Antonio Soler
Profesor. Dirigente de la Tendencia Socialismo o Barbarie del PSOL de Brasil.


El día nacional de lucha contra la Reforma Previsional, 22 marzo, organizado por las centrales sindicales; reunió en paros, actos, marchas y diversas formas de protesta, a miles de personas en todo el país contra la PEC 6/2019 enviada por el gobierno al Congreso Nacional el día 20 de marzo.

A pesar del boicot de los grandes medios, esa jornada de lucha tuvo impacto nacional y sirvió para comenzar a sedimentar el camino para la clase trabajadora, las mujeres y la juventud derroten definitivamente ese ataque histórico a los explotados y oprimidos.

Fue en San Pablo donde se dio el punto alto de la jornada del 22M. Por la mañana hubo un retraso de dos horas en varias líneas de colectivos de la capital paulista, asambleas en varias fábricas en la capital y en la región metropolitana de San Pablo. También una marcha encabezada por los trabajadores de la Ford (fábrica amenazada de cierre) y del banco ABC, reuniendo cerca de cinco mil personas. Al final de la tarde se realizó un importante acto que contó con la participación de aproximadamente sesenta mil personas en la Avenida Paulista.

En los demás estados también hubo una importante movilización. En Río de Janeiro, los docentes protagonizaron una jornada de lucha que finalizó a la tarde con un acto que reunió a miles de personas; en Minas Gerais, los trabajadores metalúrgicos participaron de las protestas; en Pernambuco los trabajadores de la construcción y de otros sectores realizaron un paro de actividades; en Ceará se desarrolló una importante manifestación de cerca de diez mil personas.

El día nacional de lucha contra la Reforma Previsional, al igual que el 8 de marzo (Día internacional de la mujer trabajadora) y el 14 de marzo (fecha en que se cumplió un año de la ejecución de Marielle Franco), contó con una importante participación de las mujeres -sector más atacado por la PEC 6/2019- e indica claramente que la famosa “reforma” enfrentará de aquí en adelante una fuerte resistencia de la clase trabajadora, del movimiento de mujeres y la juventud.

 

La caída de popularidad abre una crisis entre el Gobierno y el Congreso

En estos casi tres meses de existencia, el gobierno de Bolsonaro viene acumulando desgastes, problemas y contradicciones que abrieron una crisis entre los de arriba, que la clase trabajadora y sus organizaciones necesitan aprovechar para frenar el tratamiento de la Reforma Previsional.

En primer lugar, la denuncia del pago ilegal de los salarios de los asesores de Flavio Bolsonaro cuando era diputado estatal en Río de Janeiro, a través del jefe de su gabinete Fabricio Queiroz, caso que aún no está solucionado.

Enseguida tuvimos la denuncia de las candidaturas naranjas del PSL (Partido Social Liberal) a nivel nacional que envolvió al ex presidente y hasta entonces Ministro de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Bebianno, creando una crisis que afectó al conjunto del partido y llevó a la separación del ministro de su cargo.

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Después, vino la prisión de los asesinos de Marielle Franco, militares que pueden tener implicación directa con uno de los jefes de la milicia de Río de Janeiro, Adriano Magalhães da Nobrega, que tiene estrechas relaciones con la familia Bolsonaro.

Y para coronar los desajustes, en Estados Unidos, Bolsonaro entregó la base militar de Alcântara (MA), apoyó la agresión imperialista en Venezuela, liberó unilateralmente las visas para que los ciudadanos estadounidenses entren a Brasil y abandonó las condiciones diferenciadas en el comercio internacional en la OMC.

Se sumó a la crisis política la prisión preventiva del ex presidente Michel Temer y del ex ministro Moreira Franco, ambos del MDB (Movimiento Democrático Brasileño), por la operación Lava Jato el pasado 21 de marzo; acusados de corrupción, formación de cuadrillas, lavado de dinero y otros crímenes.

Esa prisión parece una respuesta del Lava-Jato al STF (Supremo Tribunal Federal), pues en su última sesión plenaria votó por transferir casos que involucran corrupción electoral a la Justicia Electoral, lo que significa un claro vaciamiento de la actuación del Lava Jato. El problema es que el Parlamento vio en esa acción por un lado, una presión externa en el sentido de colocar a votación el proyecto “anticorrupción” del Ministro Sergio Moro, y por otro, una amenaza en la medida en que muchos diputados están involucrados con la “Caja 2.”

