Nuevamente la provincia de Tucumán es el escenario de un asesinato en manos de agentes de la policía, otra vez la violencia institucional se cobra la vida de un hombre. Esta vez son seis los agentes que están involucrados en el asesinato en plena calle de Walter Nadal, tras haberlo considerado sospechoso de robar una gorra. Aun no logran probar el supuesto robo, la versión policial de la muerte por un infarto del hombre camino al hospital se demostró falsa luego de la autopsia. Le aplicaron una maniobra similar a que utilizaron los policías asesinos de George Floyd, tras exclamar “me falta el aire, me falta el aire”, murió pocos minutos después.

No pasó mucho tiempo desde aquel 15 de mayo, cuando un grupo de policías de la comisaría de Monteagudo, en la localidad rural de Simoca, se abalanzaron contra los hermanos Espinoza que iban camino a la casa de un familiar. Allí los golpearon brutalmente hasta desmayar a su hermano y, asesinaron de un disparo a Luis, un trabajador rural de 31 años. Lo arrastraron por el monte y escondieron su cuerpo.

Tras una desaparición de seis días, fue el 22 de mayo cuando encontraron el cuerpo sin vida de Luis en un barranco en la provincia de Catamarca. Hoy 9 policías y un civil recibieron el dictamen de prisión preventiva acusados de “desaparición forzada de persona con resultado de muerte y privación ilegitima de la libertad”, un último implicado tras una fianza fue puesto en libertad. Se esperaba que ante semejante escenario, acciones políticas que dieran lugar a un freno a la violencia institucional que se torna tan brutal como cotidiana.

Sin embargo, el pasado miércoles en horas del mediodía, en pleno centro de la capital provincial, tras considerarlo sospechoso por el robo de una gorra, un grupo de policías se lanzó sobre Walter Ceferino Nadal, de 43 años. Sujetado en el piso, tuvo la rodilla de un policía oprimiendo su cuello durante varios minutos, “me falta el aire, me falta el aire” dijo, y no lo soltaron. Poco después murió producto de una asfixia, como ya confirmó la autopsia ordenada por la fiscal Adriana Giannoni.

El relato policial y el de los funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial, salió pronto a justificar el crimen. Los agentes dijeron que camino a la Seccional 1 Walter se sintió mal, entonces llamaron pronto a la ambulancia que lo trasladó al Hospital Padilla, donde, dijeron en un primer momento, falleció producto de un infarto. Los policías Josué Molina y Melanie Mariel Caliva fueron los primeros en detenerlo y reducirlo en el piso. Jessica Gómez, Cristian Fernando Gómez, Diana Suárez y Claudia Vizacarra son los otros implicados en el hecho.

Como esta situación tuvo lugar en plena calle, varias personas alcanzaron a filmar los momentos finales, cuando Walter ya estaba tendido inconsciente en el piso con las rodillas del policía sobre su cuello. “Al parecer, los policías parecían no creerle que no podía respirar. En un momento el hombre se quedó callado y se puso blanco. Ahí los efectivos se asustaron y pidieron ayuda. Llegaron los de las motos del 107, lo reanimaron y recién lo llevaron en una ambulancia”. Relató a medios locales uno de los testigos presentes.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública, su titular Claudio Maley, anunciaba que serán “inflexibles”… de confirmar la justicia la responsabilidad de los agentes en los hechos. Pero agregaba inmediatamente, que era innegable la “calidad de los cuadros que tienen”. Dialogando con un canal local, dejo clara su verdadera postura de avalar y respaldar la violencia de los agentes, otra vez poniendo el acento en la justificación de la brutalidad ejercida sobre la nueva victima.

Allí hablo de los antecedentes por diversos delitos cometidos y la condena que Walter cumplió de ocho años de cárcel, para rematar, dijo “a la vez tiene problemas de adicciones”. En los medios reafirmó el mismo discurso el subsecretario de la cartera, José Ardiles. Ninguna sanción se produjo desde ese organismo, más allá de las palabras cargadas de impunidad y la presunción de inocencia para los agentes de las fuerzas represivas, a la par que se condena a Walter, una nueva victima de la violencia institucional. El gobernador Juan Manzur, tampoco parece alterado ante el escenario.

Sin embargo, ante los casos que se repiten y el gobierno nacional, calla cómplice. El aparato estatal despliega los diversos mecanismos para rodear de impunidad a los agentes de las fuerzas represivas. Otra pandemia tiene curso en estos días, la de la violencia institucional que no encuentra freno ni respuesta política. Nos sumamos al enérgico repudio ante el crimen de Walter Ceferino Nadal y la justificación del mismo por parte de los funcionarios políticos en sus declaraciones. Exigimos justicia y que los policías responsables paguen.