Esta intervención fue parte del panel de debates del movimiento feminista, realizado en el marco de la V° Jornada del Pensamiento Socialista, organizada por el Nuevo MAS y la corriente internacional Socialismo o Barbarie, los días 1 y 2 de mayo de 2020. Luego fue compilada y publicada en el boletín de Las Rojas «Debates feministas en tiempos de pandemia» en mayo del 2020.


 

Esto se ve en las estadísticas: en el 2019 más del 63% de los femicidios se cometieron dentro de la casa y, además, fueron cometidos por parejas y ex parejas en un 67%. Es decir, la cercanía de los agresores es clara: eran parte de la familia.

Me voy a detener un momento sobre el tema de la familia y el hogar. Dije recién que el hogar es el lugar más peligro- so para las mujeres y la diversidad ¿Cómo funciona esto? Bueno, resulta que la familia tal como la conocemos es una institución con un rol muy importante en la sociedad, que es el de la reproducción. En la familia nacemos, nos criamos, educamos, nos preparamos para el “mundo del trabajo”, nos enfermamos y curamos, y todo lo que hace a vivir. Pero todas las tareas que se desprenden de ahí recaen sobre la entera responsabilidad de las mujeres. Madres, tías, hijas mayores; no importa quienes mientras sean las mujeres. Claro, son tareas que no se pagan, no hay un sueldo, son gratis. Y es para esto que la ideología dominante nos vende que es realmente lindo y satisfactorio darlo todo por la familia.

Este mecanismo se sostiene sobre otro: la dependencia económica. Las mujeres somos expulsadas del mercado laboral y cuando ingresamos lo hacemos con salarios más bajos que los de los hombres.

Esta es, ultra resumidamente, la función de la familia, del hogar familiar en esta sociedad. Y es justamente esto lo que hace que la familia pueda llegar a ser una verdadera cárcel para las mujeres, al no ser algo elegido sino impuesto. Y si a esta situación, que de por sí es opresiva, le sumamos violencia doméstica, es una verdadera condena.

Por eso, las situaciones de violencia, abusos y femicidios se dan, en mayor proporción, en los hogares: porque la sociedad tiene todos los dispositivos preparados para evitar que nos escapemos de ahí. Y si eso fue así en épocas de “normalidad”, con la cuarentena se profundizó: el 76% de los femicidios no solo fueron perpetrados por quienes tenían un vínculo cercano con la víctima sino que, además, fueron dentro de la casa.

Por eso decimos que en la cuarentena hay un doble encierro: el encierro que vale para todos los miembros de la familia y la sobrecarga (y consecuente riesgo) que esto significa especialmente para las mujeres. Pero además del encierro físico, la cuarentena trajo el problema del aislamiento social. Esto en cuestiones de violencia es muy importante, porque la ruptura de los vínculos afectivos y cotidianos, es uno de los bastiones fundamentales de la violencia.

Por eso los agresores trabajan mucho para socavar las relaciones de amistad, familiares, de compañeras de trabajo, etc. Esto, claro, se vio agravado por la cuarentena y trajo como consecuencia el aumento de los femicidios. A los 10 días de iniciada la cuarentena, el movimiento feminista convocó a un ruidazo porque ya se habían cometido doce femicidios.

Esto no significa que la cuarentena generó violencia, no; si no que, por las características mismas de este fenómeno, recrudeció las situaciones de violencia anteriores. No ocurrió así con otros fenómenos, como los robos en la vía pública que, al contrario, bajaron, producto del encierro.

Otra cuestión más es que se dificultó claramente el pedido de ayuda. Por dejar de estar en contacto con otres y por la posibilidad concreta de hacer las denuncias en comisarías, fiscalías y demás. Si bien es cierto que se anunció un aumento de las llamadas a las Líneas de atención 144 y 137, esto no significa un aumento real de denuncias, porque al haber cerrado las oficinas de denuncia presencial, todo fue canaliza- do por esos programas. Por otro lado, las trabajadoras de estas líneas dijeron que hubo cierta merma en la cantidad absoluta de llamados. Pero además esas líneas no son de denuncia, son solo de contención y asesoramiento; por lo tanto, no hay medidas de protección o penales que se viabilicen a partir de esos llamados.

Las organizaciones feministas alertamos sobre esto desde el comienzo de la cuarentena: el encierro iba a traer más violencia. Lo mismo se puede ver en casos de abusos sexuales contra niñas y niños, que quedan encerrados por semanas con sus abusadores, quedan en una mayor desprotección a merced de los agresores.

