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El macrismo había logrado instalar la hipótesis del “ahogamiento”, que Santiago salga de la primera plana de la situación política. La bronca con el Gobierno fue acumulando las condiciones políticas para la reapertura de la causa y la movilización sostenida en el aniversario de su desaparición fue, junto a la persistencia de la familia, definitoria.

Los resultados de la pericia que determinó la causa de la muerte luego del cuerpo de Santiago (aparecido en un lugar que ya había sido rastrillado) se convirtieron en un factor en sí mismo en la situación política abierta el 1 de Agosto. Las conclusiones fueron que la causa de muerte fue ahogamiento por inmersión e hipotermia. Automáticamente, la prensa macrista lanzó una furibunda campaña que logró convencer a muchos de que Santiago simplemente se habría “ahogado” como si hubiera muerto en un accidente casual mientras daba un paseo por el campo… rodeado de gendarmes. Le dieron letra también a lo más reaccionario y retrógrado de la base social de Cambiemos, al fascismo poco disimulado que buscaba una excusa para sacarle un problema a Gendarmería pero que hubiera justificado de todas formas que Santiago hubiera sido asesinado a tiros como fue el caso de Rafael Nahuel.


La supuesta “unanimidad” de quienes fueron parte del peritaje es una gran bomba de humo: hoy la causa vuelve a abrirse por las múltiples pruebas que habían sido desechadas por el juez Lleral, demasiado apurado en cerrar la causa para hacerle un favor al gobierno.

Detrás de los hechos hay una profunda trama que tiene que ver con la histórica disputa por la propiedad de las tierras del sur. Como es sabido, los mapuches fueron violentamente desalojados de los territorios que ocupaban en la llamada “Campaña del Desierto”. Las tierras fueron regaladas a un puñado de magnates ya dueños de miles y miles de hectáreas. La zona en disputa de la que hablamos en particular estaba mayoritariamente en manos de la Compañía de tierras del Sud Argentino. Entre 1991 y 1997, la firma italiana Benetton se hizo con el casi millón de hectáreas de las que dispone en la actualidad. Son ellos los mayores latifundistas del país. Mueven a la risa las apelaciones “patrióticas” a “defender la Patagonia de los extranjeros” cuando se hace propaganda anti-mapuche.

Si hay algo que debería levantar unánimes sospechas es la actitud encubridora, mentirosa y provocadora del Gobierno durante 78 largos días. Con la causa, se reabre con todo la pelea por justicia.

Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, Comodoro Rivadavia

 

 

Comodoro Rivadavia, 05 de septiembre de 2019.­

VISTA:

La constitución del tribunal con el fin de dar a conocer en la causa n° FCR 8232/2017/CA5, en trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel el veredicto y fundamentos de la audiencia celebrada según constancias de fs. 7023.

Y CONSIDERANDO:

I.­ Llega la causa a conocimiento de esta alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los querellantes contra la resolución por medio de la cual el Juez Federal subrogante de Esquel resolvió dictar el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú en orden al delito de desaparición forzada de persona (art. 142 ter del C.P.) con relación a los hechos que fueron objeto de investigación, ocurridos el 1° de agosto de 2017 en el predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en inmediaciones del Km. 1848 de la Ruta Nacional N° 40, Provincia del Chubut; y dio por finalizado el trámite del expediente Nº FCR 8233/2017 que corre agregado por cuerda a la presente causa.

II.­ a.­ Que a fs. 6873/6885 la apoderada del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky con el patrocinio letrado del Dr. Federico Efrón, sostiene que el resolutorio en crisis exhibe falta de motivación suficiente con relación a la alegada inexistencia del delito. Ello en el entendimiento de que el sentenciante de grado habría fijado un posicionamiento prematuro al postular el cierre y archivo de la causa por inexistencia delictual, cuando no descartaron la totalidad de las hipótesis existentes. Aduce que también se advierte una valoración parcializada de los testimonios obrantes en la causa y una indebida apreciación de pruebas que podrían ser de importancia para el planteo de otras hipótesis. Bajo ese prisma, manifiesta que si bien el a quo explicó y analizó el riesgo que afrontó Santiago Maldonado al ingresar al río, no invirtió idéntica dedicación al examinar y motivar cuáles fueron las circunstancias en que el mismo se hundió. En esa línea insiste que el magistrado habría hecho una interpretación antojadiza del testimonio de Naiman Pilquiman.

Reprocha que no se haya contextualizado la situación, omitiendo hacer referencia a la avanzada de Gendarmería y a los disparos efectuados, sin apreciar en ese sentido el relato de Nicasio Eusebio Luna Arratia que obra a fs. 6572/6588, ni las declaraciones de los gendarmes en sede administrativa, de las que surgiría que al menos diez de ellos habrían llegado hasta la orilla del Río Chubut, como también que se habría dado la orden de “fuego libre” (citando

 

  1. 2434), circunstancias que, a entender del recurrente, por ser inescindibles del momento en que Santiago Maldonado ingresó al río, deben ser investigadas, máxime cuando, señala, representa ello un deber del Estado Nacional.

