, llegó a sugerir que quienes merecían ser perseguidos por la Justicia eran los acusadores, por “abusar del proceso judicial” (!).Según el penoso “razonamiento” de la Corte, el exceso de reclamos judiciales contra el gobierno podría conducir a una “parálisis administrativa”; por lo visto, hacerles perder tiempo a estos altos magistrados con causas judiciales políticamente imposibles de hacer avanzar es un delito más serio que cualquiera que hayan cometido los funcionarios implicados.
Por fuera de algunos fallos contrarios al gobierno en algunas causas de escasa significación –salvo la rehabilitación de los derechos políticos de Rahul Gandhi y la cuestión de los “bonos electorales”, que ya mencionamos–, todos los objetivos políticos del BJP cuestionados judicialmente recibieron la anuencia de la Corte Suprema. En general, como vimos, de manera abierta y entusiasta; en otros casos, demasiado flagrantes, prefirieron guardar algo más las formas simplemente absteniéndose de emitir fallos (táctica conocida en inglés como “judicial avoidance”). Así, por ejemplo, la escandalosa ley de ciudadanía lleva años de dilaciones de las audiencias. Lo propio sucede con muchas situaciones que involucran la violación de derechos civiles y persecución religiosa a individuos particulares.
Según un académico de la Universidad de Leipzig, Anuj Bhuwania, y a diferencia de otros regímenes donde el gobierno llena el máximo tribunal de jueces adictos, la Corte decidió alinearse con la agenda del gobierno a fin de “salvaguardar su autonomía” (“Courting politics”, TE 9385, 24-2-24). Claro está que este mecanismo no es precisamente una garantía de “independencia de poderes”, sino que aparece como una coartada muy poco elegante que deja en evidencia tanto la vocación hegemonista del BJP como la espalda de goma de la Corte.
Censura y represión contra medios y ONGs independientes
Los medios de comunicación tradicionales y digitales se dividen entre una mayoría servil a Modi y una ínfima minoría cada vez más controlada, censurada, amordazada o directamente perseguida. En los medios que consumen habitualmente los indios, los musulmanes son presentados como “cucarachas” que invaden y contaminan la sociedad hindú (a la que se iguala con la india). La pandemia –durante la cual la gestión Modi no se lució en absoluto por su eficiencia o su cuidado por la salud de la población– fue motivo para renovar la histeria islamofóbica del BJP, que lanzó a los musulmanes acusaciones de “corona-terrorismo” y de “corona-jihad”, supuestamente como complot islámico contra la población. Por delirantes que parezcan, este tipo de manifestaciones son moneda común bajo el gobierno de Modi, no sólo de los medios adictos (la aplastante mayoría) sino de los propios funcionarios, que cada vez se preocupan menos incluso de guardar las formas.
La gestión Modi no se caracteriza por su tolerancia al disenso en los medios, y ni siquiera la poderosa BBC escapó a sus iras. Apenas menos de un mes después de la difusión –atención: fuera de la India– de un documental en dos partes, “India: The Modi Question”, las oficinas de la BBC en Delhi y Mumbai fueron allanadas por un batallón de agentes fiscales con la excusa de que el medio había subdeclarado sus ganancias en la India. Nadie lo creyó, ni el gobierno esperaba que se creyera, ni le importaba.
El documental se centra en la islamofobia del gobierno Modi y rastrea sus antecedentes al pogrom antimusulmán de 2002 en Gujarat, entonces gobernada por Modi, en el que murieron más de 2.000 musulmanes, incluyendo decenas de niñas y mujeres que fueron violadas y quemadas vivas. El documental asigna a Modi “responsabilidad directa” por el “clima de impunidad” que permitió los hechos de violencia. Particularmente sensibles son las historias no ya del pogrom, sino la larga (e infructuosa) búsqueda de justicia por parte de los familiares a lo largo de más de 20 años.[6]
La reacción del primer ministro fue invocar “poderes de emergencia” para prohibir la difusión del documental en la India, tanto en TV como en las redes sociales. Cuando estudiantes de la Universidad Nehru intentaron pasar el documental, las autoridades cortaron la electricidad. Según el vocero oficial, la BBC es “la organización más corrupta del mundo”, y su actividad es “trabajar para alimentar el odio contra la India” (“Modi against the media”, TE 9334, 18-2-23). Tanto la identificación del gobierno con el país como el tono paranoico son altamente característicos. Semanas después del estreno, sus oficinas fueron rodeadas por la policía para permitir el teatral ingreso de funcionarios de Hacienda a fin de demostrar los inexistentes delitos fiscales que se le imputaron a la BBC en represalia por su osadía.