No es mucho más que eso, el encierro con los agresores, redunda en más agresión. Entonces el gobierno tiene que explicar por qué no llevó adelante ninguna política que realmente combatiera la violencia.

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Desde que asumió, el Gobierno de Fernández jerarquizó discursivamente el Instituto de las mujeres, transformándolo en Ministerio, pero no le asignó un solo peso. ¿Por qué? Porque sigue sosteniendo el presupuesto 2019. Entonces, todas las explicaciones que se dan desde las voces del feminismo, hoy devenido oficialista, se apoyan en los 4 años de arrasa- miento de la gestión macrista, pero resulta que el Ministerio de Eli Gómez Alcorta sigue sosteniendo el presupuesto de Cambiemos.

La única política que se vio fue cientos y cientos de publicaciones de instagram, fotos y videitos re lindos, pero respuestas concretas a las mujeres y a la diversidad, ni una.
Hubo varias “campañas”. La primera fue la compaña de comunicación para reforzar la Línea 144, pero que en realidad, lo único que reforzó fue el mensaje de que había que llamar. Concretamente, en el programa no hubo modificaciones.

Las mismas trabajadoras vienen denunciado desde hace mucho el vaciamiento: precariedad en sus condiciones de trabajo (muchas monotributistas, salarios realmente bajos; falta de equipos de supervisión y contención para las propias trabajadoras, en una tarea tan agotadora como esa) y falta de recursos para dar respuestas.
Esto se profundizó en la cuarentena, porque muchas trabajadoras tuvieron que licenciarse por ser grupo de riesgo o por estar al cuidado de niños y niñas menores de 14 años, lo que recargó el trabajo de quienes quedaron sosteniendo los programas. El Ministerio, en lugar de contratar más trabajadoras para suplir esas vacantes, lo que hizo fue rotar a trabajadoras de otras áreas para que se sumaran a atender. Muchas de ellas habían sido sacadas de la atención telefónica por ser un trabajo realmente insalubre, el conocido burn out, y las pusieron de nuevo ahí.

Pero sobre todo, no habilitaron ningún tipo de recurso material, solo se apoyan en la contención, que realizan esas mismas trabajadoras precarizadas y súper agotadas. Lo que se ve en las mismas propagandas. Obvio que las llamadas aumentaron (aumentaron en relación a la cantidad de trabajadoras), pero lo que no aumentó fue la capacidad de dar respuestas. Sólo escucha y contención. Esto, en casos de violencia es importante, porque la devastación subjetiva es tan grande que paraliza a las víctimas, pero no hay resubjetivación posible si no se sale del contexto de violen- cia, y no hay manera de salir del contexto de violencia si no es con recursos económicos que garanticen, por lo menos, una vivienda y un ingreso económico para las víctimas y sus hijes. Para eso hace falta prepuesto.

Después largaron la campaña del Barbijo Rojo. A mí, personalmente, me pareció una burla. EL mensaje era: si no podés llamar a la 144, andá a una farmacia y pedí un barbijo rojo. ¿Por qué si no podés llamar, ya sea por el encierro, las amenazas, o el miedo mismo, vas a poder ir a una farmacia? Si salís a la farmacia, hacés el llamado.

Además, agrega un intermediario que es un profesional que no está formado, ni mucho menos, para realizar atención a víctimas de violencia, cuya única función es la intermediación para llamar a la 144. Le piden a la víctima un contacto alternativo. Si lo tiene ¿por qué no llamaría ese contacto?

Pero lo más complicado y profundo es la perspectiva de poner el foco en que las víctimas no denuncian y esto es mentira. No refleja la realidad. Es cierto que hay tabúes, vergüenzas y miedos; pero también es cierto que la irrupción del movimiento Ni una Menos desde 2015, rompió con el silencio inherente a la violencia, ahora sí se habla, se denuncia en todos lados. De hecho, de los más de 30 femicidios de la cuarentena, 8 casos tenían hechas denuncias y 3 tenían medidas perimetrales, un número que en situaciones de violencia extrema (que llega a femicidio) es alto. ¡Sí que se denuncia, pero el estado no hace nada con eso!

Celeste, la hermana de Camila Tarocco, detalló en una carta pública que hacía tres meses que el femicida González estaba con prisión domiciliaria, andando en moto sin tobillera electrónica ´porque no había´, mientras que a Camila no le habían dado un botón antipático.