Invoca la existencia de un informe de gestión a través del cual, la Procuraduría Contra la Violencia Institucional ­PROCUVIN­ habría formalizado un análisis de la prueba de la causa, que hasta la fecha no se habría incorporado y que sería de gran relevancia para la misma, en virtud de que surgiría de sus conclusiones la existencia de otras hipótesis posibles alrededor de la muerte de Santiago Maldonado.

b.­ Por su parte, en la oportunidad de introducir sus críticas a fs. 6886/6900, la representante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Sra. Margarita Cruz, con el patrocinio letrado de los Dres. Ernesto Martín Alderete y Nicolás Tauber Sanz, sostiene que el sobreseimiento dispuesto en autos resulta prematuro e infundado, refiriéndose a que habría existido por parte de Gendarmería un ingreso ilegal y violento al predio, sin orden de allanamiento ni motivos de urgencia que justificaran la actuación de la mentada fuerza de seguridad.

En esa dirección indica que resulta necesario, analizar el contexto fáctico en que se produjo el deceso y profundizar la pesquisa con relación a la responsabilidad que pudiera caberle a los efectivos de Gendarmería que participaron del operativo. En este punto sostiene que de la colecta probatoria de la causa no surgiría que los gendarmes no vieron a Santiago Maldonado en el río, siendo que se ahogó en un lugar donde la profundidad era menor a su propia altura ­1,40 m.­ sin haber verificado el sentenciante, pudiendo hacerlo, cúal era la profundidad del río en la misma época.

Critica también los datos provistos en el informe de autopsia, señalando que los mismos no son certeros, ya que los especialistas no pudieron determinar cuánto tiempo estuvo el cuerpo sumergido en el agua del Río Chubut ni desestimar con rigor científico la hipótesis de que el cuerpo haya sido plantado, según las conclusiones a las que arribó la experta en polen, Dra. Leticia K. Povilauskas.

El impugnante descalifica el accionar judicial ya que con posterioridad al hecho se requirieron informes a la fuerza interviniente, en lugar de disponer los pertinentes allanamientos de sus instalaciones. Que toda vez que se habrían eliminado los contenidos de los teléfonos celulares secuestrados a los efectivos, desinstalándose las aplicaciones de Whatsapp, no podría sostenerse que la GN y el PEN colaboraron eficazmente con la investigación. En esa línea argumental, sostiene que la falta de colaboración por parte del Estado Nacional se advierte ante el rechazo al pedido del secuestro de los dos celulares pertenecientes al Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que se encontraba en la zona, haciendo presumir la existencia de un comando estratégico, una clara voluntad de encubrir y un conocimiento anticipado de las medidas que se llevarían a cabo, ejemplificando esta última situación con una conversación que habría existido entre los gendarmes, citando fs. 2073/2074.

Por último peticiona se llame a prestar declaración testimonial a Ricardo Ragendorfer, periodista que habría publicado información de interés vinculada con la presencia del Dr. Noceti en el lugar en el Diario Tiempo Argentino.

c.­ La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos representada por Julio Bravo expresó sus agravios a fs. 6901/6907, allí solicita en primer lugar se aclare si el archivo de la presente causa, incluye el archivo del hábeas corpus ­Expte. Nº. 8233/2017. Más adelante indica que impugnaría la cadena de custodia de la prueba, más solo se limitó a señalar que si bien se peritó el DNI de Santiago Maldonado, no se hizo lo mismo con los billetes que se hallaban en el mismo bolsillo junto al precitado documento de identidad.

En ese sentido, sostiene que de modo equivocado se cerró la causa empleando la argumentación del DNI, omitiendo valorar prueba que sería conducente para determinar la existencia de irregularidades por parte de Gendarmería y limitándose a investigar, como única hipótesis delictiva, la desaparición forzada. Al respecto sostiene que no se investigó la violación del domicilio ni el ingreso “a sangre y fuego” de la fuerza a la comunidad, señalando que la flagrancia habría funcionado como un artilugio para poder reprimir sin control judicial, invocando además, la existencia de una premeditación, organización y planificación del asalto, circunstancias a las que vincula con la presencia de Noceti en la región.

d.­ A fs 6908/6911 expresó agravios Roberto Cipriano García, Secretario de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de la Dra. Margarita Jarque, sosteniendo que la muerte de Santiago Maldonado se configuró en el marco de una acción represiva por parte de Gendarmería Nacional, que habría sido precedida por una campaña oficial de persecución, criminalización y estigmatización por parte de funcionarios del Estado, aludiendo que dicha circunstancia ha sido desconocida por el sentenciante de grado. Y que deben investigarse los sucesos acaecidos, interpretando que es precisamente ése el deber del Estado Nacional.

e.­ Por último a fs. 6912/6937 vta. la Dra. Verónica Heredia, apoderada de Sergio Maldonado solicita se declare la nulidad de la resolución en crisis, en virtud de haberse decidido el archivo de la causa sin que haya operado el vencimiento de los plazos para que las partes tomaran vista del informe elaborado por el INTI en relación al peritaje del DNI de Maldonado. Sostiene que el dictamen fue recibido el 28 de noviembre de 2018, dictando la sentencia un día después y que esta circunstancia le impide continuar como juez imparcial de la causa.

