Por Johan Madriz

Se cumple un año desde que se iniciaron las masivas movilizaciones en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega. El régimen se encuentra sumido en una crisis sin precedentes desde la revolución pero la balanza no termina de volcarse hacia ningún lado. A pesar de que la intensidad de las movilizaciones ha disminuido el país está lejos de la normalidad, se da un fenómeno de tensa calma con esporádicos bombazos que son repelidos rápida y violentamente por las fuerzas armadas.

La economía está colapsada: se estiman pérdidas por 1.600 millones de dólares. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN) todos los indicadores son negativos, la inversión extranjera directa se redujo un 63.2%, el turismo un 41.1%, las exportaciones un 25.4% y las reservas internacionales un 33%. En 2018 el PIB se contrajo un 3.8% y, según el FMI, este año mostrará un resultado negativo de 5%. Además un 10% de la población económicamente activa perdió su empleo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este periodo 325 personas han sido asesinadas producto de los enfrentamientos y más de 2.000 han resultado heridos por impactos de balas. Se estima que unas 700 personas se encuentran encarceladas por motivos políticos y 60 mil se han exiliado fuera del país principalmente en Costa Rica.

Ortega pierde el monopolio de las calles

El 12 de abril de 2018 se realizaba en las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA), en el centro de Managua, una manifestación de estudiantes universitarios en reclamo por la desidia y el mal manejo del gobierno ante un incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz en el sureste del país. Esta movilización fue truncada por una contramarcha de la Juventud Sandinista (JS) y luego reprimida por las fuerzas policiales.

Una semana después, el 18, se convocaron manifestaciones y bloqueos en diferentes partes del país en oposición a una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Este plan, solicitado por el FMI, reducía la base del cálculo para las pensiones y aumentaba el porcentaje de cotización. Un ataque directo al bolsillo para paliar el déficit del régimen previsional resultado de los malos manejos de la nueva burguesía sandinistas y la privatización parcial del sistema.

Los principales focos de lucha se localizaron en Managua, León y Matagalpa donde, nuevamente, la JS (a solicitud expresa de la vicepresidenta Rosario Murillo) fungió como una fuerza de choque para repeler las manifestaciones, realizando contramarchas y haciendo de patota con la asistencia y protección de las fuerzas policiales.

Estas acciones fueron las semillas que detonaron años de contención del sandinismo que –en alianza con los empresarios y sectores conservadores religiosos– venía aplicando el ajuste neoliberal que solicitan las instituciones internaciones y la burguesía local.

En los siguientes días y meses el movimiento de protesta fue en aumento hasta tomar formas de rebelión popular. Se sucedían manifestaciones de millares exigiendo la salida de Ortega y la convocatoria a elecciones anticipadas. Se levantaron tranques (barricadas) en las principales carreteras del país paralizando la economía y afectando el comercio interregional. En departamentos como Masaya, especialmente en la ciudad de Monimbó, se declararon en rebeldía desconociendo al gobierno, dando paso a incipientes organismos de doble poder.

La respuesta del gobierno fue aplicar mano dura. Se comenzaron a contar por decenas los muertos y por cientos los heridos. Se estableció una especie de toque de queda no oficial y la aparición de grupos paramilitares con armamento del ejército que actuaban como fuerzas de choque “liberando” barrios y ejerciendo verdaderas cacerías durante las noches contra los manifestantes.

La juventud asumió un papel protagónico siendo uno de los actores centrales en la rebelión. Los estudiantes universitarios tomaron sus centros de estudio desde donde se convocaban acciones, se discutían tácticas e incluso se atendían a los heridos. Debido es esto fueron sometidos a fuertes ataques. Uno de los momentos más trágicos fue cuando el 13 de julio, tras una avanzada de varios días sobre la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), se desalojó la toma y un grupo debió refugiarse en una iglesia cercana. Esta fue atacada sin ningún miramiento resultando muertas dos personas y varias decenas heridas.

La ofensiva para retomar el control

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En la segunda mitad del año el gobierno lanza una ofensiva para recuperar el terreno perdido mostrando su careta más represiva con asesinatos brutales a sangre fría como forma de castigo ejemplarizante. Se despidieron a los empleados públicos que no fueran “fieles” al régimen y cientos de médicos fueron cesados por brindar ayuda a tranqueros. Además se cerraron medios de comunicación y organismos de derechos humanos al tiempo que se encarcelaban a múltiples periodistas y reconocidos dirigentes.

Para setiembre el gobierno ejecuta la “operación limpieza” con lo cual logra recuperar varias de las zonas en rebeldía y comienza una avanzada para eliminar los tranques y sofocar la resistencia. Miles deben huir del país para salvaguardar sus vidas. Los enfrentamientos se han reducido pero persisten los focos de lucha. Más allá de esto los sentimientos de odio y rabia contra el gobierno persisten. La normalidad no termina de regresar y si bien Ortega se logra mantener en su posición ha sido a fuerza de golpes y sangre, su poder se ha desgastado.

Desde febrero se ha instalado una nueva mesa de dialogo entre el gobierno y la Alianza Cívica (compuesta principalmente por el empresariado, con algunos sectores estudiantiles y diversas organizaciones de derechos humanos) con cuatro puntos sobre la mesa: la libertad definitiva de los presos políticos, la restitución de las libertades individuales, una reforma electoral y un plan de justicia para las víctimas de la represión.

Hasta el momento esta instancia ha funcionado solamente para descomprimir la lucha encarrilando el proceso hacia la trampa de sentarse a negociar con el gobierno. En contraparte Ortega no ha cedido en nada y solo ha mostrado como un “gesto de buena fe” la liberación de algunos presos políticos.

El proceso se encuentra aun abierto y su resultado es incierto. Por el momento Ortega está logrando contener la situación, sin ceder en las exigencias que se le plantean y conservando el poder. Pero esto solo a costa de restringir las libertades, de prohibir las manifestaciones, de sembrar el miedo y la violencia.

Sin embargo, la lucha de clases es dinámica y así como hace un año amplios sectores sociales explotaron en cualquier momento pueden asomarse nuevos bríos y desencadenarse nuevamente la rebelión. Toda una nueva generación rompió con las cadenas del sandinismo y ha hecho escuela recuperando la histórica tradición revolucionaria del pueblo nicaragüense.

Los ánimos de lucha están presentes. Desde una de las principales zonas rebeldes se informa que: “desde hace días, en la casa de los Fajardo, como en toda Masaya, escuchan por las noches el sonido de bombas de mortero lanzadas al aire, sin saber muy bien de dónde provienen. ‘Uno se emociona’, concede Rosa, la hermana de los presos; es ‘una señal de que estamos vivos y que esto no ha acabado”.

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