Los esfuerzos del gobierno por presentarse como abanderado de la “India digital” suelen venir acompañados de medidas que apuntan al control antidemocrático de la comunicación en ese terreno. Una serie de leyes de regulación de las telecomunicaciones, incluyendo, dos leyes aprobadas en 2023, sobre “protección de datos” digitales y la de telecomunicaciones (que reemplaza la Indian Telegraph Act de… 1885) representan un cambio fundamental en las formas de acceso y utilización de Internet en clave de mayor control y censura del Estado. La ley de telecomunicaciones permite al gobierno exigir a operadores de telefonía e internet el bloqueo de mensajes sin autorización judicial. Y no sólo eso, sino que habilita al gobierno a reclamar que las compañías provean los mensajes interceptados en “formato legible”, esto es, pasando por encima del secreto y encriptado que supuestamente tienen aplicaciones como Whatsapp. Los términos vagos en que está redactada la ley abren la puerta a toda clase de abusos y empleo selectivo de las atribuciones del gobierno, según denuncian ONGs y think-tanks indios como Internet Freedom Foundation, NewsLaundry y Carnegie India.
Esta vocación controladora del gobierno Mosi está en línea con la práctica habitual en India –respaldada por el marco legal– de encarcelar personas simplemente por haber hecho posteos críticos en redes sociales. Así, no es de extrañar que un amplio estudio realizado sobre usuarios de Internet, el 65% hubiera admitida que tenía “algo” o “mucho” miedo de publicar en la web opiniones políticas o sociales por temor a represalias legales (“May be prescribed”, TE 9381, 27-1-24).
India tiene el registro de la mayor cantidad de interrupciones de internet anuales en 2022: 84 (el segundo de la lista es Ucrania, un país en guerra, con 22). Buena parte de esos número lo explica la censura oficial en la región de Cachemira, pero hay otros estados de la India donde el gobierno de Modi recurre a la interrupción del servicio de manera habitual para “prevenir la perturbación del orden público” (“Blocked and reported!”, TE 9354, 8-7-23). Claro que sería injusto asignar el total de la responsabilidad por la práctica al BJP, el partido del actual primer ministro: según la Internet Freedom Foundation, los gobiernos estaduales de otros partidos hacen lo mismo, llegado el caso. Como se ve, el slogan oficial de “India digital” admite excepciones por razones de represión política: los pedidos gubernamentales de bloqueo de páginas web pasaron de 2.800 en 2018 a casi 6.800 en 2022.
La síntesis del retroceso de la India en términos de las más básica libertad de prensa –con todas las reservas que habitualmente merece la expresión– es la ubicación de país en el índice de libertad de prensa elaborado por Periodistas Sin Fronteras. Sobre un ranking de 180 países, India cayó desde un ya ominoso puesto 140 en 2014 al puesto 159 en 2024, lo que deja al país a un nivel similar o inferior al de las gobiernos más tenebrosamente antidemocráticos del planeta (“An unruly corner”, TE 9398, 25-5-24).
La escasa tolerancia del BJP a la competencia no se manifiesta sólo en la vida política, sino incluso al nivel de la actividad social de base, a la que considera como su territorio exclusivo. De allí la creciente avanzada contra las ONGs que hacen trabajo de asistencia social y caridad, harto necesario en un país con los niveles de miseria de la India. Y no son poca cosa: India tiene registradas más de 200.000 ONGs, en su gran mayoría dedicadas al trabajo social en los sectores más empobrecidos de la población. En India tienen una gran tradición desde la lucha por la independencia, y contando sólo las que están oficialmente registradas, emplean unas 2,7 millones de personas. En muchos casos, estas organizaciones llenan huecos que deja la falta de presencia estatal. Care India, por ejemplo, provee educación y servicios de salud a 84 millones de personas, casi todas mujeres y niñas.