Agrega también, que habría existido por parte del ex juez titular de la causa y de la Sra. Fiscal subrogante en el marco de algunos legajos del hábeas corpus, un trabajo oculto y contrario al objeto procesal delimitado en los Exptes. 8232/2017 y 8233/017, manifestando que no habrían podido tomar vista de los mismos. Se agravia del rechazo de las pruebas ofrecidas señalando que las mismas resultarían de gran relevancia para el esclarecimiento del contexto de la muerte. En esa dirección se refirió a la ampliación del informe de la autopsia, poniendo de relieve que no le habrían sido entregadas la totalidad de las copias de filmaciones, fotografías, informes, declaraciones y estudios complementarios solicitados.

Identificando los puntos que a su juicio exigirían un mayor desarrollo, hizo alusión al rechazo del testimonio del Lic. Prueger quien habría publicado que el cuerpo de Santiago Maldonado habría sido plantado en el río, señalando que las conclusiones a las que arribó la Dra. Sara Maldonado, relativas a las diatomeas o microalgas halladas en el cadáver, reforzarían dicha hipótesis.

Indica que si bien a efectos de determinar el tiempo exacto de la muerte los expertos forenses utilizaron distintos métodos para su cálculo, habrían considerado un promedio de temperatura del agua distinto del que tuvo en consideración el juez a quo en la sentencia, valiéndose, a priori, por las informadas estaciones meteorológicas más cercanas y, a posteriori, por la Subsecretaría de Recursos Hídricos;

La impugnante reprocha también que la realización de la testimonial de Lucas Ariel Pilquiman le haya sido notificada a su parte electrónicamente el 18 de diciembre de 2017 a las 23:09 hs. cuando sería efectuada a las 9:00 hs. del día siguiente en el Juzgado de Paz de Epuyén y que haya rechazado la solicitud de postergación ante la imposibilidad física de concurrir efectuada vía correo electrónico.

Argumenta, en lo que respecta a la llamada de Ariel Garzi, que el magistrado decidió cerrar la causa sin haber recibido la respuesta de una de las prestatarias de las antenas que cubren la zona, que se domicilia en Uruguay y solicitó la conformación de un Grupo de Expertos Independientes ­GEI­, externos, que fuera rechazada por el juez de grado, reprochando el exiguo plazo en que fue realizada la investigación.

III.­ En esta instancia, a fs.7023 se celebró la audiencia establecida por el art. 454 del C.P.P.N a la que comparecieron el Dr. Federico Efrón ­en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.)­; la Dra. Verónica Heredia ­en representación del querellante Sergio Maldonado, presente en la Sala­; la Dra. Liliana Alaniz ­en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos­ y la Presidente de tal institución, Sra. Margarita Cruz; el Dr. Mauricio César Rojas Garrido ­letrado patrocinante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (A.P.D.H.); la Dra. Margarita Ofelia Jarque ­en representación de la Comisión Provincial por la Memoria y su representante, Sra. Nora Morales de Cortiñas; los Dres. Claudio Nuncija y Manuel Barros ­letrados defensores de Emmanuel Echazú; y el Ministerio Público Fiscal, ocasión en la que asumieron la posición reflejada en la grabación del audio registrado ese día.

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IV.­ En primer lugar corresponde señalar que si bien el a quo no se pronunció concretamente, en el resolutorio, sobre el archivo de las actuaciones, los fundamentos que lucen a fs. 200 de la sentencia (fs. 6837 vta.) y el rechazo de las medidas probatorias propuestas por las partes, indican que esa es la suerte que dispuso que corra esta investigación.

Y es en definitiva contra ese merito conclusivo de la pesquisa hacia donde se dirigen los agravios de los recurrentes, quienes critican la falta de respuesta a las medidas probatorias ofrecidas y la ausencia de investigación de otras hipótesis de responsabilidad de los funcionarios involucrados en el hecho.

Luego de estudiadas las actuaciones producidas en autos consideramos que, si bien los magistrados de la instancia de grado y el Ministerio Público Fiscal han desarrollado una ardua labor investigativa, en procura primero del hallazgo de Santiago Maldonado y posteriormente para esclarecer las causas de su muerte, la investigación no se encuentra agotada.

En esta dirección, no puede soslayarse que ha existido un formal ofrecimiento de pruebas por parte de los querellantes ­ y en su momento también del Ministerio Público Fiscal­, que no mereció pronunciamiento fundado por parte del a quo.

