El gobierno convocó audiencias públicas para intentar imponer el nuevo cuadro tarifario de colectivos y trenes, que prevé un aumento del 251% en el Transporte público. El boleto mínimo para las líneas de colectivos que funcionan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasarían a $270, mientras que el mínimo para el tren será de $130.

El cuadro tarifario pasará por un período de consulta pública, pero que desde ya podemos asumir que implicaría un golpe brutal para el bolsillo.

De esta manera, la tarifa para el boleto mínimo de colectivo, pasará de $76,92 a $270. La siguiente, que incluye los viajes de tres a seis kilómetros y la que más se utiliza, se incrementará de $85,96 a $300,78. La tercera tarifa, de seis a doce kilómetros, pasará de los $92,29 actuales a $323,95. La cuarta, de 12 a 27 kilómetros, subirá a $347, mientras que la que supera los 27 kilómetros, costará $370.

Por otro lado, el Gobierno pretende cobrar un diferencial del 60% para las tarjetas SUBE que no estén registradas en el sistema, por lo que la tarifa para el boleto de colectivo partiría de los $430 hasta los $589,54. Hasta el momento, la tarifa social del transporte seguiría vigente.

A su vez, el pasaje de tren subirá un 170% a partir de febrero. El mínimo pasará de $48,38, tomando de referencia la línea Mitre, a costar $130; en la sección dos pasaría a $169 y el boleto más caro, $208. Vale recordar que, el valor de este boleto depende del ramal, la línea y el trayecto que se utilice.

De esta manera, a pesar de que el Presidente diga que sus medidas son para “darle de comer a la gente”, la realidad es que, con una inflación del 10% en la primera quincena de enero y sin aumentos de salario, a partir de febrero, el bolsillo del trabajador tendrá cada vez menos margen para comprar alimentos y las restricciones al consumo estarán cada vez más duras.

Al momento de los anuncios, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el brutal aumento al considerar que «subsidiar la oferta es sumamente injusto». Es decir, al Gobierno no le gusta subsidiar al usuario del transporte, pero sí lo haría con gusto a los empresarios.

«Traían un atraso desde el último congelamiento de agosto», argumentó el portavoz sobre el nuevo aumento, en la misma línea del discurso de sinceramiento de precios para justificar que lo que paga la gente de a pie no es lo que vale, aunque ya es de público conocimiento que es uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el deber de clase que tiene que cumplir el Gobierno.