Ahora bien, desde el comienzo mismo de la gestión Modi, pero con mayor virulencia en los últimos dos años, el gobierno central se propuso obstaculizar o eliminar a un amplio número de organizaciones de trabajo social no estatal. Para ello utiliza desde procesos legales por “evasión de impuestos” hasta el recurso a una ley de 1976 que buscaba limitar el financiamiento a organizaciones locales de “agentes externos”, lo que impacta en muchas de las ONGs más grandes. Sin embargo, la persecución llega, en el caso de algunos activistas individuales, a la aplicación de leyes “antiterroristas” (!). Desde 2014, el Ministerio del Interior revocó más de 17.000 licencias para operar en el país y dificultó ostensiblemente la aprobación de licencias nuevas.
El instrumento predilecto de Modi para la persecución a organizaciones y medios no afines sea no la censura directa sino el recurso a inspecciones de agentes fiscales por supuestos delitos económicos. Por ejemplo, Oxfam India (capítulo local de la ONG global) y el Centre for Policy Research (un think tank de Nueva Delhi) sufrieron el mismo tratamiento de la BBC. Peor le fue a Amnistía Internacional, que se vio obligada a abandonar sus operaciones en India en 220 luego del congelamiento de sus cuentas bancarias por supuesto “lavado de dinero”. Una periodista crítica de la ideología hindutva, Gauri Lankesh, fue directamente asesinada por sicarios en Bangalore en 2017; el crimen nunca fue esclarecido.
Como era de esperar, la respuesta de los gobiernos del “Occidente democrático y liberal” a estos asaltos groseros a la más elemental libertad de expresión fue un ejemplo rastrero de la más miserable Realpolitik y razón de Estado. En el caso del ataque a la BBC, el propio primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak (él mismo de origen indio), no sólo no atinó a la menor defensa de la señera televisora estatal británica sino que aclaró que “no coincidía en absoluto” con el informe. Naturalmente, si hasta las autoridades políticas del Reino Unido hicieron la vista gorda, ninguno de los demás paladines de Occidente se molestó en decir una palabra al respecto; cabe imaginarse el silencio mortal que harán respecto de las víctimas de la censura de Modi a medios de comunicación y periodistas de origen y nacionalidad india…
Al respecto, Arundhati Roy denuncia que “los nacionalistas hindúes bombardean con amenazas en las redes sociales a los periodistas que critican al partido de Modi o las políticas del gobierno. La violación es una de las posibles amenazas para las mujeres periodistas. A menudo los reporteros son víctimas de doxys: se difunden fotos de ellos o de sus familias y se invita a la gente a hacerles daño. (…) India ocupa ahora el puesto 161 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que muchos de los mejores periodistas indios han sido expulsados de los principales medios de comunicación y que los periodistas pronto podrían estar sujetos a un régimen de censura legal, en el que un organismo nombrado por el gobierno tendrá la potestad de decidir si los informes y comentarios de los medios de comunicación sobre el gobierno son falsos o engañosos. Y a la nueva ley informática destinada a acabar con la disidencia en las redes sociales” (“La demolición de la democracia en la India afectará al mundo entero”, cit.).
En referencia a las redes sociales, la renovada rivalidad con China ha sido la excusa perfecta para que se prohibieran en India no sólo Tiktok sino otras 58 aplicaciones chinas. Además, las empresas chinas fueron expresa y explícitamente excluidas de las licitaciones públicas por el 5G.
En esta ofensiva puede discernirse una combinación de fanatismo hindutva, por un lado, y lisa y llana vocación autoritaria, por el otro. Amit Shah, el ministro del área, anunció que “no habrá piedad” con quienes quieran cambiar la “demografía india”. El significado no es difícil de desentrañar cuando se constata que más de la mitad de las licencias revocadas en 2022-2023 corresponden a organizaciones que, sin hacer de ninguna manera trabajo explícitamente religioso, son de origen cristiano o musulmán. La rama india de World Vision, una organización cristiana que hacía trabajo con más de 300.000 niños y actuaba en la India desde hacía más de 70 años, perdió su licencia en enero de este año (“Uncharitable India”, TE 9385, 24-2-24).