Resulta realizador del principio de bilateralidad y respetuoso de las garantías que inspiran el proceso penal, permitir que la querella, dentro de los límites de razonabilidad, pueda coadyuvar al descubrimiento y comprobación de las circunstancias que rodearon la muerte de Santiago Maldonado.

En lo atinente al sobreseimiento de Emmanuel Echazu, derivado de su concurrencia voluntaria, habremos de señalar que en definitiva el objeto del proceso se asienta en supuestos facticos, por lo que no resulta adecuado el sobreseimiento de calificaciones legales. Por lo que el mismo será revocado atento los argumentos que se expondrán infra, relacionados a la necesidad de profundizar la investigación.

V.­ Las actuaciones se iniciaron a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, acaecida el día 1 de agosto de 2017 en el marco de un procedimiento realizado por personal de Gendarmería Nacional en cumplimiento de la orden judicial de proceder al desalojo de la ruta 40 entre los kilómetros 1848 y 1849, cuya circulación se encontraba entorpecida por una manifestación de integrantes de la comunidad Mapuche.

Que en determinado momento del procedimiento, luego de que dos funcionarios fueran lesionados por impactos de piedras arrojadas por los manifestantes, se inició una persecución que culminó con algunos de los miembros de la comunidad, cruzando el rio Chubut.

Finalizado el operativo, se constató que faltaba Santiago Maldonado, quien había sido visto por última vez intentando cruzar el rio. Los hechos fueron denunciados el día 2 de agosto de 2017 a fs.1/vta. y fs. 3/4 por Julio Benito Saquero Lois en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien sostuvo que según le habrían informado miembros de esa comunidad, Maldonado había sido capturado por personal de Gendarmería Nacional.

A partir de allí se dio inicio a la presente investigación (delegada el 4 de agosto al Ministerio Publico Fiscal), la que podemos dividir en dos etapas, una se desarrolló durante todo el tiempo que duró la búsqueda de Santiago Maldonado y hasta la aparición del cuerpo y la otra con posterioridad a su hallazgo.

La extensión de la primera avivó las razones que permitían vincular la desaparición de Maldonado a algún accionar de personal de gendarmería en el hecho. Circunstancia que orientó la investigación en tal sentido. De allí que tal como señala el a quo en su resolutorio, durante la investigación las peticiones de las partes se orientaban a investigar el delito de desaparición forzada de personas.

Durante esa búsqueda que se extendió por más de dos meses debido a diversos factores, entre ellos la hostilidad de la comunidad para permitir el ingreso de los investigadores al Pu lof, se realizaron numerosas medidas probatorias, y se ejecutaron diversidad de actos procesales tanto en la presente como en el marco del Habeas Corpus que fuera acumulado a estas actuaciones.

El tiempo transcurrido desde la última vez que Santiago Maldonado fue visto con vida hasta que se conoció el luctuoso resultado, sumado a las versiones que daban cuenta que personal de gendarmería lo había sacado del predio, permitieron al imaginario colectivo y a los familiares de la víctima elaborar diversas hipótesis, que ante la ausencia de noticias sobre su paradero aportaban motivos para sospechar de algún accionar ilegítimo por parte de personal de gendarmería que participó en el operativo del día 1 de agosto de 2017.

Fue durante ese lapso también que a partir de diversos testimonios se construyó la hipótesis de que Santiago Maldonado había sido golpeado por personal de gendarmería y luego trasladado mediante una maniobra en la que los gendarmes hicieron una especie de vallado con sus cuerpos, mientras lo subían a una camioneta y lo sacaban del predio.

Cuadra señalar al respecto que las inconsistencias de dichas versiones, así como la ausencia de respaldo en datos objetivos, y su posible encuadre en el delito de falso testimonio son objeto de investigación en el expte. 222/2018.

La averiguación sobre el paradero de Santiago Maldonado, incluyó varios rastrillajes fluviales con afectación de buzos de prefectura, personal de brigadas de bomberos, apoyos de balsas, binomios compuestos por un hombre y un perro “versátil” especialmente entrenado (5/8;16/8; /9; 12/9; 13/9; 15/9 y 18/9) y sobrevuelos (10/8), todos con resultados infructuosos.

Hasta que el rastrillaje llevado a cabo el día 17 de octubre que culminó con el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado a unos 7mts de la costa (fs. 3859/3861); y el resultado de la autopsia, anularon prácticamente la posibilidad de sostener cualquier accionar doloso por parte de integrantes de dicha fuerza.

A partir del hallazgo del cuerpo en el rio Chubut (último lugar en el que había sido visto) la versión primigenia se desvanece, en tanto sostenerla implicaría no solo considerar que Santiago Maldonado fue golpeado y sacado del predio, si no que luego fue nuevamente llevado hasta el Pu Lof sin que, pese al estado de alerta reinante, alguien lo advirtiera, para luego depositar su cuerpo ya sin vida en el rio o darle muerte en el mismo.

Lo inverosímil de tal suposición se acrecienta a poco que se estudian los datos arrojados por la autopsia practicada con todas las garantías de bilateralidad.

