Se realizó la marcha federal por los derechos de las personas con Discapacidad

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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Yamila Díaz, del centro de estudiantes del Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial

La movilización se realizó el 3 de octubre hacia el Congreso y tuvo un posicionamiento muy claro: no dejarse avasallar por un gobierno que no escucha y que está llevando adelante un ajuste brutal a todos los de abajo, que se desentiende y que decide ignorar a las personas. Aún más a las que no le son funcionales al sistema, al mercado. Estas personas que necesitan diferentes apoyos de salud, educativos, económicos resultan un gasto para el gobierno.

Un gasto excesivo educar personas que no son fácilmente explotables según su perspectiva inhumana.

El 14 por ciento de la población con discapacidad es analfabeta según el censo del Registro Nacional de Personas con Discapacidad en Argentina.

¿Cómo puede ser que un 14% de las personas con Discapacidad no saben ni leer ni escribir?

¿De qué le sirve ese dato al gobierno?

Sirve para solo para el gobierno justificarse a la hora de hacerse cargo de las pensiones, de las y los intérpretes, de las prestaciones de salud y de la educación. Esas personas no sirven para el engranaje laboral de sus empresas porque total “no pueden, ni podrán nunca”. Y se piensan entonces trabajos como los anunciados en de página de apoyo a las personas discapacidad del gobierno www.centrodar.org.ar, que les ofrece a ellos y ellas ofertas de este género: “buscamos personas sordas para trabajar en una fábrica de plásticos”. Donde los sonidos puedan terminar perjudicando el oído obrero será el lugar más óptimo para el sordo o sorda. Entonces una persona sorda solo puede aspirar a tener los trabajos más explotados, su mejor horizonte es ese. Ofrecer ese tipo de empleo claramente no busca formar parte del colectivo o dar sustento a las personas sordas, sino que busca desligar al Estado del deber que corresponde como la alfabetización (y futuros estudios).

Total va a formar parte del sistema laboral tarde o temprano de la manera que más convenga.

Desconocer los derechos de personas de aquellas que tienen una (o multi-) discapacidad (sea cual sea: Motora, auditiva, visual u otras) es un acto criminal.

Hemos cambiado ya de paradigmas en ese tema. Quienes habitamos el ámbito de la Discapacidad sabemos que ha costado muchísimo esfuerzo dejar de lado el modelo psicométrico donde las personas con Discapacidad son evaluadas como personas según su “nivel intelectual” su QI. Las personas con Discapacidad estaban encerradas y desde el 2006 se corre con el lema de “nada de nosotros sin nosotros” referido a los derechos de las personas con Discapacidad.

Aquellas personas a las que el Estado ha decidido quitarle las pensiones porque no cumplen los requisitos que así disponga el Gobierno, las pierde. ¿Pierde ingreso económico solamente? No. Pierde su docente integradora o la escuela especial, los medicamentos, los implantes, las herramientas, apoyos en general. Es quitarle su dignidad.

Sacarle las pensiones a las personas con Discapacidad no afecta sólo a las familias, hay todo un globo de trabajadoras y trabajadores detrás que forman parte del círculo económico que ello implica.

No es la primera vez que las familias, instituciones, transportistas y los discapacitados mismo se están movilizando en las calles. Las obras sociales a los trabajadores del sector Macri los  pagan cuando se les da la gana, el estado atrasan los papeleos correspondientes, que no hacen más que poner trabas para todos los que trabajan y necesitan de asistencia, pero eso no han podido callar al movimiento que involucra la discapacidad.

Por lo tanto, poder hablar de una movilización de ese calibre no es menor. Con un gobierno que no para y no para de avanzar sobre el pueblo y sobre las personas con Discapacidad aún más, y encontrarse unidos y unidas tiene un gran valor.

Recortar pensiones no es tan banal como sueña el gobierno, es generar la miseria a los que más necesitan con un recorte salarial general a los y las trabajadoras y familias. Es un hecho criminal. Y debemos hacerle frente.

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