Las organizaciones que no están claramente alineadas con los objetivos políticos del BJP son potenciales blancos del BJP. Caen bajo esta ofensiva tanto organizaciones internacionales como nacionales, en muchos casos vinculadas al Partido del Congreso. Las excusas legales varían, pero los móviles son los mismos: evitar competencia en la asistencia social, frenar toda actividad social no alienada con la ideología hinduista o, directamente, la represión vengativa contra opositores políticos reales, potenciales o imaginarios.
La reescritura de la historia india en clave hinduista
La visión nativista (hindutva) de Modi y el BJP de la historia india ya se está trasladando a los libros de texto escolares. La importancia de los emperadores mogoles (musulmanes), que gobernaron buena parte de la India entre los siglos XVI y XVIII, y el hecho de que uno de cada siete indios es musulmán quedan expurgados o drásticamente abreviados en los manuales para niños y adolescentes.
Los textos escolares prácticamente eliminan todo rastro de presencia musulmana en la historia india, salvo como invasores, fanáticos religiosos y déspotas totalitarios. En la mirada hindutva, toda presencia “extranjera” –es decir, no hindú–, especialmente islámica, es fuente de corrupción de la “civilización india” (“Rewriting Indian history”, TE 9342, 15-4-23).
Los tramos desaparecidos en las nuevas ediciones hacen referencia tanto a la historia precolonial como a la colonial, a las primeras décadas desde la independencia y hasta la historia reciente. Veamos algunos: a) el rechazo de los extremistas hindis a la búsqueda de unidad entre hindúes y musulmanes por parte de Mohandas Gandhi, b) el hecho de que el asesino de Gandhi pertenecía a la casta (superior) brahmín, a la que el BJP rinde permanente pleitesía, c) el rechazo de Gandhi a la idea nativista de “India para los hindúes, Pakistán para los musulmanes”, d) la prohibición de las actividades de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), el ala paramilitar del movimiento hindutva (totalmente inspirado en los movimientos fascistas europeos de los años 20 y 30), luego del asesinato de Gandhi, e) las “amenazas a la vida democrática” que supone el uso de sentimientos religiosos para fines políticos, con el ejemplo del pogrom antimusulmán en 2002 en el estado natal de Modi, Gujarat en 2002, cuando el propio Modi era la principal autoridad del estado.
Esta reescritura de la historia india para fines del proselitismo nativista es la continuidad lógica del comité creado por Modi en 2017 para “revisar” la historia temprana de la India. El comité, que no incluía musulmanes, cristianos ni mujeres, se proponía cuestionar el “relato histórico fraguado” de las inmigraciones desde Irán hace milenios y en general toda traza del hecho de que India es un lugar de extraordinaria diversidad étnica, cultural y religiosa. Y buscaba reemplazar esa historia real por auténticas fábulas, una más disparatada que la otra: desde “probar” que los hindis eran descendientes directos de los primeros habitantes del subcontinente hasta que los relatos de los textos sacros hindúes no son mitos sino hechos, pasando por la aseveración de uno de los miembros del comité de que los hindúes habitan la India desde hace “millones de años”, lo que los convertiría no ya en los habitantes primigenios de la India sino en los ancestros de todos los homínidos pasados y presentes. Desde ya, el verdadero objetivo político final de estos dislates no es otro que preparar y justificar la persecución y exclusión de todos los sectores no hindúes ni hinduistas.
En el ámbito académico, el ala estudiantil de la RSS, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), lleva a cabo, con frecuencia exitosamente, acciones de denuncia y desplazamiento de intelectuales “antinacionales”, como ocurrió con el historiador liberal Ramchandra Guha en la Universidad de Ahmedabad. Desde la llegada de Modi al poder han sido asesinados decenas de periodistas. No es una agrupación menor: se estima que la ABVP tiene unos 3 millones de miembros (T. Azad, cit.).