El estudio pericial efectuado el 20/10/2017 por un equipo de profesionales compuesto por trece peritos oficiales, cuatro peritos pertenecientes al equipo de antropología forense, siete peritos por parte de la querella, once por gendarmería y uno por Echazu, un veedor representando al CELS y un veedor representando a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires contribuye a sostener ­por su coincidencia con el resto del material probatorio­ la “hipótesis más probable” del hecho esto es, que la muerte de Maldonado fue de etiología accidental, producto de la asfixia por sumersión.

Luego de practicados los estudios pertinentes el dictamen realizado por la junta de peritos (fs. fs. 5445/5548) infirió la siguiente secuencia fáctica : a partir del contacto de la víctima con el agua fría se produjo el descenso de la temperatura corporal y reducción de la movilidad por entumecimiento de la sensibilidad corporal (hipostesia) y reducción de la movilidad debido al lastre de la ropa (18,2 kg.), disminución de la capacidad respiratoria y depresión del estado de conciencia, todo coadyuvó a la causa final del deceso que se produjo por una asfixia por sumersión.

Es indudable que tal resultado permitió disipar aquella versión que colocaba a gendarmería como interviniente directo en el hecho.

La autopsia reveló datos concretos que contribuyen a desestimar la intervención directa de terceras personas en la muerte de Santiago Maldonado. Sus ropas no presentaban desgarros, roturas, ni signos de arrastre, erigiéndose en un dato relevante la ausencia de lesiones externas (ni contusas, ni cortantes, ni penetrantes), ni signos compatibles con medidas de sujeción. Por su parte tanto el estudio radiológico como el examen corporal interno, permitieron descartar la presencia de lesiones traumáticas.

La constatación de la inexistencia de fauna cadavérica terrestre en ninguno de sus estadios de desarrollo (huevo, larva, pupa, adulto), indica que el cadáver no estuvo expuesto al accionar de aquella fauna lo que permitiría ratificar que el cuerpo permaneció desde su desaparición en el medio acuático.

Esa misma información permite hipotizar, que al momento de su hallazgo el cuerpo había emergido recientemente a la superficie del rio, ya que si hubiera flotado el tiempo suficiente habría sido esperable encontrar fauna cadavérica terrestre en las partes expuestas al aire libre.

VI.­ Sin embargo, advertimos y las partes también lo hacen ­pese a la participación de sus propios peritos­ la existencia de ciertos puntos del informe pericial, que merecen mayor explicación o su eventual ampliación, en aras a despejar cualquier duda razonable y a favorecer el derecho a la verdad.

De allí que, siempre con participación de las partes en su instrumentación, dispondremos la ampliación del informe pericial en lo atinente a a): la data de la muerte (Tanatocronodiagnostico), b): la presencia de polen, c): el informe de diatomeas y d): la peritación del bastón y los billetes.

a.­ Sabido es que el diagnóstico de la data de muerte y al tiempo de permanencia del cadáver en el agua, constituyen puntos para los que la medicina forense no dispone de respuestas concretas. Los cambios derivados de la putrefacción cadavérica están condicionados por la temperatura del agua y los fenómenos destructivos se enlentecen cuando la muerte se produce en temperaturas bajas.

Las controversias que genera la data de la inmersión y la muerte son reconocidas por la comunidad científica y los mismos peritos se encargaron de sostener que estimar el tiempo de la muerte no es una ciencia exacta y tales datos solo pueden ser determinados por aproximación alcanzando una suposición razonable. De todos modos la estimación del intervalo de tiempo de permanencia del cuerpo en el agua, fue establecido por aproximación en más de 53 días, de más de 60 días, o de más de 73 días, de acuerdo al método científico empleado, periodos que corroboran la hipótesis de su fallecimiento el mismo día en que fue visto por última vez.

Los expertos sostuvieron que cuanto menos información se tenga sobre los hechos, más amplia será la ventana del tiempo de la muerte. En el caso, señalaron que solo tuvieron en cuenta los testimonios de los participantes en el hallazgo del cuerpo y los videos, en tanto por motivos ajenos al tribunal fue imposible llevar a cabo un estudio criminalistico en el lugar del hallazgo (fs. 5458). En efecto, tal como surge del acta obrante a fs. 3859/3861 del Expte 8233/2017, luego de la extracción del cuerpo aparecieron sujetos desconocidos que comenzaron a gritar, arrojar piedras e intentar agredir a quienes desarrollaban sus tareas en el lugar, lo que motivo que se diera por concluido el acto y se debieran retirar del lugar.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el 12 de diciembre de 2017 el equipo de antropología forense con participación de la unidad de criminalística móvil realizó una inspección ocular exhaustiva en el lugar del hallazgo, corresponde solicitar a los peritos intervinientes que indiquen, si a partir de los datos que pudieran surgir de tal relevamiento en el lugar del hecho, cuya acta obra a fs.5671/5672 es factible realizar una aproximación más cercana a la data de la muerte de Santiago Maldonado.