¿Cómo puede ser que una mujer que denuncia una, dos… cinco veces, que tiene restricción de acerca- miento, sea asesinada por quien tiene la restricción? Hay que hablar también del fracaso de las medidas de protección, las restricciones, las tobilleras, todo tipo de medidas de protección que el Estado deposita en las fuerzas represivas (especialmente las policías locales) y que, como muestran los hechos, resultan en un desastre absoluto. Porque claro, se otorga esa facultad a la misma policía que, por ejem- plo, en Salta se llevó detenida a Irene Cari por ayudar a una adolescente que se fue de un hogar por abusos y violencias. La misma policía que detuvo a Magalí Morales en San Luis, supuestamente por romper la cuarentena, y a la que asesinó haciéndola aparecer como suicidada. La misma policía que tiene un índice altísimo de violencia contra sus propias parejas.

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En relación con las medidas de protección y justa- mente cuando se está dando el debate por las condenas domiciliarias, hay un problema que es la urgencia, por el riesgo de vida de las víctimas, y en este estado de situación que atravesamos la única herramienta disponible, por así decirlo, es el distanciamiento del agresor con la víctima. Para eso están las tobilleras, las restricciones de acercamiento e incluso la reclusión en la cárcel, a sabiendas de que no es ni por lejos un lugar de reparación.

En este sentido, nos oponemos a que se liberen a los condenados por delitos sexuales, femicidios, etc., que no son delitos comunes sino aberrantes y que, como ya dijimos, en su mayoría se comenten en los hogares: darles prisión domiciliaria a los agresores significa que vuelvan al lugar donde reside la víctima. Por supuesto que defendemos que se tomen las medidas necesarias para afrontar el hacinamiento en las cárceles que evite un contagio masivo.

Entonces, volviendo al problema de las denuncias, está claro que lo que no hay son respuestas del estado, pero sí hay denuncias.

Después de la campaña del barbijo, la ministra anunció la incorporación de las víctimas de violencia al Programa Potenciar Trabajo, un programa del Ministerio de Desarrollo Social, que consta de un subsidio para promover la autonomía económica y el desarrollo de emprendimientos productivos, con… ¡8700 pesos! La mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil. Los requisitos: presentar un proyecto de emprendimiento y devolver 20% de la producción mensual. Algo similar en la provincia de Buenos Aires, donde se otorga un subsidio excepcional de 30 mil pesos, pero que nadie sabe cómo se solicita ni qué requisitos piden: es decir, es realmente excepcional.

Lo primero que hace falta es presupuesto. 23 pesos por persona, es demasiado poco.
Programas de vivienda, pero que en la emergencia esto se puede resolver con las viviendas ociosas y los hoteles de lujo que sólo sirven para las ganancias empresarias. Si las mujeres no pueden irse de su casa en la emergencia, el riesgo de vida es aún mayor. Pero no sólo para la emergencia, porque cuando los subsidios se terminan y el único lugar donde volver es la casa del agresor, se las condena a la violencia. La información sobre estos programas tiene que estar disponible para el conjunto de la sociedad, que no dependa de conocer a alguien, o haber pateado las suficientes puertas como para conseguirlo.

También peleamos por un ingreso mínimo de 50 mil pesos para el conjunto de la población: para desempleados, monotributistas, víctimas de violencia, es decir, para todo aquel que lo necesite. Una renta que permita la supervivencia, sobre todo cuando la crisis sanitaria y económica se profundiza cada día más. Sin trabas burocráticas de por medio, ni contra- prestaciones. Esto en la urgencia, pero la autonomía económica tiene que ser estable y para esto es necesario un trabajo genuino.

Hay que destinar parte de ese presupuesto a los programas de atención y contención, como las Líneas 144 y 137, como ya dijimos para las condiciones de las trabajadoras y para los recursos asignados.

Programas de acompañamiento y asistencia, en todos los barrios, que sean accesibles, también con condiciones dignas para las y los trabajadores.

El problema de la impunidad también hay que considerarlo. Con las denuncias (ya sean en la justicia o en los programas de atención) se tienen que otorgar medidas de protección, que son las prohibiciones de acercamiento. Pero que realmente sean efectivas. Y si un policía, un funcionario público, o quien sea que le toque no las garantiza, que se lo destituya de su puesto. Lo mismo con los jueces, fiscales y defensores que amparen a violentos, abusadores y femicidas.

Las casas refugios son indispensables para resguardar a las víctimas y sus familiares en casos graves, de persecución y hasta que se localice al agresor. No es justo que se encierre a las mujeres pero como medida urgente, hay que garantizarla.

Tiene que haber patrocinio jurídico gratuito para que las victimas puedan enfrentar los engorrosos procesos judiciales.

La Educación Sexual Integral, que sea con perspectiva Feminista: que eduque en la igual- dad. Y aborto Legal, porque no hay autonomía cuando la mitad de la población no puede disponer libremente de su decisión de ser o no madre.

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