Ni siquiera las aparentemente intocables estrellas de Bollywood, el complejo cinematográfico que más películas produce por año en el mundo, son inmunes a la histeria hinduista oficial. El BJP tiene pésimas relaciones con Bollywood en función de a) su ambiente cultural más liberal, al menos en comparación con el nativismo asfixiante hindutva, y b) el hecho de que la mayoría de las grandes estrellas son varones musulmanes, algunos de los cuales no temen quejarse del creciente clima de intolerancia en la India (“Bollywood v BJP”, TE 9332, 4-2-23).[7]
Hasta la arquitectura es objeto pasible de manipulación ideológica. El ente oficial encargado de la preservación de monumentos culturales, el Archeological Survey of India, descuida flagrantemente casi todos los sitios históricos de la era de los sultanatos y el período mogol, con excepción del Taj Mahal. E incluso éste, el edificio emblema de la India en todo el mundo, fue insólitamente excluido del folleto turístico editado por el gobierno del BJP del estado de Uttar Pradesh en 2017. El delirio nativista llega al extremo de afirmar que el Taj Mahal fue originalmente un templo hindú del siglo XII construido por el marajá de Jaipur.
En tanto, el nuevo edificio del Parlamento en Nueva Delhi es un monumento al nacionalismo hinduista (no indio), y generó quejas de “utilización de la arquitectura con fines políticos”. Según el entusiasta apoyo de un columnista cercano al BJP, el nuevo Parlamento expresa “los esfuerzos del gobierno para renovar el fervor nacionalista” y “el comienzo de la reescritura de la historia en nuestros propios términos”, que incluyen tanto la ruptura con el pasado colonial como la proyección del hinduismo como ideología hegemónica a la que las demás minorías deben rendir tributo (“Monumental Modi”, TE 9349, 3-6-23).
Por último, un factor no central pero tampoco desdeñable de la ofensiva ideológica del BJP es el nivel de culto a la personalidad (vyakti puja) de Modi, cuyo nombre y efigie son ubicuos en todo el país, desde las calles, plazas o estadios que llevan su nombre hasta las infinitas gigantografías con su imagen en rutas, estaciones o aeropuertos, pasando por los certificados de vacunación con su fotografía y en general todo artículo, acción o medida vinculada al estado nacional, que nunca dejan de hacer referencia al líder.
¿Régimen fascista?
Es atinado el señalamiento de Toni Azad de que “es tentador caracterizar a la India de Modi y el BJP como una forma de fascismo incipiente , si no un estado fascista liso y llano (…). Sin embargo, no es correcto considerar el régimen de Modi como fascista (…). [L]a ideología hindutva del RSS les resulta atractiva al presentar a la nación como una unidad homogénea, sobre el modelo de la familia. Este ideal de nación le ofrece seguridad tanto a (…) la juventud urbana de alto nivel educativo como a los sectores geográficamente desarraigados, sin lazos firmes de casta o familia. El RSS comparte entonces la base social con el fascismo clásico: la ‘pequeña burguesía’. (…) [Pero] el fascismo típicamente llega al poder del Estado cuando las capas medias se sienten completamente desamparadas, excluidas de los beneficios de la liberalización económica y separadas de las estructuras políticas vigentes. Esto no ha ocurrido aún. Tampoco el BJP está tan desesperado como para girar abiertamente a alentar movimientos en las calles. (…) El BJP es un partido burgués electoral y es por tanto mucho más amplio que el RSS; en su origen (1951) promovía el proteccionismo económico. Sólo en las últimas dos décadas se ha convertido al liberalismo económico, la globalización y la inversión extrajera” (T. Azad, “Polarisation, repression and resistance in Modi’s India”, cit.).
Esta caracterización nos parece más cuidadosa que la de A. Roy, para quien “lo que está ocurriendo en la India no es sólo una variedad del fascismo de Internet. Es fascismo real. …. Gran parte de la población hindú que vive en Estados Unidos, Europa y Sudáfrica apoya a los fascistas tanto política como materialmente. Por el bien de nuestras almas y por el bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, debemos plantar cara. No importa si fracasamos o tenemos éxito. No se trata sólo de nuestra responsabilidad en la India. Pronto, si Modi gana en 2024, se cerrarán todas las vías de disensión” (en Rebelión, 19-10-2023, cit.).