b.­ En la misma línea y atento lo informado por la Dra. Marta Maldonado –fs. 5480/5481­ con relación a las lesiones posmortem, constatadas sobre la cabeza a nivel frontal izquierdo oreja derecha intraauricular derecha y región malar derecha compatibles con depredador carroñero mediano, deberá determinarse la posibilidad de dilucidar qué tipo de depredador pudo haber producido tales lesiones y eventualmente la data de su producción.

c.­ Una de las pruebas científicas más relevantes para el diagnóstico de muerte por sumersión es la identificación de diatomeas (algas unicelulares eucariotas) en las cavidades cardiacas y órganos de la víctima. Debe tenerse en cuenta que las diatomeas penetran en los pulmones junto con el líquido de sumersión y atraviesan el filtro pulmonar diseminándose por el organismo a través del torrente circulatorio. En el caso el estudio de las diatomeas halladas en el cuerpo de Santiago Maldonado y en la muestra perteneciente al medio de sumersión del mismo, arrojó concordancia taxonómica cualitativa entre ambas muestras.

El informe de diatomeas efectuado por el departamento de biodiversidad de la facultad de Ciencias Naturales UBA indica que en ambas muestras de cavidades cardiacas se constató presencia de nueve diatomeas diferentes y que todas estuvieron también presentes al menos en una de las muestras obtenidas de la vestimenta o del agua.

Sin embargo la investigación habría arrojado una diferencia cuantitativa de las diatomeas y si bien ello puede obedecer a que las mismas no se encuentran en cantidades iguales durante todo el año y sufren variaciones estacionales, corresponde convocar a la Dra. Nora Inés Maidana a prestar declaración testimonial, a efectos que con la presencia de la partes exponga el resultado de su informe respondiendo las dudas que puedan presentarse al respecto.

d.­ Con referencia al informe del polen, ordenaremos convocar a la licenciada en Geología y Palinología Dra. Leticia Povilauskas a fin que se explaye sobre lo dictaminado. Particularmente en lo atinente a su conclusión consistente en que “bajo ningún punto de vista los granos de polen encontrados en las muestras peritadas, puedan permanecer adheridos a las prendas anteriormente citadas, sumergidas en el lugar del hecho descripto por un período de tiempo prolongado, teniendo en cuenta la mínima velocidad que pueda tener la corriente de flujo del río, la energía presente en el medio acuático y la cantidad de oxígeno removido en el lecho. Todas estas condiciones hacen que el polen se desprenda fácilmente de las ropas, sobre todo en materiales de nylon tipo impermeable como es el caso del pantalón, en el cual se detectó gran cantidad de palinomorfos. Lo que significa que en un lapso de tiempo no mayor a 20 – 30 días, no estaríamos en presencia de granos adheridos a las ropas…”.

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Si bien la presencia de granos podría obedecer a que los mismos se hubieran adherido en el momento en que emergió el cuerpo, tal circunstancia deberá ser despejada por la profesional, quien teniendo en consideración la totalidad de los elementos probatorios existentes deberá señalar a que supuestos puede deberse que los mismos fueran hallados después de 73 días.

Asímismo deberá darse oportunidad a las partes para que soliciten precisiones sobre cualquier otro punto de su experticia, y en caso que las explicaciones no arrojaran luz sobre las dudas expuestas, se de intervención a otro perito a efectos que dictamine al respecto.

e.­ Toda vez que en oportunidad de realizar la autopsia, entre los elementos que se preservaron se secuestró un bastón metálico retráctil, al que se le efectuó hisopado preservándose el material de oxidación que se desprendía fácilmente, corresponde someter al mismo, al igual que los billetes que fueran hallados, a las pericias pertinentes a efectos de determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.

VII.­ Sostuvimos supra, que la hipótesis de un apresamiento a la vera del rio y su posterior traslado por parte de personal de gendarmería, se desvanece a poco que se estudia el plexo probatorio colectado. Y en tal dirección valoramos como un indicio desincriminante las constancias que surgen de la pericia realizada sobre el contenido de los celulares del personal de gendarmería que participó en el procedimiento del despeje de la ruta.

Es que los mensajes rescatados lejos de presentar datos que permitan suponer alguna trama de connivencia u ocultación, hablan de sorpresa y en algunos casos de indignación por lo que estaba ocurriendo.

Así vg. del registro del teléfono del comandante principal Méndez a fs. 1900 surge una comunicación del día 3 de agosto con Noceti quien le manifiesta “nos están endilgando como que lo detuvo la gendarmería y después no lo vieron más” a lo que Méndez responde que cree que es una maniobra para desprestigiarlos y agrega “GN no detuvo a nadie y de testigos están las 2 femeninas que estaban en el lugar y toda la gente que se reunió en la ruta hasta que salimos del lugar cuando terminamos las actuaciones”.