Para colocar “la frutilla del postre”, en esa semana el Ejecutivo envió el Proyecto de Ley de Reforma Previsional de los militares, en el cual junto con la propuesta de reforma, muy por debajo de lo que se exige para el conjunto de los trabajadores en la PEC 6/2019 es presentada una propuesta de reescalonamiento salarial del 127%. El ahorro económico con la Reforma Previsional de los militares, los mayores responsables por el supuesto déficit fiscal, en última instancia no llegaría ni al 1% del trillón de reales ($R) que pretende el Ministro de Economía Paulo Guedes.

La combinación de las acciones reaccionarias y entreguistas del gobierno, el involucramiento con los escándalos de corrupción y con milicias, la brutalidad de esa “reforma” y el descarado fomento de la alta cúpula militar, fue la combinación de factores responsables de la caída vertiginosa de la popularidad de Bolsonaro.[1] Así, ante la creciente impopularidad del gobierno, ni los mismos parlamentarios del partido de Bolsonaro (PSL) en la cámara de diputados han demostrado disposición para aprobar la PEC 6/2019. Ese es el problema que está en la raíz de la crisis entre el gobierno y el poder legislativo y a su vez, de la paralización de la aprobación de la reforma.

El punto culminante de esa crisis han sido los ataques públicos durante el pasado fin de semana entre Bolsonaro y el Presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM). Maia dice que el gobierno no puede huir de la responsabilidad de asumir una articulación de la “reforma” para garantizar los votos necesarios y al mismo tiempo, Bolsonaro dice que no se va a someter a la “vieja política” para que la PEC sea votada.

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El gobierno y el Congreso comienzan a bajar el tono y procuran una salida negociada para el impasse que, de no resolverse, la “madre de las reformas” no podrá ser votada. Más aún, no sabemos de hecho, si el embrollo será resuelto, pues eso requiere un importante cambio de estrategia del gobierno.

En realidad, Bolsonaro y sus secuaces, apoyados en la ola reaccionaria quieren imponer una ruptura con el “presidencialismo de coalición” formado a partir del fin de la dictadura militar en la década de 1980. Ese régimen, independientemente del partido que gane la presidencia, exige establecer acuerdos con los mayores partidos e incorporarlos en los ministerios en el aparato público federal.

Esa forma de funcionamiento del gobierno entró en crisis a partir de 2014, y todavía no hay otra que la pueda reemplazar. Este factor, combinado con el comienzo de la percepción del tamaño ataque que está por venir, es la raíz de la actual crisis política. A esa crisis del régimen se refiere Bolsonaro cuando dice que no se va a someter a la “vieja política”, y quiere resolverla imponiendo un régimen presidencial semi-bonapartista, apoyado en las fuerzas armadas y en su base reaccionaria que se moviliza, hasta el momento, por las redes sociales.

 

La huelga general puede derrotar a Bolsonaro y su contrarreforma

Esa “nueva política” de Bolsonaro, si se impone, más allá de poner al Congreso en lugar secundario -que aprobaría el proyecto del gobierno sin pedir nada a cambio-, identifica cualquier tipo de resistencia popular como un enemigo a ser abatido. O sea, se trata de una salida ultra reaccionaria para la crisis política crónica que vivimos y así, un peligro histórico para nuestra clase.

Por eso, necesitamos aprovechar esa crisis política de la burguesía y sus representantes para imponer una derrota categórica al gobierno. La resistencia a esa terrible ofensiva reaccionaria tuvo el último viernes un momento importante, pero para derrotar a Bolsonaro y su contrarreforma previsional es necesario redoblar nuestra movilización; pues alrededor de ese proyecto la clase dominante tiene total unidad y puede recomponer las relaciones entre el gobierno y el Congreso.

Aún así, pese a la crisis de articulación política entre los de arriba; nuestra victoria sólo se dará a partir de la organización directa de la clase trabajadora. ¡No se puede perder tiempo! Las centrales sindicales, los partidos independientes y de los trabajadores -PSOL y PSTU- tienen que exigir la organización inmediata de una huelga general activa: parando en los principales cordones industriales, en el transporte público y realizando actos masivos en las principales capitales del país.

 

[1] La última encuesta de popularidad indica una caída del 15%, principalmente entre la población de bajos ingresos, la última en inclinar el voto a Bolsonaro.

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