Viejas restricciones con más contagios y muertes

Con 638 muertes y 28.175 contagios, el gobierno regresa a una estrategia ya fracasada: no permitir el esparcimiento. Las "restricciones" no son más que poner muchas molestias en la circulación cotidiana de quienes son obligados a trabajar a como de lugar.

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Ya son 78.093 los muertos, 353.089 los infectados activos, 3.781.784 los contagiados desde el comienzo de la pandemia. La segunda ola prendió todas las luces de alarma cuando alcanzó los 27 mil diarios. Hoy, con más de 28 mil, relajan restricciones.

La ocupación de camas de terapia intensiva crece también proporcionalmente y se calcula que ya en algunos distritos alcanza índices críticos. En clínicas del interior ya hay ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva… el colapso del sistema sanitario parece casi inminente.

Las responsabilidades de la situación son evidentes. El gobierno apostó únicamente a la estrategia del confinamiento del año pasado y luego jugó todas sus cartas a la vacuna. Si bien fue correcto tomar la posición de la cuarentena, la medida era recomendada por los expertos para la preparación y fortalecimiento del sistema de salud.

Mientras se tuvo a la mayoría de la gente en sus casas, la apuesta a la infraestructura y el personal de salud fue, en los hechos, muy pequeña. En todos lados el esfuerzo de combate a la pandemia recayó sobre los hombros sobrecargados de los trabajadores de la salud. Sus jornadas de trabajo extenuantes e interminables fueron y son la única herramienta de combate a la pandemia.

La cantidad de camas de terapia intensiva subió un 37% y un 38% los respiradores. Si bien en circunstancias normales se trataría de algo completamente extraordinario, en plena crisis del Coronavirus no es tal cosa. De hecho, el aumento del presupuesto en salud establecido para este año está muy por debajo de la inflación real proyectada (el 29% del gobierno no se lo cree nadie).

La infraestructura y organización del sistema de salud -fragmentado entre el sistema nacional, provincial, municipal y las privadas- no solo prácticamente no fue tocada sino que en la provincia de Buenos Aires se dejó cerrar 10 clínicas privadas. Cada sistema entonces trata la situación a su modo, sin una centralización real de tratamiento de la crisis sanitaria. Las derivaciones, los traslados, etc., dependiendo de la cobertura de cada infectado y la disponibilidad de cada establecimiento, queda a voluntad de cada administración por separado.

Este último problema se vuelve notorio con la campaña de vacunación, evidentemente atrasada respecto a los planes originales. Apostando todo a ellas cual ludópata irrecuperable, dejó fuera de todo plan del estado la eventualidad del atraso de la aplicación de dosis. Así, la nueva ola toma por sorpresa (¿de verdad?) al gobierno, con las manos desnudas.

Además, con los confinamientos por actividades, no hubo discriminación alguna respecto a los lugares de trabajo de mayor concentración de personas y falta de ventilación. La apertura casi total de los últimos meses se fue dando con criterios más bien empresariales, no de salud: primero la gente trabaja, luego tal vez tenga algún derecho al esparcimiento. Así, las actividades «esenciales» (que muchas veces no eran tales) en las que los trabajadores se estaban contagiando permanecían abiertas.

De esta manera, es completamente natural que las amplias mayorías populares estén completamente hartas de los confinamientos.

La oposición de Juntos por el Cambio, por su parte, optó por afirmar su base social en lo más atrasado, reaccionario y retrógrado de las clases medias del país. Cebando el negacionismo con sus ridículas campañas contra la «infectadura», rechazando de plano cualquier cuarentena y defendiendo los negocios capitalistas a toda costa; impulsó una suerte de farsa del bolsonarismo fuera del poder.

En estas condiciones se impone la nacionalización y centralización del sistema de salud, así como del plan de vacunación; la puesta en pie de comisiones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo y el cierre inmediato en los que haya casos; la estatización de los laboratorios productores de vacunas, que están produciendo con criterios mercantiles y no de salud. 

 

 

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