Desde ya, son muy comprensibles la angustia, la indignación y la sensación de impotencia de la escritora india, pero desde una mirada marxista, la calificación de “fascista” no puede lanzarse como un mero epíteto sino que debería hacer referencia a ciertos desarrollos de la realidad que presenten una correspondencia clara con los movimientos fascistas como fenómeno histórico. Y si bien es evidente que hay toda una serie de rasgos –muchos de los cuales ya hemos señalado– que habilitan ciertas comparaciones entre el régimen del BJP y el fascismo clásico, consideramos exagerado y poco riguroso considerarlo simplemente como fascista, dando por concluidos desarrollos que todavía deben darse.
Dicho esto, tampoco coincidimos del todo con la apreciación de Azad de que “las políticas del BJP y la RSS deben ser correctamente identificadas como populismo de derecha y fascismo incipiente, respectivamente. Etiquetar a todas las organizaciones de derecha e individuos como fascistas es históricamente impreciso y no es de utilidad” (T. Azad, cit.). Es probablemente plausible –a la inmensa distancia que nos separa del país– describir a la RSS, por su ideología y actividad, como “fascismo incipiente”. Sin embargo, la caracterización de la política del BJP meramente como “populismo de derecha”, sin ser en sí misma equivocada, nos parece demasiado general e insuficiente, ya que no termina de dar cuenta de la inmensa cantidad de elementos específicos que distinguen al BJP del nutrido tropel de “populismos de derecha” en Europa, Asia y Latinoamérica.
En particular en la actual coyuntura internacional, caracterizada entre otros elementos por el desarrollo de movimientos de derecha y aun de extrema derecha, es más necesario que nunca considerar esas diferencias específicas para evitar caer en generalidades. Por lo demás, cabe consignar que la gran mayoría de los movimientos y partidos de derecha y extrema derecha tienen en común, entre otros rasgos, el de ser “populistas”. Bajo un manto tan amplio caben personajes y partidos tan disímiles como Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Giorgia Meloni y los Fratelli d’Italia, Marine Le Pen, Viktor Orban de Hungría, el PiS polaco, Vox de España, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Joko Widodo en Indonesia y muchos otros. Así, hablar de “populismo de derecha”, aunque es correcto, implica apenas dar el primer paso para dar cuenta del fenómeno, y de ninguna manera haber hecho todo el recorrido.[8]
El hegemonismo de un partido no es extraño a la historia india; de hecho, ha sido la norma (salvo algunas breves transiciones o golpes de Estado) desde la independencia en 1947 hasta 1989 con el Congreso y desde 2014 hasta hoy con Modi y el BJP. Tampoco lo es el ataque a las libertades democráticas; baste recordar la suspensión de libertades civiles que llevó a cabo Indira Gandhi en el período 1975-1977. Pero la comparación formal es engañosa: el manotazo bonapartista de Indira Gandhi duró muy poco y fue derrotado de manera “institucional” y democrática, con movilizaciones populares, fallos judiciales y nuevas elecciones. No parece que Modi y el BJP vayan a permitir una reedición de ese proceso. Más bien, todas las medidas que toman van en la dirección de prevenir de manera antidemocrática y reaccionaria cualquier respuesta popular que cuestione su hegemonía.
Desde 2014 viene acumulando toda una serie de instrumentos políticos, institucionales e ideológicos para hacerlo, en el marco del desarrollo de un proyecto integral –económico, político, cultural y geopolítico– que representa a la vez una reafirmación nacionalista hacia fuera y un curso nativista religioso reaccionario hacia adentro, con un rumbo crecientemente autoritario y antidemocrático.
Ese desarrollo no carece de consenso, lo que no sólo se manifiesta en los éxitos electorales de Modi. Un informe internacional de la consultora Pew publicado en febrero apunta que una amplia mayoría (67%) de indios cree que “un sistema en el cual un líder fuerte puede tomar decisiones sin interferencia del Parlamento o las cortes sería una buena manera de gobernar el país”, contra el 55% en 2017. Esos dos tercios registrados en la India representan la cifra más alta entre los 24 países evaluados en el informe.
Esta ubicación política es masiva en la elite económica. The Economist cita como representativa la opinión de un industrial del sur de que “el país es demasiado democrático” para su nivel de ingresos, y apunta que “para muchos indios de mentalidad internacionalista, Trump es demasiado autocrático para EEUU, pero Modi es el hombre adecuado para su propio país” (TE 9391, “The Modi paradox”, 6-4-24).