Del mismo modo el registro del celular del Primer Alférez Gómez, obrante a fs. 1930 revela que se comunica con el Comandante quien le señala que todos tienen la misma versión de lo ocurrido el primero de agosto que “está claro que nadie se llevó a nadie” agregando que habría gente a cargo de Gómez que aparentemente le habría pegado piedrazos a alguno que quedó flotando en el rio y los mismos compañeros lo sacaron. A lo que Gómez respondió que vio unas tres personas nadando en el rio pero a nadie flotando. Que él se quedó en la costa del rio hasta último momento y no vio a nadie flotando, solo a los manifestantes del otro lado arrojando piedras.

A fs. 2292 del análisis del celular de Yáñez surge un mensaje en el que dice que salió herido en la cabeza con cuatro puntos y fractura, luego a fs. 2295 relata que “nunca tuvieron contacto con ellos y que lamentablemente todo cambia cuando hay intereses políticos o económicos, que estuvo ese día y que no tenían nada para hacer un decálogo –SIC­ “ imagínate que me partieron la cabeza con una piedra por no tener ni casco” “lo único que rogamos es que aparezca pronto para que esto termine rápido” … “estos pibes estuvieron todo el tiempo encapuchados y a más de 70 metros de nosotros, tenían esas gomeras o ondas, pero te aseguro que no pudimos detener a nadie” . A fs 2315 vta dice “nunca agarramos a nadie, todos se tiraron al rio y cruzaron yo llegue hasta la tranquera y regrese… “lo han hecho cagar los mismos indios y ahora nos echan la culpa”.

Tales datos también desacreditan las primeras versiones que daban cuenta de que una persona pudo ver desde una lomada a un grupo de gendarmes golpeando a un joven maniatado (v. fs 383del Habeas Corpus, presentación del CELS). Versión esta que carece de cualquier respaldo probatorio y no pudo ser verificada ni corroborada, operando tal vez como una suerte de herramienta de desviación de la investigación.

Lo cierto es que más allá de las contradicciones en las que habrían incurrido los testigos, existen puntos de convergencia en sus dichos que permiten concluir que quienes vieron por última vez a Santiago Maldonado fueron Lucas Ariel Naiman Pilquiman, Matías Daniel Santana y Nicasio Luna Arratia. De allí solo aparecería corroborable la hipótesis que coloca a Maldonado corriendo hacia el Rio y luego permaneciendo agazapado bajo unos sauces, ya que no se atrevió a cruzar el mismo y tampoco fue auxiliado por sus compañeros de huida, quienes sí alcanzaron la otra orilla, viéndolo por última vez.

Sin perjuicio de tales conclusiones, lo cierto es que nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva.

Así, atendiendo también a las particularidades de corte jurídico internacional y a la existencia de un cauce de investigación que no se encuentra agotado, corresponda profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon al suceso.

En este punto cabe señalar que luce contradictorio que para rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella el a quo haya argumentado que su producción “… demoraría injustificadamente la respuesta judicial que la sociedad y la Familia Maldonado está esperando”, cuando justamente es la familia la que pretende la exhaustividad investigativa. Por lo demás justamente es “el derecho a la verdad” el que debe prevalecer a efectos de profundizar la investigación.

a.­ A efectos de apreciar determinadas circunstancias fácticas que permitirán descartar o corroborar las hipótesis que se plantean, ordenaremos se disponga la realización de la reconstrucción virtual del escenario de los hechos en tres dimensiones, con realidad aumentada, a partir de los datos objetivos colectados en la investigación.

Tal herramienta posibilitaría a partir de las evidencias obrantes en autos la reconstrucción del escenario del suceso, y la realización de una recreación fundada de los hechos con los personajes que estuvieron en el lugar. De ser factible su instrumentación con los elementos obrantes en autos, podría efectuarse una representación de lo ocurrido de manera interactiva, a efectos de determinar las distintas variables según el lugar en el que se coloquen los intervinientes, permitiendo así verificar eventualmente cual pudo haber sido el campo visual de quienes percibieron que Santiago Maldonado se encontraba agazapado en el rio.

La medida deberá instrumentarse con la participación de todas las partes y utilizando las actuaciones y mediciones realizadas por el equipo de antropología forense a fs. 6103/6115..

A efectos de evaluar la posibilidad de su instrumentación y factibilidad de sus resultados con los elementos obrantes en la investigación, sugerimos tomar contacto con la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Publico Fiscal; el laboratorio balístico de la Dirección General de Asesoría pericial de la Suprema Corte de La Provincia de Buenos Aires, y/o al departamento de Informática de esta Cámara Federal de Apelaciones.

b.­ En la misma dirección, es decir a los fines de reconstruir los momentos previos a la desaparición de Santiago Maldonado, corresponde reeditar con las garantías de ley la declaración de Lucas Pilquiman, con presencia de las partes y registro audiovisual de tal actuación.

Lo cierto es que sin perjuicio de que tal acto procesal haya sido validado, por no concurrir los requisitos para su fulminación, consideramos que debió garantizarse la presencia de las partes en su desarrollo.

