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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.


Por Johan Madriz

 

Desde el pasado 7 de febrero las principales ciudades de Haití se encuentran paralizadas por las multitudinarias protestas que exigen la salida del presidente Jovenel Moise ante la precaria situación económica del país y recientes casos de corrupción. Justamente en esta fecha se cumplieron los dos años de mandato del presidente que prometió “comida en cada plato y dinero en cada bolsillo”, pero también es el 33 aniversario del fin de la dictadura de Duvalier.

Las calles permanecen desiertas, no hay tránsito, las instituciones públicas y la mayoría del comercio cerraron sus puertas. Las barricadas han aparecido a lo largo de las principales vías. Cientos de jóvenes marchan hacia Petionville, la zona más acaudalada y exclusiva de la capital, arrojando piedras a las lujosas residencias, incluida la casa del presidente. Hay saqueos, la policía frustró un intento de asalto a un banco y detuvo la intentona de incendiar la sede del canal estatal. Según algunos medios se estima en siete la cantidad de personas muertas por enfrentamientos con la policía.

El descontento es provocado por la espiral de aumento de los precios y falta de empleo. A esto se suma una investigación que saca a la luz una malversación de fondos de al menos 2 mil millones de dólares del fondo Petrocaribe, un programa con el cual Venezuela suministra petróleo a algunos países caribeños y centroamericanos a precios reducidos y con favorables condiciones crediticias. Alrededor de 15 ministros y altos funcionarios fueron señalados en el informe del Tribunal Superior de Cuentas y se liga a una empresa que en su momento estuvo liderada por el ahora presidente.

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La situación económica del país caribeño es siniestra y eso se expresa en condiciones sociales paupérrimas. Desde que Moise asumió al cargo la inflación aumentó un 15% y hay una acelerada devaluación del gourde, lo que lleva a un aumento de los precios de los artículos de primera necesidad que son mayoritariamente importados. Hay escasez de gasolina y querosén –las principales fuentes de energía– lo que ha provocado, además, una crisis de electricidad.

El crecimiento económico del país es de los más bajos de la región, en 2018 fue de 1.4%, según la CEPAL y la pobreza es generalizada, más de la mitad de sus diez millones de habitantes sobrevive con menos de dos dólares diarios. A estos elementos se suma la poca legitimidad que posee el presidente, un empresario bananero que ganó las elecciones con el 55.67% de los votos (unos 591 mil) en una contienda donde el abstencionismo superó el 80% de los 6.2 millones de electores inscritos.

El pueblo haitiano viene resistiendo y luchando desde hace meses. En junio pasado un aumento en los precios de los combustibles desataron manifestaciones que provocaron la renuncia del entonces primer ministro Jack Guy Lafontant. Entre setiembre y noviembre hubo masivas manifestaciones en la calle ante los primeros hallazgos del escándalo de Petrocaribe.

Esta ira legitima se expresa en un descontento contra “los de arriba” sean funcionarios públicos o empresarios. Declaraciones de manifestantes recogidas por la Agencia France-Presse, lo evidencian: “Si Jovenel no quiere irse vamos a hacer que la burguesía que lo apoya sufra, para que entienda”; mientras tanto otra persona expresa “Un gobierno que no puede dar alimentos y agua a su pueblo debe dimitir, pero también se necesita que la burguesía se decida a dejar de acaparar toda la riqueza. En los barrios populares somos más”.

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La salida a la crisis del país, el más pobre del continente, que sufre de una inestabilidad política, económica y social crónica debido a la expoliación y explotación capitalista solo puede ser solucionada por los de abajo, los sectores trabajadores y oprimidos decidiendo su futuro. La salida no pasa por ninguna de las recetas que la burguesía impulsa. No basta con cambiar al presidente si este continua siendo un representante de los empresarios y el imperialismo. Es así que hay que rechazar las asonadas golpistas que algunos sectores de la oposición están planteando.

También hay que rechazar el intervencionismo y las declaraciones del “Core Group” compuesto por Francia, Alemania, España, Brasil, Canadá y Estados Unidos, además de representantes de la ONU y la OEA. Todos ilegítimos para dictar medidas sobre el rumbo del país. No es con la intervención imperialista que se salda esta crisis, no es como lo está haciendo el gobierno que envió a su canciller Edmond Bocchit a Washington para discutir la situación con John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del reaccionario Trump que patrocina el golpe de Estado en Venezuela.

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