El resultado de las elecciones, en principio, fortalece ese curso. Pero el avance del proyecto Modi debe chocar inevitablemente con buena parte de la mejor tradición secularista y democrática del país. En esa contradicción se juega el régimen político del país más poblado del mundo.
[1] Un ejemplo de esto fue que el proyecto de construir un templo dedicado a la deidad hindú Ram en el mismo terreno en que hordas de la RSS habían arrasado una mezquita en 1992, en suspenso durante su primer mandato, recibió vía libre en el segundo, pese a las airadas protestas de los musulmanes. Se trataba de la mezquita de Babur o Babri, construida por el primer emperador mongol de la India en 1522, en el estado de Uttar Pradesh, donde hoy viven unos 13 millones de musulmanes. La mezquita, supuestamente el lugar de nacimiento de Ram, deidad hindú, fue demolida por una turba hinduista en 1992, impulsada por el VHP y respaldada por la RSS y el BJP, entonces liderado por Lal Krishma Advani, luego ministro del Interior del gobierno del BJP entre 1998 y 2004. El ataque generó la ilegalización durante un año de las actividades de la RSS y generó protestas en todo el país, con un saldo de 2.000 muertos, en su inmensa mayoría musulmanes.
[2] VHP es una organización de carácter mucho más marcadamente religioso, abocada a la construcción y mantenimiento de templos hindúes, la promoción del hinduismo en la educación y otras áreas y la protección de las vacas como animales sagrados.
[3] Lo que no significa que fueran particularmente hostiles a la ocupación británica, con la que de hecho colaboraron, especialmente cuando se trataba de ir contra quienes consideraban su enemigo principal, los musulmanes.
[4] El exceso de celo religioso en la protección de las vacas tiene el paradójico resultado de perjudicarlas. Casi todos los estados de la India prohibieron matar vacas (en general en los últimos años, acompañando la histeria religiosa del BJP), pero cuando los animales se vuelven viejos y sin utilidad económica, para sus dueños dejarlos sueltos resulta más racional que mantenerlos. En consecuencia, ya en 2019 había 5 millones de vacas abandonadas que generan accidentes en las rutas, daños en los cultivos y mayor suciedad en general. Desde entonces, y pese a que el gobierno estableció algunos “refugios para vacas”, el problema no ha hecho más que agravarse (“Suffering herds”, TE 9382, 3-2-24).
[5] En las elecciones de 2004, Sonia Gandhi había logrado una victoria que debía depositarla en el cargo de primera ministra. En una muestra aleccionadora de cómo funciona “la mayor democracia del mundo”, la reacción de la clase capitalista india, que rechazaba la figura de Sonia Gandhi supuestamente por su origen italiano, lanzó una campaña de éxito fulminante. En efecto, en lo que fue un caso de manual de “golpe de mercado” (retiro de inversiones, caída catastrófica de la Bolsa, etc.), el caos económico que se generó fue tan abrupto –y tan pusilánime fue la actitud de la candidata electa– que ni siquiera llegó a asumir y le cedió el cargo a su segundo, Manmohan Singh.
[6] Entre el laberinto que es el sistema jurídico indio y la cobertura mutua entre gobierno y jueces, no es de extrañar que otro episodio repulsivo, la violación en grupo de Bilkis Bano, de 19 años, y el posterior asesinato de 14 de sus familiares, incluyendo su hija de 3 años, terminara con los violadores –que habían sido condenados a cadena perpetua– indultados por Modi en agosto de 2023.
[7] Por ejemplo, en una escena del film “Pathaan”, una actriz en bikini naranja (o azafrán, el color sagrado del hinduismo) baila una canción llamada algo así como “Colores sin vergüenza”. La rama juvenil de una coalición de grupos nacionalistas indios (incluido el BJP), Bajrang Dal, clamó que se estaba insultando a su religión y exigió la prohibición inmediata del film, lo que tuvo eco en funcionarios del BJP en al menos dos estados.
[8] De todos modos, y considerando el carácter inicial de este texto, creemos más apropiado abordar el tema por la vía descriptiva y por aproximaciones sucesivas antes que aventurar definiciones conceptuales más precisas.
