Por Virginia Bertoldi
A los antiderechos tucumanos no les alcanzó con obligar a Lucía, la niña violada y embarazada de 11 años, a parir una beba que no sobrevivió más de 10 días por complicaciones respiratorias; si no que ahora denunciaron penalmente por “homicidio calificado”a los médicos Cecilia Ousset y José Alberto Gigena, quienes llevaron a cabo la cesárea. A este hecho se le suma el despido de Fernanda Fernández, militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, quien trabajaba en un programa de políticas alimentarias en el Ministerio de Desarrollo Social tucumano.
La denuncia a los médicos fue realizada por un grupo de abogados y médicos antiderechos, con el único fin de amedrentar y aleccionar a quienes quieran llevar a cabo cualquier tipo de interrupción del embarazo; la cesárea realizada no fue la Interrupción Legal del Embarazo que correspondía, según el código penal vigente desde 1921 y el Fallo FAL desde 2012, y tampoco fue lo que habían pedido Lucía y su madre en reiteradas ocasiones.
«Extrajeron a una beba que era sana, podría haber llegado a término. Esa cesárea fue la causa de la muerte de la niña», declararon sin vergüenza alguna, como si el cuerpo de la niña fuera una incubadora.La denuncia presentada en la Fiscalía Primera de Tucumán, también acusa a los médicos de «desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público». En todo caso, el incumplimiento del deber es haber sometido a la niña a que esperara más de tres semanas por un aborto que se debería haber hecho ni bien ingresó al hospital.
El médico se defendió alegando haber actuado dentro del marco de la ley. En una entrevista a TN,pidió que se apruebe una legislación para la interrupción voluntaria del embarazo «para que dejen de morir mujeres por el simple hecho de ser pobres, porque las que tienen dinero pueden acceder a las condiciones de seguridad y secreto en una institución sanatorial».Gigena, junto a su pareja Cecilia Ousset, llegó al hospital Eva Perón en el momento en que todo el equipo médico que tenía que realizar la cesárea se declaró “objetora de consciencia”. La propia Ousset suscribía a esta posiciónhasta que, al llegar a la sala, “se le aflojaron las piernas” de ver Lucía jugando con muñecas y un embarazo de 23 semanas. «Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro», había declarado Lucía después de dos intentos de suicidio.
La provincia autodenominada “provida” vuelve a ser foco de la polémica. Se torna evidente la responsabilidad de Juan Manzur, el gobernador peronista quien fuera Ministro de Salud durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, de la tortura a la niña y del despido a Fernández. “Con la entrada del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo a las cámaras me empezaron a amenazar, pegaban carteles en la puerta mi casa que decían ‘Fuera aborteras, Sí a la vida, muéranse lesbianas’. Hasta me rompieron la puerta. Por eso me tuve que mudar”, declaró en una entrevista a Revista Cítrica, donde denunció que en el aviso de su despido le dijeron que la orden venía de “arriba”, por militar el derecho al aborto y no la gestión provincial.
Los antiderechos no paran de atacar a la marea verde, buscando aleccionar a las mujeres. Peroestos intentos no quedan sin respuesta. El grito exigiendo el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,se volvió a sentir el pasado 8 de Marzo en todo el país y fue un cachetazo en la cara para aquellos que quieren devolvernos a la casa y que bajemos nuestros reclamos en el año electoral. Más temprano que tarde, será ley, pero para que eso suceda y estos ataques no pasen, el movimiento de mujeres, trans y travestis tiene que redoblar sus fuerzas en las calles.
