La vista del actual gobernador parece esclarecerse recién a dos meses de gestión, luego de ser funcionario en la provincia por más de 4 años, al hacer entrega de miserables bolsones de comida y movilizando partes de las fuerzas armadas. No alcanzan así, ni siquiera, a toda la totalidad de las comunidades y damnificados de la provincia, ni hablar de tomar medidas estructurales contra el hambre.
Testimonios y declaraciones salen a la luz de la verdadera realidad de lo que sucede en el NOA. Caciques y representantes de las comunidades llevan al frente sus reclamos y efectivos de la policía provincial detienen su paso para que no puedan llegar a ciudad capital para manifestarse. Le desidia y desinterés tomaron formas escabrosas con los dichos de la mismísima Ministra de Salud de la provincia: “No es de hoy que los chicos mueran en esta época del año”.
Desde el Nuevo MAS, junto a organizaciones y comunidades, marchamos el jueves 5 de marzo hacia Casa de Gobierno en Ciudad de Salta para imponer al gobierno soluciones estructurales: La constitución de un fondo de emergencia, en base de cobro de una contribución extraordinaria a los grandes grupos económicos que operan en la provincia, obras que garanticen el acceso al agua potable de la totalidad de las comunidades, caminos, viviendas, transporte público, escuelas, sistemas de comunicación para impedir el aislamiento, hospitales de alta complejidad en cada departamento y centros de salud en cada comunidad originaria, personal profesional bilingüe, alimentos de alto contenido nutricional para las comunidades bajo el control de las mismas.
Los que pasaron por el gobierno son lacayos del FMI, quieren pagar la deuda a costa del hambre y el ajuste. Son responsables de la pobreza extrema de las comunidades, de salarios docentes miserables, de que genocidas estén a cargo de nuestra “seguridad” (como el Ministro de Seguridad coronel Juan Manuel Pulleiro y efectivos policiales con causas e investigaciones) que solo aumentan cifras en las victimas de gatillo fácil de nuestra provincia, de que las empresas avancen en desmontes y contaminación de ríos en territorio de nuestras comunidades originarias.