Si bien es cierto que la posibilidad de confronte en el interrogatorio de los testigos es una garantía cuya necesidad emerge preponderantemente en la etapa de debate, no lo es menos que en supuestos en que algún testimonio fuera de relevancia para el cierre de una investigación, la oportunidad de interrogar debe serle acordada a la víctima y a la querella.

Y en el caso tal derecho les fue injustamente vedado, en efecto, a fs 5763 la querella insistió en que se recepte declaración testimonial a los hijos de Claudina Pilquiman. La medida entonces encontraba también fundamento en una petición de parte. El día 18 de diciembre siendo las 20:50 hs luego de tomar conocimiento que Lucas Pilquiman se encontraba en la localidad de Epuyen, el a quo dispuso se le recepte declaración testimonial al otro día a las 9:00 hs. Si bien tal decisión fue notificada por cedula electrónica, las partes (incluso el Ministerio Publico Fiscal v. fs. 5769) solicitaron la postergación de la audiencia atento la imposibilidad de llegar a tiempo a la misma (fs. 5768).

El juez proveyó desfavorablemente tal petición a fs. 5770, basado en la urgencia y el carácter esencial del testimonio, no registrando el acto por carecer según refirió de medios a esos fines. Sin reparar, claro está que el testimonio también resultaba esencial para las partes que `pretendían contar con la posibilidad de participar en el interrogatorio.

c.­ Con respecto a las pruebas vinculadas a la llamada de fecha 07 de agosto de 2017, el testigo Ariel Mariotto Garzi, quien dijo que luego de la desaparición la víctima, llamó a su teléfono móvil (a la línea N° 56930890486 de origen chileno), oportunidad en la que fue atendido por un lapso de aproximadamente 20 segundos en los que, aunque nadie le habló, escuchó ruidos (cfr. fs. 278/279 del Expte. N° FCR 8233/2017), toda vez que se ha recibido en este Tribunal la respuesta al exhorto 1974/2018 (fs 6558), informándose que no se pudo dar con el domicilio de la empresa USA VIND, corresponde verificar el mismo y proceder a su reiteración.

Sin perjuicio de tal medida cabe señalar que si bien el dato apareció como sumamente llamativo en los albores de la investigación la circunstancia de que se haya registrado como existente una comunicación de 20 segundos puede obedecer a múltiples motivos. Así los informes recabados de las diversas empresas telefónicas indicaron que aquellos 20 segundos aproximados de duración de la comunicación, pueden corresponder al tiempo de espera de conexión entre quien llama y el destinatario. Tal como el magistrado de la anterior instancia explico a fs. 6828 y vta.

Por lo demás, ante el escenario actual de la investigación las pruebas vinculadas con tal llamada aparecen como un dato poco relevante para la dilucidación de los hechos.

Ello en tanto el dato de localización del llamado podría tener importancia si se sostuviera la hipótesis que coloca a Santiago Maldonado, habiendo sido privado de su libertad, llevando consigo el celular que le habría sido sustraído por sus secuestradores quienes a la postre cometieron la torpeza de atender un llamado, supuestos todos estos que lucirían a la luz de los elementos obrantes en autos como ciertamente inverosímiles.

VIII.­ Resta agregar que no receptaremos los agravios vinculados a la ausencia de investigación relacionada con la presunta ilegalidad del ingreso de Gendarmería Nacional al Pu Lof , ello por cuanto tal accionar resultó objeto de investigación en el Expte. 17812/2017.

IX.­ Las consideraciones expuestas nos impiden homologar el pronunciamiento en crisis, en tanto el cierre de la investigación que se deriva de sus considerandos, luce prematuro ante la existencia de medidas probatorias que posibilitarían dilucidar de manera más precisa la real ocurrencia de los hechos.

Lo cierto es que según surge de la sentencia que nos ocupa, el magistrado interviniente entendió que el objeto procesal de esta causa quedó ceñido a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, así fue que habiendo despejado tal circunstancia dispuso el sobreseimiento de Emmanuel Echazu, quien había comparecido voluntariamente a proceso y rechazo las pruebas ofrecidas por las partes procediendo de ese modo a una suerte de archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

Como ya sostuvimos supra, consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva ­aquí definitivamente descartada­ sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión del personal de gendarmería o de quienes se introdujeron en el rio con Maldonado.

De allí que en el entendimiento que para proceder al archivo de la causa, deba cuanto menos arribarse a un estado de certeza corroborante respecto de la inexistencia de delito o de medidas probatorias pendientes, se impone la necesidad de profundizar la presente investigación. Ello atento su insuficiencia para discernir, la significación jurídica ­si la hubiera­ que corresponde atribuir a los hechos investigados.

En virtud de lo expuesto el Tribunal RESUELVE:

I.­REVOCAR en los términos expuestos en los considerandos pertinentes, la resolución en crisis debiendo el Sr. Juez proceder proveyendo las medidas probatorias indicadas para la dilucidación de los hechos.

Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase.

 

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